miércoles, 12 de agosto de 2009

El país no necesita caudillos: Gaviria


El V Encuentro de Jurisdicción Constitucional, ayer en Barrancabermeja, fue escenario de duro cruce de críticas entre el ex mandatario liberal y el presidente Uribe, en donde el telón de fondo fue, sin duda, la polarización política en torno a la segunda reelección. Aquí los principales apartes de la intervención del ex mandatario liberal

“Desde que hace tres años también por iniciativa de la Corte Constitucional di mis impresiones sobre el proceso del 91, desde entonces hay aspectos alentadores sobre un aspecto que generaba una gran preocupación. Se trata del tema de la tutela contra sentencias y otras providencias judiciales.

Hace tres años fue uno de los puntos centrales. Ya no lo es, aunque no es un capitulo cerrado.

Mesuradamente, en materia de tutela contra providencias judiciales, se ha ido construyendo una solución por la vía de posiciones jurisprudenciales y de reformas al reglamento de la Corte Constitucional. Ese camino es mejor que el legislativo.

En buena hora, porque ello muestra armonía en la cúpula de la justicia, al margen de las naturales diferencias que pueda haber sobre la interpretación del derecho. Esa armonía es crucial en estos momentos donde es necesario cerrar filas para defender la independencia judicial.

La independencia judicial es un baluarte de la tradición jurídica colombiana, temido por quienes han violado la ley. Es prerrequisito de un sistema de frenos y contrapesos real y efectivo, sin el cual se empezaría a desmoronar el principio de la separación de poderes que ha llegado a verse amenazado por razones políticas o coyunturales.

…. Los que solo hablan de choque de trenes entre la Justicia y el Ejecutivo eluden defender un principio esencial en la preservación del Estado de Derecho. En la Carta del 91 se fortaleció la justicia por una decisión conciente de los delegatarios y del gobierno de entonces. Se le dio una nueva estructura, nuevos instrumentos y recursos. Pero en una democracia es también necesario que los actores políticos y sociales, así como los gobiernos, preserven un espacio amplio y sereno para que la justicia pueda actuar sin interferencias, sin amenazas, sin intimidaciones, sin temores.

… Enaltece a la Rama Judicial ese sacrificio por la defensa del orden Constitucional y el Estado Social de Derecho. Y es absolutamente abusivo arbitrario e ilegal buscar excusas para cercenarla independencia judicial con intimidaciones, violaciones de la privacidad, o maniobras urdidas de la mano de delincuentes.

Es dentro de esa misma perspectiva que he leído con extrañeza ciertos comentarios sobre el proceso de renovación de la Corte Constitucional que se dio a finales del año pasado y a principios de 2009. Rechazo sin ambages los comentarios desobligantes que algunos han osado aventurar sobre este cambio normal en el devenir institucional, efectuado dentro de las reglas diseñadas para permitir la concurrencia de los tres poderes en el proceso de elección y evitar que se den en nuestro medio las malas experiencias de otros países, conocidas de vieja data.

… Registro si mi preocupación de que el gobierno actual no hubiera acogido nuestra propuesta de reforma Constitucional para evitar que la primera reelección no afectara los contrapesos democráticos esenciales a la vigencia de la carta del 91.

Los colombianos quieren a la Corte Constitucional, quieren la tutela, quieren los derechos, quieren su Constitución. El que proponga restringirla, se estrella contra un muro infranqueable: el afecto que le tiene la gente a esa institución que le ha dado vida a los derechos, que ha reivindicado el peso de la razón contra los caprichos de la arbitrariedad, que ha construido paz social, que le ha dado justicia a millones de colombianos.

… El presidente Nilson Pinilla me ha invitado a hablar de lo que se esperaba de la Constitución que se incoó. Pues ya me he referido a cuatro aspectos que se esperaban y que se han realizado. Primero, fortalecer al poder judicial. Segundo, hacer que la generosa y progresista carta de derechos descendiera de cumbres abstractas para proteger a personas de carne y hueso en su vida concreta y cotidiana. Tercero, crear una Corte Constitucional no solo garante de los limites constitucionales sino capaz de impulsar - con independencia de la dinámica política pero en sintonía con las necesidades del país -el aterrizaje de la Constitución y su fuerza transformadora de nuestra realidad. Cuarto, acercar la Constitución al ciudadano común, crear puentes entre las promesas constitucionales y los problemas sociales y promover el arraigo de la Carta en el corazón de los colombianos.

Se logró gracias a las sentencias históricas de la Corte Suprema de Justicia, con el voto favorable del entonces magistrado de la Sala Laboral Jorge Iván Palacios hoy magistrado de esta Corte Constitucional, se abrió el camino para la convocatoria de una Asamblea Constituyente con una agenda reformista ambiciosa. Fue crucial el liderazgo de los tres copresidentes de la Asamblea, del entonces Ministro de Gobierno Humberto de La Calle y del concurso de los delegatarios. Se logró construir un consenso amplio, sólido, y pluralista en torno a la nueva Constitución.

El primer aspecto mencionado, el fortalecimiento del poder judicial, tenía otras dimensiones, además de la creación de una jurisdicción constitucional. Me referiré solo a uno. La justicia penal… Propusimos un sistema acusatorio, el cual combina a la vez eficacia en la persecución penal y garantismo en la protección de los derechos.

… La figura del fiscal es muy prestigiosa y sus facultades son suficientes para hacerle frente a criminales también poderosos. Por eso es tan importante la elección por la Corte de un Fiscal preparado independiente que sea garantía de imparcialidad y comprometido a sancionar los actos delincuenciales provengan de donde provenga.

… Confiemos en que el ejemplo que esta dando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, inspire a todos los fiscales y jueces penales del país. Nadie esta ni puede sentirse por encima de la ley. Por eso nos opusimos con vehemencia a la improvisada idea reciente de revivir la inmunidad parlamentaria. En 1991 propusimos a la Asamblea tanto la creación de la institución de la perdida de investidura, a cargo del Consejo de Estado, como la abolición de la inmunidad y su reemplazo por un fuero ante la Corte Suprema. Ambas instituciones han funcionado y mostrado resultados eficaces.

La acción de la justicia parte de un principio elemental: quien haya realizado pactos con organizaciones al margen de la ley y transgredido la línea sagrada que separa la política de la violencia, debe responder por sus actos. La Corte Suprema sabrá distinguir entre quienes violaron la ley y quienes fueron victimas de la intimidación. Todos debemos respetar sus decisiones y respaldar el ejercicio de sus elevadas competencias, dentro de la garantía al debido proceso, en lugar de tratar de ponerle palos a las ruedas de la justicia para que no termine su recorrido hasta donde tiene que llegar.

… El proyecto constitucional del 91 tuvo como uno de sus nortes fundamentales que el Estado de Derecho se expandiera a todos los ámbitos de la vida nacional. Que no hubiera lugares del territorio sin ley, que no hubiera poderes inmunes. La seguridad que se ha ganado por las políticas gubernamentales del presidente Uribe tiene que ver mucho con el fortalecimiento de las Fuerzas armadas pero a ella ha contribuido de igual manera y con la misma importancia la eficacia de nuestra justicia penal.

Pero si la presencia del Estado es fruto de la arbitrariedad, sea está aislada de sus agentes o sistemática, como parece serlo con los asesinatos selectivos de personas pobres e indefensas, se pone en grave riesgo el Estado de Derecho. Por eso hay que repetirlo una y otra vez: No puede haber impunidad penal por esos delitos infames. La fuerza pública colombiana se ha ganado el respeto por su adhesión al Estado de Derecho y a las reglas de la civilidad.

A todos sus integrantes también les interesa que se deje claro quienes fueron los responsables de esos actos criminales que enlodan a la institución castrense. Y quiero reiterar aquí que en el reciente proceso de depuración que realizaron el presidente y su ministro de Defensa no se hubiera hecho ningún esfuerzo por distinguir los indicios de complicidad con la simple omisión. Sobre aquellos sobre los cuales hay indicios de complicidad el Gobierno ha debido poner tales hechos en conocimiento de nuestra Fiscalía o de la Corte suprema.

En 1991 se consideró que el Estado debía ser no solo de derecho, sino social de derecho. Es la fórmula que resume un viraje conceptual trascendental. Inspirados en ese cambio, que también propuse en el proyecto gubernamental sometido a consideración de la Asamblea, adoptamos reformas en diversos campos de la política social. Hecho de menos que a lo largo de los años no se haya continuado con ese ímpetu reformista. Los vacíos dejados por los responsables de formular las políticas públicas y de adoptar las regulaciones necesarias para el mejoramiento de la política social, ha llevado a que las personas acudan a la Corte Constitucional ha pedir protección de sus derechos sociales.

… En un Estado Social de Derecho las políticas sociales y el gasto público social ocupan un lugar prioritario y convocan el compromiso imaginativo y decidido del gobierno, de las entidades nacionales y de las entidades territoriales. Los temas de orden público han relegado a un segundo plano los temas sociales. Nadie cuestiona que se necesita orden, pero como lo dice la Constitución y lo anuncia el titulo de este Encuentro, ese orden debe ser justo. Es decir, debe comprender acciones efectivas para superar la pobreza, luchar contra la exclusión social, incluir a los marginados, crear condiciones para que todos puedan vivir dignamente.

Por eso, decir que se debe posponer la reparación de las víctimas porque cuesta mucha plata es injustificado. Debemos avanzar en la reparación integral a las victimas de la violencia incluida la reparación administrativa a las victimas de agentes del Estado.

Por eso, también, no actuar con eficacia contra el despojo masivo de tierras de los campesinos por parte de los actores armados, en especial los paramilitares, es aberrante. Por eso, permanecer impasibles frente a la invasión de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afro descendientes, así como al exterminio de algunos de sus dirigentes, es imperdonable. Por eso, olvidarse de los desplazados y dejarlos abandonados a su suerte es un imposible ético. Claro, no es que todo se pueda solucionar de la noche a la mañana, no es que los recursos sean ilimitados. Pero debemos retomar la senda perdida del reformismo con espíritu social. Ver a los paramilitares incrustados en el Incoder o en el Banco Agrario tomar decisiones en su beneficio constituye una afrenta para el Estado Social de Derecho.

También esperaba una transformación política más profunda. En efecto otro norte del 91 fue la democracia participativa y pluralista. Para lograrlo se hicieron muchas reformas políticas en la Constitución de 1991. El sistema electoral fue profundamente reformado con el designio de abrir el juego político. Se adoptó un estatuto de los partidos políticos. El Congreso fue en lo institucional fortalecido. Los gobernadores pasaron a ser elegidos popularmente. Se introdujeron mecanismos de participación de todo tipo. Ha habido algunas reformas inocuas y otras en la dirección equivocada. La del 2003 fue conveniente para ayudar a organizar nuestros partidos La mas reciente solo sirvió para beneficiar una coalición transitoria en el gobierno y no para mejorar el sistema político. Aseguró que se consolide el poder en el Congreso con curules manchadas de la sangre de la parapolítica en vez de sancionarlas de manera inmediata. Y eso que evitamos algunos males mayores como el permitir que el Registrador se pusiese al servicio de intereses electoreros o el que permitía que los jefes paramilitares volvieran a hacer política.

Y la reforma que reclama hoy el país es ya más profunda que la que se vislumbraba hace dos décadas. Hoy subsiste la necesidad de insistir en depurar la política del clientelismo y de recuperar la credibilidad del quehacer político. Pero además, es indispensable enfrentar la captura soterrada, por suerte solo parcial, de algunas entidades del Estado por parte de mafias y organizaciones criminales.

También es imperioso preservar los partidos políticos ante las tentaciones de movimientos coyunturales o personalistas. Pero al mismo tiempo, hay que impedir que se retroceda en los espacios ganados por fuerzas nuevas, como las lideradas por movimientos independientes y organizaciones sociales. Y asegurar que la revitalización de los partidos no afecte las conquistas alcanzadas en el fortalecimiento y proyección de la sociedad civil.

Hay que apostarle a la democracia. Colombia necesita más democracia, más respeto a la diversidad, más dialogo civilizado, más espacio para disentir y construir a partir de nuestras diferencias, más liderazgos sensibles a los problemas sociales del país, más oportunidades para las nuevas figuras que quieren aportarle a Colombia.

El país no necesita caudillos que le permitan el escapismo que se genera del convencimiento de que un hombre puede ser la fuente de solución de todos los problemas sin mayor responsabilidad de los ciudadanos. Hay que revivir el espíritu descentralista que presidió la Constitución del 91 y que hoy está gravemente quebrantado no solo por las contrarreformas constitucionales sino por una legislación que ha ido centralizando a mi modo de ver inconstitucional, al punto de que no hay un mandatario regional que pueda ejecutar su programa de gobierno sino se comporta de manera sumisa y supedita todas sus acciones al querer de un gobierno centralista como no se conocía desde Núñez. Y no es el caso ni de Serpa ni de Navarro. Y espero que el tal Estado de opinión no sea más que propaganda política o la obligación que tiene el gobernante de escuchar a la gente y no un intento por subvertir el orden constitucional.

Tampoco podemos caer en la sobre simplificación de nuestros problemas. Esa de que la mejoría efectiva en un frente esencial como lo es la seguridad publica puede resolver todos los problemas sociales o económicos. Esta sociedad necesita mucha más critica no del gobierno sino de la sociedad y de las instituciones públicas. No hay espacio para la complacencia. Un nuevo espíritu reformista no puede surgir sino de esa crítica que es necesaria, imperiosa útil y una responsabilidad de cada uno de nuestros dirigentes. La criminalización que se ha promovido desde las más altas esferas de toda forma de crítica lesiona gravemente nuestra democracia, nuestro estado social de derecho y es una defensa de un statu quo injusto y cada vez más arbitrario.

De que la cumplamos, depende el rumbo futuro de la Constitución que nos legó la Asamblea Constituyente en 1991 y que la Corte Constitucional ha sabido defender con acierto durante más de tres lustros y estoy seguro continuará defendiendo con visión democrática, sensibilidad humanista y apego a la juridicidad.
Muchas gracias”.


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