lunes, 8 de febrero de 2010

Sanín pidió abolir decretos de la emergencia social


“No debemos dejar escalar este tipo de problemas si se tiene a mano la solución”, señaló la aspirante presidencial.

LA DEROGACIÓN de los decretos de emergencia social, en vista de la mala redacción de los mismos, tal como lo calificó el propio presidente Álvaro Uribe, pidió ayer la aspirante presidencial Noemí Sanín.

“Si el presidente Uribe garantiza que es un problema de semántica, un problema de redacción, creo que muy rápidamente hay que derogarlos y entrar a una redacción que se compadezca con las obligaciones del médico, los derechos de los colombianos en materia de salud y sus derechos a los medicamentos”, dijo.

Sanín pidió que el tema no se convierta en un “factor de confrontación” y que se garantice la sustentabilidad del sistema. “No debemos dejar escalar este tipo de problemas si se tiene a mano la solución”, agregó.

El sábado, durante un consejo comunal de Gobierno realizado en Fusagasugá, Cundinamarca, Uribe regañó en público a los funcionarios encargados de redactar los decretos de salud por la falta de claridad, señalando que las normas tienen que tener una redacción muy clara como los versos de los poetas populares que no requieren explicación.

El gobernante advirtió que las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, que se nieguen a prestar los servicios obligatorios a los ciudadanos serán sancionadas y cerradas: “Se ha pedido al Superintendente de Salud que sancione y cierre aquellas EPS que nieguen a los ciudadanos servicios obligatorios de salud. Vamos a enviar ese mensaje a todo el país, y a pedir que se ponga mucha atención en el tema”.

Protestas

También el sábado, se realizaron protestas contra las medidas de emergencia social en 14 ciudades del país y 3 del exterior, en las que se manifestaron estudiantes de medicina, médicos y pacientes.

Los líderes de las marchas indicaron que buscan la salida del Gobierno del ministro de Protección, Diego Palacio, por ser considerado el culpable de los decretos que tiene en la incertidumbre al sector de la salud.

Aunque Uribe ha expresado que desde el punto de vista del Gobierno no se vulnerarán los derechos de los pacientes y se respeta la autonomía de los médicos, posición que reiteró en Fusagasugá, los organizadores de la protesta consideran que nada está claro en los decretos reglamentarios expedidos.

Las marchas del sábado fueron la antesala a una protesta nacional que están preparando varias organizaciones que se sienten afectadas con las normas que a juicio voceros del Ejecutivo busca dale un revolcón a la salud en el país, contemplando una mayor cobertura para segmentos de la población que hasta el momento no ha tenido acceso a la atención médica.

La semana pasada la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron en contra de los alcances de los decretos emitidos por el Gobierno al amparo de la emergencia social.

En un comunicado, la CCJ consideró que los decretos “desconocen gravemente el derecho a la salud y a la vida de todos los colombianos, afectando especialmente a aquellos que tienen menores ingresos”.

Para la CCJ “una de las medidas que más preocupación causa es la de hacer casi imposible la prestación de servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS)”.

El defensor del pueblo, Wolmar Pérez, le pidió al Gobierno reconsiderar los decretos, tras asegurar que se corre el riego de vulnerar el derecho a la salud: “En carta dirigida al ministro de Protección Social hemos pedido que se reexaminen esos decretos, que se reconsideren a efectos de encontrar los mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud”.

Desacuerdos

Como lo hemos venido registrando, la inconformidad con las medidas no solo proceden de quienes no hacen parte de la coalición de Gobierno, sino incluso de los más cercanos amigos de la actual administración.

Juan Manuel Santos, recientemente posesionado como presidente del Partido Social de Unidad Nacional, La U, ha manifestado que los decretos lesionan los derechos de los usuarios y a la autonomía de los médicos, pero que al Uribe reconsiderar esos temas, se trata de una preocupación superada.


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