El plan de guerra, consistente en la reestructuración de los planes operativos y jurídicos de las Fuerzas Militares y de Policía, estarían listos para final de mes, anunció ayer el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.El funcionario explicó que el Gobierno se apresta a lanzar su política integral de seguridad, que comprende no sólo la intensificación de las operaciones militares sino también la colaboración activa de la ciudadanía y la comunidad internacional.
“Estamos trabajando para que nuestras Fuerzas Militares y de Policía intensifiquen su actividad, que los ciudadanos nos ayuden más denunciando, colaborando con las autoridades y que la Comunidad Internacional también nos apoye en esta lucha”, manifestó Rivera.
Al precisar que el plan de guerra es uno de los ejes centrales de esa política, el ministro Rivera anunció que “vamos a tener un trabajo de análisis crítico que nos permita la formulación de ese nuevo plan de guerra”; agregó que “lo que hay hasta ahora es un trabajo muy intenso, muy serio de evaluación de todo lo que ha sido esta política durante los últimos ocho años, de la capacidad de nuestras Fuerzas Militares y de los que ha sido la ofensiva contra las organizaciones criminales”.
“Estamos trabajando en varios frentes, un frente es el de la nueva política integral de seguridad ciudadana”, precisó. El funcionario señaló que la nueva política integral de seguridad ciudadana estará enfocada al 70 por ciento de la población de los principales centros urbanos, con la que se pretende hacer frente a los desafíos que impone la delincuencia común y organizada.
“Un segundo gran frente es el de la nueva política de seguridad y defensa, en eso estamos trabajando con el alto mando militar y policial y con las autoridades del Ministerio”, anotó.
Ayer debió ser revisado con el presidente Juan Manuel Santos “el borrador de esta política” que “será anunciada a la opinión pública en los próximos días”, informó Rivera.
El ministro Rivera comentó que junto con los altos mandos militares y con las autoridades del Ministerio de Defensa, se están evaluando las consecuencias que tendría la implementación de esta política.
En los últimos meses, el Gobierno ha enfrentado la arremetida de las Farc en Nariño, Norte de Santander, Pasto y Meta que ha dejado como saldo trágico la muerte de cerca de 30 soldados y policías. Así mismo, enfrenta la crisis de violencia que se registra en las comunas de Medellín, que además de causar más de 1.250 muertos desde enero pasado, ha obligado a 2.266 personas a abandonar sus hogares.
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