El Gobierno busca quitarle la competencia a la Corte Suprema de Justicia de investigar a los congresistas.LAS PROPUESTAS de quitarle la competencia a la Corte Suprema de Justicia de investigar a los congresistas, crear jueces de control de garantías para los parlamentarios que sean investigados penalmente y de crear la doble instancia en el juzgamiento de éstos y de funcionarios con fuero constitucional, promovidas por el Gobierno dentro de una nueva reforma política que será radicada en la próxima legislatura, fueron rechazadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto José Ibáñez Guzmán.
El magistrado aseguró que si los mecanismos que buscan juzgar a los legisladores actualmente están funcionando bien para qué cambiarlos.
“Bienvenidas sean todas las iniciativas, pero es un tema académico. Pero desde el punto de vista de la Corte Suprema, lo que hay que decir con mucho énfasis es que por el momento que estamos pasando y estamos atravesando, hay que defender es el ambiente en donde se desarrollan las diferentes investigaciones, que desde el punto de vista interno e internacional ha tenido muy buen propósito”, dijo Ibáñez Guzmán.
“El tema en estos momentos –agregó el presidente de la Corte Suprema– es dejar las ramas como están, en el punto de vista como están, están funcionando. Y si están funcionando por qué cambiarlas”.
El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, anunció ayer que con el nuevo proyecto de ley que radicará en julio, los congresistas que sean objeto de investigación penal no deberán renunciar a su fuero para que los investigue la Fiscalía. Ahora esa facultad le sería anulada a la Corte Suprema y le sería entregada de manera exclusiva al ente investigador.
La iniciativa establece también que los jueces de control de garantías estén en cabeza del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional.
Este Diario intentó comunicarse con el presidente de la Corte Constitucional para que diera a conocer su posición sobre esta propuesta, pero no fue posible.
El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de la Font Pianeta, no quiso referirse al tema por no conocer la propuesta hecha por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
El magistrado Augusto Ibáñez ya se había referido al aspecto de la propuesta que más había causado controversia: la inmunidad parlamentaria, la cual sería cambiada eventualmente por la del juez de control de garantías si no era aceptada por el Congreso.
El presidente del órgano de cierre de la justicia ordinaria había considerado que revivir esa figura sería devolverse a la Constitución de 1886.
“Proponer una inmunidad porque exista un desafuero en cuanto a capturas y llamados a indagatoria, es decir que las autoridades están tomando a causa propia algunas decisiones y eso no es cierto”, dijo Ibáñez.
Sin embargo, Ibáñez no fue el único que se pronunció contra la propuesta del ministro Valencia.
Los aspirantes presidenciales Rafael Pardo, Gustavo Petro, Aníbal Gaviria, Andrés Felipe Arias, Sergio Fajardo, Alfonso Gómez y Marta Lucía Ramírez rechazaron la idea.
Mientras Ramírez dijo que la propuesta es “equívoca y equivocada”, Pardo señaló que la inmunidad parlamentaria es un ‘caramelito’ que Valencia les manda a los congresistas que tienen investigación preliminar por la Corte Suprema de Justicia, para que voten por el referendo reeleccionista.
Petro dijo que la inmunidad parlamentaria profundizaría mucho más las relaciones entre la política y las mafias.
Para Gaviria no tiene ninguna seriedad plantear una reforma constitucional cuando a pupitrazo se aprobó la reforma política, que fue hecha a la medida para algunos parlamentarios.
Por su parte, Fajardo consideró que esta propuesta le hace mucho daño a la democracia porque deteriora la imagen del Congreso, y la calificó como un gran error del Ministro del Interior.
Gómez Méndez manifestó que hoy en día esta inmunidad del siglo XIX no tiene ningún sentido, mucho menos en medio de un debate donde hay tantos parlamentarios presos.
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