“Dejémosle ahí su reforma” política: Héctor Helí Rojas

El congresista pidió que las actas de las sesiones en que se discuta la iniciativa sean enviadas a la Corte Suprema y al Consejo de Estado pues considera que sus colegas incurrieron en abuso de autoridad y prevaricato. El Polo y el Partido Liberal se retiraron.

LA REFORMA política fue aprobada de acuerdo con la ponencia mayoritaria en su penúltimo debate en el Senado.

En el tema de “responsabilidad de los partidos, prohibición y sanción de la doble militancia”, además de aprobar el texto de la ponencia mayoritaria, se aprobaron dos incisos nuevos; en uno, los partidos se hacen responsables de los avales que otorguen, aunque los candidatos involucrados en delitos no salgan elegidos; en el otro, para no darle facultades especiales al Gobierno, le da un plazo al Congreso para que reglamente las sanciones antes de que termine este año.

El umbral quedó en 3 por ciento, pero “solo será exigible a partir de las elecciones al Congreso de la República a celebrarse en el año 2014”, quedando para el 2010 “como requisito el 2 por ciento contemplado actualmente en la Constitución Política”.

En cuanto a la financiación estatal de las campañas políticas, quedó tal como salió de la Cámara, pero se adicionaron incentivos a las organizaciones políticas que den cabida a la representación pluralista, así como por género y diversidad sexual. Todo esto será reglamentado por el Gobierno si el Congreso no lo hace dentro de los seis meses siguientes.

En el castigo de la silla vacía, la curul no será reemplazada cuando haya medida de aseguramiento y el partido la perderá cuando haya condena por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y vínculos con grupos armados ilegales. Esto será vigente para “las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo”.

Se agregó un nuevo inciso que decreta muerte política, ya que los miembros de cuerpos colegiados condenados por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o nexos con grupos armados ilegales no podrán volver a ser inscritos, candidatizados, elegidos a cargos de elección popular, como tampoco podrán ser designados servidores públicos ni contratar con el Estado.

Retiro

Los tres senadores del Partido Liberal y los dos del Polo Democrático que integran la Comisión Primera de la Cámara alta se retiraron del debate a la reforma política tras la sustentación de la ponencia negativa presentada por el legislador Jesús Ignacio García.

Al anunciar la decisión liberal, el senador Héctor Helí Rojas solicitó formalmente que “copia del acta de esta sesión y de todas las sesiones en que se tramite la reforma política” sean “enviadas a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado”, debido a que, en su opinión, “estamos abusando de nuestra autoridad de congresistas, incluso estaríamos prevaricando”.

Impedimentos

Los liberales tomaron la decisión luego que la comisión le negara al senador Marco Alirio Cortés, de La U, una solicitud para declararse impedido de votar la reforma política, dado que la Corte Suprema le abrió una investigación preliminar por posibles vínculos con grupos paramilitares.

El senador Gustavo Petro indicó que no sólo Cortés, sino todos los congresistas en situación similar deberían declararse impedidos.

Unos siete integrantes de esa célula legislativa tendrían circunstancias que los podrían declarar impedidos para discutir temas como el de la silla vacía, porque cualquier decisión que tome la comisión los puede beneficiar o perjudicar, explicó Petro.

Algunos casos: Juan Carlos Vélez, de La U, es el reemplazo de Mauricio Pimiento, condenado a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector; Carlina Rodríguez, del Partido Conservador, es el reemplazo de Ciro Ramírez, llamado a juicio por concierto para delinquir con fines de narcotráfico; María Isabel Mejía, de La U, llegó a reemplazar a Jorge Visbal, investigado preliminarmente por posibles nexos con grupos paramilitares, quien a su vez reemplazó a Carlos García, llamado a juicio por concierto para delinquir agravado; Alfonso Valdivieso, de Cambio Radical, es el reemplazo de Rubén Darío Quintero, detenido por nexos con grupos paramilitares e investigado por vínculos con DMG; Elsa Gladys Cifuentes, de Cambio Radical, entró a la Comisión Primera de Senado por la renuncia de Germán Vargas, pero ingresó al Congreso en reemplazo de Reginaldo Montes, condenado a seis años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares; y Armando Benedetti, de La U, investigado preliminarmente por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
“Se volvió un juego el tema de los impedimentos”, manifestó Rojas.

Más peros

El senador Rojas puntualizó otros temas, como por ejemplo la reglamentación de la financiación de las campañas electorales. Dirigiéndose a la bancada uribista y al ministro del Interior, Fabio Valencia, presente en la sesión, dijo: “Ustedes no sólo quieren hacernos las reglas con que el Polo y el Partido Liberal compitan, sino que quieren que nos las haga el señor Presidente de la República; así lo autorizan unos parágrafos que dicen que si el Congreso no reglamenta la reforma, la reglamentará el Gobierno”.
Enseguida Rojas se refirió al tema de la pérdida de investidura.

“En el artículo quinto de la ponencia de mayorías (…) se incluye una norma que dice que los miembros de las corporaciones no tendrán suplentes”, dijo el congresista.

Efectivamente, la ponencia dice que “solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, por accidente o enfermedad, renuncia justificada, motivada y aceptada por la respectiva corporación”.

“Pero le agregan la siguiente perla: ‘también puede haber reemplazo en la curul en los eventos -dijo Rojas, y leyó- pérdida de investidura, medida de aseguramiento por delitos distintos a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad’”.

“Esto tiene la siguiente consecuencia”, explicó el senador liberal: “Esto modifica el régimen de pérdida de investidura de los congresistas. De un plumazo están queriendo salvar sus investiduras (…). Es decir, si los políticos roban o hacen contratos leoninos o cometen delitos contra la administración pública, incluso si cometieran delitos sexuales contra personas mayores, no perderían la investidura ni se perdería la curul”.

En ese momento Rojas fue interpelado por Petro: “Significa que todos los congresistas que han sido condenados por sus vínculos con el paramilitarismo volverían al Congreso de la República porque no quedarían inhabilitados”.

Rojas prosiguió: “Modificar el régimen de la pérdida de investidura en este sentido conlleva a beneficiar a muchos de los que han sido investigados o condenados por parapolítica y por yidispolítica (…). Estamos abusando de nuestra autoridad de congresistas, incluso estaríamos prevaricando”.