Han pasado casi tres meses desde que varios legisladores denunciaron las inconsistencias en la financiación del referendo. Las autoridades no han aclarado si hubo o no una violación a la ley
A POCAS horas de que el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la República comience con la discusión del proyecto de ley que convoca el referendo reeleccionista, no se sabe nada de los procesos que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral siguen sobre las irregularidades cometidas por sus promotores.
El representante Germán Navas, uno de los congresistas que más ha denunciado las irregularidades cometidas en la financiación del referendo, instauró la semana pasada una tutela contra el fiscal Mario Iguarán para que explique por qué quitó al fiscal que investigaba el tema.
El congresista le dijo a EL NUEVO SIGLO que a estas alturas todavía no se sabe nada y que no queda más remedio que esperar, porque cualquier proceso de investigación al Fiscal iría a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde no pasaría nada.
Efectivamente, han pasado casi tres meses desde que en el Congreso varios legisladores denunciaron las inconsistencias en la financiación del referendo y sin embargo las autoridades aún no han aclarado si hubo o no una violación a la ley.
La acción de tutela interpuesta por Navas estuvo antecedida por un derecho de petición ante el mismo Iguarán, para que él le respondiera a esa pregunta. Sin embargo, pasados los cinco días hábiles, plazo que da la ley para derechos de petición especiales, el Fiscal no respondió.
“Yo pensé que como se trataba del Fiscal, él me iba a responder rápido. Pero me tocó acudir a la tutela. Ahora la Corte, luego de admitir la tutela, será la encargada de exigirle al Fiscal que conteste la petición y que explique el porqué la demora en su respuesta”, indicó el representante Navas, quien precisó que en unos diez días se debe conocer el fallo.
Irregularidades
El mismo Navas, del Polo Democrático, denunció ante la Fiscalía a los promotores del referendo por el delito de fraude procesal, argumentando que presentaron una contabilidad que todavía no han logrado explicar ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
Los recursos que utilizó el comité promotor para financiar la recolección de firmas ascienden a 2.046 millones de pesos, que en su momento presentaron a las autoridades como: 143 millones de “contribuciones” y 1.903 millones de “otros créditos”; según la ley, la máxima cifra que una campaña de referendo puede usar es 330 millones de pesos.
Luis Guillermo Giraldo, principal promotor del referendo, ha esgrimido explicaciones contradictorias para aclarar por qué la campaña utilizó seis veces más dinero que el permitido. Por ejemplo, dijo que no hay violación a la ley porque los “otros créditos” representan préstamos de la organización Colombia Primero y no donaciones.
Cambio de fiscal
El pasado 9 de febrero se supo que la fiscal que tenía el caso fue cambiada y el caso asignado al fiscal delegado ante la Corte José Édgar Collazos, a pesar de que la primera funcionaria ya había citado a una audiencia de imputación de cargos a los promotores del referendo por el delito de fraude procesal. La primera consecuencia del cambio de fiscal fue el aplazamiento de la audiencia.
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