Mini parapolíticos: el nuevo reto de la justicia

Aunque la mayoría de los grandes caciques del escándalo judicial están condenados, aún les quedan por establecer a las autoridades los entramados regionales de los nexos entre autodefensas y pequeños políticos

SI ALGO es claro en el escándalo de la parapolítica es que el alcance del entramado paramilitar no sólo se infiltró en el Congreso y las altas instancias del Gobierno, sino que tuvo su origen en los pequeños políticos de las regiones más apartadas de la geografía nacional.

Y es que aunque el número de congresistas investigados no deja de alarmar a la opinión pública (van 73 aforados involucrados), el de los ex alcaldes, diputados, concejales, asambleístas y funcionarios de entidades estatales y territoriales también vinculados, de regiones como la Costa Norte, aún es más sorprendente.

Hasta ahora la Fiscalía contabiliza 340 investigaciones, las cuales corren un serio peligro de estancarse o cerrarse, debido a que los pactos entre autodefensas y políticos ya van a cumplir casi una década de haberse suscitado.

“Hay que tener en cuenta que tiempo que pasa, verdad que huye. Eso para una investigación es mortal porque los testigos puede que se vayan, que se alejen de la zona, ya no vamos a encontrarlos allá y eso es importante”, aseguró a EL NUEVO SIGLO el vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, quien tiene bajo su cargo varias de estas investigaciones.

No obstante, el funcionario pidió calma “porque los casos son numerosos y complejos, y la Fiscalía está dedicada a muchas investigaciones”.
A esta situación se le suman los folios que le llegan desde la Corte Suprema de Justicia cuando un político renuncia a su fuero legislativo. En este sentido la Fiscalía ha tenido un incremento de 23 investigaciones.

De acuerdo con un estudio realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, el ente investigador tenía, al primero de octubre pasado, 506 nombres involucrados al escándalo, entre los que se contabilizan 36 ex congresistas, una ex consejera de Estado, 13 gobernadores, 60 alcaldes, 11 ex diputados, 76 ex alcaldes, 28 concejales y 6 ex personeros, entre otros funcionarios menores.

¿Buena estrategia?

Cabe recordar que si bien la expansión paramilitar inició, de acuerdo con especialistas, en 1996 hasta 2003, sólo fue dos años después, en 2005, cuando el ex senador Miguel de la Espriella confesó en la plenaria de la Corporación que había suscrito, junto con algunos sus colegas, un pacto con las autodefensas, el acuerdo de Ralito.

Desde ese momento, la Corte Suprema de Justicia inició el proceso de investigación y juzgamiento a los aforados involucrados, lo cual para algunos indicó una falla estratégica, ya que se atacaron los caciques nacionales y se estaba dejando escapar a los reductos regionales.

Sin embargo, investigadores y analistas del complejo fenómeno que ha acarreado el escándalo judicial aceptan y defienden la estrategia de las autoridades para judicializar el proceso.

Y es que las confesiones de ex congresistas ya condenados como De la Espriella, Rocío Arias, Eleonora Pineda y el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, así como de los desmovilizados, han ayudado a desenredar el entramado político que las autodefensas extendieron por varias de las regiones del país.

Para-estados

La suscripción de pactos entre políticos y autodefensas no se limitó únicamente a Ralito. De acuerdo con las autoridades y los mismos ex paramilitares, existen más de una veintena de acuerdos en los cuales no sólo se planteó la llegada al Congreso.

Si bien ahora la Fiscalía conoce de la extensión paramilitar en la Costa Atlántica, sobre todo en Sucre, Córdoba, Cesar, Bolívar y Atlántico, en otras regiones del país como el Valle, Antioquia, Nariño, Casanare y Caquetá, aún se sigue descubriendo la verdad.

En el occidente del país la situación apenas comienza y la estrategia de las autoridades es la misma. Con las confesiones del desmovilizado Éver Velosa, alias HH, ya se tienen identificados varios políticos, como el senador Juan Carlos Martínez, quien está llamado a versión libre por la Corte.

En Antioquia también continúan las investigaciones con indagaciones preliminares a varios congresistas.
No obstante, las situaciones de Nariño, Casanare y Caquetá son diferentes, ya que existen bloques de las autodefensas que no se desmovilizaron, como el de Martín Llanos. Sin embargo, sus presuntos colaboradores políticos ya están siendo juzgados. Tal es el caso de los seis ex alcaldes de Casanare que están enfrentando su juicio en Bogotá por presuntos nexos con este bloque.

Los investigadores independientes afirman que la expansión paramilitar tomó 10 años y la judicialización de estos hechos tomará otros 20, y es que, como lo dijo alguna vez el ex funcionario García ante la Corte Suprema, “lo que se está investigando es sólo la punta del iceberg de todo el escándalo”. Y él sólo se refería a la situación de la Costa Atlántica.