Emergencia social servirá para mucho, poco o nada: congresistas

Mientras unos consideran que primero hay que cambiar el modelo establecido por la Ley 100, otros creen que es urgente darles recursos a las EPS.

CON EL fin de incorporar al presupuesto recursos con destino a la atención de servicios de salud que no están incluidos en los que prestan las entidades privadas, el presidente Álvaro Uribe anunció hace algunas semanas que su Gobierno declarará el estado de emergencia social.

Se espera que esta semana, tras el regreso de Uribe de la Cumbre de Cambio Climático que se desarrolló en Copenhague, Dinamarca, se revele el contenido de cerca de trece decretos que permitirán definir la emergencia social en salud en el país, los cuales establecerían nuevos impuestos para el consumo de cerveza, cigarrillos y vinos, para financiar el faltante en este sector.

Sobre el contenido de los decretos no se sabe aún mayor cosa. “Digamos que se han conocido algunos temas que forman parte de la emergencia social, pero digamos el texto definitivo, los decretos que el Gobierno irá a expedir amparado en la facultad constitucional no son aún conocidos por la bancada como tal”, le informó a EL NUEVO SIGLO el senador Ricardo Arias, del Partido Social de Unidad Nacional (La U). “En el caso del partido de La U, estamos a la espera del diálogo con el ministro de Hacienda”, dijo.

“Se habla del atraso en el pago de cuentas por cerca de 900 mil millones de pesos a las entidades de salud que atienden a la población subsidiada, por concepto, en más del 60 por ciento, de procedimientos que han tenido que atender aunque no están en la lista del plan de este régimen para pobres”, explicó hace poco el ex ministro Camilo González.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señala además que actualmente la deuda de los entes territoriales por pagos de atención no incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) asciende a 500 mil millones de pesos, y amenaza con llegar a 6 billones de pesos en 2011.

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, recordó que la misma administración ha denunciado un déficit de 6 billones de pesos; una deuda con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de 900 mil millones y otra de 1,7 billones con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y advirtió que no hay una respuesta clara más allá del anuncio de convocar una emergencia social.

¿Cómo se llegó a un problema de semejantes dimensiones? “Los supuestos sobre los cuales se construyó la Ley 100 hoy no se cumplen: economía creciendo al cinco por ciento, empleo formal creciendo mucho más que el informal; en fin, nada de eso se está cumpliendo, y hoy tenemos un sistema colapsado en muchos sentidos”, le explicó a este Diario la senadora liberal Cecilia López.

Para el ex ministro González, “la inequidad del sistema ha llevado a que las EPS no solo hagan discriminación según el tipo de afiliación, sino que tengan procedimientos deliberadamente dirigidos a discriminar con el criterio de ahorrar y ganar. Y del otro lado se generalizó la práctica de acudir a la tutela para exigir acceso a tratamientos especializados o para complacer a una demanda artificial de medicamentos costosos promovida por las multinacionales farmacéuticas. Así se llegó a 500.000 tutelas por asuntos de salud desde la aprobación de la Ley 100 de 1993, y a un desajuste estructural de un sistema convertido en tráfico de pacientes y de enfermedades como si fueran mercancías de supermercado o casino”.

Por su parte, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), expresó que “a pesar de la expedición del Decreto 4747 de 2007, en donde se reglamenta la relación entre pagadores y prestadores, la ausencia de vigilancia y control ha permitido que las diferentes aseguradoras continúen incluyendo en la contratación términos por fuera de la norma, emitiendo glosas extemporáneas, glosas por causas injustificadas y no realizando el pago acorde a lo definido en la norma, lo cual se ve reflejado en la cartera cada vez más creciente de la red pública hospitalaria”.

El senador Lara se preguntó: “¿De dónde se van a sacar los dineros para subsanar la deficiencia planteada?”, y aseguró que “el Gobierno espera recibir 500 mil millones de pesos provenientes de la venta de cigarrillo, cerveza y tabaco, y que por culpa del Congreso no se aprobó otra ley”, la de juegos de suerte y azar, “con la cual esperaba recibir 300 mil millones”, pero que “esa tampoco era la salida; de dónde esperaba sacar los otros 5 billones que necesita para sacar la salud de su crisis”.
“Nos preocupa”, indicó Lara, “que por la emergencia social se acuda a elevar los impuestos de los colombianos”.

¿Inútil?

La directora de Acesi conceptuó que para los 365 hospitales que representa a nivel nacional, lo importante en este momento es que los recursos que serán entregados lleguen a esos centros de atención y no se queden en las EPS del régimen subsidiado, las cuales actualmente tienen una deuda superior a los 775 mil millones de pesos con los hospitales públicos.

“Esa urgencia no va a resolver nada. Esos son pañitos de agua tibia. Lo que el Gobierno tiene que hacer es seriamente convocar a un grupo de expertos ¡ya!, que empiecen a trabajar a ver cómo ajustamos la Ley 100 o si hay que transformarla totalmente, mirando la situación económica. Eso es lo que hay que hacer”, argumentó la senadora López.

“Los que mantienen la tesis de la intermediación privada en todos los escenarios, y de una salud asistencial y no preventiva, han fracasado en todos los escenarios del mundo. Por eso Obama está cambiando el modelo de salud, por eso los chilenos están haciendo lo mismo”, infirió Petro.

“Cómo será de enredado lo que están haciendo, que llevan un mes en emergencia y no han sido capaces de sacar nada”, señaló López.

“Desafortunadamente tendremos emergencia para cuadrarle el balance de fin de año a algunas poderosas empresas de la salud y para algunos discursos preelectorales, pero los problemas de fondo seguirán esperando hasta que esta sociedad se dé cuenta que la crisis no es del no POS sino de todo el sistema de negocio montado desde 1993”, concluyó González.