Diez años tras ser electo por primera vez, el Presidente Hugo Chávez se enfrenta a un desafío crítico en las elecciones locales y regionales de mañana. Y él lo sabe. Ha amenazado con cortar el financiamiento nacional y enviar tanques a las calles de aquellos estados que terminen en manos de sus oponentes.
Ha llamado a la encarcelación del principal líder opositor, Manuel Rosales, a quien ha acusado de corrupción y hasta de planificar su asesinato. Chávez ha utilizado a la policía secreta y a la agencia espía cubana G-2 para intervenir las llamadas telefónicas de Rosales, y hacer difundir dichas conversaciones a través de la televisión.
Ha abusado de su derecho a interrumpir la programación en vivo con anuncios de emergencia que resultan ser sólo su discurso. Incluso con la tendencia del Sr. Chávez a hablar a alto volumen, esto es el resultado de la desesperación.
No es inmediatamente evidente por qué siente la necesidad de que las votaciones de mañana parezcan una batalla existencial para proteger su revolución Bolivariana. Chávez sigue siendo popular, con un porcentaje de aprobación personal que supera el 50%; Venezuela es una democracia vibrante, y la inversión del gobierno en clínicas gratuitas y abastos subsidiados le ha conseguido apoyos genuinos.
Sin embargo, esas mismas encuestas sugieren que el resurgimiento de la oposición podría ganar el control de entre seis y nueve Estados, incluyendo algunos de los más importantes económicamente, como Carabobo, Miranda y Zulia.
No son los “pitiyanquis traidores” obedientes de Washington (así es como Chávez representa a la oposición) a quienes temen los votantes de mañana, sino a enemigos más cercanos a casa como la escasez crónica de ciertos alimentos, el hampa creciente, inflación y los servicios públicos de baja calidad.
Chávez está promocionando esta elección como una batalla maniquea entre el capitalismo y el socialismo, dos fuerzas titánicas luchando por el alma del país. La verdad puede ser un poco menos poética.
Si Chávez logra mantener sus derrotas al mínimo, se espera que propulse un referendo constitucional que elimine los límites de su mandato, permitiéndole permanecer en el poder por tanto tiempo como pueda ganar elecciones.
Pero si la oposición le corta las alas, Chávez volverá a estar donde se encontraba en Diciembre del año pasado, cuando tres millones de votantes que habían sido sus partidarios se abstuvieron de participar en un referendo que llevaría a una mayor concentración de poder en un gobierno autocrático.
Cuando Human Rights Watch difundió un informe acusatorio en Septiembre, señalando al gobierno de Chávez de apoderarse de los tribunales e intimidar a los medios, sindicatos y a la sociedad civil, la respuesta del Presidente fue sacar del país a los autores del informe.
En lugar de ello, debió haber aceptado las críticas y pensar en aquellos días, hace una década, cuando juró defender una constitución que garantizaba los derechos básicos. Su revolución sería más duradera si así lo hiciera.
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