Las 8 ‘papas calientes’ para el gobierno en 2009

Tras seis años en el poder, el normal desgaste que produce gobernar y la afectación puntual por las crisis de los últimos meses, el Ejecutivo deberá maniobrar en ocho frentes críticos que tarde o temprano lo obligarán a tomar decisiones de fondo, así ello implique gastar capital político y arriesgar en materia electoral, económica, social, internacional e institucional

1. LA HORA CERO DEL REFERENDO: si bien es cierto que al citar a sesiones extraordinarias en la plenaria de la Cámara de Representantes para que se tramitara el proyecto de referendo reeleccionista, el Gobierno dejó ver que sí está interesado en la iniciativa, el texto aprobado sólo mantiene abierta la posibilidad de un tercer mandato de Uribe para el 2014. Ello implica, entonces, que el Ejecutivo deberá jugársela en los dos debates que le restan al proyecto en el Senado y allí, para bien o para mal, deberá dejar en claro si mantiene firme la sugerencia presidencial de que pueda volver al poder en 2014 o si, de frente y sin duda alguna, instruye a la coalición uribista para que modifique la redacción de la pregunta y abra la posibilidad de una segunda reelección inmediata. Si el Ejecutivo mantiene el mismo silencio que había sostenido hasta mediados de diciembre, no sólo corre el riesgo de que la coalición se fisure aún más, sino que de nuevo toda la agenda legislativa quedará en vilo. Por si fuera poco, es claro que en el segundo trimestre la campaña presidencial ya tomará ritmo y el uribismo no podrá quedarse quieto.

2. EL PULSO CON LAS FARC: Mientras la guerrilla siga manteniendo secuestrados del mal llamado grupo de los ‘canjeables’, le será imposible al gobierno Uribe cerrarle la puerta o vetar cualquier intento de acercamiento, directo o indirecto, con las Farc. Incluso, el hecho de que la subversión esté dispuesta a devolver a los últimos dos dirigentes políticos plagiados, y mantener en su poder sólo a los integrantes de la Fuerza Pública, le termina dando más piso a la opción del intercambio humanitario, ya que ahora sí se limitaría a combatientes y no habría ningún civil involucrado. Por lo visto, la orden presidencial a la cúpula militar es asestar lo más rápido posible un golpe de gran magnitud a las Farc, con el fin de seguir evidenciando ante la opinión pública nacional e internacional el sendero de derrota en que estaría esa guerrilla. Sin embargo, tras las bajas de alias Reyes y Ríos, y los hostigamientos a Cano y Mono Jojoy, la guerrilla está aún más escondida y será muy difícil golpearla drásticamente. Además, no está descartado que en pleno año electoral la subversión lance oleadas terroristas para demostrar poder de desestabilización y tratar de revertir la percepción pública de que están derrotadas.

3. AMORTIGUAR LA CRISIS ECONÓMICA: los analistas coinciden en que será significativo en 2009 el impacto de la desaceleración productiva, la cresta inflacionaria, la caída en las ventas y el consumo así como el aumento del desempleo, entre otros factores macroeconómicos negativos. Aunque el Gobierno ha dicho que Colombia puede soportar el coletazo de la crisis interna y externa, lo cierto es que no sólo está obligado a un ajuste fiscal -que sacrificará principalmente inversión- sino que es seguro que el sector privado urgirá un gran y costoso paquete de ayudas y alivios, que difícilmente se podrá negar debido a que el enfriamiento económico se profundizaría aún más. Es claro que el déficit presupuestal aumentará y por ende declinará el nivel de inversión y se afectarán las evaluaciones de las firmas calificadoras de riesgo. A ello se suma que en pleno año preelectoral, el Ejecutivo tratará de acelerar el nivel de ejecución de obras y proyectos, con el fin de mejorar la imagen del uribismo. Sin embargo, la limitante de recursos, motivada en gran parte por una caída en el recaudo tributario, dejará al Ejecutivo con muchos gastos y poca plata para sufragarlos, más aún con un mercado externo restringido en materia de fuentes de financiación.

4. EMPUJAR EL TLC CON OBAMA: Aunque los voceros gubernamentales insisten en que este año sí se destrabará la ratificación legislativa del acuerdo comercial, en Washington piensan que, por lo menos, en los primeros meses de la administración de Barack Obama no habrá humo blanco y que, por el contrario, lo que se abrirá es la posibilidad de que la Casa Blanca y las mayorías demócratas en el Congreso pongan más condicionamientos a Colombia en materia de seguridad sindical, al tiempo que opten por la posibilidad de renegociar algunas cláusulas del pacto firmado a finales de 2006 por los gobiernos Bush y Uribe. Esas trabas no sólo se aplicarían para el caso colombiano sino para otros tratados comerciales que están pendientes. Además, en medio de la crisis económica estadounidense y la amenaza de quiebra de varias empresas insignia, la presión de los sindicatos locales, principal nicho electoral demócrata, aumentará significativamente, lo que llevará a un mayor nivel de proteccionismo arancelario y comercial. Si bien es cierto que Obama piensa darle más importancia a su relación con América Latina, parece estar más interesado en replantear con Cuba y Venezuela, por cuanto está seguro de la alianza con Colombia, así no haya TLC.

5. EL INCONFORMISMO SOCIAL: es claro que en los últimos meses el número de paros, protestas y otras manifestaciones de inconformismo con la situación económica, social y de seguridad ha aumentado de manera sustancial. A medida que se prende la campaña electoral y que el Gobierno debe empezar a cumplir los compromisos de inversión y de otro tipo que hizo con indígenas, campesinos, trabajadores del sector público y privado, el nivel de presión sobre el Ejecutivo irá creciendo. Es ingenuo desconocer que la profundización de la crisis económica ya está tocando de manera seria a los hogares y produciendo una sensación de incertidumbre e incluso de rabia. Los centenares de miles afectados por la reciente ola invernal, las presiones de las víctimas de la violencia y desplazamiento para que se cumpla con la reparación, las protestas por el aumento del desempleo y la inflación, el inconformismo por la carestía de los combustibles y la bomba de tiempo que son los estafados por las “pirámides” seguramente crearán un caldo de cultivo en el que los opositores al Gobierno encontrarán eco para forzar un cambio electoral en 2010 tanto en Congreso como en el Ejecutivo. Allí el Presidente deberá maniobrar para evitar paros prolongados y costosos.

6. LA VIGENCIA TOTAL DE LA CPI: en julio próximo la Corte Penal Internacional activará su jurisdicción total sobre Colombia. El Gobierno es consciente de que el alto tribunal cumplirá un rol de presión importante sobre los procesos de judicialización de paramilitares y guerrilleros al amparo de legislaciones especiales que como Justicia y Paz permiten un amplio rango de impunidad para los culpables de delitos de guerra y lesa humanidad. Si bien es cierto que la jurisdicción de la CPI, cuyo fiscal es Luis Moreno Ocampo, es complementaria y subsidiaria, y que el Gobierno sostiene que los modelos de desmovilización y desarme de ilegales siempre comportan un sacrificio de justicia a cambio de la paz, las presiones internas y externas en materia de laxitud en el castigo a la violación de derechos humanos terminan convirtiéndose en un tema muy difícil de manejar. Casos como los de los ‘falsos positivos’ y los procesos de connivencia entre sectores aislados de la Fuerza Pública con los paras, están ya en la mira del alto tribunal internacional, al igual que las ofertas excesivas de beneficios a los guerrilleros desertores. Obviamente está descartada por el momento una intervención directa e inquisitiva de la Corte, pero que su presencia será un permanente eje de presión es indudable.

7. LA JUDICIALIZACIÓN PARLAMENTARIA: en 2009 no sólo aumentará significativamente el número de parlamentarios condenados por escándalos como los de la parapolítica sino que muchos otros irán a parar a la cárcel una vez entren en su etapa definitiva otros procesos relacionados con la yidispolítica, la DMG-política y hasta la farc-política. Además, son varios los ministros y ex ministros así como altos funcionarios y ex funcionarios que ya tienen procesos vigentes en la Fiscalía, cuya situación jurídica debe ser resuelta por tardar en el primer semestre. El encarcelamiento de uno sólo de ellos ya constituirá un tema muy complicado de manejar para la Casa de Nariño. Es obvio que en vista de que gran parte de los sindicados hacen parte de la coalición uribista, es claro que el Gobierno tendrá que cargar buena parte del escándalo cuando se produzcan las capturas y las condenas. Casos como el del ex senador Mario Uribe y el ex director del DAS Jorge Noguera entrarán en instancias cruciales. Se presume que la oposición utilizará cada escándalo para minar la credibilidad y popularidad del gobierno y tratar de forzar un cambio de panorama en la Casa de Nariño y el Parlamento, que ya cargan un desgaste extenso por seis años en el poder.

8. MANEJO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: el Gobierno arranca el 2009 con varios frentes críticos en materia de relaciones con otros poderes. De un lado, persiste la tensión entre la Casa de Nariño con la Corte Suprema de Justicia y tratar de atenuar la prevención mutua no será nada fácil. Por igual, poco a poco el canal de comunicación que había entre la Casa de Nariño y la Fiscalía se ha deteriorado, y en los últimos meses los roces entre el Ejecutivo y el ente acusador han aumentado en número y tono de las réplicas. Tampoco se ve tranquila la relación entre la Administración Uribe con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, debido a las acusaciones uribistas contra las autoridades electorales alrededor de todo el escándalo por el alud de anomalías en la financiación del referendo reeleccionista. Igual se presume que el nuevo Procurador General llegará apretando clavijas para despejar cualquier duda sobre cercanía con el Ejecutivo y las mayorías uribistas. Algo similar pasará con la renovada Corte Constitucional, que tratará de demostrar la mayor independencia posible, sobre todo a la hora de revisar el referendo reeleccionista, si es que éste pasa en el Congreso, el mismo que ha escogido a seis de los magistrados.