Contralorías y asambleas sufren por recursos para funcionar

La duma del Tolima verá reducidos sus ingresos en cerca del 75 por ciento y deberá bajar sus gastos de funcionamiento

EL CONTROL político que ejercen las asambleas y el fiscal a cargo de las contralorías podría estarse viendo afectado en los departamentos por dos razones diferentes pero que confluyen en lo mismo: recursos.

En el primero de los casos, la recategorización que tienen que hacer los departamentos cuando violan los topes que establece la Ley de Ajuste Fiscal (617) hace, de paso, que además de disminuir los gastos de funcionamiento del departamento, descienda el valor de las transferencias para que operen las respectivas asambleas.

Este año sólo dos departamentos han tenido que acudir a esta figura. El gobernador Horacio Serpa decretó que Santander pase de la primera a la segunda categoría; mientras que Óscar Barreto, gobernador de Tolima, hizo lo propio para que la entidad territorial a su cargo descendiera de la segunda a la tercera categoría, de las cinco establecidas por la norma.

El segundo de los casos tiene que ver con los recursos que deben trasladar los departamentos a las respectivas contralorías regionales, y que por efectos de la interpretación de una norma, hoy la mayoría de estos órganos de control están recibiendo en menor cantidad.

Asambleas

El Decreto 0238 del 14 de marzo del presente año establece que el departamento del Tolima descienda de la segunda a la tercera categoría y en consecuencia disminuye los gastos de funcionamiento.

Este ajuste fiscal determina que una de las instituciones damnificadas es la Asamblea, que verá reducidas las transferencias que le hace el departamento.

Al respecto alertó el diputado del Partido de la U, Carlos Edward Osorio, quien señaló que “esta es una situación muy compleja, máxime si vemos que la Asamblea lo que hace es control político”.

El asambleísta señaló que esta reducción se siente directamente en los gastos de funcionamiento de la duma, y se pregunta cómo se puede hacer control político si los diputados en lugar de dedicar todo su tiempo y energías al estudio de proyectos tan importantes como el Plan de Desarrollo, están pensando en cómo va a sobrevivir la corporación el año próximo.

El impacto del recorte en las transferencias como consecuencia de la recategorización del departamento hará que la Asamblea vea reducidas las transferencias que recibe, sus únicos ingresos, en un 75 por ciento, explicó en diálogo con EL NUEVO SIGLO el contralor del Tolima, Freddy Camacho Díaz.

“La Asamblea tiene nueve empleados, debe reducir su planta a cuatro. Para acogerse a la Ley 617, debe bajar sus gastos de administración en un 25 por ciento”, señaló Camacho.

El servidor público dijo también que los honorarios de los diputados no se disminuyen porque cuando se posesionaron, enero de este año, el departamento estaba en la segunda categoría, “pero si eventualmente llega un nuevo diputado, para liquidar el valor de sus honorarios se aplica la nueva categoría del departamento (tercera)”.

Explicó que esto también se aplica para un nuevo gobernador, alcaldes, concejales y secretarios de despacho.

Contralorías

Una diferencia en la interpretación de la ley hace que la mayoría de la contralorías regionales del país reciba hoy un valor inferior por transferencias de los departamentos del que creen tener derecho.

Por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), Ley 1151, señala: “Artículo 134.

Fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. El límite de gastos previsto en el artículo 9° de la Ley 617 de 2000 para la vigencia de 2001, seguirá calculándose en forma permanente. Las cuotas de fiscalización correspondientes al punto dos por ciento (0.2%) a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental, serán adicionadas a los presupuestos de las respectivas contralorías departamentales. Entiéndase esta como la única fórmula para el cálculo del presupuesto de las contralorías departamentales”.

El Contralor del Tolima explicó que como consecuencia de esta norma, el valor de las transferencias sale de multiplicar los ingresos corrientes de libre destinación del departamento por el porcentaje de la categoría del mismo, más las cuotas de fiscalización del 0,2 por ciento.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene otra interpretación al señalar que el valor de las transferencias de los departamentos a las contralorías se establece con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), acogiéndose en este sentido a la Ley 617.

La diferencia en dinero entre ambas fórmulas es reveladora. La Contraloría tolimense funciona este año con un presupuesto de $2.600 millones por Ley 617, pero debería recibir 3.180 millones de pesos como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, señaló el contralor Camacho. Agregó que el presupuesto para 2009 será de $2.800 millones, siguiendo la línea de la Ley 617.

Camacho indicó que mientras que a una asamblea la disminución en sus recursos, porque el departamento baje de categoría, le significa tener menos dinero para pagar empleados, servicio públicos, papelería, gasolina, entre otros; para una contraloría la interpretación del Ministerio de Hacienda impacta directamente en su función de control, pues menores recursos frenan actividades de campo propias de sus funciones, como desplazar funcionarios a los diferentes municipios para realizar labores de auditoría o contar con menos profesionales en el área.