Sólo un artículo se aprobó en debate a ley de víctimas

Una proposición uribista logró restringir a sólo dos años el tiempo que tienen los afectados por el conflicto para inscribirse a los beneficios del articulado. Los ponentes expresaron su rechazo y anunciaron que buscarán mecanismos internacionales

SÓLO UNO de los 130 artículos que contiene el proyecto que crea un estatuto de víctimas fue aprobado ayer en la Comisión Primera de la Cámara, la cual hoy continuará el crucial debate, lo que significa que el referendo deberá retrasarse una semana más.

En efecto, en medio de un álgido debate que a veces tuvo momentos de tensión entre los congresistas y los miembros del Gobierno, la Comisión sólo aprobó el primer artículo que habla del principio de la buena fe de las personas que busquen ser declaradas víctimas. Sin embargo, la proposición apoyada fue la de los uribistas que buscaban imponer un tope de tiempo para que los que se consideren beneficiados se inscriban a una base de datos para contabilizarlos y repararlos.

Es así como se aprobó que, a partir de la sanción de la ley, las víctimas tengan sólo dos años para inscribirse, lo cual fue considerado por los ponentes liberales y los representantes de esta población como anticonstitucional y aberrante.

“Aprobaron algo que nos parece aberrante para las víctimas, que ellas tengan que inscribirse en un plazo de dos años. Entonces una persona que es víctima de la violencia en tres años se quedará sin reparación administrativa, así de simple y de dramático”, manifestó a EL NUEVO SIGLO el representante y coordinador de ponentes, Guillermo Rivera, quien adelantó que para el próximo debate en la plenaria de la corporación se buscarán mecanismos internacionales para lograr mayor presión. “Vamos a buscar un pronunciamiento internacional a ver si de acá al otro debate logramos una sensatez de los parlamentarios”, indicó el congresista.

A su turno, el coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, denunció que el Gobierno busca mediante medidas anticonstitucionales restringir los derechos de las víctimas.

“El Gobierno quiere limitar, utilizando cálculos fiscales, la posibilidad de que las víctimas de las violencia de Estado y grupos ilegales accedan a verdad, justicia y reparación, y hablamos de todas las víctimas que se produzcan en el futuro”, señaló Cepeda.

La norma, que fue aprobada por 22 votos contra 11, es, de acuerdo con los uribistas y los ministros Zuluaga y Valencia, una manera para ponerle topes a la futura ley y evitar que personas que no son víctimas se beneficien inescrupulosamente.

“Yo siento que ellos (la oposición) hicieron unos compromisos sin tener en cuenta lo que sucede en el Gobierno, sin reunirse con las mayorías y es muy difícil sacar un proyecto así”, consideró la presidenta de la Comisión, Karime Mota, quien votó positivamente.

“Esta ley no puede ser indefinida en su impacto fiscal porque así como están las cosas, la ley sólo será viable en 20 años”, afirmó el ministro Zuluaga.

“El Gobierno tiene todo su interés de que este proyecto salga adelante y desde hace mucho tiempo, cuando dictó el decreto de reparación administrativa de las víctimas, y ahora quiere hacerlo por la ley”, aseguró a su turno el ministro Valencia, quien manifestó que aunque los ponentes “están en todo su derecho” de demandar el artículo aprobado por presuntamente ser inconstitucional, “nosotros tenemos la convicción de que es un artículo totalmente constitucional y por eso la mayoría de la Comisión lo aprobó”.

Referendo se estanca más

Parece ser que el otro afectado por la lentitud con la que avanza el trámite del proyecto es la convocatoria al referendo reeleccionista, el cual tendrá que ser estudiado la otra semana porque esta, evidentemente, será toda para las víctimas.

La presidenta Mota aseguró que el proyecto de víctimas tiene que ser evacuado esta semana.
“Pero esta semana salimos de víctimas como sea, así tengamos que venir el jueves y el viernes”, manifestó la representante de la U.

Sin embargo, los tiempos se siguen acortando y sólo tendría un mes la iniciativa popular para ser aprobada en primera vuelta, algo que miembros de la coalición consideran poco viable.