Ordóñez y Turbay aprietan tuercas

Aunque algunos sectores de la oposición los consideran muy cercanos al Gobierno y pasivos frente al ritmo de la Fiscalía y la Corte Suprema, las medidas, advertencias y pronunciamientos de ambas entidades de control en las últimas cuatro semanas no concuerdan con ese diagnóstico, pues se le midieron a los escándalos y temas más complejos y polémicos del momento. Radiografía

SIN DUDA alguna el 2009 que está terminando ha sido un año lleno de escándalos y casos polémicas. No sólo por el eco amplio que éstos han tenido en todos los medios de comunicación, sino por el trabajo que le han dado a los entes de control.

Por ejemplo, si se hace una revisión de lo que ha ocurrido en el último mes en la Procuraduría y la Contraloría se evidencia que cada una de esas instituciones tiene bajo su órbita de investigación hechos de extrema gravedad. La cuestión llega a tal punto que hay altos funcionarios y ex funcionarios que están citados paralelamente -o ya lo han hecho- a rendir descargos en materia disciplinaria, fiscal y, como si fuera poco, penal.

Ese hecho ha llamado la atención de no pocos analistas, puesto que en los últimos tiempos se venía criticando desde distintos sectores de la oposición al Gobierno una cierta pasividad de las entidades dirigidas por Alejandro Ordóñez y Julio César Turbay, sobre todo porque sus decisiones no iban al mismo ritmo o incluso podrían ser tardías y hasta contradictorias frente a las determinaciones de la Fiscalía General así como de la propia Corte Suprema de Justicia.

Es más, desde la orilla del antiuribismo se han escuchado quejas contra el Procurador y el Contralor, según las cuales ambos funcionarios son demasiado cercanos al Gobierno, puesto que fueron elegidos por sus mayorías parlamentarias, y esa circunstancia estaría influyendo en los tiempos y sentidos de las decisiones sobre procesos clave relacionados con el Ejecutivo, directa o indirectamente.
Aunque tanto desde el ente de control fiscal como desde el disciplinario siempre se ha replicado que no existe tal pasividad y se reafirma que hay independencia frente al Ejecutivo y su coalición, e incluso se dijo que lo que pasaba era que el foco mediático estaba puesto sobre la Fiscalía y el máximo tribunal de la justicia ordinaria, lo cierto es que una revisión de lo actuado en el último mes por Procuraduría y Contraloría, que han producido un número considerable de determinaciones, anuncios y advertencias, evidencia que ambas instituciones están en un pico alto de productividad y más jugadas que nunca en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.

Primera descarga El Ministerio Público, por ejemplo, no ha tenido en el último mes prácticamente un día en que no dé noticias preocupantes. Hace exactamente 30 días, el procurador Alejandro Ordóñez advirtió que era urgente afianzar el esfuerzo y el compromiso social para evitar que la corrupción desborde la institucionalidad del país. Indicó que de las 37.255 investigaciones que cursan en la entidad, el 70 % corresponde a hechos relacionados con el detrimento a los recursos públicos, por lo cual, integró el grupo “caza corrupción” que asumió la investigación de 200 casos paradigmáticos en distintas regiones del país.

Reveló, asimismo, que hay investigaciones disciplinarias a 774 alcaldes en ejercicio; que 452 han sido sancionados y 12 suspendidos provisionalmente. En cuanto a los gobernadores, 31 están siendo investigados y tres suspendidos temporalmente.
Días después la Procuraduría se le midió, ni más ni menos, al eterno problema del ausentismo parlamentario, que si bien es una práctica recurrente en el Congreso, en la actual legislatura ha sobrepasado todos los límites. Por primera vez en muchos años delegados del Ministerio Público fueron al Senado y la Cámara a verificar listados de asistencias de senadores y Representantes, y las razones por las cuales no concurrieron a cumplir su función.

El turno siguiente fue para otro tema de candente actualidad. El riesgo de prescripción de una serie de magnicidios y atentados terroristas cometidos 20 años atrás por el abatido capo del cartel de Medellín, procesos en los que aún hoy, dos décadas después, reina la impunidad parcial o total.

Acorde con la decisión de la Fiscalía, la Procuraduría consideró que muchos de las acciones criminales de la época del narcoterrorismo se pueden considerar como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no se corre el riesgo de la prescripción de la acción penal. En ese orden de ideas, se procedió a designar un grupo de procuradores judiciales penales de Bogotá y Medellín para impedir una posible impunidad en estas investigaciones.

Licitaciones en la mira En medio de esos anuncios, el procurador Ordóñez insistió en otro de los procesos que más ha llamado su atención en este año: la licitación para escoger al concesionario que operará el tercer canal privado de televisión abierta nacional. El Ministerio Público ha sido claro en advertirle a la Comisión Nacional de Televisión sobre la urgencia de correctivos al proceso licitatorio, con el fin de que haya completa claridad y transparencia. Los aspectos que más le preocupan son los siguientes: la cuantificación de los riesgos previsibles, el tema de reciprocidad, la posibilidad de que el tercer canal opere por la red pública de RTVC y el control de advertencia que formuló la Contraloría General, en especial en torno a que el tercer canal debe adjudicarse por el mecanismo de subasta directa y abierta.
Pero no fue esa la única licitación que preocupó a la Procuraduría en el último mes. También ha estado en el ojo del huracán la que tenía que ver con la selección del contratista que diseñe, fabrique, lance y opere un satélite colombiano. Un primer intento de escogencia tuvo que declararse desierto, ya que el único oferente de la polémica licitación -blanco de muchas reservas y críticas- puso muchos peros para seguir en el proceso.

Casi de inmediato, el Ministerio de Comunicaciones anunció que ahora buscaría una negociación gobierno a gobierno, lo que generó una reacción preventiva del Ministerio Público advirtiendo que ello no es posible, ya que la normatividad contractual vigente sólo permite iniciar un nuevo proceso licitatorio o uno de selección abreviada.

Apenas había salido de este tema, cuando el ente de control disciplinario se le metió a otro tema gordo: el de las demandas contra la Nación. De un lado, presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura una queja para que investigue a algunos despachos judiciales de Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Guajira que dieron, al parecer, trámite indebido a 38 procesos millonarios en contra del Invías.

De forma paralela, la Procuraduría se metió en una controversia de marca mayor. Ante la sugerencia de un candidato presidencial de dar a las jóvenes la posibilidad de acceder a la llamada “píldora del día después” para evitar embarazos indeseados, el Ministerio Público advirtió que éste medicamento es abortivo y “por lo tanto viola el derecho a la vida del que está por nacer, y por ello deben ser retiradas del mercado”. Como era obvio la polémica no se hizo esperar.

RUNT y AIS El 7 de diciembre pasado el ente de control se dejó venir con varias cargas de profundidad en torno a los escándalos más graves del momento. En primer lugar, abrió investigación disciplinaria por las anomalías en el arranque del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT). La Procuraduría sustentó la medida disciplinaria en que se dio “inicio de la operación del registro sin contar, al parecer, con la información necesaria para validar los trámites y sin surtirse las pruebas requeridas para verificar la funcionalidad del sistema, lo que habría generado dificultad en su entrada en operación. Igualmente, por las posibles irregularidades que pueden existir en la composición accionaria de la Sociedad Runt”. Pero la segunda ‘carga de profundidad’ fue mayor: ordenó abrir investigación disciplinaria contra el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, el actual titular del cargo, Andrés Fernández, y 16 altos funcionarios y ex funcionarios de esa cartera, debido a las graves anomalías encontradas en la entrega de millonarios subsidios no reembolsables dentro del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que es, sin duda, el escándalo más grave del año.

Para el ente de control disciplinario son cuatro los hechos graves en este caso: posibles falencias en la elaboración de los estudios previos que dieron origen a la celebración de los convenios aludidos; eventuales irregularidades relacionadas con la suscripción de algunos de éstos; posibles irregularidades con los gastos de administración y operación del programa; y presunta omisión por parte de los funcionarios del Ministerio del deber de vigilancia y control y supervisión de la ejecución de los convenios aludidos.

Ese mismo día, el Ministerio Público también decidió proferir pliego de cargos contra varios funcionarios del Consejo de Estado que podrían estar incursos en concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias, utilización indebida de información oficial y asesoramiento ilegal en procesos que eran llevados en la Sección Quinta del contencioso-administrativo.

Apenas dos días después, otra licitación quedó en la mira. Esta vez la referente a la concesión vial del proyecto Ruta del Sol, una de las obras de infraestructura más importantes del país. La Procuraduría hizo una serie de observaciones debido a falencias y vacíos que encontró en el proceso que adelantaba el Instituto Nacional de Concesiones (INCO).

Como si fuera poco, en la última semana la Procuraduría solicitó investigar a jueces que fallaron en contra de la ley, en casos contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom. Por igual, abrió indagación disciplinaria al concejal de Bogotá, Wilson Duarte, señalado por, presuntamente, haber golpeado a una familiar. Acto seguido destituyó e inhabilitó a cuatro ex congresistas vinculados con el escándalo de la parapolítica. Y por último, por presuntas irregularidades en inversión de recursos de regalías, destituyó e inhabilitó a ex alcalde de Castilla La Nueva (Casanare) y sancionó a funcionarios de Fiduagraria.

Todo lo anterior pasó en sólo el último mes. El trabajo de la Procuraduría fue tan múltiple, sorprendente y de fondo, que hoy por hoy no pocos analistas coinciden en que, a diferencia de anteriores titulares del Ministerio Público que tardaron más de un año para consolidarse en el cargo y ganar peso específico e independencia frente a la Casa de Nariño y el Congreso, hoy por hoy Alejandro Ordóñez ya se muestra como un jefe de ente de control muy fuerte, con ascendiente en el poder judicial y una hoja de ruta bien definida, a tal punto que -según sus críticos- no teme expresar sus criterios personales en temas que tocan asuntos de índole religiosa.

Remate del Contralor Desde su elección en agosto de 2006 como Contralor General, tras una votación en la que fue determinante la coalición uribista, a Turbay Quintero siempre se le ha visto como un hombre muy cercano al Gobierno e incluso desde sectores de la oposición no pocas veces se le ha criticado una presunta pasividad del ente de control fiscal frente a las múltiples anomalías que se han registrado en los últimos tres años en el Ejecutivo. El Contralor siempre ha negado que exista un sesgo político en sus decisiones y menos aún que haya demora o inactividad en meterle el diente a los escándalos que se han registrado, por acción u omisión, en la administración Uribe.

Más allá de esa controversia, lo cierto es que en el último mes Turbay Quintero se le ha medido a varios de los temas más gordos de la agenda nacional. Por ejemplo, el 19 de noviembre anunció que adelantaría una investigación de fondo para precisar cuáles congresistas estarían incursos en causal de pérdida de investidura por ausencias injustificadas y quiénes han incurrido en situaciones de ausentismo y no se les ha sancionado con el descuento de sueldo correspondiente.

Apenas un día después, el jefe del ente de control volvió a estar en la primera plana de la prensa nacional cuando reiteró su solicitud de suspender el proceso licitatorio que abrió la Administración Distrital para modernizar el sistema de semaforización de Bogotá, ya que, a su juicio, había “un manto de duda muy grande y la licitación no puede seguir adelante mientras no se hayan aclarado las denuncias que se han planteado sobre este tema”.

Rajado en lo social Días después el ente acusador presentó ante el Congreso el Informe Social 2008, diagnóstico que fue considerado por muchos sectores como la evidencia de la deficiente gestión gubernamental en política social. En materia de salud, la Contraloría advirtió no se ha hecho efectivo el principio de universalidad y persisten las inequidades. En educación, dijo, se observan logros pero los esfuerzos son insuficientes, y resulta bastante grave que la mayoría de los jóvenes colombianos solo reciba una educación mínima, pues abandonan las aulas antes de ingresar a los dos últimos grados del bachillerato.

También recalcó el Informe que persiste el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, pues “los ricos son más ricos y los pobres más pobres”. Recalcó que los logros en materia de atención a la población desplazada son escasos. Los más pobres, indicó, son también afectados por problemas alimentarios y nutricionales y se evidencia exclusión en la atención en la población adulta mayor.

Tercer canal… En materia de controles de advertencia, Turbay Quintero ha sido muy activo en las últimas semanas. El caso más importante tiene que ver con la licitación para el tercer canal privado de televisión, a tal punto que la postura expresada por el ente de control fiscal fue la base para una parte de las observaciones de la Procuraduría a la Comisión Nacional de Televisión así como de las aclaraciones urgidas por dos de los tres proponentes habilitados. Turbay Quintero no sólo enfatizó que el precio base para la adjudicación del canal está subvalorado y debe ser actualizado urgentemente, sino que insistió en la necesidad de acudir a la subasta como mecanismo principal para escoger al ganador de la frecuencia. De lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de que un millonario detrimento patrimonial oficial.

Al igual que lo hizo la Procuraduría, el ente de control fiscal también le metió la mano al accidentado arranque del RUNT, que le podría implicar a la Nación millonarias demandas de los afectados por las fallas en este sistema de registro del sector transporte. De las indagaciones ya adelantadas podrían redundar no sólo hallazgos fiscales por evidentes inconsistencias sino la posibilidad de abrir investigaciones e incluso de interponer acciones de repetición contra el patrimonio de los funcionarios y particulares que manejaron en este caso recursos públicos.

La Contraloría también se acompasó con la Fiscalía y el Ministerio Público en la investigación, en lo de su competencia, del escándalo de los subsidios del programa AIS. Las pesquisas fiscales se iniciaron hace semanas pero Turbay Quintero prometió hace dos semanas que entregaría los primeros resultados antes de terminar este año. Incluso no dudó en afirmar que existían claras evidencias de corrupción en este caso.

También le ‘metió’ el diente la Contraloría al tema de la crisis en el sector salud, sobre todo en lo que tiene que ver con el problema de los pagos del Fosyga a las EPS por medicamentos y tratamientos ajenos al Plan Obligatorio de Salud (POS).

Cárceles, Emisor y otros Otro de los asuntos que más concentra la atención de los entes de control es el del manejo de las regalías. En ese aspecto, en el marco de la rendición de cuentas de la gestión del ente de control fiscal, se reveló que se detectaron más de 400 casos sospechosos en donde podría haber embolatados más de 2.500 millones de pesos. También fue el Contralor el que propuso días atrás que se debería estudiar la posibilidad de crear un viceministerio o una especializada para la defensa judicial de la Nación, bajo el entendido de que contra el Estado cursan en este momento demandas por más de 102 billones de pesos y es necesario evitar condenas simplemente por deficiencias en la estrategia jurídica.

El martes de esta semana el ente de control fiscal volvió a apuntarle al Gobierno, al advertir graves anomalías en el plan de ampliación de los cupos carcelarios, relacionadas no sólo con retrasos de varios meses en la construcción y entrega de las respectivas prisiones sino en sobrecostos por más de 90 mil millones de pesos por esa causa. La denuncia la hizo al tiempo que reveló un drástico diagnóstico sobre la situación de alto hacinamiento y otras problemáticas en que sobrevive la población de reclusos.

Un día después, la Contraloría se le metió a otro de los temas más controvertidos para esa entidad. Por primera vez realizó una auditoría al Banco de la República. En el proceso se encontraron en total 35 hallazgos de carácter administrativo, de los cuales cuatro (4) tienen incidencia fiscal y cinco (5) son de carácter disciplinario. También ahondó sobre hechos como la administración de las reservas internacionales y los problemas que se presentaron cuando más de 20 millones de dólares del Emisor quedaron embolatados en entidades financieras que quebraron en medio del crash internacional del año pasado.

Como se ve, a pocos meses de dejar el cargo la gestión de Turbay Quintero ha tenido un pico de productividad muy llamativo. Si bien es cierto que algunos de sus eternos críticos aún no bajan la guardia, lo cierto es que la Contraloría cierra este 2009 con la guardia en alto y la lupa alzada.