El fantasma de las reelecciones pasadas… y las que se tramitan

El panorama político gira ahora en torno de las investigaciones penales y disciplinarias que penden sobre los congresistas que apoyaron el acto legislativo en 2004 y ahora el referendo. Pareciera que esta clase de iniciativas para perpetuar presidentes, lo único que traen a los parlamentarios es el riesgo de carcelazos y de ver frustrada su carrera política. Los abogados son los más beneficiados. Para la muestra lo que pasó esta semana

“SI ME hubieran dicho que iba terminar en medio de pleitos judiciales, polémicas políticas, la mirada desconfiada de mis amigos y la recelosa de mis enemigos, le juro que en lugar de liderar la campaña para la reelección del presidente Uribe, le habría rogado que candidatizara a la alcaldía del pueblo más escondido de Colombia y allá me habría ido a vivir”.

Esas palabras son de una parlamentaria que, allá por 2004, fue principal impulsora del proyecto de acto legislativo que abrió el camino a la reelección presidencial. Su decepción no es gratuita, ya que si bien no hacía parte de la Comisión I de la Cámara de Representantes, en donde se concentró el escándalo por el ofrecimiento de prebendas gubernamentales a los congresistas que votaran a favor de la iniciativa, sí ha tenido que soportar las preguntas irrespetuosas de algunos conocidos sobre “qué le dieron” y calmar más de una vez a sus familiares ante las noticias de que la Corte Suprema de Justicia está investigando a todos los que respaldaron el trámite de esa reforma constitucional.

Paradójicamente el miércoles pasado, un grupo de representantes a la Cámara del actual Congreso evidenciaban un temor y decepción similares. “Yo me cuidé mucho en mi campaña electoral, en gran parte porque no tuve que invertir mucho dinero, ya que mi trabajo político de varios años me garantizaba los votos para salir electo (en marzo de 2006)… Por eso no tengo el riesgo de caer en el proceso de la parapolítica, ni de yidispolítica, ni de farcopolítica, ni de DMG-política… ni de nada… sin embargo, ahora la Corte (Suprema de Justicia) me está investigando por votar en la plenaria de la madrugada del 17 de diciembre a favor del referendo para la segunda reelección”, se quejó uno de los congresistas que esa tarde esperaba razones de la Casa de Nariño en torno a cuál será su estrategia de defensa para evitar ser procesado por presunto prevaricato por acción.

Pruebas a la vista

Como se ve, los proyectos relacionados con las reelecciones presidenciales parece que arrastran una especie de sino trágico, pues la mayoría que los impulsan terminan en líos judiciales y disciplinarios, que no sólo amenazan con llevarlos a la cárcel sino acabar con muchas carreras políticas.

Una prueba fehaciente de lo anterior ocurrió esta semana, ya que en menos de cinco días coincidieron tres hechos que prueban ese halo problemático que rodea el trámite de las intentonas reelecionistas.

De un lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó el miércoles pasado que abrió una investigación preliminar para establecer si hay lugar a procesar a los senadores y representantes a la Cámara por las denuncias del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, en torno a la forma en que el Gobierno repartió entre 2005 y 2006 decenas de notarías a los congresistas que apoyaron el acto legislativo que abrió paso a abolición de la prohibición constitucional a que un Presidente de la República pudiera repetir en el cargo.

Se esperaba que ello ocurriera, sobretodo después de que trascendieron hacen dos semanas algunos detalles de las declaraciones de Cuello Baute. Sin embargo, el clima político se había calmado debido a que días después allegados al ex alto funcionario -condenado por concusión- aclararon que éste sólo había acusado directamente a dos ex parlamentarios, Yidis Medina y Mauricio Pimiento, la primera condenada por confesar que el Gobierno le dio prebendas para votar a favor del acto legislativo de reelección y el segundo por nexos con los paramilitares.

Pero esa calma chicha se rompió, no por la noticia de la apertura de investigación en la Corte, sino porque ese mismo miércoles, en horas de la mañana, la radio reveló gran parte de la declaración de Cuello ante los magistrados.

Tras conocerse los apartes más pertinentes del expediente quedó claro que el ex Superintendente no sólo habló de Medina y Pimiento sino que hizo un relato pormenorizado de la forma en que desde la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior y Justicia le ordenaban e incluso presionaban para crear, reabrir y reasignar notarías a recomendados de congresistas que apoyaban al Gobierno. Los nombres de muchos senadores y representantes a la Cámara quedaron salpicados, así como los de varios altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno.

Así las cosas, cuando la Corte anunció que abría una investigación preliminar, no pocos parlamentarios empezaron a ‘sentir pasos de animal grande’, pues es seguro que en cuestión de pocas semanas serán llamados a declarar ante los magistrados de la Sala Penal.

A ello se sumó que a comienzos de la semana ya había trascendido que la Corte había remitido a la Fiscalía copia de las declaraciones de Cuello Baute con el fin de que el ente acusador empiece a evaluar el testimonio, y no sólo lo anexe a los procesos penales que, por el escándalo de la yidispolítica, adelanta contra el ex ministro del Interior, Sabas Pretelt, el ex viceministro Hernando Angarita, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, así como otros particulares, sino para que contemple la posibilidad de abrir investigaciones contra otros personajes (congresistas, altos funcionarios y hasta notarios) mencionados por el ex Superintendente.

El temor entre los parlamentarios y ex parlamentarios mencionados no fue menor, puesto que la Corte ya emitió tres sentencias condenatorias por esos sobornos oficiales a los congresistas en 2004, como son las de Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.

Precisamente de estos dos últimos casos surgió el segundo capítulo dentro del proceso de la yidispolítica, cuando la Corte anunció que investigaría el tema de las notarías. Sin embargo, fueron las sorpresivas declaraciones de Cuello Baute las que dispararon todo este nuevo proceso que no sólo amenaza la libertad y carrera política de un buen número de senadores y representantes, sino que, por coletazo, podría terminar de complicarle el futuro al ya agónico proyecto que convoca a un referendo reeleccionista, pendiente de conciliación entre las plenarias del Congreso.

Lo anterior, porque si el Alto Tribunal alcanza a individualizar antes del 20 de julio los nombres de los investigados por la feria de notarías, entonces los señalados tendrían que declararse impedidos para votar la conciliación del referendo reeleccionista, pues es más que evidente el conflicto de intereses.

… Y la de ahora

Y es que así como el trámite legislativo de la primera reelección tiene a tres ex congresistas condenados al tiempo que un ministro, otro ex ministro y ex altos funcionarios siguen empapelados en la Fiscalía y la Procuraduría, el de la segunda reelección va por igual camino, y la semana que termina es prueba fiel de ello.

Si bien es cierto que esta semana fue muy movida en cuanto a reuniones de alto nivel en la Casa de Nariño, las más importantes fueron aquellas en que participaron líderes de las principales bancadas del uribismo con el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, y otros altos funcionarios de la sede presidencial.

Aunque la intención del Ejecutivo era obligar a los jefes de los partidos que integran la coalición parlamentaria gobiernista a respetar el pacto de rotación de las mesas directivas de Senado y Cámara, al final poco se avanzó en ese sentido, y, en su lugar, el tema que copó buena parte de las discusiones en la Casa de Nariño fue el de cómo frenar la desbandada de votos parlamentarios uribistas para votar la conciliación del referendo.

Esfero en mano, las cuentas que se hicieron mostraron un escenario muy preocupante para el Gobierno, que ya no oculta que está jugado a fondo para sacar avante la iniciativa. En el Senado, en donde los votos de los conciliadores designados y del resto de los integrantes de la bancada oficialista parecían muy sólidos, la sombra de las investigaciones de la Corte por la repartija de las notarías años atrás, empezó a preocupar, si bien hasta el momento ninguno de los nombrados por Cuello Baute admitió que se declararía impedido para apoyar la conciliación.

Sin embargo, en la Cámara el panorama es más crítico. De los conciliadores uribistas inicialmente nombrados, la mayoría ha advertido que está pensando seriamente en declararse impedido para votar, pues saben que si lo hacen, de inmediato serán objeto de demandas de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Igual temor tienen el resto de Representantes de las bancadas gubernamentales.

Es claro que si los 86 parlamentarios que la Corte está investigando por presunto prevaricato por haber votado el referendo en la plenaria del 17 de diciembre, se declaran impedidos en el trámite de la conciliación, la iniciativa se hundirá indefectiblemente. Es más, la misma suerte correría el proyecto si sólo la mitad de abstiene de participar en el debate, ya que la sumatoria de las bancadas del Polo, los liberales, independientes y algunos representantes de Cambio Radical que están a favor del texto original del referendo (es decir el que abre la puerta de la segunda reelección para 2014), se convertiría en la bancada mayoritaria coyuntural.

Aunque el Gobierno ha expuesto los conceptos de expertos ex magistrados, según los cuales no hay riesgo de que los 86 parlamentarios investigados pierdan la investidura si votan la conciliación del referendo, más aún si antes de ello se acude al llamado ‘carrusel’ del levantamiento de impedimentos, la mayoría de los Representantes sigue temerosa y es claro que por más apoyo que quieran darle a Uribe o que aprecien la cuota burocrática que tienen, pocos están dispuestos a arriesgar sus propias carreras políticas a cambio de jugársela por la continuidad presidencial.

De todo se ha hablado en la Casa de Nariño para tratar de aminorar el temor de los Representantes. Desde mecanismos para financiar el pago de los abogados que los defenderían ante la Corte, hasta promesas de eventuales nuevas reformas constitucionales, con efecto retroactivo, para ‘blindarlos’ ante el riesgo de perder la investidura en los procesos del contencioso-administrativo. Hasta se discutió, de nuevo, la controvertida propuesta de revivir la inmunidad parlamentaria o de proyectar ya una acción de tutela que permita a los senadores y representantes cobijarse bajo un fallo coyuntural sobre la inviolabilidad del voto de los congresistas, todo con el ánimo de que el recurso tarde o temprano sea escogido por la Corte Constitucional para revisión extraordinaria, y entonces ese alto tribunal ratifique su jurisprudencia al respecto.

Pese a todo ese arsenal de argumentos no ha tenido mayor efecto. Son muy pocos los que se han convencido y, al final, termina pesando más el instinto de supervivencia parlamentario.

EL CNE evalúa

Que el trámite de proyectos para abrirle paso a las intentonas reeleccionistas viene con fantasma a bordo, y que éste infunde temor de terminar preso o con la carrera política truncada, no sólo se comprobó esta semana con los congresistas, ex congresistas y ex altos funcionarios investigados por la feria de notarías de 2005 y 2006, así como por el creciente temor de los 86 representantes investigados por votar el referendo reeleccionista en la plenaria del 17 de diciembre, sino por lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral alrededor de las pesquisas sobre las anomalías en la financiación de la campaña de recolección de firmar para llamar al pueblo a pronunciarse sobre una eventual autorización a un tercer periodo consecutivo de Uribe en el poder.

A mediados de la semana, el magistrado Joaquín José Vives radicó ante la secretaría del CNE el proyecto de fallo sobre la investigación a las cuentas que presentó el Comité Promotor del referendo. Si bien la ponencia no fue revelada, sí trascendió que se recomienda formular cargos por evidente violación de las normas sobre financiación electoral. Las anomalías irían desde la ilegalidad de los autopréstamos entre el Comité Promotor y la fundación Colombia, uno y otra encabezadas por el ex ministro Luis Guillermo Giraldo; la violación de los topes de aporte individual; y la deficiencia en el registro del aporte logístico de una firma transportadora de valores, asociada a la intervenida captadora ilegal de dineros DMG.

Aunque si el pleno del CNE acoge los argumentos de Vives la sanción sería una multa, es claro que la comprobación de las anomalías en la financiación de la campaña del referendo le impedirán al Registrador Nacional expedir la certificación de que se cumplieron los requisitos legales y constitucionales obligatorios para esta clase de mecanismos de participación popular. No hay que olvidar que, precisamente, por esa razón fue que el representante Germán Navas Talero denunció a los 86 colegas ante la Corte, ya que consideró que incurrieron en prevaricato al votar la iniciativa pese a que no estaba esa certificación.

También es claro que las conclusiones del CNE sobre las cuentas del referendo reeleccionista serán elemento clave dentro del proceso penal que la Fiscalía adelanta contra los nueve integrantes del Comité Promotor, bajo la sindicación de fraude procesal.

Lo que viene

Tal como avanzan las investigaciones, es claro que en los próximos días habrá muchas sorpresas. De un lado, se sabe que la Procuraduría también se apresta a pedir copia de las declaraciones dadas por Cuello Baute a la Corte en torno a la feria de las notarías. Incluso, el viernes pasado el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, dijo que en menos de dos semanas definiría si hay mérito para abrir investigaciones.

Por otra parte, en fuentes cercanas al alto tribunal se indicó el viernes pasado que en las próximas dos semanas, el magistrado Yesid Ramírez, encargado del caso, enviará al Congreso un primer listado de los parlamentarios señalados por el ex Superintendencia con el objetivo de que las respectivas secretarías de Senado y Cámara certifiquen la calidad de congresistas de los señalados.

También se dice que antes de que comience la nueva legislatura, la Sala Penal citará a declaración juramentada a los primeros Representantes -del grupo de 86- denunciados por Navas Talero.

Entretanto, en el CNE se tiene previsto que esta semana, si las ausencias por vacaciones de algunos de los magistrados lo permiten, el pleno del organismo empiece a estudiar la ponencia de Vives sobre las anomalías contables y de financiación en la campaña del referendo reeleccionista.

Entretanto, cada vez son más las versiones que circulan en los pasillos del ente acusador, según las cuales sería inminente una orden de captura contra Giraldo y compañía, pues las evidencias de que hubo vacíos en la financiación de la campaña y que el ocultamiento deliberado de éstos llevó a la autoridad electoral a incurrir en error, no permitirían archivar el proceso sino que obligarían a imputar cargos a los sindicados.

Como se ve, pareciera que el trámite de los proyectos relacionados con la reelección arrastran un pesado lastre, que más allá de la exposición a la natural controversia política y proselitista, expone a sus impulsores al riesgo de terminar presos, con la carrera política frustrada por orden judicial o pagando multas administrativas y costosos abogados para defenderse ante los distintos tribunales.

Así las cosas, bien se puede decir que el fantasma de las reelecciones pasadas y las que se tramitan en Colombia, sólo tienen a unos pocos y muy afortunados beneficiarios: los abogados que ganan millonarias sumas defendiendo a todos los encartados en distintas instancias…