La última gran iniciativa impulsada por el Gobierno que tiene chances de pasar en su primera vuelta comenzará mañana en Senado un round en el que la oposición y la U jugarán un papel fundamental
NO ha iniciado el debate y la polémica por el proyecto de reforma política ya está adelantada: diferencias entre ponentes, presuntos micos que afectarían la independencia judicial y hasta la reelección, pero de los congresistas, hacen parte del surtido menú de divisiones que al interior de la Comisión Primera del Senado tendrán que sanearse para sacar la iniciativa adelante.
En primera instancia, el proyecto, que intenta sanear la política de las influencias mafiosas, tendrá, por lo menos, dos ponencias: una de la coalición, firmada por los senadores Armando Benedetti (coordinador, la U), Elsa Gladis Cifuentes (Cambio Radical), José Darío Salazar (Conservador) y Samuel Arrieta (Convergencia Ciudadana), y otra de los senadores de la oposición Gustavo Petro (Polo) y Jesús Ignacio García (Liberal). La razón radica en los temas que no fueron saneados en la Cámara de Representantes: la financiación estatal de campañas políticas y el umbral, específicamente.
Los ponentes mayoritarios buscan que los legisladores sólo puedan ser reemplazados en caso de muerte e incapacidad física absoluta, causada por accidente o enfermedad, o renuncia justificada, motivada y aceptada por la respectiva corporación.
Puyas con la justicia
Otro punto de polémica es un artículo que presuntamente acabaría prácticamente con la Sección Quinta del Consejo de Estado, que investiga y castiga a aquellos congresistas que incurran en inhabilidades electorales o durante su cargo.
La denuncia la hizo en días pasados el propio Alto Tribunal, que explicó que el artículo le quitaría funciones en materia consultiva, judicial y electoral a la Sección Quinta.
Por esta razón, el presidente del Consejo, magistrado Enrique Gil, manifestó que es “indispensable que en la reforma se conserve y fortalezca su competencia exclusiva en materia de conocimiento y decisión de la acción contenciosa electoral.
Que el Consejo Nacional Electoral mantenga su carácter eminentemente administrativo”.
No obstante, el coordinador Benedetti calificó la propuesta contenida en la reforma como “abusiva” y de “un intento por acabar con el Consejo”, razón por la cual en la ponencia pidió eliminar esta norma.
“El Congreso no debe acabar con las facultades del Consejo de Estado en materia electoral porque ha demostrado autonomía en sus decisiones y respeto a los derechos fundamentales”, defendió el senador.
Elección y reelección
Otro mico que se habría metido en la reforma era el de la posibilidad que los concejales y diputados no pudieran acceder al Congreso una vez acaben sus periodos. Por lo tanto, el Senado propondrá acabar también con este artículo.
En el proyecto que llegó de la Cámara se incluía un inciso que acabaría con las expectativas de muchos diputados y concejales que aspiran a una curul en el Congreso en 2010.
“Los concejales tienen tanto derecho de ir al Congreso como un congresista de reelegirse en el Congreso”, sentenció el senador Salazar al explicar que la propuesta era excluyente.
Asimismo, la ponencia también pide que queden intactos los artículos que sugieren sancionar la doble militancia y se establece la presentación de candidatos por coalición, acabando así con la inscripción de aspirantes por movimientos de ciudadanos, lo cual será, probablemente, otro punto fuerte de discusión.
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