¿Es posible aterrizar la seguridad democrática en una ley?

Se abre el debate sobre si la protección de los ciudadanos que ordena la Constitución al Estado es pertinente plasmarla en una norma

EN LA continuidad de la política de seguridad democrática que ha implementado el gobierno Uribe coincide prácticamente todo el espectro político del país, con la diferencia de que mientras el uribismo pone en cabeza del mandatario o de sus herederos la permanencia de la misma, la oposición piensa que la seguridad no es capital de un presidente en particular.

Y son justamente los resultados que ha conseguido esta política, especialmente en lo que tiene que ver con la presencia de la Fuerza Pública prácticamente en todo el territorio nacional, en desmedro de los grupos violentos, lo que ha hecho que algunos consideren que esta estrategia debe convertirse en norma para todos los gobiernos.

Así lo considera la senadora Marta Lucía Ramírez, quien radicó un proyecto de ley que busca convertir la seguridad democrática en política de Estado.

“El tema de la seguridad tiene que ser una política que perdure, que los colombianos sepamos que cada gobierno que llegue no pueda desandar lo que hemos avanzado en lograr el control territorial por parte del Estado”, dijo la legisladora en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Ramírez explicó que la seguridad democrática expresada en una ley impondría al Gobierno nacional, a los regionales y municipales, incluir dentro de sus planes de desarrollo programas específicos para mejorar la seguridad urbana y rural.

Sin embargo, ya hay voces en contra de esta iniciativa al considerar que no es necesario plasmar en una ley la seguridad porque la misma es una responsabilidad de todo gobierno.

Adicionalmente, los detractores de la iniciativa, incluso algunos constitucionalistas, se preguntan cómo se puede aterrizar en una norma un tema tan denso como es la obligación del Estado colombiano de proteger a sus ciudadanos.

Pero la senadora responde que establecer la seguridad democrática como política de Estado no sobra porque, precisamente, la carencia de programas de seguridad llevó a que se fortalecieran los grupos armados ilegales y la delincuencia común.

“Hay muchos gobiernos que se han limitado a administrar el conflicto pero no se han puesto la meta de terminarlo”, dijo Ramírez. Añadió que esta tendencia cambió con la política de seguridad democrática “que diseñamos con el presidente Uribe, siendo yo la ministra de Defensa”.

Marta Lucía Ramírez dijo también que su proyecto no sólo apunta a la justicia, sino a la actividad de otros ministerios en materia de seguridad. “Por ejemplo, el Ministerio de la Protección Social tiene que estar presente en todos los territorios; Educación: tiene que haber política de educación, que llegue efectivamente a todos los municipios; tiene que haber una política de infraestructura”.

No hay intereses políticos

La senadora Ramírez dijo que el hecho de ser precandidata presidencial por el Partido de la U no debe crear confusiones en cuanto a que busca réditos políticos con la presentación de este proyecto.

Al respecto señaló que hace dos años hizo conocer ese proyecto al ministro Juan Manuel Santos, y hace un año lo radicó en Senado, pero el Ministerio de Defensa le solicitó que esperara para presentarlo juntos. “Sin embargo, como el Ministro no lo presentó, hemos tomado la decisión con 20 parlamentarios de radicarlo”.

No es posible
El ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes dijo: “No creo que se pueda meter en un inciso la política de seguridad democrática, sin embargo, es posible que el Congreso dicte leyes que desarrollen derechos fundamentales vinculados con la seguridad, como el derecho a la seguridad personal, el derecho a la vida”.
El constitucionalista también le dijo a este Diario que el Congreso puede desarrollar la Constitución sobre derechos fundamentales sin que esto tenga una relación directa con la política de seguridad democrática del Presidente, sino derivada de la misma Carta Magna.

No se requiere ley
La seguridad es un derecho y obligación de todo gobierno, “que no requiere ley de ninguna especie”, dijo a este Diario el precandidato presidencial liberal Rafael Pardo. Añadió que no se puede hacer política con la seguridad nacional.
Expresó que una política de seguridad como la actual debe tener continuidad, pero ser ajustada en algunos aspectos por un nuevo gobierno. “En lo militar me parece que está bien, salvo derechos humanos. Pero no veo estrategia en seguridad judicial, en estrategia internacional ni en desarrollo regional”.

Política de Estado
La seguridad en sí es una política de Estado que debe contar con dos pilares: el monopolio de la fuerza y las armas reside en la Fuerza Pública, así como la Fuerza Pública debe garantizar los derechos fundamentales expresados en la Carta Magna, dijo a este diario el senador Gustavo Petro, quien remarcó que la política de seguridad del actual Gobierno falló en este aspecto. Añadió que si el proyecto de la senadora Ramírez está construido sobre estos pilares, no tendrá inconveniente en apoyarlo.

Futuro asegurado
“La seguridad es una obligación del Estado y no debería depender de una ley”, señaló a este Diario el precandidato presidencial del Partido Conservador Carlos Holguín. Sin embargo, añadió que si la norma puede favorecer las facultades de un gobierno para velar por el orden público, no estaría demás.
Holguín opina que el futuro de la seguridad está garantizado porque nadie se atrevería a dar marcha atrás en este sentido por los logros alcanzados.