La oposición del Consejo de Estado está consiguiendo adeptos en el Congreso para eliminar facultades que la iniciativa entrega al Consejo Nacional ElectoralLOS PARTIDOS uribistas en el Congreso se mostraron ayer confiados en que la reforma política va a salir airosa en su último debate en la plenaria del Senado este año. Sin embargo, como lo anunciaron a EL NUEVO SIGLO algunos senadores del Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, se van a retirar del recinto para evitar que la reforma sea aprobada en su cuarto debate.
De esta manera, se espera un ambiente similar al ocurrido el 27 de noviembre pasado, cuando fue aprobada la iniciativa en el tercer debate en la Comisión Primera.
Además, hay congresistas al interior de la U que no están de acuerdo con todo el articulado del acto legislativo, como el senador Armando Benedetti, quien fue el que puso de manifiesto el mico que busca suprimir la Sección Quinta Electoral del Consejo de Estado y quitarle varias funciones a la Sección de Consulta Civil del alto tribunal.
El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, aseguró que ya ha contado con el respaldo de varios estamentos de la sociedad, como las otras Cortes y la academia.
Como lo pudo establecer este Diario, la bancada uribista contaría con los suficientes votos para que la reforma pase el debate en la plenaria del Senado, aunque se augura una gran oposición.
No obstante, la reforma cuenta con tres piedras en el zapato: la primera, que a pesar de que el proyecto nació como respuesta al escándalo de la parapolítica, perdió su objetivo principal de sancionar a los partidos que permitieron a sus miembros hacer alianzas con grupos ilegales. Aunque el proyecto menciona que se castigará a los partidos, no especifica de qué manera. Además, las penalidades se aplicarían para otro Congreso y no para el actual.
El desbalance que tiene el proyecto, por ejemplo, se evidencia en el hecho de que sanciona severamente la doble militancia (que una persona sea elegida para un cargo público y se pase de partido mientras está fungiendo) y también define los castigos, pero no hace lo mismo con los partidos que dejaron que miembros suyos fraguaran alianzas con paras y narcos.
El segundo escollo es que los concejales y diputados que renuncien no podrán aspirar al Congreso; y el tercero, que le quita la facultad al Consejo de Estado de revisar demandas de pérdidas de investidura de los congresistas para otorgársela al Consejo Nacional Electoral, órgano que según algunos está politizado.
Como lo dijo en un comunicado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “esta norma elimina casi la totalidad de las actuales competencias del Consejo de Estado al disponer que las decisiones sobre escrutinios adoptadas por el Consejo Nacional Electoral solamente serán de su conocimiento si se refieren a errores de derecho por indebida o errónea interpretación o aplicación de normas electorales, en la medida que alrededor del 80% de los litigios que llegan a la jurisdicción provienen no de situaciones de derecho estrictamente, sino de hecho derivadas de la falsedad en el conteo de votos, la suplantación de electores, el trasteo de votos, otras formas de fraude al voto y últimamente violencia bien sea sobre los electores o sobre los documentos electorales, y ninguna demanda se presenta por errores de derecho cometidos en la interpretación o aplicación de normas electorales”.
A pesar de esto, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha sostenido que la iniciativa busca “purgar la política”. Además, defendió las bondades del polémico proyecto: “La reforma sirve para moralizar los partidos, sancionar a quienes incurran en actos delincuenciales o se acojan a la delincuencia para hacer política. Yo creo que esto es lo que el país necesita”, dijo.
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