El Gobierno endilgó parte del fracaso del referendo de 2003 a la presencia de los ‘muertos vivos’ en la base de votantes
POR LO menos en media docena de comicios participarían los colombianos en los próximos 15 meses, finalizando con las presidenciales en mayo de 2010, o en junio si hay segunda vuelta.
El calendario electoral nacional se iniciará el 27 de septiembre de este año con la consulta interna de los partidos, en la que se escogerán los candidatos únicos, y adicionalmente, en el caso del Partido Liberal, sus directorios nacional y regionales.
A continuación, podría ser entre octubre y diciembre, se realizaría la consulta interpartidista uribista para elegir un candidato presidencial único o en su defecto la votación del referendo para que el pueblo se manifieste a favor o en contra de la reforma constitucional que habilite una segunda reelección de presidente.
En este caso es claro que si el Congreso aprueba el referendo, no habría consulta interpartidista de los uribistas.
Pero vale aclarar que la consulta interpartidista depende de que sea aprobada en la reforma política que estudia el Congreso.
Ahora, la oposición y los sectores independientes también podrían acudir al mecanismo de la consulta interpartidista para escoger a su candidato a la jefatura de Estado.
Ya en el año 2010, en marzo se realizarán las elecciones para elegir Congreso, mientras que la primera vuelta de los comicios para presidente será en mayo y, de ser necesario, la segunda vuelta en junio.
Distorsión en censo electoral
Ayer el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez sorprendió al señalar que en el censo electoral, el total de ciudadanos colombianos habilitados para votar (28.743.451), podría haber entre 1 millón y 1,5 millones de muertos o ciudadanos pendientes de depurar.
La Registraduría solicitó $50.000 millones al Gobierno Nacional para digitalizar los registros civiles de defunción que reposan en las notarías y no han sido remitidos a esta entidad, con el fin de actualizar y dar de baja del censo a las personas fallecidas; sin embargo, el proceso se verá reducido en su cobertura porque fueron asignados tan sólo $10.000 millones para esta labor.
Sánchez Torres dijo que sacar a los muertos del censo electoral es necesario para garantizar la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, explicó que el proceso que adelanta la entidad para el cambio de cédula ha contribuido para la depuración del censo electoral, pues por tratarse de un trámite personal “es imposible que los muertos renueven la cédula”.
Al respecto, el director de Gestión Electoral de la Registraduría, Alfonso Portela, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el censo tiene una dinámica de depuración permanente, y en el momento en que se va a ejecutar un proceso electoral las normas dicen que cuatro meses antes de cada elección se hace una especie de corte en donde no se incorporan nuevas cédulas y se depuran las que tengan que salir por caso de muerte, por interdicción de derechos, por pertenecer a la Fuerza Pública”.
Sin embargo, aunque anteriores administraciones de la Registraduría también han hecho varios ejercicios de depuración del censo lectoral, hay una fecha de referencia hacia atrás que no se ha depurado, a lo que hay que sumar las defunciones que no se reportan y los certificados de defunción sin número de cédula, entre otros factores que generan distorsiones en el censo electoral.
El referendo de 2003
La necesidad de que el censo electoral corresponda a la realidad para evitar posteriores reclamos quedó patentizada en el referendo que promovió en el año 2003 el presidente Uribe para combatir la corrupción y controlar los gastos estatales.
Ante el fracaso en las urnas de la propuesta gubernamental, el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, señaló que “(…) nos encontramos con que el censo electoral fue amañado, para preocupación de cualquier demócrata colombiano. El que haya centenares de miles de muertos que aparecen vivos en el censo no nos puede resultar neutro y nos tiene que mover a preocupación”.
Igualmente, el actual censo electoral se enfrenta al reto que le plantean varias propuestas contenidas en la reforma política que estudia el Congreso, que de ser aprobadas significarían que en las urnas se decida la suerte, por ejemplo de 12 partidos que podrían no repetir curul en caso de que el umbral se eleve del 2 al 3 por ciento.
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