El magistrado Francisco Javier Ricaurte, quien preside la Corte Suprema, aseguró que fue agredido y tratado indignamente por el esquema de seguridad del primer Mandatario
“He decidido no asistir a ningún evento oficial donde asista el Presidente de la República, mientras no se garantice que el esquema de seguridad presidencial no va agredir y a tratar indignamente a los magistrados de la Corte”, afirmó Ricaurte, después que no lo dejaran ingresar al evento oficial del aniversario 117 de la fundación de la Policía Nacional, llevado a cabo en la escuela General Santander, donde estaba presente el Jefe de Estado.
El Presidente de la alta Corte enfatizó que al ingreso del Palacio de Justicia no se requisa al dirigente colombiano ni al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio y, que por tanto, espera el mismo trato.
Sin embargo, el director de la Policía Nacional, Oscar Naranjo, le pidió disculpas al magistrado Francisco Ricaurte luego del incidente. Naranjo le dijo al Presidente de la Corte que esperaba que el impase no deteriore las buenas relaciones que existen entre la Policía y el Alto Tribunal.
Este nuevo enfrentamiento se da después de múltiples diferencias entre las dos ramas del poder público, que se remontan al año 2007 cuando la Corte Suprema de Justicia acusó al presidente, Álvaro Uribe, de obstrucción a la justicia, luego de que el gobernante señalara a un magistrado de ese Tribunal de tratar de implicarlo en actividades ilícitas con paramilitares.
El presidente entonces de la Corte, César Julio Valencia Copete, rechazó un comunicado emitido por la Presidencia de la República, en el que se denunció que un magistrado auxiliar de dicha Corte presuntamente ofreció beneficios a un paramilitar para que involucrara al presidente Uribe en un crimen.
El mayor encontronazo
Sin embargo, el roce más fuerte se vio a mitad de este año, cuando la Corte le exigió al Gobierno respetar y acatar los fallos de la justicia, a lo que el Ejecutivo le replicó asegurando que siempre ha acatado y acatará los fallos de los jueces, pero sin renunciar al derecho de controvertirlos cuando desborden su ámbito de competencia.
Este pronunciamiento del presidente Uribe se debió al fallo que condenó a la excongresista Yidis Medina por recibir prebendas a cambio de votar a favor del acto legislativo que contemplaba la reelección presidencial, y que puso en duda la legitimidad de este trámite en el Congreso.
Ese comunicado advirtió que de ningún modo se ha presionado al Presidente de la República ni al Congreso, y que tampoco la Corte Suprema ha aplicado criterios de justicia selectiva. “Ninguno de sus miembros cohonesta con el terrorismo”, puntualizó.
A esto se le suma las infructuosas mediaciones que han buscado el acercamiento entre Uribe y el presidente actual de la Corte, donde ha intervenido hasta la Iglesia.
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