A EU no le suenan las segundas reelecciones

Para el mandatario norteamericano “lo importante” es que esos procesos “no se impongan desde arriba (…) o se acallen las voces opositoras”

“NUESTRA EXPERIENCIA en Estados Unidos es que dos periodos funcionan muy bien para completar el trabajo”, le dijo el presidente norteamericano Barack Obama a su colega colombiano Álvaro Uribe.

Al término de la reunión ayer entre ambos gobernantes, en la Casa Blanca, Obama destacó apartes de su conversación, en particular sobre el tema de la reelección.

El presidente Obama citó el caso de George Washington: “No sólo fue nuestro primer presidente, sino que en parte lo que lo hizo grande fue que pudo haberse quedado de por vida en el cargo. Tomó la decisión de regresar al trabajo civil y eso marcó un precedente muy importante para el país”.

“Pero cada país debe tomar su propia decisión, que la gente sienta una sensación de legitimidad, honor y que no es algo impuesto, que no involucra la manipulación o la represión de las voces de oposición”, puntualizó.

El presidente de Estados Unidos aseveró que lo más importante es que la gente sienta que hay legitimidad en el Estado, “cualquiera sea la decisión, esperamos que sea una decisión transparente y que represente la voz de los colombianos”; y bromeó señalando que, a diferencia de Uribe, difícilmente él lograría tener más del 70 por ciento de popularidad para cuando cumpla su período de gobierno.

Uribe también comentó ese aparte de la conversación y manifestó que, en conclusión, “no es conveniente perpetuarme en el poder”.

“He hablado con el presidente Obama sobre este tema de la reelección. Soy miembro de una generación que no ha conocido un solo día de paz, sé qué es lo que Colombia necesita: seguridad, inversión con seguridad social. Creo en un solo objetivo y considero que es necesario extender estas políticas de seguridad democrática, pero no es conveniente perpetuarme en el poder, por eso les digo a ustedes que Colombia es un país con instituciones democráticas sólidas”, dijo Uribe en la Casa Blanca.

“Colombia tiene cuerpos independientes, judicialmente sólidos, por eso les suplico que separen la conveniencia o inconveniencia de perpetuarme como Presidente contra la calidad de nuestras instituciones”, insistió.

Ante la posibilidad de una reforma constitucional en Colombia para un hipotético tercer mandato, Uribe aseguró a los medios que “las instituciones son completamente sólidas” en el país.

Según expuso Uribe, es necesario distinguir entre “el debate acerca de si un presidente debe permanecer un mandato más en el poder” y “la solidez de las instituciones colombianas”.

TLC

Obama admitió que hay dificultades para aprobar el TLC, pero se mostró optimista porque “en última instancia” se alcanzará un acuerdo que beneficie a los dos países. “Hemos hablado de varios temas, sobre todo del interés de ambos países en avanzar en el TLC”, declaró a la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca acompañado de Uribe.

El presidente Obama sostuvo que “hay dificultades obvias en el proceso” y que “hay mucho trabajo por hacer” para lograr la aprobación del TLC por parte del Congreso estadounidense, e indicó que instruyó al representante del Comercio Exterior, Ron Kirk, para que “trabaje sobre cómo podemos avanzar” en la aprobación del tratado.

Agenda abierta hoy en reunión de Uribe y Obama

Human Rights Watch le pidió al presidente norteamericano que cese el apoyo incondicional al Gobierno colombiano que mantenía Bush.

la reunión que hoy sostendrán en Washington los presidentes Álvaro Uribe y Barack Obama estará marcada por “una agenda abierta”, según lo ha venido repitiendo el canciller Jaime Bermúdez.

De acuerdo a lo manifestado por el ministro Bermúdez, ambos mandatarios hablarán sobre “temas en cooperación en materia de narcotráfico, en materia de lucha contra el terrorismo”, además de “temas de energías limpias”.

“El año pasado firmamos un memorando de entendimiento para ver cómo desarrollamos el área de energías limpias sostenibles en el tema de los biocombustibles”, comentó.

El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores aseguró que la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral integrará la agenda, pues sigue congelado por pedido del Congreso estadounidense que exige a Colombia mayor protección a los sindicalistas.

Ya llegó

Por su parte, la embajadora colombiana en Washington, Carolina Barco, declaró que de la reunión de Uribe con Obama va a “salir un esquema de trabajo, unos compromisos de trabajo conjuntos que son muy importantes”.

Uribe llegó anoche a Washington y será recibido esta tarde en la Casa Blanca.

En la agenda del Presidente colombiano está también un almuerzo con los principales dirigentes del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos, para intercambiar ideas sobre las perspectivas de economía mundial.

Mañana Uribe viajará a Panamá para poder estar en la toma de posesión del presidente electo de ese país, Ricardo Martinelli.

“Barack Obama viene pidiendo que trabajemos en toda la región en distintos temas como el de la seguridad nacional, la lucha contra las drogas, el cambio climático y la educación”, dijo Barco.

La embajadora colombiana precisó que ese encuentro va a permitirle a Colombia darle a conocer a Obama la manera en que se apoya a la región en temas de seguridad, educación y energía.

“Nos va a permitir mostrar cómo podemos ser unos socios y trabajar con ellos en la región”, agregó.

La embajadora Barco agregó que será una conversación “muy rica, que es lo que se busca con esos primeros encuentros”, es decir, “un diálogo de intercambio de perspectivas y de propuestas”.

Piden condiciones

El presidente Obama debería indicarle a Uribe su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese país, dijo Human Rights Watch (HRW).

La petición en ese sentido fue planteada por HRW al presidente Obama en una carta de su director ejecutivo, Kenneth Roth, fechada el 24 de junio; en ella también se le pidió a Obama que cese el apoyo incondicional al Gobierno colombiano que mantenía la administración del ex presidente George W. Bush, en virtud de lo que calificó como “los antecedentes del gobierno de Uribe en relación con los derechos humanos”.

Asimismo, HRW solicitó que Obama condicione la ratificación del TLC entre ambos países y la asistencia militar de Estados Unidos al respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho por parte del gobierno de Uribe.

“Le pedimos que se mantenga firme en su postura adoptada durante la campaña presidencial y que deje en claro que el apoyo de su gobierno al TLC dependerá de si los trabajadores de Colombia pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”, señaló Roth en la carta.

“También le instamos a que aclare que Estados Unidos exigirá el cumplimiento de las condiciones existentes de derechos humanos a las cuales está supeditada la ayuda militar”, añadió.

Como problemas para los derechos humanos y amenazas a la democracia, HRW calificó las denuncias sobre vigilancia e interceptaciones ilícitas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Carrusel parlamentario está vigente: Congreso Visible

“La situación se podría complicar aún más por cuenta del adefesio aprobado por las mayorías parlamentarias de Senado en el octavo debate de la reforma política”

“El carrusel parlamentario sigue vigente en el país”, concluyeron los investigadores del programa Congreso Visible (CV) de la Universidad de los Andes.

Este “carrusel” ha ocasionado “que algunos departamentos pierdan representación parlamentaria, que al Congreso lleguen congresistas con muy pocos votos y por ende con baja representatividad, y que a los ciudadanos se les dificulte de sobremanera seguir el rastro de los congresistas que están ocupando una curul y que por ende están tomando decisiones legislativas fundamentales”.

Sin embargo, señaló el informe de CV, “la situación se podría complicar aún más por cuenta del adefesio aprobado por las mayorías parlamentarias de Senado en el octavo debate de la reforma política, con el cual se abriría la puerta para que los parlamentarios se cambien de partido cuantas veces quieran y puedan ir en dirección opuesta a las decisiones tomadas por su colectividad sin sanción alguna, haciendo que el país regrese a un escenario caótico que ya creíamos superado”.

Reemplazos

CV encontró que mientras “189 congresistas le dejaron la curul a 280 suplentes” entre 1998 y 2002, y “150 congresistas se ausentaron en beneficio de 218 reemplazos” entre 2002 y 2006, “en lo corrido del actual cuatrienio las cifras oficiales hablan de 70 congresistas que le han dejado la curul en una o varias ocasiones”.

Aunque la cifra ha disminuido, ya que “sólo el 27 por ciento de los congresistas han dejado su curul”, estos reemplazos son “consecuencia, en gran medida, de investigaciones y sanciones penales y disciplinarias, bien por vínculos con grupos armados ilegales (66 por ciento de los casos) o por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades (7 por ciento de los casos). Es decir que el 73 por ciento de suplencias del cuatrienio responden precisamente a casos de actuaciones ilegales o poco éticas por parte de congresistas”.

“La parapolítica, la elenopolítica y la farcpolítica, como es obvio, han sido los principales causantes de este escenario, siendo responsables tanto de la mayoría de reemplazos temporales como definitivos.

Así, de 18 congresistas que han dejado el cargo temporalmente, 56 por ciento lo hicieron después de que se les suspendieran sus curules para responder ante la justicia por alguno de estos procesos judiciales. Del mismo modo, de los 53 parlamentarios que dejaron la curul de forma permanente, 66 por ciento renunciaron o fueron condenados por sus vínculos con grupos armados ilegales”, indicó el informe de CV.

Transfuguismo

El informe de CV consignó que “entre 2002 y 2006, el 67 por ciento de los senadores y el 40 por ciento de los representantes a la Cámara cambiaron de partido político. Si bien algunos de estos cambios se dieron como consecuencia de la aparición de alianzas entre colectividades con similar ideología y objetivos comunes, la mayoría respondieron a la constante conformación de bancadas de carácter coyuntural y oportunista, tendientes a resquebrajarse fácilmente frente al menor desacuerdo o en respuesta a conveniencias electorales”.

“Volver a esos días y retomar esas prácticas es lo que ahora nos proponen las mayorías parlamentarias en Senado, al aprobar una serie de modificaciones en la ya de por sí vilipendiada e inocua reforma política aprobada en su octavo debate el pasado 17 de junio”, concluyó CV.

La Corte tras más congresistas que canjearon voto para reelección presidencial

El testimonio de Cuello Baute ratificaría las denuncias de Yidis Medina, quien dijo que no fue la única que se benefició de prebendas oficiales

la compra de votos para favorecer la primera reelección presidencial tiene cada día más pruebas fehacientes. A la condena de los ex congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, así como a los procesos que contra un ministro, un ex ministro, funcionarios y ex funcionarios adelantan Fiscalía y Procuraduría, se suman ahora las denuncias del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien aseguró ante la Corte Suprema de Justicia la semana anterior, que el Gobierno nacional ordenó repartir notarias a los parlamentarios y dirigentes políticos que apoyaran al Ejecutivo, y sobre todo al acto legislativo de reelección presidencial en el año 2004.

Cuello soportó sus denuncias con documentos que presuntamente demostrarían que hubo una ‘feria’ en la entrega de notarías (ver recuadro) tras la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo que permitió al presidente Álvaro Uribe presentarse y ganar las elecciones de 2006. Uno de los documentos que entregó el ex superintendente de Notariado y Registro a los magistrados de la Corte Suprema es una relación que registra las 72 notarías que fueron adjudicadas por esos días para pagar favores políticos, según Cuello Baute

Para muchos, el testimonio de Cuello Baute es el más importante que ha escuchado la Corte Suprema de Justicia, por la magnitud de las implicaciones que podrían sobrevenir, en el marco de la investigación que adelanta por la denominada yidispolítica. Incluso se dice que con el mismo se inició el segundo capítulo del sonado caso.

Sin embargo, antes del episodio Cuello Baute ya la Corte había dejado entrever que la condena de los ex congresistas Yidis Medina, Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, no era el punto final de las investigaciones pues habría indicios que indicarían que fueron muchos más parlamentarios los que cedieron a la tentación de las dádivas oficiales.

En este sentido en el año 2007, Yidis Medina Padilla reveló al país que en la aprobación de este acto legislativo habían mediado ofrecimientos oficiales, involucrando en los mismos al entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de La Vega, y al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, entre otros funcionarios. Aunque Medina se autoinculpó de beneficiarse, dijo también que el entonces congresista Teodolindo Avendaño recibió una notaría y que el ex representante Iván Díaz Mateus la presionó para que votara a favor de las pretensiones reeleccionistas del Presidente de la República, y que no serían los únicos congresistas implicados.

La versión de la ex representante por el departamento de Santander no fue desechada por la Corte Suprema, como se pudo comprobar en el fallo condenatorio contra el ex representante Iván Díaz Mateus, en el cual la Corte Suprema de Justicia lo condenó el pasado 3 de junio a seis años de prisión por el delito de concusión. El numeral quinto de la parte resolutiva del citado fallo señala que “por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún congresista o congresistas”.

Y en otro aparte, dice el fallo: “Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a ‘Congresistas’ cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor”.

La Sala Penal recogió una declaración que la ex congresista dio en el proceso que se le adelantaba a los ex parlamentarios Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, donde puso de manifiesto que varios votos de algunos congresistas, necesarios para que el acto legislativo reeleccionista pasara en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fueron comprados por medio de un decreto del Gobierno que les nombraba notarías.

“Señores Magistrados, si ustedes desean yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías”, le dijo Yidis Medina a la Corte Suprema, aunque Medina Padilla no reveló nombres

El Gobierno no soborna: Casa de Nariño

El Ejecutivo reaccionó a las denuncias del ex superintendente de Notariado y Registro. Por medio de un comunicado, la Casa de Nariño recordó que “antes del concurso público de méritos adelantado por este Gobierno para la designación de notarios, los gobiernos nombraban libremente en estos cargos a personas idóneas y afines a la administración de turno”. A continuación enfatiza que “este Gobierno no soborna. Es un Gobierno transparente, que persuade y ha eliminado el clientelismo y los auxilios parlamentarios”.

Igualmente, los hijos del presidente Uribe, Tomás y Jerónimo, a quienes presuntamente hace referencia una anotación en la relación de notarías entregadas por el Gobierno nacional, y que fue aportado por Cuello Baute a la Corte como soporte de sus aseveraciones, negaron que tuviera alguna participación en este hecho. “No tramitamos puestos, prebendas o notarías ante el Estado”. Agregan que “jamás hemos llamado a funcionario público alguno a intrigar puestos, prebendas o notarías”.

Cumbre Obama-Uribe: más promesas que hechos

El panorama del TLC no se despejará mañana, en gran parte porque la Casa Blanca aún no manda en el Congreso. Tampoco disminuirá la prevención de Washington sobre los escándalos en Colombia, por más explicaciones que dé Colombia. La reelección estará sobre la mesa y la alianza será reafirmada formalmente

LA CUMBRE que mañana sostendrán en la Casa Blanca los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Colombia, Álvaro Uribe, genera mucha expectativa, pero al final puede que no termine generando grandes cambios en la agenda bilateral ni disminuyendo de manera significativa las exigencias y prevenciones mutuas.

En realidad ambos mandatarios llegan a la cita con la certeza de que, más allá de la foto protocolaria -que dadas las reservas a Uribe en sectores del partido Demócrata en EU, termina teniendo una importancia más allá del simbolismo-, poco se avanzará en la agenda bilateral.

El Jefe de Estado colombiano arriba a la Casa Blanca con una carpeta llena de hechos para mostrar: reducción efectiva del área de cultivos ilícitos cultivada, una nueva ley para castigar de manera más drástica los crímenes contra sindicalistas, una reforma financiera que incorpora temas negociados en el TLC, el récord de las extradiciones, la importancia de someterse al examen periódico de derechos humanos en la ONU y la fidelidad sostenida de Bogotá a las posturas de Washington en la geopolítica continental, sobre todo en medio de un panorama regional cada vez más antinorteamericano, liderado por el eje Caracas-Quito-La Paz-Managua-La Habana.

Obama, a su turno, tendrá en su carpeta una serie de asuntos muy complicados. Su objetivo es evidenciarle a Uribe la alta preocupación de EU al respecto y cuál es el impacto sobre el desarrollo de la agenda bilateral. El primer tema será el relativo a los casos de violencia sindical en Colombia, en el cual el mandatario norteamericano redundará con énfasis, ya que esa termina siendo al final la única excusa creíble que la Casa Blanca puede esgrimir para tratar de medio justificar porque, después de más de dos años y medio de que Bogotá y Washington lo suscribieran, no ha sido ratificado por el Congreso de ese país el Tratado de Libre Comercio.

Para no pocos analistas, Obama reiterará a Uribe su compromiso de impulsar el visto bueno legislativo a ese pacto comercial, bajo ciertos condicionamientos en materia de derechos humanos, pero, en realidad, no podría ir más lejos. De un lado porque la nueva Administración de la Casa Blanca no sólo está concentrada en el plan de choque para superar la crisis económica interna y sus prioridades en materia internacional se han dirigido a enfrentar las difíciles coyunturas con Irán, Corea del Norte, Afganistán, Irak y el conflicto israelí-palestino.

Y de otra parte, el Ejecutivo aún está en proceso de acomodamiento, con muchos altos funcionarios sin ratificar por el Congreso, en donde los criterios que siguen primando, por encima de querer presidencial, son los de los líderes de las mayorías del Partido Demócrata en Senado y Cámara. Y éstos han reiterado que el TLC con Colombia no es una prioridad y que por bien que le vaya, sólo empezaría a ser considerado a finales de este año o comienzos del 2010. Es claro que tanto la bancada Demócrata como el propio Obama aún no tienen el suficiente margen de acción como para desprenderse de las promesas electorales hechas a las poderosas centrales obreras, que siguen empeñadas en no permitir más apertura económica, y menos en tiempos de crisis, argumentando que no se puede permitir que las multimillonarias ayudas gubernamentales terminen beneficiando a empresas y manos de obras extranjeras. Mientras no cambie esa percepción, seguirán bloqueados los TLC con Panamá, Colombia y otros.

Escándalos y reelección

El segundo tema en la carpeta de Obama no será otro distinto al creciente eco que en círculos de poder en Washington tienen escándalos como los de la ejecución extrajudicial de civiles a manos de agentes de la Fuerza Pública (‘falsos positivos’) y la crisis en el DAS, que va desde infiltración paramilitar al más alto nivel hasta el espionaje, incluso utilizando equipos donados o financiados por el gobierno norteamericano, perpetrado contra magistrados, dirigentes políticos y periodistas (‘chuzadas’).

Alrededor de esos puntos clave orbitarán asuntos de no menor importancia estructural como el replanteamiento de la lucha antidrogas, los aportes y nuevos énfasis del Plan Colombia, la geopolítica regional (en especial temas como el ALBA, el Unasur y la OEA), los avances y trabas en la lucha internacional contra el terrorismo (específicamente en cuanto a las Farc y sus nexos en países como Venezuela y Ecuador), así como proyectos de cooperación puntuales en materia de energías limpias y biocombustibles, entre otros.

En ambas carpetas figurará un tema que poco a poco se está abriendo campo y obligando a los dos gobiernos a dar respuestas más efectivas. Se trata de los mecanismos para que los cabecillas paramilitares extraditados puedan seguir confesando sus delitos y cómplices en Colombia así como reparando a las víctimas. No hay que olvidar que tanto la Casa Blanca como el Congreso norteamericano han sido blancos de peticiones, exigencias y hasta denuncias por las dificultades para que los ex jefes de las autodefensas continúen declarando en la jurisdicción de Justicia y Paz, así como ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, en el marco del proceso de la parapolítica. Si bien Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cada vez es más evidente su preocupación por la presión local y externa en el caso de los paras colombianos y el alto riesgo de impunidad que se cierne sobre sus graves delitos cometidos en nuestro país. También le incomodan las condiciones de los extraditados para seguir declarando, pues no solo incluyen rebajas de penas y flexibilidades penitenciarias sino hasta llevar a ese país a muchos de sus familiares, hoy amenazados en Colombia.

Y por último, un tema que no faltará en la conversación entre ambos mandatarios será el relacionado con la posibilidad de una segunda reelección en Colombia. Se sabe que el asunto no tiene mayor receptividad en el Departamento de Estado ni el Congreso estadounidense, falta por establecer la posición personal de Obama.

Como se ve, es una agenda muy compleja y, por lo tanto, difícilmente saldrán grandes anuncios o decisiones de la cita de mañana. Promesas sí abundarán en todos los ámbitos, así como abrazos, fotos, discursos formales sobre la fortaleza de la alianza y la necesidad de profundizar los compromisos de lado y lado. Sin embargo, al final, habrá sido mayor la expectativa que los hechos concretos.

Cuello Baute denunció feria de notarías para reelección

El ex superintendente le entregó a la Corte Suprema varios nombres de senadores y representantes beneficiados

UN NUEVO episodio dentro de la yidispolítica se abrió ayer al conocerse que, ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema, el ex superintendente Manuel Guillermo Cuello denunció que varios congresistas se beneficiaron con la entrega de más de 50 notarías a cambio del voto en favor de la primera reelección presidencial.

El magistrado Fernando Bustos le confirmó que “el señor Cuello Baute quería formular una denuncia en la Corte sobre unos hechos presuntamente constitutivos de delito, y la Corte los recibió porque algunas de las personas señaladas por el accionante podrían tener fuero constitucional”.

Según se pudo establecer, Cuello le entregó al alto tribunal varios nombres de senadores y representantes que en el 2004 recibieron notarías a cambio de su apoyo a la reelección en el Congreso.

Entre los nombres que trascendieron están el ex congresista Mauricio Pimiento, preso actualmente dentro del proceso de la parapolítica; el actual presidente del Congreso, Hernán Andrade, y su predecesora en el cargo, Nancy Patricia Gutiérrez; también los senadores o ex senadores Roberto Gerlein, Eduardo Enríquez Maya, Luis Alfredo Ramos, José Renán Trujillo, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez y Mario Uribe; y los representantes o ex representantes William Vélez, Yidis Medina, Jaime Amín, Teodolindo Avendaño, Santiago Castro, Plinio Olano, Carlos Enrique Soto, Tony Josame, Alonso Acosta, Jorge Gerlein y Milton Rodríguez.

Varios de los congresistas mencionados por Cuello formaron parte de las comisiones primeras que debatieron en ambas cámaras el proyecto de acto legislativo que, finalmente, permitió que el presidente Álvaro Uribe se pudiera presentar a su primera reelección.

Esta denuncia coincide con lo dicho por Yidis Medina en el juicio contra Teodolindo Avendaño; de acuerdo con la condenada ex legisladora santandereana, a varios congresistas les habrían ofrecido notarías en todo el país.

La justicia pudo establecer, en su momento, que Avendaño recibió la Notaría 67 de Bogotá, que estuvo en manos de Luis Camilo O’meara, a cambio de su ausencia en la votación de la reelección; el ex congresista vallecaucano ya fue condenado por la Corte por este hecho.

La próxima semana la Corte Suprema comenzará a evaluar la denuncia de Cuello para determinar si inicia o no una investigación preliminar contra los congresistas implicados.

Yidispolítica

En abril del 2008, la ex representante Yidis Medina aceptó haber recibido dádivas por parte de funcionarios del Gobierno a cambio de votar a favor de la reelección. La justicia colombiana le abrió una investigación a Medina que concluyó con su condena por el delito de cohecho. Medina se entregó a las autoridades el 27 de abril.

Los hechos por los que Medina tuvo que comparecer ante la justicia se relacionan con la votación del 2 de junio del 2004 en la Comisión Primera de la Cámara; allí el voto de la ex congresista fue crucial para la aprobación.

Cuello

Cuello, ex superintendente de Notariado y Registro, fue condenado en abril de 2008 a cien meses de prisión por el delito de concusión; la pena fue ratificada en marzo pasado.

Este proceso se relaciona con una denuncia hecha por el entonces zar anticorrupción, Rodrigo Lara, por las supuestas presiones indebidas ejercidas por parte de Cuello a algunos notarios en la Costa Atlántica.

El testimonio que permitió probar la culpabilidad de Cuello fue el del coordinador de actividades notariales de la Superintendencia, Milton Amell Contreras, quien aseguró a la Fiscalía que el ex superintendente hizo que el notario de Montelíbano, Andrés Benítez, le llevara diez cabezas de ganado a la finca Providencia, de propiedad de su familia.

Vargas Lleras presentó su propuesta de transición

“Partiremos de la base de que la pobreza es la peor de las formas de violencia, y que desde el Estado, en mi gobierno, no la podemos tolerar”.

EN UN discurso de hora y media, Germán Vargas Lleras presentó ayer su candidatura presidencial proponiendo una transición entre los “logros en el campo de la seguridad” y la posibilidad de pagar “por fin y para siempre (…) la gigantesca deuda social que ha acumulado con 22 millones de compatriotas que viven en la pobreza”.

Acompañado de los congresistas de Cambio Radical, entre los que se destacó Germán Varón, saliente presidente de la Cámara y el único saludado por su nombre al iniciar su intervención; también estaban los senadores Rodrigo Lara, Claudia Rodríguez, Alfonso Valdivieso, Javier Cáceres, Bernabé Celis, Jorge Enrique Vélez; y los representantes Omar Flórez, Edgar Eulises Torres, Carlos Fernando Motoa, Juan Manuel Hernández, Fabio Arango, entre otros.

“He asumido la dura decisión de comenzar un diálogo formal con la nación colombiana y de postular mi nombre como candidato a la Presidencia de la República”, dijo.

Ante un auditorio de unas 1.500 personas que colmaron el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, Vargas Lleras dijo que la idea de su gobierno no son las ideologías del pasado: “Nos mantendremos a prudente distancia de quienes, desde la derecha terca y ciega, creen que la seguridad, lograda a cualquier costo, es el único bien que el Estado debe garantizar”, manteniéndose “también a prudente distancia de quienes, desde la izquierda recalcitrante, justifican el terrorismo con argumentos anclados en el pasado”.

Aunque se ha comprometido a marcar una distancia entre su apoyo al presidente Álvaro Uribe y su rechazo por otra reelección, en su discurso Vargas fue muy prudente en criticar abiertamente al actual mandatario.

Para él, ni la derecha ni la izquierda “tienen la razón. Seguir avanzando en el campo de la seguridad y consolidar los enormes logros alcanzados por el presidente Uribe no es incompatible con propiciar una profunda transformación social que garantice la salud, la educación y los servicios básicos para que hasta el más humilde de los colombianos tenga una oportunidad de salir adelante”.
“Debemos decirle no a los radicalismos”, sentenció.

Falsos positivos

En cambio, no fue nada sutil al criticar la actitud del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, posible contendor suyo en esta campaña presidencial, frente a las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

“Es necesario replantear a fondo, con transparencia, ante los ojos de la comunidad nacional e internacional, los controles del desempeño en la cadena de mando”, dijo.

Y añadió: “Les puedo garantizar desde ahora que en el mandato de Germán Vargas Lleras, el ministro de Defensa tendrá la primera responsabilidad política cuando se trate de responder por acciones internas, especialmente aquellas que afectan a los derechos humanos o el buen nombre y la moral de nuestras Fuerzas Armadas”.

“Más aún –indicó– cuando estos hechos repudiables se han repetido con insistencia a lo largo y ancho del territorio, fundados sobre políticas mal concebidas y mal llevadas a cabo que, simple y llanamente, vamos a desmontar y no vamos a tolerar”.

Dos ejes

Según lo que anunció anoche el director de Cambio Radical, su campaña se sostendrá sobre dos pilares: avanzar en el campo de la seguridad y propiciar una profunda transformación social.

Vargas no sólo fue cauto en sus críticas, sino que se empeñó en presentarse como legítimo sucesor de Uribe.

Manifestó que defenderá “con pleno derecho y convicción los enormes logros alcanzados por la política de seguridad democrática”, que “protegerá esa herencia”, y que, además, se erigirá como un “digno sucesor del inolvidable ejemplo de liderazgo y entrega” de Uribe.

A Uribe “podemos decirle convencidos: ¡Sí hay con quien, Presidente, sí hay con quién!”, proclamó Vargas Lleras; y añadió: “Su herencia tiene seguidores, su encomiable labor tiene defensores y su liderazgo tiene sucesores. Aquí estamos para demostrarlo, para seguir adelante con la tarea iniciada y avanzada, para defender lo logrado y lograr más”.

Para el ex senador Vargas, después de Uribe “la seguridad democrática es un mandato de los colombianos a sus elegidos, por encima de distinciones y diferencias políticas. Es así que a partir de hoy y evocando al mártir, puedo ofrecer al país mi primera y muy solemne promesa electoral. En nombre de la seguridad democrática que defendí aun a riesgo de mi vida, juro solemnemente: ¡Ni un paso atrás, siempre adelante!”.

Pero, enfatizando que la seguridad no es suficiente, el candidato manifestó que debe complementarse con inversión social. Para ello, piensa fomentar en el nivel 1 del Sisbén un programa de empleo público para 100.000 personas durante la crisis.

“Estamos convencidos de que, si aplicamos los correctivos adecuados, si dirigimos la inversión pública de manera eficiente y acertada, será posible generar 2,5 millones de empleos en el próximo cuatrienio, para darle un golpe mortal y definitivo a las altas tasas de desocupación y subempleo que han caracterizado a Colombia”, expresó.

También se refirió a la ley de víctimas que se hundió la semana pasada en el Congreso, y dijo que es necesario revivirla: “Las ciudades han debido asumir también el drama de cientos de miles de desplazados por la violencia. Para ellos es urgente la ley de víctimas que lamentablemente naufragó en esta legislatura, pero que debe volver al Congreso y ser aprobada”.

En materia de infraestructura sostuvo que se van a construir seis troncales nacionales para dinamizar la economía.

Pobreza

“Partiremos de la base de que la pobreza es la peor de las formas de violencia, y que desde el Estado, en mi gobierno, no la podemos tolerar”, anunció.

Para derrotar la pobreza, Vargas Lleras se comprometió a “cumplir con una variada lista de propósitos” aplicados con imaginación “y un presupuesto invertido de manera eficiente y transparente, allí donde de verdad puede producir resultados. Porque déjenme decirles que numerosos estudios apuntan a concluir que buena parte del esfuerzo presupuestal destinado a los más necesitados, no está llegando a ellos”.

“A las poblaciones más vulnerables, las más severamente golpeadas por la pobreza, el Estado debe llegar con asistencia básica urgente, con programas eficientes y sustentables de lucha contra el hambre, con los servicios de salud más necesarios, con educación primaria y media, y con el acceso a una vivienda que cumpla con los mínimos elementales”, precisó.

Velasco fue víctima de una trampa: ex presidente Gaviria

POR HABERSE opuesto a la Ley de Justicia y Paz y al estatus político de los paramilitares, el ex presidente César Gaviria Trujillo le dijo a la Sala de Casación Penal que al senador Luis Fernando Cristo le tendieron una trampa.

El ex mandatario dio esta declaración en el juicio que la Corte Suprema de Justicia le adelanta al senador liberal por el delito de cohecho, al presuntamente haber recibido unos tiquetes de parte de las autodefensas para acudir a un foro en Barcelona, España.

“Él me había manifestado que la financiación la realizaba España, no me parece algo extraño. Las invitaciones son algo normal por la experiencia que tiene Colombia en temas de conflicto”, dijo Gaviria Trujillo.

Para el director del Partido Liberal es extraño que al senador, habiendo denunciado relaciones entre clase política, narcotráfico y paramilitares, lo señalen de haber recibido favores de las Auc.

De hecho, Gaviria puso de manifiesto las reuniones que sostuvo el legislador con líderes de las autodefensas en “desordenados procesos de paz”, donde todos los políticos tuvieron acceso.

A la audiencia de juzgamiento igualmente fueron citados el gobernador de Santander, Horacio Serpa, y el precandidato presidencial Rafael Pardo Rueda, quienes también defendieron la postura antiparamilitar del procesado.

Sin embargo, los señalamientos que en contra del congresista Velasco hiciera a principios de semana la ex parlamentaria Rocío Arias, fueron corroborados por el representante de Aviatur Norberto Carrasco, quien admitió que las tres consignaciones con las que se cancelaron los pasajes a España provenían de Planeta Rica, Córdoba.

Según la ex congresista Arias, alias Danielito fue quien le consignó a Luis Fernando Velasco el valor de los tiquetes aéreos desde Planeta Rica, y ella misma se los entregó.

En la misma audiencia de juzgamiento fue llamado a declarar el ex jefe paramilitar Jorge Iván Duque, alias Ernesto Báez, quien aseguró que las autodefensas no financiaron algún viaje del acusado al exterior.

Según Rocío Arias, el parlamentario les había exigido a los paras un vuelo charter para ir a hablar con ellos. De hecho, en el escrito que reposa en las investigaciones que posee la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Rocío Arias llevó a Luis Fernando Velasco en el 2003 a dos reuniones en Antioquia con jefes de las autodefensas. En una de esas reuniones se entrevistaron con alias Don Berna.

Se espera que la próxima en declarar en el juicio sea la senadora Gina Parody.

Seré candidato hasta el final de la contienda: Vargas Ll.

“Si el presidente Uribe se margina de la contienda electoral buscaré llegar a la Presidencia de la República sin descartar alianzas con uribistas y liberales”.

EN LUGAR de dos meses le tomó tres a Germán Vargas Lleras el anuncio de su candidatura presidencial, desde que lo manifestó el 16 de marzo en Barranquilla.

En todo caso, el día llegó: hoy, a las 6 de la tarde, Vargas oficializará su candidatura presidencial, con una plataforma política moderna y orientada a los jóvenes colombianos a través de medios alternativos como Facebook y Twitter; de hecho, el propio ex senador Vargas le dijo a un grupo de periodistas que la gran mayoría de las invitaciones al certamen de esta tarde, en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, había sido distribuida entre estudiantes universitarios

“La estrategia de la campaña buscará a nuevos y jóvenes electores que ven en internet una herramienta ágil de acceso a la información. Además, se emitirá un comunicado semanal por medio de la página www.transicioncolombia.com desde donde mantendré contacto permanente con los colombianos”, comentó.

Esta tarde, el director de Cambio Radical proyectará tres videos realizados por su campaña: uno sobre el sitio web, otro sobre su recorrido por el país y otro de carácter institucional; luego de esto, Vargas Lleras pronunciará un breve discurso.

Con o sin Uribe

En marzo, el dirigente político le dijo a este diario que la decisión de aspirar a ocupar el solio de Bolívar sería “independiente de la suerte que tome el referendo o de la propia opinión del presidente” Álvaro Uribe.

“Lo que importa en esta etapa es consultar a todos los colombianos, auscultar el ambiente y terminar este proceso de constatar cuál es la realidad en cada municipio colombiano”, precisó Vargas Lleras hace tres meses.

“Si tomamos la decisión de participar del proceso (…) iríamos hasta el final”, indicó Vargas en aquella oportunidad, propósito que sostendrá esta tarde al presentar públicamente su candidatura presidencial.

En las últimas horas, Vargas sostuvo: “Seré candidato a la primera magistratura del Estado con o sin Uribe. Si es aprobado el referendo reeleccionista y el mandatario se lanza, le enfrentaré en la primera ronda. Si el presidente Uribe se margina de la contienda electoral buscaré llegar a la Presidencia de la República sin descartar alianzas con uribistas y liberales”.

También reiteró su consigna de hace tres meses: “Tenemos un compromiso con el Gobierno de respaldar sus programas y sus tesis y ese compromiso se cumplirá hasta el 7 de agosto del año 2010”.

“Yo con mucho gusto respaldé al presidente Uribe en el 2002 y en el 2006, agradecemos la gestión por él cumplida pero muchos pensamos que resulta muy inconveniente para las instituciones y para él mismo, insistir en reformar la Constitución para que una persona se perpetúe de manera indefinida en el poder político en Colombia”, indicó.

Según Vagas Lleras, su candidatura presidencial se adelantará bajo el eslogan “mejor es posible, mejor Vargas Lleras” y presentará una propuesta “en una nueva visión de país”.

Para llegar a este punto, estuvo desde el 23 de Septiembre de 2008 “en la tarea de preparar documentos” recorriendo los municipios colombianos que terminó hace algunos días, para concentrarse en varias jornadas políticas por Bogotá, cubriendo las 20 localidades capitalinas.

Galanista en lo social

Vargas Lleras precisó que aunque mantiene su compromiso con Uribe hasta el 2010, al pasar revista a las realizaciones del presente Gobierno y verificar sus muchos vacíos, no puede menos que declararse galanista en lo social.

Uno de los temas que Vargas ha calificado como de malos resultados de los dos mandatos de Uribe es el económico.
“La guerra va bien pero la economía mal”, dijo tras advertir que la peor parte de la crisis aún no ha tocado al país.

De hecho, anticipó que las propuestas que comenzará a impulsar desde hoy tienen como fin “contribuir a que el impacto de la crisis internacional no golpee más duro a Colombia”.

“Todo esto quiere decir que la política de seguridad democrática va bien, pero que creemos que el impacto de la crisis internacional nos va a golpear de manera más severa a como se esperaba”, señaló.

Este es el diagnóstico de Vargas: “El desempleo está llegando a un 14 por ciento y continuará creciendo en los próximos meses, la inversión extranjera se está reduciendo de manera alarmante, la remesas que del exterior enviaban los colombianos se están impactando y los indicadores de consumo y sectoriales también son alarmantes”.

Transición Colombia

Hoy, junto con la oficialización de la aspiración presidencial de Vargas, será presentada Transición Colombia, plataforma de comunicación de la campaña.

De acuerdo con lo publicado en el sitio web, Transición Colombia tiene como “principal objetivo (…) obtener y suministrar información”, buscando conocer a los navegantes y potenciales electores, cada uno de los cuales es descrito como un “ciudadano colombiano que a diario vive los problemas del país”, un “ciudadano que es consciente de que los logros en materia de seguridad deben mantenerse” y un “ciudadano que está convencido de que Colombia no puede esperar más para impulsar grandes planes de inversión social”.

Transición Colombia se propone suministrar “información de un grupo de ciudadanos, encabezados por Germán Vargas Lleras, que están convencidos de la necesidad de una transición que continúe con las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de turno, pero que a su vez están dispuestos y preparados para desarrollar los programas sociales que tanto reclaman los colombianos”.

El sitio les plantea a sus visitantes que, para conocerlos mejor, envíen “sus ideas, inquietudes y propuestas”, a parte de que se conviertan en voceros “de su comunidad, de su localidad, de su vereda, de su municipio y de su departamento”.

Los comentarios prometen ser organizados y estudiados “para que sean complementados con las conclusiones de un grupo de colombianos que han dedicado su vida al estudio de Colombia y sus problemas”.

“Si las cosas están funcionando para qué cambiarlas”: Ibáñez

El Gobierno busca quitarle la competencia a la Corte Suprema de Justicia de investigar a los congresistas.

LAS PROPUESTAS de quitarle la competencia a la Corte Suprema de Justicia de investigar a los congresistas, crear jueces de control de garantías para los parlamentarios que sean investigados penalmente y de crear la doble instancia en el juzgamiento de éstos y de funcionarios con fuero constitucional, promovidas por el Gobierno dentro de una nueva reforma política que será radicada en la próxima legislatura, fueron rechazadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto José Ibáñez Guzmán.

El magistrado aseguró que si los mecanismos que buscan juzgar a los legisladores actualmente están funcionando bien para qué cambiarlos.

“Bienvenidas sean todas las iniciativas, pero es un tema académico. Pero desde el punto de vista de la Corte Suprema, lo que hay que decir con mucho énfasis es que por el momento que estamos pasando y estamos atravesando, hay que defender es el ambiente en donde se desarrollan las diferentes investigaciones, que desde el punto de vista interno e internacional ha tenido muy buen propósito”, dijo Ibáñez Guzmán.

“El tema en estos momentos –agregó el presidente de la Corte Suprema– es dejar las ramas como están, en el punto de vista como están, están funcionando. Y si están funcionando por qué cambiarlas”.

El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, anunció ayer que con el nuevo proyecto de ley que radicará en julio, los congresistas que sean objeto de investigación penal no deberán renunciar a su fuero para que los investigue la Fiscalía. Ahora esa facultad le sería anulada a la Corte Suprema y le sería entregada de manera exclusiva al ente investigador.

La iniciativa establece también que los jueces de control de garantías estén en cabeza del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional.

Este Diario intentó comunicarse con el presidente de la Corte Constitucional para que diera a conocer su posición sobre esta propuesta, pero no fue posible.
El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de la Font Pianeta, no quiso referirse al tema por no conocer la propuesta hecha por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

El magistrado Augusto Ibáñez ya se había referido al aspecto de la propuesta que más había causado controversia: la inmunidad parlamentaria, la cual sería cambiada eventualmente por la del juez de control de garantías si no era aceptada por el Congreso.

El presidente del órgano de cierre de la justicia ordinaria había considerado que revivir esa figura sería devolverse a la Constitución de 1886.

“Proponer una inmunidad porque exista un desafuero en cuanto a capturas y llamados a indagatoria, es decir que las autoridades están tomando a causa propia algunas decisiones y eso no es cierto”, dijo Ibáñez.

Sin embargo, Ibáñez no fue el único que se pronunció contra la propuesta del ministro Valencia.

Los aspirantes presidenciales Rafael Pardo, Gustavo Petro, Aníbal Gaviria, Andrés Felipe Arias, Sergio Fajardo, Alfonso Gómez y Marta Lucía Ramírez rechazaron la idea.

Mientras Ramírez dijo que la propuesta es “equívoca y equivocada”, Pardo señaló que la inmunidad parlamentaria es un ‘caramelito’ que Valencia les manda a los congresistas que tienen investigación preliminar por la Corte Suprema de Justicia, para que voten por el referendo reeleccionista.

Petro dijo que la inmunidad parlamentaria profundizaría mucho más las relaciones entre la política y las mafias.

Para Gaviria no tiene ninguna seriedad plantear una reforma constitucional cuando a pupitrazo se aprobó la reforma política, que fue hecha a la medida para algunos parlamentarios.

Por su parte, Fajardo consideró que esta propuesta le hace mucho daño a la democracia porque deteriora la imagen del Congreso, y la calificó como un gran error del Ministro del Interior.

Gómez Méndez manifestó que hoy en día esta inmunidad del siglo XIX no tiene ningún sentido, mucho menos en medio de un debate donde hay tantos parlamentarios presos.

Inmunidad, revivirla es volver a Constitución del 86: Ibáñez

Para el alto jurista lo que debe hacer el Congreso “es cerrar filas para guardar su juez natural: la Corte Suprema de Justicia”

La propuesta del ministro del Interior, Fabio Valencia, de revivir la inmunidad parlamentaria fue ampliamente discutida en la Constitución de 1991, cuando fue derogada, recordó el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez.

El jurista consideró que revivir esa figura es devolverse a la Constitución de 1886.

Ibáñez señaló a los medios de comunicación que “proponer una inmunidad porque exista un desafuero en cuanto a capturas y llamados a indagatoria, es decir que las autoridades están tomando a causa propia algunas decisiones y eso no es cierto”.

Para el presidente de la Corte Suprema lo que debe hacer el Congreso “es cerrar filas para guardar su juez natural: la Corte Suprema de Justicia”.

El magistrado Ibáñez no fue el único que se pronunció contra la propuesta del ministro Valencia.
Los aspirantes presidenciales Rafael Pardo, Gustavo Petro, Aníbal Gaviria, Andrés Felipe Arias, Sergio Fajardo, Alfonso Gómez y Marta Lucía Ramírez rechazaron la idea.

Mientras Ramírez dijo que la propuesta es “equívoca y equivocada”, Pardo señaló que la inmunidad parlamentaria es un ‘caramelito’ que Valencia les manda a los congresistas que tienen investigación preliminar por la Corte Suprema de Justicia, para que voten por el referendo reeleccionista.

Según Pardo, antes de la Constitución del 91 traficantes como Pablo Escobar utilizaban esta inmunidad como mecanismo para evitar ir a la justicia.

Petro dijo que la inmunidad parlamentaria profundizaría mucho más las relaciones entre la política y las mafias. Indicó que si se aprobara esta figura, posiblemente personajes del narcotráfico y paramilitares que no han definido su situación quisieran ser congresistas y quedarían en libertad.

Para Gaviria no tiene ninguna seriedad plantear una reforma constitucional cuando a pupitrazo se aprobó la reforma política, que fue hecha a la medida para algunos parlamentarios.

Arias, por su parte, señaló que a pesar de no conocer totalmente la propuesta de Valencia, no la comparte porque ésta agudizaría el choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia y porque se viene un año político de mucha polarización.

En cambio, Fajardo consideró que esta propuesta le hace mucho daño a la democracia porque deteriora la imagen del Congreso, y la calificó como un gran error del Ministro del Interior.

Gómez Méndez precisó que hoy en día esta inmunidad del siglo XIX no tiene ningún sentido, muchos menos en medio de un debate donde hay tantos parlamentarios presos. Agregó que el “Gobierno está enredado con el referendo reeleccionista y de pronto quiere encontrar una solidaridad del Parlamento con esta figura para que le saque adelante su enredado referendo”.

Sí me reuní con paramilitares y guerrilleros: Velasco

La ex congresista Rocío Arias reiteró su denuncia contra la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez y el senador Benedetti por vínculos con las autodefensas

“No me he reunido dos veces, me he reunido muchísimas veces en el pasado con miembros de organizaciones ilegales, de distintos tipos de organizaciones ilegales, con delincuentes políticos en su momento, guerrilleros y ex guerrilleros”, dijo ayer el senador liberal Luis Fernando Velasco, en el juicio que la Corte Suprema de Justicia le adelanta por el delito de cohecho, presuntamente por haber recibido unos tiquetes al exterior por parte de las autodefensas.

Según el senador, “no es prudente que uno avise, anuncie ese tipo de encuentros, primero, porque cualquier filtración puede dañar el encuentro, y segundo, por un tema esencial, el tema de la seguridad”.

Después de tres meses de aplazamiento que tuvo el juicio de Velasco, mientras se cerraba el primer capítulo de la yidispolítica, la Sala Penal dio inicio a la audiencia a la que fue citada la ex congresista Rocío Arias, también vinculada al proceso de la parapolítica, quien en fuertes términos ratificó la denuncia contra otros congresistas y ex senadores por nexos con los paramilitares: “Se están dejando meter el dedo en la boca en ese tema, con todo respeto lo digo”, expresó Arias.

Para la ex parlamentaria, quien ya purgó pena por tener nexos con los paramilitares, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha hecho mucho en el tema de la parapolítica, porque en varias oportunidades ella misma ha hecho denuncias en los casos de la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez (ver recuadro), la ex senadora Adriana Gutiérrez y los senadores Armando Benedetti y Luis Fernando Velasco, y, según ella, no ha habido resultados.

“El tema más vulgar y más bochornoso, el de la señora Nancy Patricia. Filtra la Corte, el comisionado de Paz va y amenaza a el Pájaro para que me desmienta”, dijo Rocío Arias.

EL NUEVO SIGLO intentó contactarse con la senadora Gutiérrez pero no fue posible. Según la jefatura de prensa de la congresista, ella no está dando declaraciones al respecto.

En el mismo escenario, la ex parlamentaria reiteró que el senador Velasco recibió financiación de los paramilitares para viajar a Barcelona y a Chile.

“Ellos le mandaron un sobre a mi oficina. Tengo entendido que contenía dinero, yo no sé ni cuanto ni nada, era un sobre empacado que yo posteriormente cité al senador Velasco en mi oficina y le entregué ese sobre. Le dije que ahí le mandaba la gente del bloque Central Bolívar”.

El próximo testigo llamado a declarar en el juicio será el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Arias y Velasco fueron compañeros en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y trabajaron juntos varios proyectos de ley que tenían que ver con el proceso de desmovilización de los paramilitares.

La ex parlamentaria Arias ya le había dicho a la Corte en otra oportunidad que Velasco le había exigido a los paras un vuelo charter para ir a hablar con ellos. Velasco aseguró en su indagatoria en el 2008, que fue asaltado en su buena fe porque pensó que se trataba de una invitación oficial de una reconocida organización.

Corte recaba pruebas de congresistas que votaron referendo

Sorpresivamente, el alto Tribunal también solicitó documentación sobre el debate que tuvo la iniciativa en la Comisión Primera de Senado

CON EL acopio de pruebas documentales, ayer comenzó en firme la investigación previa que por prevaricato adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde finales de mayo último, en contra de los 86 representantes a la Cámara que votaron el referendo reeleccionista.

Incluso, la magistrada auxiliar que fue delegada por el alto Tribunal para esa tarea, después de recoger en la secretaría de la Comisión Primera de Cámara la documentación atinente al trámite que en esta célula congresional tuvo la iniciativa que permitiría una segunda reelección consecutiva del actual mandatario, se dirigió a la secretaría de la Comisión Primera de Senado.

Este último hecho prendió las alarmas pues hasta el momento, a diferencia de Cámara, no existen demandas contra los senadores que votaron el proyecto de referendo en la Comisión Primera y en la plenaria.

EL NUEVO SIGLO conoció que la magistrada estuvo durante unos pocos minutos en la Comisión Primera de Senado, en donde solicitó al secretario de la misma, Guillermo Giraldo, copias de las actas número 3 y 4 así como de las cuatro ponencias que fueron presentadas en el debate que la Comisión Primera senatorial le dio al referenciado proyecto.

La sección Off de Record de este Diario había publicado, con base en fuentes de entera credibilidad, que se veía venir una investigación de la Corte Suprema también contra los 12 senadores que en Comisión Primera, así como contra los 62 senadores que en plenaria votaron a favor el referendo reeleccionista.

En enero pasado, el representante a la Cámara por Bogotá Germán Navas Talero demandó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 86 de sus homólogos que votaron a favor el referendo reeleccionista en la plenaria de la Cámara, argumentando que los legisladores conocían que los promotores de la iniciativa no recibieron la certificación por parte de la Registraduría sobre la legalidad de la financiación de las cuentas de esta iniciativa.

Igual, sin tener en cuenta que faltaba esta certificación, el pasado 15 de abril la Comisión Primera de Senado aprobó este proyecto con 12 votos a favor y uno en contra. Los senadores del Polo y el Partido Liberal se abstuvieron de votar y se retiraron de la sesión.

De nada valieron las ponencias negativas que presentaron el senador del Polo Gustavo Petro y la del liberal Héctor Helí Rojas, quien justificó su decisión señalando que “dejo constancia como ponente y senador, que no podemos patrocinar este proyecto, el que no por cuenta de la oposición, ahora se sabe que fue financiado de manera ilegal”.

Tampoco valieron las advertencias del senador liberal Jesús Ignacio García, quien previno que las inconsistencias que se han presentado en las cuentas de la campaña para la recolección de firmas del referendo deben ser tenidas en cuenta por la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad del referendo.

El 19 de mayo pasado, la plenaria del Senado aprobó el proyecto reeleccionista por 62 votos a favor y 5 en contra, igualmente sin tener en cuenta que el registrador Carlos Ariel Sánchez sólo había certificado el número de firmas de la iniciativa, pero faltaba certificar las cuentas de la campaña de recolección de firmas, a la espera de que el Consejo Nacional Electoral finalice una investigación y señale si fueron violados los topes de la misma.

Independencia en control político, no en legislatura

“Mientras en la actividad puramente legislativa, la falta de independencia frente al Ejecutivo fue quizás la característica más visible, en el control político se logró cumplir con esa función que es esencial en los Congresos”

“YO CREO que el control político salva la legislatura de alguna manera”, dijo Eliizabeth Ungar, directora del programa Congreso Visible (CV), del departamento de Ciencia Política, de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

“A través del control político, el Congreso puede medianamente ejercer independencia frente al ejecutivo”; es decir, que “mientras en la actividad puramente legislativa, la falta de independencia frente al Ejecutivo fue quizás la característica más visible, en el control político se logró cumplir con esa función que es esencial en los Congresos”, precisó Ungar.

Y es que, era previsible que el Partido Liberal y el Polo llevaran “la delantera en debates de control político, además debates de control político muy importantes”, resulta que “hay que reconocer que los partidos de la coalición también desarrollaron importantes debates de control político”, explicó la profesora Ungar.

Control

“Algunos de los debates de control político más sonados y álgidos de la legislatura fueron citados por las bancadas opositoras al Gobierno”, señaló CV en su informe; y puso como ejemplo, “las fallidas mociones de censura contra el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por la adjudicación de los terrenos de Carimagua a la empresa privada”, debate citado por el Partido Liberal, “y contra el ministro de Protección Social, Diego Palacio, por la inequidad en la prestación del servicio de salud”, citado por el Polo Democrático Alternativo.

Para CV “también se destacaron debates como el de la responsabilidad del Gobierno en el auge y falta de control a las llamadas pirámides, las desapariciones forzadas de civiles por parte de la Fuerza Pública, el alcance de la reforma a la justicia”, presentados en conjunto por el Polo y los liberales; “las interceptaciones ilegales del DAS”, citado por el Polo; “y la Zona Franca que benefició los hijos del Presidente Álvaro Uribe”, citado por los congresistas liberales.

Según las cuentas de CV, “el Partido Liberal y el Polo Democrático, bien actuando como bancadas independientes o bien en alianza, citaron al 25 por ciento del total de debates de control político de la legislatura (…). El hecho que dos partidos que representan tan solo el 27 por ciento del total de congresistas hayan promovido un cuarto del total de los debates de control político en el último año, resulta significativo, sobre todo teniendo en cuenta que las bancadas uribistas ‘oficiales’ –Alas Equipo Colombia, Cambio Radical, Colombia Democrática, Partido Conservador y Partido de la U-, que sumadas representan el 59 por ciento del Congreso, citaron al 30 por ciento de los debates”.

“Si se suman las citaciones promovidas por partidos muy cercanos al Gobierno pero que oficialmente no hacen parte de la coalición, tales como Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal y Colombia Viva, el resultado es que el uribismo citó al 35 por ciento de los debates de control político de la legislatura”, consignó CV, añadiendo más adelantye que, “teniendo en cuenta que una de las principales críticas que se le ha hecho a los partidos uribistas ha sido su poca independencia frente al Gobierno, resulta interesante observar que dos de los cuatro debates que se realizaron sobre los ‘falsos positivos’ –eufemismo con el que se conocen las desapariciones y asesinatos de civiles por parte de la Fuerza Pública- fueron citados por bancadas de la coalición de Gobierno, aun cuando desde la Casa de Nariño se sigue insistiendo que fueron casos aislados”.

No arranca la revocatoria de mandatarios regionales

CON EL fallido intento del domingo anterior para revocar el mandato de la alcaldesa del municipio de Polonuevo, departamento de Atlántico, se ratifica nuevamente la tendencia de que este mecanismo, implementado en el año 1996, no tiene efectos prácticos porque ni siquiera, como en los 27 que le precedieron, se alcanzó el umbral requerido por la ley.

En consecuencia, la alcaldesa Darling Luz Cárdenas Martes, del Polo Democrático, continuará en su cargo hasta cumplir el período para el cual fue elegida, diciembre de 2011.

En Polonuevo participaron 3.609 ciudadanos en la jornada para poner a consideración de la población la continuidad o no de la Alcaldesa. Sin embargo, no fue suficiente porque el umbral requerido en este municipio atlanticense era de 4.101 votos válidos.

La Ley 134 establece que en las revocatorias de los mandatos de mandatarios regionales y municipales debe votar un porcentaje no inferior al 55 por ciento de la votación válida registrada el día en que se eligió el gobernante en cuestión.

El pasado 26 de marzo, los promotores de la revocatoria del mandato de la Alcaldesa de Polonuevo radicaron ante la Registraduría 1.951 firmas de las cuales resultaron válidas 1.632, con las cuales lograron que fuera convocada la jornada del domingo pasado.

Con Polonuevo ya son dos jornadas de revocatorias de mandato de alcaldes que se han realizado este año, pues el 19 de abril anterior hubo unos comicios de este tipo en el municipio de Regidor, departamento de Bolívar, en los que tampoco se logró el umbral necesario para tener en cuenta los votos a favor o en contra de que la alcaldesa Sandra María Ditta (Partido Liberal) permaneciera en el cargo.

Este año se han radicado 21 solicitudes de revocatoria ante la Registraduría. Siete de ellas están pendientes de fijar la fecha de celebración de los comicios, las cuales estaban suspendidas a la espera de un concepto del Consejo Nacional Electoral sobre el trámite de revocatorias de mandato, el cual fue expedido el pasado 2 de junio. Estos municipios son: Vigía del Fuerte (Antioquia), Curillo (Caquetá), Sonsón (Antioquia), Pradera (Valle) Montelíbano (Córdoba), Somondoco (Boyacá), Murindó (Antioquia).

Se encuentran en proceso de revisión de firmas: Cúcuta (Norte de Santander), Pelaya (Cesar) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

Polémica por revivir la inmunidad a congresistas

No cayó bien entre algunos legisladores darle vida nuevamente a esta figura, aunque coincidieron en que es necesario revisar el régimen sancionatorio que los cobija

NO FUE bien recibida entre varios congresistas la propuesta de revivir la figura de la inmunidad parlamentaria, la cual fue abolida por la Constitución de 1991. El ministro del interior; Fabio Valencia Cossio, dijo que es necesario analizar ese tema como parte de una propuesta integral que busca fortalecer el Congreso.

En ese sentido destacó que hoy los congresistas cuentan con la inviolabilidad del voto, que les permite independencia en sus decisiones, “ese es un fuero que hay que proteger”, pero también señaló que es necesario robustecer la función de control político del Congreso al igual que su función judicial, pero dentro de este esquema de fortalecimiento institucional, señaló Valencia, es necesario “devolverle al Congreso dos aspectos que son muy importantes: primero, el de la doble instancia, mirar realmente cómo se puede asegurar como lo plantea la propia Corte Constitucional, una doble instancia en el juzgamiento de los congresistas, y también mirar la posibilidad de devolver el fuero de la inmunidad”, expresó.

Valencia Cossio explicó que la inmunidad parlamentaria no debe ser vista como una manera de propiciar la impunidad por que si “el parlamentario es detenido, es puesto a órdenes de la mesa directiva correspondiente a la corporación, y la corporación levanta la inmunidad”.

Sin embargo, para Jaime Dussán, senador y presidente del Polo Democrático, la propuesta del Ministro del Interior es coyuntural frente al escollo que tiene el referendo reeleccionista en el Congreso, afectado porque 86 representantes son investigados por prevaricato por la Corte Suprema de Justicia por votar este proyecto sin que el mismo hubiera sido certificado totalmente por el Registrador Nacional.

“Yo creo que es una propuesta demagógica para intentar convencer a los parlamentarios que le voten la conciliación del referendo”, dijo Dussán, quien se preguntó si la intención del Gobierno con esta iniciativa es el fortalecimiento del Congreso, “por qué no lo presentó en la reforma política, por qué después de que ha pasado una reforma política donde fácilmente pudieran haber planteado el tema, terminaron ahora cuando hay una preocupación por parte de los parlamentarios por las investigaciones de la Corte, entonces plantea el tema”.

Dussán señaló que no solamente está de por medio la reticencia de muchos congresistas de votar la conciliación del referendo a partir del 20 de julio por la investigación de que son objeto, sino que la propuesta de revivir la inmunidad parlamentaria surge justo en el último año de legislatura, y cuando se presenta un período muy crítico por la campaña electoral y el enfrentamiento de los poderes.

“Yo creo que mejor que la inmunidad parlamentaria debiera hablarse de las dos instancias para que los parlamentarios no se salieran de la Corte y fueran a la Fiscalía cuando sean investigados, sino que se mantengan en la Corte con doble instancia.

Antes de Valencia Cossio, el último que habló de la necesidad de retornar a la inmunidad parlamentaria fue el presidente de la U, Luis Carlos Restrepo, hace dos meses.

Régimen sancionatorio

“No me gusta la figura de la inmunidad parlamentaria”, dijo en diálogo con este Diario el senador conservador Eduardo Enriquez Maya, quien recordó que esta figura fue instituida por la Constitución de 1886, pero “que el constituyente del 91 tuvo el acierto de acabarla”.

Sin embargo, el Senador nariñense señaló que la propuesta hecha por el Ministro del Interior “es respetable y se convertirá en un tema de estudio a profundidad, pero revisando otras instituciones que de alguna manera tienen relación con ésta. Me explico, hoy el régimen de sanciones, de procedimientos es muy riguroso para el congresista: pérdida de investidura, desde el punto de vista disciplinario; y desde el punto de vista penal una sola instancia; más sin embargo, al señor Presidente, a los señores magistrados, al señor Fiscal General de la Nación, entre otros, los investiga una comisión de investigación y acusación, que ya es de dominio público se ha convertido en la comisión de absolución”.

Por su parte el senador del Casanare, Carlos Cárdenas, ve con buenos ojos que se abra el debate sobre este asunto. “Es algo que se necesita revisar el tema de dignificar la figura del congresista, porque es que uno tiene muchas obligaciones”, expresó. Añadió que “cada día el Congreso de la República legisla en contra de él. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué uno puede hacer campaña para elegir un procurador, para elegir un contralor, para elegir unos magistrados, y después ellos mismos a uno le pueden iniciar una investigación por pérdida de investidura por hacer campaña a una persona que llega a un cargo”.

Además, Cárdenas criticó la postura del candidato presidencial independiente, Sergio Fajardo, quien manifestó que inmunidad parlamentaria era igual a impunidad parlamentaria. “me parece una posición muy débil de una persona que quiere ser presidente de la República”.

El Senador manifestó que no solamente es necesaria revisar la posibilidad de recobrar para el congresista la figura de la inmunidad sino otros instrumentos con los que debe contar el congresista para representar eficientemente a la comunidad que lo eligió.

Analizan impedimentos ante principio de oportunidad

Los legisladores vinculados a la parapolítica que no se hayan declarado impedidos para participar en el debate o en la aprobación del proyecto de ley podrían ser denunciados.

LA POSIBILIDAD de denunciar a los legisladores vinculados a la parapolítica que no se hayan declarado impedidos para participar en el debate o en la aprobación de la conciliación del proyecto de ley del principio de oportunidad en el Congreso, fue planteada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

En diálogo, Gustavo Gallón, director de la CCJ, indicó que la situación está siendo evaluada por esa organización no gubernamental.

“Pues esperemos a ver qué pasa, pero sí sería muy posible que en caso de que incurrieran en eso habría que proceder”, dijo; y reiteró: “Lo más probable es que sí, que así procedamos”.

Gallón se abstuvo de mencionar nombres de congresistas involucrados hasta que se complete el análisis de la situación.

De acuerdo con el punto de vista de la CCJ, “los congresistas investigados en los procesos de la llamada parapolítica estarían impedidos para participar en la discusión y votación de la conciliación del proyecto de ley que modifica el principio de oportunidad”.

Según la CCJ, el proyecto de ley aprobado “faculta a la Fiscalía para renunciar a su obligación de investigar las conductas criminales cometidas por los desmovilizados que no hayan sido postulados a la Ley 975 de 2005 y no tengan abiertas investigaciones por delitos diferentes a la pertenencia a la organización criminal, utilización ilegal de uniformes e insignias o porte ilegal de armas, así como también a las cometidas por los testaferros de grupos armados o del narcotráfico que entreguen los bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas, ‘siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de la respectiva organización’. El parágrafo 4º del artículo 324 modificado por el proyecto establece que ‘no se aplicará el principio de oportunidad al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico’. Esto quiere decir que aquellas personas que estén siendo procesadas penalmente por haber alcanzado un cargo público o lo hayan podido mantener gracias a la ayuda de grupos armados o del narcotráfico, no se pueden beneficiar de la aplicación de esta figura”.

Para la CCJ, la intervención “en la redacción final de esta ley evidentemente significa un interés personal para los congresistas que están actualmente investigados dentro de la llamada parapolítica”, y haber tenido “la posibilidad de modificar esta prohibición choca con el interés público y superior con el que se debe discutir el contenido de esta norma”.

Así, consideran en la CCJ, “quienes están siendo investigados” deberían haberse declarado impedidos, “pues su participación para debatir o votar la conciliación de este proyecto de ley” pudo “afectar la transparencia de este proceso”.

Además, considera la CCJ, los congresistas deberían haberse abstenido de votar los impedimentos que sus colegas hayan planteado “evitando que se practique la maniobra conocida como el ‘carrusel’, a través de la cual todos los impedimentos son negados”.

La CCJ llamó la atención sobre la grave irregularidad que hubiera podido ocurrir durante la conciliación y advirtió que algunos de los congresistas que participaron en la conciliación podrían haber incurrido “en una falta disciplinaria gravísima y en una casual para que pierdan su investidura”.

El informe de conciliación del proyecto de ley “por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad” fue votado y aprobado el jueves pasado por la plenaria de la Cámara.

La modificación aprobada beneficiaría a 19 mil paramilitares rasos que se encuentran en un “limbo jurídico” luego de que las cortes Constitucional y Suprema establecieran en sendos fallos que los paramilitares no pueden ser considerados como delincuentes políticos y deben juzgarse por concierto para delinquir.

Caricatura del Día | "Voltiarepismo"

Decálogo político del primer semestre

A menos de un año de los comicios para Congreso y Presidencia, el espectro político, partidista y electoral es incierto. Los últimos seis meses fueron muy movidos y llenos de escándalos, pulsos y crisis, pero, al final, todo sigue supeditado a la expectativa reeleccionista. Aquí la radiografía de cómo termina la primera mitad del año, sus implicaciones y novedades

1. BICICLETA ESTÁTICA: faltan nueve meses para las elecciones parlamentarias y once para la primera vuelta presidencial. Hay más de una decena de precandidatos y candidatos presidenciales. Tres partidos adelantan procesos para escoger mediante consulta interna el próximo 27 de septiembre a sus respectivos candidatos presidenciales únicos. Todo ello, sumado a que a hoy no existe norma alguna que permita al actual Jefe de Estado aspirar a un tercer periodo, debería llevar a un escenario en el que el país tendría que estar imbuido en una campaña electoral de alta dimensión con miras a la competencia por quién será el inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2010. Sin embargo, el proyecto de referendo que ya fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes pero que está pendiente de conciliación, tiene toda la política colombiana en stand by, prácticamente congelada, con todos los escenarios y estrategias electorales supeditadas a si se viabiliza o no la posibilidad de una segunda reelección. Con respecto a lo que pasaba en enero, no hay mayor diferencia, ya que la incertidumbre continúa dominando el espectro político, pero es claro que el Gobierno está jugado a buscar la reelección.

2. URIBE VS. URIBISMO: la segunda gran conclusión en torno a cómo termina el primer semestre en materia política es sin duda que la persona de Álvaro Uribe Vélez sigue chupándose todo el escenario. Si bien las encuestas evidencian un normal desgaste de la imagen gubernamental y los escándalos han estado a la orden del día, incluso algunos que tocan su círculo familiar, el halo caudillista que rodea al Jefe de Estado continúa fortalecido, al punto que bien se puede afirmar que una parte significativa de los colombianos es partidaria de Uribe más no del uribismo, ya que éste, distinto a girar en torno a la persona del Presidente de la República, no ha logrado crear un discurso sólido e institucional que garantice la continuidad gubernamental aún sin que el mandatario esté en la Casa de Nariño. Bien se puede afirmar que la “hecatombe” de la que alguna vez hablara el Presidente como móvil para buscar un nuevo periodo en el poder, es la propia debilidad de su coalición y de los alfiles uribistas llamados a sucederlo. Obviamente, es claro que el estilo personalista de Uribe ha sido en responsable de acaparar el escenario y cerrarlo en torno suyo. No creó un heredero.

3. DEL FRENTERO, AL SILENCIOSO: sin duda alguna una de las situaciones que más influyó en el accidentado clima político del primer semestre, fue el cambio de estilo presidencial. De aquel Jefe de Estado que no temía hacer frente a cualquier controversia y crítica, ya fuera con los dirigentes de la oposición, la Corte Suprema o hasta con ciudadanos del común, se pasó a un Presidente que hizo del silencio una estrategia política. Pese a que desde todos los sectores nacionales e internacionales se le urgió día tras día a Uribe Vélez que dijera si quería o no la reelección presidencial, siempre ha evadido responder de manera directa. De allí, entonces, que el país se acostumbró a los mensajes cifrados en las palabras presidenciales y cada cual hizo su propia interpretación. Y qué decir de la forma en que el Mandatario ha evitado responder de manera pública y frentera alrededor del escándalo de las ‘chuzadas’ perpetradas por el DAS y quién o quiénes en el alto gobierno dieron las órdenes y qué pasó con la información recibida. Igual ocurrió con el escándalo de los negocios de los hijos del Jefe de Estado. Sin duda alguna, si estos tres interrogantes hubieran tenido contestación, el panorama político del primer semestre sería otro.

4. LA CAMPAÑA DEL POR SI ACASO: pese a que hay más de una docena de candidatos y precandidatos presidenciales, el setenta por ciento de ellos tiene su futuro empeñado, ya que su permanencia en la competencia depende de lo que pase con el referendo reeleccionista. En otras palabras, son una especie de aspirantes ‘por si acaso’ que no dudan en admitir públicamente que si Uribe es habilitado para buscar una segunda reelección, ellos serán los primeros soldados en trabajar para esa causa. Hasta el momento, de los candidatos surgidos de la coalición uribista sólo dos han dicho que van hasta el final, sin importar lo que pase con el Jefe de Estado. Ellos son Germán Vargas Lleras y Martha Lucía Ramírez. Sin embargo, esa decisión le costó al primero fuertes y graves fisuras en su partido Cambio Radical, mientras que la segunda terminó renunciando a su curul y al propio Partido de La U. De los precandidatos conservadores tres son ex ministros del gobierno Uribe y no se enfrentarían con él en las urnas. Tanto la embajadora Noemí Sanín como el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, suenan duro en las encuestas pero cualquier aspiración suya sería por la sucesión uribista.

5. REFERENDO, COLECCIONISTA DE VICIOS: difícilmente se puede encontrar en los últimos tiempos una iniciativa que tenga tantos problemas como el referendo reeleccionista. En la Fiscalía se adelanta un proceso penal contra todo el Comité Promotor de la campaña de recolección de firmas por presunto fraude procesal. Hay otra investigación paralela por los presuntos aportes en dinero y en especie que hiciera la intervenida captadora DMG. El Consejo Nacional Electoral también tiene proceso abierto por la evidente violación a los topes de aporte individual para la financiación de la campaña. Por lo mismo, la Registraduría no ha emitido la certificación de que el Comité Promotor cumplió los requisitos legales para esta clase de iniciativas populares. El trámite del proyecto en el Congreso está viciado: arrancó el debate sin la certificación aludida; no se le dio a la iniciativa el carácter de prioritaria; en el segundo debate se aprobó en anormales sesiones extras; en el tercero se cambió ilegalmente el texto de la pregunta que habían respaldado casi cuatro millones de personas; se violó el principio de consecutividad; hubo un carrusel irregular de recusaciones e impedimentos; y quedan pendientes otros problemas en la conciliación; si llega a la Corte Constitucional, que ya había advertido que sólo es viable una reelección, difícilmente pasaría la revisión de exequibilidad, y menos sin la certificación de la Registraduría pendiente. Amén de todo ello, hay sospechas de posible politización de este último tribunal.

6. OPOSICIÓN DÉBIL Y DISMINUIDA: aunque el Polo y el Partido Liberal aumentaron en el primer semestre su postura crítica contra el Gobierno y le causaron más de un dolor de cabeza y puesta contra la pared al Ejecutivo, lo cierto es que el efecto fue más mediático y político, que objetivo. En el Congreso siempre terminaron imponiéndose las mayorías uribistas en materia de aprobación o negación de proyectos, como se evidenció en el que buscaba reparar a las víctimas de la violencia. Hubo fuertes debates políticos pero no prosperó ninguna moción de censura ni hubo las renuncias que la oposición exigió en medio de graves escándalos como los de las interceptaciones perpetradas por el DAS a magistrados, políticos y periodistas, como tampoco en el caso de los negocios de los hijos del Presidente. El intento uribista de dividir al liberalismo así como la crisis interna que afectó al Polo, llevando incluso a la separación del ex alcalde Luis Eduardo Garzón, llevaron a que hoy por hoy la oposición al Gobierno no esté en cabeza de los partidos políticos antiuribistas sino de otros sectores, por ejemplo de la capacidad crítica de la prensa, que ha destapado varios de los principales escándalos.

7. LOS NUEVOS PROTAGONISTAS: al cierre de la primera mitad del año se pueden citar algunas novedades. Por ejemplo, nadie pensaba en enero pasado que la candidatura de Sergio Fajardo tomara el vuelo que hoy tiene, al punto que está en la parte delantera de las encuestas. Igual pasa con Juan Manuel Santos, que en diciembre pasado apenas si registraba en los sondeos de preferencias pero hoy -claro cuando se le mide sin Uribe en el partidor- se muestra como el alfil de la coalición más fuerte. También sorprende sin duda alguna el impacto de la campaña de Andrés Felipe Arias en el conservatismo así como la baja audiencia que esas mismas encuestas tienen los distintos candidatos liberales y del Polo. Otro que aterrizó y se volvió un hombre fuerte fue el ex senador Rodrigo Rivera, que hoy es visto como un posible presidenciable uribista.

8. LA CORTE SUPREMA, INFRANQUEABLE: pese a que desde distintos sectores uribistas se ha tratado de crear la falsa tesis de que la Corte Suprema de Justicia actúa bajo criterios políticos, lo cierto es que este alto tribunal no ha dado pie para caer en ese juego de politización. Todo lo contrario, su proceder siempre institucional, primero bajo la presidencia del magistrado Francisco Ricaurte y ahora con Augusto Ibáñez, le ha permitido denunciar de manera seria y creíble hechos tan graves como las ‘chuzadas’ del DAS y lograr que muchos sectores políticos, sociales, económicos e institucionales, aquí y en el extranjero, hayan salido a respaldarla. De igual manera, las decisiones que ha tomado en cuanto a los procesos de parapolítica, yidispolítica y los anomalías en el trámite del actual referendo (abrió investigación previa a 86 representantes a la Cámara) han comprobado no sólo la magnitud de la infiltración criminal en la política sino que por más fuerza que tenga el Gobierno y su coalición, hay unos límites constitucionales y legales que no puede traspasar olímpicamente.

9. ESCÁNDALO TRAS ESCÁNDALO: sin duda alguna este primer semestre de 2009 fue el más crítico para el Gobierno en sus casi siete años en el poder. Prácticamente no hubo semana en que la Casa de Nariño no estuviera en el ojo del huracán, tanto a nivel nacional como internacional. Sólo a manera de sumario, basta con mencionar el destape completo de todo el escandaloso caso de las interceptaciones ilegales que desde el DAS se realizaron a las comunicaciones de magistrados, dirigentes políticos y periodistas; las anomalías en el accionar de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero; la estupefacción local y extranjera por el alto número de los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal de la Fuerza Pública, más conocidos como ‘falsos positivos’; la polémica por la forma en que decisiones de ministros y otros altos funcionarios del Estado terminaron favoreciendo los negocios de los hijos del presidente Uribe con un lote en cercanías a Bogotá; el proceso penal contra el hermano del ministro del Interior y Justicia; las decisiones de la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía contra altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno en casos como los de la parapolítica, yidispolítica y la visita de delegados paras a la Casa de Nariño… Y quedan muchos más en el tintero.

10. BAJO SOSPECHA INTERNACIONAL: si bien es cierto que el estilo y el énfasis de gobierno del presidente Uribe le ha granjeado muchas críticas y reservas en el ámbito externo, en los últimos seis meses la situación se ha complicado de manera significativa. Por ejemplo, el optimismo inicial frente a lo que implicaría para Colombia la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca pronto se desinfló. A hoy la posibilidad de destrabar la ratificación legislativa al Tratado de Libre Comercio sigue en vilo e incluso en Washington se piensa que la crisis económica estadounidense y las reservas de las mayorías demócratas sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, aplazarían para 2010 el anhelado visto bueno. El pacto comercial suscrito con Canadá también afronta problemas por el mismo tema de derechos humanos, en tanto que ese eje de presión ya se siente sobre las negociaciones para un acuerdo similar con la Unión Europea. Las agencias de la ONU, con visita a bordo de dos Relatores, así como los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales han sido muy negativos, en especial por el caso de los ‘falsos positivos’. Si bien es cierto que hubo distensión con Venezuela, con Ecuador las relaciones siguen rotas. La nómina diplomática sigue haciendo agua por su alta burocratización, en tanto que el presidente Uribe se ha visto expuesto a situaciones incómodas en escenarios internacionales.

Congreso califica a los ministros

Algunos parlamentarios destacaron la continuidad que el Gobierno nacional le ha dado a varios de estos funcionarios, aunque, señalaron, hay algunos que ya no deberían estar.

EL MINISTRO de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, fue destacado por su gestión como el mejor ministro del actual Gobierno, según un sondeo que hizo EL NUEVO SIGLO con los voceros de las diferentes bancadas presentes en el Congreso, cuando hoy finaliza la tercera legislatura.

El manejo que le ha dado a la economía en los tiempos de bonanza e incluso, según algunos, en momentos de la crisis económica, es el aspecto que más destacan de este funcionario.

Del otro lado de la moneda están los ministros que no llenaron las expectativas en el período señalado, categoría en la cual según los congresistas consultados hay que colocar al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, quien ha repetido en las dos administraciones de Álvaro Uribe.

A continuación las voces de los parlamentarios consultados por EL NUEVO SIGLO:

Partido Liberal

El nuevo vocero en Senado del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, señaló que es difícil destacar un ministro en la actual administración porque el protagonismo ha sido del Jefe de Estado.

“Es difícil porque todos los ministros se han convertido en secretarios. En este Gobierno los ministros ejercen más como secretarios del Presidente de la República, que es el ministro de todas las carteras, y no como ministros. Entonces, es difícil ver que uno se destaque, aunque yo diría que la Ministra de Educación (Cecilia María Vélez) se destaca por su seriedad, a pesar de que no comparta varias de sus políticas y sus posturas, me parece que lo ha hecho bien”.

En tanto que para el vocero liberal, el ministro que está en deuda con su gestión es el de Transporte, Andrés Uriel Gallego. “Está en mora de entregar los resultados de la infraestructura que el país necesita. En carreteras todo lo que se necesita en esa materia, seguimos siendo un país sin carreteras. En ese sentido, no podemos competir ni ser viables económicamente, ni los campesinos en las zonas aisladas pueden sacar sus productos”.

Finalmente, Galán dijo que la política del Gobierno Uribe de mantener durante mucho tiempo en sus cargos a los ministros, en principio es bueno porque permite continuidad en las políticas, pero “creo que los ministros ante todo son fusibles, y cuando se queman hay que cambiarlos”.

Partido de la U

Juan Manuel Santos fue el ministro estrella del actual Gobierno, señaló el vocero del Partido de la U en Cámara, Elías Raad. Justificó su apreciación en los éxitos que lograron las Fuerzas Armadas durante el tiempo que Santos estuvo en la cartera de Defensa. “La operación Jaque, los altos resultados de seguridad en todo el país, la labor que cumplió en el Batallón de Ingenieros, también hizo obras importantes en diferentes regiones de Colombia, en el sur del país, en Los Montes de María”.

En tanto que Raad no encontró deficiencias en la labor de algún ministro en especial como para calificar de deficitaria su labor. Añadió que se han presentado críticas en algunas carteras pero justificó que las finanzas es un tema que ha sido un inconveniente para la labor de algunos ministros.

Raad también percibió como positivo la permanencia durante mucho tiempo en las carteras. “Yo pienso que la continuidad política es saludables, estar cambiando con frecuencia trae más traumatismo que bienestar, pero lo que sí creo que es suficiente son ocho años de la gestión de un ministro”.

Partido Conservador

Su labor para impulsar la agenda legislativa del Gobierno le valió a Fabio Valencia Cossio para que fuera destacado como el mejor ministro por el vocero del Partido Conservador en la Cámara, Orlando Guerra de La Rosa. El “Ministro del Interior, demostrado, yo creo por el trabajo que ha hecho, sacó una agenda legislativa muy difícil, era difícil que pasara en Senado y Cámara”, expresó el Parlamentario.
Sin embargo, Guerra dijo que la crisis económica actual es un atenuante a la hora de calificar a fondo la labor de los ministros. Aunque señaló que la labor de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, deja algunos interrogantes, “porque hay muchos problemas, sobre todo en las zonas apartadas del país por los recursos de la Ley 21 para ampliar cupos, ampliar cobertura, y ella ha tenido como los oídos sordos ante ese aspecto”, señaló.

Alas-Equipo Colombia

La labor del jefe de la cartera de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, fue destacada por el vocero en Senado de Alas-Equipo Colombia, Gabriel Zapata Correa. Puso de relieve “el buen manejo que le dio a la economía colombiana desde la desaceleración el año pasado de las economías en la crisis financiera mundial y las propuestas que ha hecho”.

Mientras que según Zapata el ministro que queda en deuda es el de Transporte, Andrés Uriel Gallego.

Cambio Radical

“A mí me encanta el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga”, señaló la vocera en la Cámara del Partido Cambio Radical, María Violeta Niño, quien destacó a este funcionario por la seriedad de su gestión y las medidas que ha tomado al frente de la cartera.

En tanto que la Parlamentaria se abstuvo de calificar negativamente la labor de algún ministro, dijo que ha sido en general un buen gabinete. “Algunos con defectos pero hay que tener en cuenta que esta es una época de crisis social, en seguridad”.

Para conocer su opinión sobre el tema, este Diario intentó comunicarse sin éxito con los voceros del Polo, Luis Carlos Avellaneda y Venus Silva, en Senado y Cámara, respectivamente.