POR PRESENTAR una falsa denuncia en el caso de Yidis Medina, condenada por cohecho al haber vendido su voto a favor de la primera reelección de Álvaro Uribe, la Corte Suprema acusó ante la Fiscalía al ministro de Protección Social, Diego Palacio.El funcionario había demandado a la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los magistrados, y simultáneamente interpuso una tutela por considerar que el alto Tribunal violaba sus derechos al dejar su nombre en la sentencia condenatoria de Medina.
La Corte Constitucional tumbó la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura que ordenaba que la Suprema Corte retirara el nombre de Palacio de la condena a Medina.
Según el Tribunal, quitar el nombre de Diego Palacio del expediente “resquebraja la estructura de la sentencia judicial”, lo que significa que “la eliminación de las menciones a los coparticipes, por el aspecto activo, en la comisión del delito de cohecho priva a éste de uno de sus dos pilares, de tal suerte que con ello no podría afirmarse válidamente su convicción y literalmente se aniquilaría”.
El ministro Palacio ha negado todas las acusaciones de la ex representante Yidis Medina, quien ha señalado al funcionario como uno de los partícipes en el ofrecimiento de prebendas para que los congresistas votaran a favor de la reelección presidencial en el 2004.
Luego de que la Corte Suprema confirmó que Medina vendió su voto para aprobar la reelección, las miradas ahora están concentradas en saber quién fue el comprador y cuál va a ser el alcance real de este escándalo, tanto en lo penal como en lo político.
El enfoque de la investigación está directamente sobre varios personajes de la entraña del Gobierno salpicados por las declaraciones de Medina, e indirectamente sobre el propio presidente Uribe, quien fue el que se benefició con los votos comprados.
Son el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt; el ministro Diego Palacio y los sucesivos secretarios generales de la Casa de Nariño Alberto Velásquez y Bernardo Moreno. Todos ellos han negado haberle comprado el voto a Medina.
En cuanto a Uribe, en la Comisión de Acusación cursa una denuncia interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda en la que sostiene que el único favorecido con las irregularidades que se habrían cometido en este caso fue el Presidente.
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