Procuraduría les abrió investigación a funcionarios del Ministerio de Protección Social encargados de la contratación en los decretos de emergencia socialDEROGAR EL decreto de la emergencia social que contempla el destino de las cesantías para el servicio de salud, le pidió el presidente Álvaro Uribe ayer al Congreso.
Según el jefe de Estado, para que este punto de la reforma al sistema de salud no se aplique, el Gobierno se abstendrá de reglamentarlo.
Por otro lado, ayer en otra decisión trascendental la Procuraduría pidió investigar posibles irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios del Ministerio de la Protección Social con respecto a las contrataciones adelantadas por esta cartera, con ocasión de la expedición de los decretos de emergencia social.
Para tal función el jefe del Ministerio Público asignó al procurador, segundo delegado para la contratación estatal, Antonio Gómez.
Según informaron fuentes de la Procuraduría, Gómez indagará sobre la contratación de consultores o firmas especializadas para el diseño y posterior desarrollo de las normas y demás actos administrativos que se expidieron bajo el amparo de la emergencia social decretada en el mes de enero del presente año.
Ordóñez ordenó investigar las posibles irregularidades que se presentaron en los contratos efectuados, para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, que hace referencia a la vulneración del derecho constitucional a la salud y que fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría por parte de José Félix Patiño, médico y miembro de la Academia de Medicina, durante el conversatorio sobre el contenido de los decretos excepcionales expedidos en la emergencia, que se llevó a cabo en el Ministerio Público el pasado cinco de febrero.
Por su parte, el Ministerio de Protección Social les había pedido a los organismos de control competentes que hicieran una revisión de dichos contratos.
Incluso, el Ministerio colgó en su página de Internet, toda la información relacionada con el contrato número 462 de 2008 que se celebró con el Centro de Gestión Hospitalaria, para dar cumplimiento a las órdenes de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, por una cuantía de 1.156 millones de pesos.
Fuentes de esa cartera aseguraron que dicho contrato se realizó entre el 18 de noviembre de 2008 al 19 de agosto de 2009 cuando, dijeron, ni siquiera se pensaba decretar la emergencia social.
Con relación a estos contratos, el senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, está previendo para la segunda parte de la actual legislatura, es decir, a partir de marzo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso, una moción de censura al ministro Diego Palacio.
De otro lado, ayer el senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal, radicó ante la Corte Constitucional una demanda de inexequibilidad contra la emergencia social como una disposición que vulnera la Carta Política de 1991.
Según el congresista, resulta inconveniente que una reforma a la salud se haga vía decreto, en tanto que considera que una transformación de esta naturaleza debe pasar por consensos y no puede llegar a materializarse sin antes haber sido tramitada en el Legislativo.
Sánchez calificó la iniciativa como una locura, por cuanto sirvió de escenario a la expedición de una serie de decretos que afectan los derechos fundamentales a la salud de los colombianos.
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