TRAS LA salida de dos fiscales que manejaban temas relacionados con la parapolítica y la presunta infiltración de agentes del narcotráfico, la Fiscalía dispuso una revisión precautelativa de las investigaciones más delicadas para asegurarse de que no haya anomalías.
Ayer, al explicar la decisión de desvincular al fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Jorge Echeverry, quien investigaba la relación del empresario Juan Felipe Sierra con el ex director de Fiscalías Guillermo Valencia Cossio, el fiscal General encargado Guillermo Mendoza Diago dijo que con ello buscan impedir que haya impunidad en este proceso que está en la mira del país.
Aclaró que en el caso del delegado ante la Corte Suprema de Justicia Ricardo Mezamel, su salida se debió a que éste renunció a su cargo hace un mes, y no a destitución, como inicialmente se mencionó.
Mendoza Diago confirmó que la desvinculación del fiscal Jorge Echeverry ocurrió porque pretendió alterar el proceso que por narcotráfico está abierto contra el empresario Juan Felipe Sierra, al decretar la nulidad de una parte y que posteriormente le abriría las puertas de la cárcel al hermano del Ministro del Interior.
“El Fiscal General de la Nación tiene que estar vigilante a todo eso para evitar, primero que nada, una escalera a la impunidad porque después que se decretan nulidades o se revocan decisiones comprometedoras prácticamente se está abriendo un camino a la impunidad y eso es lo que se quiere evitar”, indicó.
Igualmente, confirmó que el mismo fiscal Jorge Echeverry fue quien revocó una medida de aseguramiento al detenido ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo por el delito de homicidio que se le imputa por la muerte de uno de sus asesores.
Así mismo, Mendoza Diago indicó que establecerán una vigilancia especial sobre aquellos procesos “más delicados” con el fin de evitar posibles irregularidades.
Las medidas fueron adoptadas después de que hace una semana la Corte Suprema de Justicia, en carta enviada al fiscal Mario Iguarán, exigió resultados a los procesos que le habían sido enviados por ese alto Tribunal.
En la misiva la Corte preguntaba puntualmente por doce procesos en concreto. La respuesta de Iguarán fue que se estaban produciendo resultados con discreción, pero de inmediato requirió a los encargados de los mismos. Uno ya fue destituido.
Entre tanto varios sectores nacionales advirtieron que debe adelantarse una depuración a fondo de la Fiscalía, con el fin de que no dilaten las investigaciones o precluyan las mismas.
De otro lado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asignó al Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el conocimiento del proceso que sigue en contra de Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, por su presunta responsabilidad en el crimen del asesor jurídico de la Alcaldía de esa ciudad, Alfredo Enrique Flórez Ramírez.
En su momento, un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de Suárez Corzo, como supuesto determinador del homicidio agravado de Flórez Ramírez.
Posteriormente, mediante providencia del 9 de junio de este año la Corte Suprema de Justicia dispuso, a instancia de la Fiscalía General, el cambio de radicación del proceso de Cúcuta a Bogotá, donde por reparto le correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado.
Ayer, al explicar la decisión de desvincular al fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Jorge Echeverry, quien investigaba la relación del empresario Juan Felipe Sierra con el ex director de Fiscalías Guillermo Valencia Cossio, el fiscal General encargado Guillermo Mendoza Diago dijo que con ello buscan impedir que haya impunidad en este proceso que está en la mira del país.
Aclaró que en el caso del delegado ante la Corte Suprema de Justicia Ricardo Mezamel, su salida se debió a que éste renunció a su cargo hace un mes, y no a destitución, como inicialmente se mencionó.
Mendoza Diago confirmó que la desvinculación del fiscal Jorge Echeverry ocurrió porque pretendió alterar el proceso que por narcotráfico está abierto contra el empresario Juan Felipe Sierra, al decretar la nulidad de una parte y que posteriormente le abriría las puertas de la cárcel al hermano del Ministro del Interior.
“El Fiscal General de la Nación tiene que estar vigilante a todo eso para evitar, primero que nada, una escalera a la impunidad porque después que se decretan nulidades o se revocan decisiones comprometedoras prácticamente se está abriendo un camino a la impunidad y eso es lo que se quiere evitar”, indicó.
Igualmente, confirmó que el mismo fiscal Jorge Echeverry fue quien revocó una medida de aseguramiento al detenido ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo por el delito de homicidio que se le imputa por la muerte de uno de sus asesores.
Así mismo, Mendoza Diago indicó que establecerán una vigilancia especial sobre aquellos procesos “más delicados” con el fin de evitar posibles irregularidades.
Las medidas fueron adoptadas después de que hace una semana la Corte Suprema de Justicia, en carta enviada al fiscal Mario Iguarán, exigió resultados a los procesos que le habían sido enviados por ese alto Tribunal.
En la misiva la Corte preguntaba puntualmente por doce procesos en concreto. La respuesta de Iguarán fue que se estaban produciendo resultados con discreción, pero de inmediato requirió a los encargados de los mismos. Uno ya fue destituido.
Entre tanto varios sectores nacionales advirtieron que debe adelantarse una depuración a fondo de la Fiscalía, con el fin de que no dilaten las investigaciones o precluyan las mismas.
De otro lado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asignó al Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el conocimiento del proceso que sigue en contra de Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, por su presunta responsabilidad en el crimen del asesor jurídico de la Alcaldía de esa ciudad, Alfredo Enrique Flórez Ramírez.
En su momento, un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de Suárez Corzo, como supuesto determinador del homicidio agravado de Flórez Ramírez.
Posteriormente, mediante providencia del 9 de junio de este año la Corte Suprema de Justicia dispuso, a instancia de la Fiscalía General, el cambio de radicación del proceso de Cúcuta a Bogotá, donde por reparto le correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado.
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