Las medidas serían promovidas en el caso de que la Corte Constitucional no dé vía libre a su aprobación.A través de proyectos de ley promovidos con el Congreso de la República, el Gobierno pondría en marcha su Plan B para enfrentar la posible caída de la Emergencia Social y de los decretos expedidos bajo su amparo, declaró el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga.
Según el jefe de la cartera de Crédito Público, las medidas serían impulsadas en el caso de que la Corte Constitucional no apruebe la declaratoria de la Emergencia Social a la Salud. “Obviamente, ante una eventualidad que la Corte decida no aprobar la Emergencia Social en su integridad, tendremos que recurrir al Congreso de la República para buscar, por ejemplo, los recursos que se necesitan, que son indispensables, para garantizar no sólo la universalización sino la unificación de los planes y la viabilidad del sistema de la salud", indicó.
El Ministro reiteró que es obligación del Gobierno asegurar a todo colombiano que tenga acceso al régimen contributivo o subsidiado y todos los recursos necesarios que puedan cubrir en forma oportuna las atenciones y necesidades de salud que demanden.
“Estamos trabajando con mucha intensidad ante la Corte. Hemos aportado toda la parte probatoria que nos corresponde para demostrar la necesidad de la Emergencia, la oportunidad para superar los problemas en términos de cobertura, de calidad, de evasión y elusión, de sostenibilidad financiera. Tenemos confianza en que el decreto madre, el cual será el primero que fallará la Corte, pueda pasar el examen de constitucionalidad”, explicó el Ministro a los medios de comunicación.
Investigaciones
Por otro lado, el procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado asignó al procurador Delegado para la Contratación Estatal Antonio Gómez Merlano, para que investigue las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido servidores públicos del Ministerio de la Protección Social, con respecto a las contrataciones adelantadas por esta cartera con ocasión de la Emergencia Social.
Al respecto, las investigaciones las concentrarán en la contratación de consultores o firmas especializadas para el diseño y posterior desarrollo de las normas y demás actos administrativos expedidos bajo el amparo de la Emergencia Social decretada en enero del presente año.
Ordóñez ordenó a su vez investigar las posibles irregularidades que se presentaron en los contratos efectuados para hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, que hace referencia a la vulneración del derecho constitucional a la salud y que fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría por parte de José Félix Patiño Restrepo, Médico y miembro de la Academia de Medicina, durante el conversatorio sobre el contenido de los decretos excepcionales expedidos bajo el amparo de la Emergencia, que se llevó a cabo en la Procuraduría el pasado cinco de febrero del año en curso.
Sobre el tema, el Ministerio de Protección Social informó que colgó en la página de Internet del Ministerio, toda la información relacionada con el contrato 462 de 2008 que celebró con el Centro de Gestión Hospitalaria, para dar cumplimiento a las órdenes de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, por una cuantía de 1.156.000.000 pesos.
“El Ministerio recuerda que dicho contrato se realizó entre el 18 de noviembre de 2008 al 19 de agosto de 2009, cuando ni siquiera se pensaba decretar la Emergencia Social, aunque para el Gobierno era claro la importancia de darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional”, explicó el ente en un comunicado.
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