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El 26 de mayo se inicia en forma la contienda presidencial

El 26 de mayo venidero arranca en firme la carrera por la Presidencia de la República, de acuerdo con lo establecido en el calendario para la consulta interna de los partidos que definió ayer la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese día pueden iniciar su propaganda los precandidatos que aspiren a la primera magistratura del Estado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante Resolución 154 del pasado 10 de marzo, estableció que el 27 de septiembre será la fecha en la que los partidos y movimientos políticos que así lo deseen, realizarán sus consultas internas para la escogencia de su candidato presidencial.

Posteriormente, el CNE por medio de la Resolución 0237 estableció que los aspirantes podrán iniciar la propaganda de su candidatura el 26 de mayo, es decir cuatro meses antes de la fecha de la consulta.

Ese mismo día se suspende la incorporación de cédulas de primera vez en el censo electoral que se utilizará para las consultas internas.

El viernes 26 de junio, 3 meses antes de la elección, vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos soliciten por escrito ante el CNE la realización de la consulta interna para la toma de decisiones o la selección de candidatos, y a partir de esa fecha tanto los partidos como los precandidatos deberán registrar el libro de ingresos y gastos.

El miércoles 12 de agosto, 45 días antes de la consulta, vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos inscriban o modifiquen ante la Registraduría los candidatos o las preguntas que deseen formular en la consulta interna.

El 11 de septiembre se realizará la designación de jurados, la consulta se celebrará el domingo 27 de septiembre y al día siguiente, el lunes 28, comenzará el proceso de escrutinio.

La Registraduría explicó que teniendo en cuenta que el artículo 1 de la Ley 616 de 2000 restringe la colaboración que la organización electoral ofrece a los partidos y movimientos políticos para la realización de sus consultas internas al “suministro de tarjetas electorales y cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, la recolección de los votos y la realización del escrutinio”, el organismo no contratará el proceso de preconteo que se incluye para algunas elecciones ordinarias y permite informar resultados nacionales, regionales y locales horas después del cierre de las urnas.

Al igual que en las consultas internas celebradas en octubre de 2008, en las próximas consultas internas la Registraduría Nacional del Estado Civil transmitirá algunos datos nacionales correspondientes al escrutinio parcial de mesas la noche del 27 de septiembre.

Los partidos

Hasta el momento solamente los partidos Liberal y Conservador tienen previsto realizar una consulta interna para escoger a su candidato a la Presidencia.

En el caso del liberalismo, también aprovechará esta oportunidad para escoger sus directorios nacional, regionales y municipales. Igualmente los delegados al IV congreso de la colectividad.

En tanto, el Partido de la U está pendiente por definir si acudirá al mecanismo de consulta para escoger su candidato, ya sea a una consulta interpartidista del uribismo, en caso de que se apruebe este punto de la reforma política que estudia el Congreso, o para que participe en las elecciones de mayo de 2010.

Conservadores insisten en candidato propio

Sin embargo, la colectividad ratificó su apoyo al proyecto de iniciativa popular que permitiría a Uribe ser candidato en 2010

EL TEXTO del referendo reeleccionista, tal como fue aprobado en la Comisión Primera de Senado, será apoyado por la bancada conservadora cuando se debata la iniciativa en la plenaria de la corporación.

La decisión fue tomada por la bancada en reunión que se realizó en la mañana de ayer. Sin embargo, la colectividad ratificó que seguirá en el proceso de escoger, mediante consulta interna, un candidato presidencial propio que busque la jefatura de Estado.

Sobre la misma, el presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Efraín Cepeda, dijo que “a pesar de que tiene algunas voces aisladas en contra, recibió también un respaldo mayoritario, y así está consignado en la comunicación de la Cámara de Representantes”.

“A nosotros nos complace mucho que en las encuestas de opinión tengamos una posibilidad de votos de alrededor del 27 por ciento. Eso quiere decir que la gente está captando las ideas de la colectividad y que está calando esta campaña que vienen haciendo los diferentes candidatos. Todos tienen marcaciones importantes en esa encuesta”, dijo Cepeda.

El referendo

El presidente del Senado, Hernán Andrade, explicó que la postura que definió el pleno de la bancada parlamentaria es que “se apoya la modificación al texto para precisar que la elección sea en el 2010, tal como se votó en la Comisión Primera del Senado”.

En la reunión, el representante vallecaucano Heriberto Sanabria leyó una comunicación de la bancada conservadora en la Cámara que proponía continuar apoyando el referendo y, al mismo tiempo, proseguir con la organización de la consulta interna para escoger candidato presidencial el 27 de septiembre.

Sin embargo, los conservadores de la Cámara dejaron a los senadores del partido la decisión acerca de cuál texto se apoyaría en el último debate en la plenaria del Senado.

“Por mayoría amplia fue aprobado el apoyo a la ponencia como viene de la Comisión Primera de Senado”, precisó el senador Cepeda. Añadió: “Esa decisión del partido es mayoritaria y será acatada democráticamente por todos sus miembros. Como dice la Ley de Bancadas, el Partido Conservador votará en la plenaria del Senado el articulado como fue aprobado en Comisión Primera”.

De los 18 senadores conservadores, 11 votaron por esa iniciativa y tres manifestaron que debería respetarse el texto original refrendado por las firmas de casi cuatro millones de colombianos y que fue aprobado por la Cámara.

Yepes

Sólo tres legisladores no emitieron ningún voto (Julio Alberto Manzur, Luis Emilio Sierra y Mario Enrique Varón) y únicamente el senador Omar Yepes consideró que el Partido Conservador no debe avalar el referendo, cualquiera que sea la redacción del texto que se someta a consideración del constituyente primario.

El senador Yepes “nos ha pedido que le autoricemos una dispensa, como nos pidió la vez pasada, y yo creo que el partido tiene que ser consecuente en estos casos con personas de tanta trayectoria como Omar Yepes”, indicó Andrade.

Ayer mismo el senador Yepes fundamentó su decisión de no votar en la plenaria del Senado el texto del referendo reeleccionista en que “una colectividad no tiene razón de ser si no aspira al poder para orientar los destinos de la Nación. Privarse de un escenario tan propicio como un debate presidencial para exponer tesis y programas y decirle al país cómo se enfocarían las propuestas para solucionar los males que nos aquejan, es someterse al riesgo de desaparecer, o lo que es lo mismo, a la tumba”.

Pero, además, Yepes considera que “hay unas reglas de juego establecidas por las normas. Con ellas se entra y con ellas mismas se sale. Cambiarlas en el camino para reelegirse no es sano para la democracia y se quebranta la institucionalidad. Un presidente popular y aplaudido por su gestión como el presidente Uribe, bien podría, como los toreros al término de su faena, salir en hombros de los ciudadanos regocijados por la tarea cumplida”.

La Iglesia Católica sí puede hablar de política

El Concilio Vaticano II dejó clara la división entre Estado e Iglesia, pero también que todo miembro de ésta (desde el feligrés hasta el Papa) puede opinar sobre la vida pública, en la medida que se busque el bien común.

LA DISCUSIÓN sobre si la Iglesia Católica puede hacer pronunciamientos políticos se atizó tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, en las que se mostró contrario a una segunda reelección del presidente Uribe.

En una entrevista que concedió al periódico El Tiempo, publicada el 13 de marzo último, monseñor Salazar señaló que “es antidemocrática la perpetuación de una persona en el poder”. “Es mejor que él (Uribe) no aspire a una nueva reelección porque a un país le conviene el relevo. No es bueno afectar la democracia. Tenemos un régimen presidencial muy fuerte y por lo tanto, no es conveniente una reelección indefinida del Presidente”, subrayó el prelado.

Posteriormente, en pleno Viernes Santo, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz le aconsejó al Jefe de Estado no buscar un período más de gobierno. “Dos períodos son suficientes, yo creo que es muy importante para él (Uribe) y para el país que terminado este segundo período deje que los demás lleguen al poder”, dijo el arzobispo de Bogotá.

Mientras, el ministro del Interior Fabio Valencia se mostró respetuoso de las posturas de monseñor Rubiano y Salazar, aunque señaló, lo que para unos fue una salida en falso, que “en la Iglesia tanto el Papa como los obispos y cardenales tienen períodos de por vida”.

División Estado - Iglesia

Históricamente ha sido clara la división entre Estado e Iglesia, pero esa línea es tan delgada que fácilmente se puede pasar en uno u otro sentido.
La Biblia cita una frase de Jesucristo en que responde a una pregunta de los fariseos si era lícito pagar impuestos a los romanos. “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, les dijo.

En Colombia se recuerda a monseñor Miguel Ángel Builes, quien desde la Diócesis de Santa Rosas de Osos (Antioquia), defendió la ideología conservadora y fustigó a los gobiernos liberales que llegaron a partir de 1930. “Que el liberalismo ya no es pecado, se viene diciendo últimamente con grande insistencia; los prelados no sólo callan sino que han prohibido hablar del liberalismo [...] y que por tanto, ser liberal ya no es malo [...] Nada más erróneo, pues lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo, y el liberalismo es esencialmente malo”, escribió en una pastoral de 1931.

Para el ex vicepresidente Humberto de La Calle no es posible esperar una plena separación entre Iglesia y Estado en medio de una situación como la que vive el país. Hay temas que tienen que ver con la Iglesia, como la ética, pero también hacen parte de lo público, el caso de la posición de ésta frente al aborto, que implican que esta Institución se tenga que manifestar.

En cuanto a la postura de jerarcas católicos como monseñor Salazar ante la reelección presidencial, De La Calle dijo que sería ilógico condenar a la Iglesia a que no se pronuncie, “pero en mi opinión, si la Iglesia decide descender para ocuparse de temas políticos, tiene que despojarse de aspectos dogmáticos”.

A su turno para el director del Cinep, Mauricio García, la Iglesia no se puede abstraer de la dinámica de hechos complejos que vive el país. “Yo creo que hay una obligación de la Iglesia de iluminar qué es lo que puede pasar, e iluminar es llamar a defender lo que nos fundamenta como democracia. Me parece que la intervención de monseñor Salazar en ese sentido, es invitar a que hay una posibilidad de solución negociada al conflicto, invitar a preguntarse si es conveniente o no una reelección que implique quebrar de nuevo y cambiar las reglas de juego a favor de una persona que está gobernando”, explicó el sacerdote a EL NUEVO SIGLO.

Mientras que el sacerdote Fernán González, investigador del Cinep, dijo que la Iglesia siempre ha hecho política, el problema es la manera como se hace, acotó. Una cosa es hacer política desde la fe y otra es expresar una postura con la convicción que se defiende el bien común, explicó. “Monseñor Salazar invita a examinar la conveniencia de una segunda reelección, no invita a votar en contra”, acotó el sacerdote González.

Petro pide al Fiscal investigar a hijos del Presidente

Por la presunta comisión de conductas punibles para valorizar unos terrenos que adquirieron, el senador Gustavo Petro solicitó ayer al fiscal Mario Iguarán investigar a los hijo del Presidente, Tomás y Jerónimo Uribe.

Igualmente pidió vincular a esta investigación al ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, al igual que al actual alcalde de ese municipio, Luis Álvaro Rincón Rojas, y al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, por el posible tráfico de influencias para favorecer los intereses de los hijos del Jefe de Estado.

En oficio dirigido al Fiscal General, Petro solicita que se aclare la participación de los funcionarios públicos y la de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez en la inclusión del otrosí No. 6 del contrato No. 937 de 1995, a través del cual el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) contrató el 30 de diciembre de 2008 el proyecto de construcción de 8,5 kilómetros de la segunda calzada vial desde el inicio de la variante Madrid hasta el peaje El Corzo.

La solicitud de Petro es complementaria a la información entregada por el periodista Daniel Coronell, quien en su columna de la revista Semana y el telenoticiero Noticias Uno sacó a la luz pública este asunto.

La semana anterior Petro aportó un elemento nuevo frente a lo revelado por Coronell. En esa oportunidad el Senado aseguró que Tomás Uribe estuvo presente en una reunión en el Ministerio de Transporte en la que se definió la construcción de la doble calzada Madrid hasta el peaje El Corzo, que según Petro buscaba valorizar los terrenos que ya habían adquirido los hijos del Presidente. En esa reunión estuvieron presentes el ministro Andrés Gallego, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, y el alcalde de Mosquera, Luis Rincón.

Respaldo a Piedad Córdoba en liberación de Moncayo

A nombre del Partido Liberal, el ex presidente Gaviria manifestó “su extrañeza” por la decisión del presidente Uribe de sólo permitir la mediación de la Cruz Roja y de la jerarquía católica.

RESPALDO A la senadora Piedad Córdoba en la mediación para la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo expresó el Partido Liberal a través de un comunicado firmado por el ex presidente César Gaviria.

En la nota Gaviria manifestó “su extrañeza” por la decisión del presidente Álvaro Uribe de sólo permitir la mediación de la Cruz Roja y de la jerarquía católica.

El apoyo fue expresado después de que Uribe señalara el fin de semana que su gobierno no va a permitir un “festín politiquero” del terrorismo en ese proceso.
“Invitamos a reflexionar sobre la conveniencia de que se tomen las decisiones necesarias para hacer posible que termine el sufrimiento de los secuestrados y de sus familias”, dijo Gaviria en el comunicado.

El texto añade que “en el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, del que hace parte la senadora, hay destacadas personalidades y dirigentes políticos que, de manera seria y comprometida, han venido cumpliendo una gestión con evidente sentido humanitario”.

El presidente del Partido Liberal les pidió a las Farc resolver “de una vez” la situación de los secuestrados y “dar muestras reales de querer una salida negociada al conflicto”.

El domingo, el profesor Gustavo Moncayo, padre del cabo Moncayo, declaró desde Popayán su “preocupación” por las advertencias de Uribe y confió en que se allane el camino para el regreso de su hijo a casa.

A través del alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, el Gobierno nacional desmintió las versiones sobre un presunto operativo militar en la zona donde se encuentra el cabo Moncayo.

El funcionario dijo que “el Gobierno es serio”, y por tal motivo “no es cierto”, como lo dijo la senadora Córdoba, que la vida del uniformado esté en riesgo por cuenta de hostigamientos militares para tratar de rescatarlo.

“Hay que recordar que la liberación de secuestrados no es un favor de la guerrilla, es una obligación con el país”, señaló Pearl.

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba le solicitó ayer al Gobierno brasileño nueva ayuda, “incluso más allá de la logística”, durante una reunión con Marco Aurélio Garcia, principal asesor del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se reunirá mañana.

“La ayuda que Brasil puede ofrecer va incluso mucho más allá de la logística. Existe la posibilidad de participar en un proceso de intercambio en una zona que se definirá posteriormente, y Brasil puede tener un papel importante por la confianza que puede generar”, dijo.

En febrero de este año Brasil cedió helicópteros y pilotos para recuperar en la selva colombiana a un grupo de personas que estaban en poder de las Farc.
La idea, señaló la senadora liberal, es “repetir el esquema, pero también analizar la posibilidad de un intercambio con presencia internacional, es decir que estén presentes Brasil y otros países”.

Luego del encuentro, Garcia sostuvo que le reiteró a Córdoba “la disposición de Brasil de ayudar en lo que sea necesario para hallar el camino de la pacificación en Colombia, con total respeto a la soberanía de ese país y siempre que haya una solicitación formal del Gobierno”.

Corte Suprema no ha dejado de mover la parapolítica

“Con el pasar del tiempo las vinculaciones y nuevos llamamientos no han cesado, pero que además los procesos traídos de años anteriores continúan su curso normal”: Nuevo Arco Iris

CON UNA captura y tres aperturas de investigación, la Corte Suprema inició una nueva etapa en los procesos por parapolítica, tras los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales de los magistrados, que fueron interpretadas por ellos como una forma de presionarlos.

La semana pasada fue capturado el senador Juan Carlos Martínez y unos días antes le fue abierta investigación a Odín Sánchez, Edgar Ulises Torres y Mario Salomón Nader, por sus posibles nexos con el bloque Elmer Cárdenas.

A dos de ellos, Sánchez y Torres, se les abrió, además, un proceso preliminar adicional por sus presuntos vínculos con el Eln.

De acuerdo con un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris titulado Radiografía de la parapolítica, “en el 2009 el proceso judicial conocido con el nombre de la parapolítica inicia con la apertura de investigación previa al representante a la Cámara por el departamento de Caldas Mauricio Lizcano; la captura del representante Miguel Ángel Rangel; la salida de la ex representante Eleonora Pinera de la Cárcel del Buen Pastor en Bogotá, quien al igual que el ex senador Miguel de la Espriella cumplió las tres quintas partes de su condena; la absolución del ex representante del Cesar Miguel Ángel Durán Silva, junto con la declaración en versión libre del ex paramilitar Rodolfo Uceda Castaño, alias Julio Castaño, en la que aseguró que prestó sus servicios a los ex alcaldes de los municipios de Barbacoas y Roberto Payán, Juan Carlos Rueda y Franco Quiñones, más el llamado a juicio al ex senador Carlos García”.

“Lo anterior demuestra”, señala Nuevo Arco Iris, “que la parapolítica no se ha detenido porque con el pasar del tiempo las vinculaciones y nuevos llamamientos no han cesado, pero que además los procesos traídos de años anteriores continúan su curso normal”.

Una madeja

Se puede decir que el escándalo de la parapolítica pasó en 2008 por un año con muchos tropiezos, y si bien se han destapado casos en 25 de los 32 departamentos del país, los procesos han tenido más obstáculos que sentencias.

Uno de los mayores problemas de los procesos judiciales ha sido, por un lado, la presión del Gobierno, y por el otro, la lentitud de la justicia.

Un estudio realizado por Claudia López y Óscar Sevillano muestra que uno de los más importantes tropezones que ha tenido la parapolítica es que los políticos han hecho todo lo que está a su alcance para enredar los procesos judiciales; mientras que en lo que concierne a los partidos políticos involucrados en el escándalo, en algunos casos su participación política y burocrática ha crecido.

Los congresistas han optado en muchos casos por renunciar a su fuero parlamentario para evitar que sus casos sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El más reciente caso es el del senador Antonio Valencia, de Alas Equipo Colombia.

De acuerdo con un resumen elaborado por Verdadabierta.com, con base en el estudio de López y Sevillano, hasta finales del año pasado 31 congresistas electos en 2006, a los que la Corte Suprema les abrió investigación por parapolítica, optaron por renunciar al Congreso, evadir a la Corte y pasarse a la Fiscalía. De los 52 procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra congresistas, 5 son por farcpolítica y los otros 47 por parapolítica, de los cuales 40 están en investigación previa, 4 en proceso de instrucción y 3 en juicio; los 5 procesos de farcpolítica están en investigación previa.

Mirando el otro ángulo de la parapolítica, el trabajo de López y Sevillano reconoce que Colombia es un país mejor y más viable sin 35.000 paramilitares armados violando masivamente los derechos humanos y políticos de millones de colombianos, y sin una guerrilla desbordada en lo mismo. Sin embargo, la basta, compleja e inserta estructura de poder del narco paramilitarismo en el territorio, y en las relaciones sociales, políticas y económicas del país, sumado a la vigencia creciente del narcotráfico, hacen que la capacidad de esta estructura criminal de permanecer, mutar y adaptarse sea muy alta.

Noticias polémicas de la semana

Difícilmente se puede identificar cuál fue el hecho que marcó la semana que termina. Fueron tantas las noticias, polémicas y sorpresas que no se sabe cuál frente es el más complicado: político, judicial o económico.

SI BIEN Colombia es un país acostumbrado a vivir en medio de escándalos, lo ocurrido en los últimos siete días evidencia que la semana que hoy termina fue una clara muestra de la crisis política, social y económica en que se hunde el país.

El lunes toda la opinión pública amaneció sorprendida por las revelaciones del periodista Daniel Coronell en torno a la forma en que un lote adquirido por una sociedad de la que hacen parte Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del jefe de Estado, fue objeto de una valorización millonaria luego que el llamado “Comité del Régimen Franco”, del cual hacen parte varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, decidiera autorizar la creación de una zona franca en un sector del municipio de Mosquera, en Cundinamarca. El negocio incluyó, además, una autorización para la expansión de la zona de uso industrial, que fue dada por el anterior alcalde de esa localidad, cuyos allegados luego terminaron comprando un lote del predio que pertenecía a la familia presidencial.

Tanto el periodista como los hijos del Presidente cruzaron argumentos y señalamientos, sin que al final de cuentas éstos pudieran explicar de manera suficiente y clara la naturaleza del negocio, la forma en que una decisión del gobierno de su padre los terminó beneficiando económicamente de manera significativa y, lo más importante aún, por qué la Casa de Nariño y los ministros no advirtieron a tiempo que al autorizar la creación de la zona franca se valorizaban los predios de los familiares del Jefe de Estado. De inmediato se anunciaron investigaciones disciplinarias y hasta penales para establecer si hubo delitos como tráfico de influencias y prevaricato. Hasta debate en el Congreso se anunció.

Paradójicamente toda esta controversia opacó otras tres noticias de alto impacto. Por ejemplo, la Fiscalía imputó ese día cargos por enriquecimiento ilícito contra el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, por haber presuntamente recibido 200 millones de pesos de la intervenida captadora de dineros DMG. Precisamente ese mismo día se dilató la comparecencia de apresado líder de esa empresa, David Murcia, ante la Comisión I del Senado para que aclarara sus afirmaciones en torno a que financió con más de 5.000 millones de pesos la campaña de recolección de firmas para el referendo reeleccionista.

En el lado económico el panorama tampoco fue el mejor. De un lado, la asociación de camioneros insistió en que se iría a paro en protesta por el alto precio de los combustibles, problemas con la tabla de fletes y chatarrización. A su turno, el Dane confirmaba que la industria está en barrena, a tal punto que a febrero registró una caída del 12,8 por ciento.

Y como si fuera poco, mientras que desde Europa y Estados Unidos llegaban noticias sobre la indignación de varios sectores por la crítica situación de derechos humanos en Colombia, el senador Juan Manuel Galán denunciaba que seguían presentándose casos de falsos positivos.

Rifirrafe por proyectos

El martes amaneció aún con el eco fresco de la polémica sobre los negocios de la familia presidencial, que tuvo un gran impacto en la opinión pública, a tal punto que en todas las encuestas y sondeos que se hicieron alrededor del tema se coincidió en descalificar que los hijos del Jefe de Estado resultaron beneficiados con decisiones gubernamentales.

Sin embargo, rápidamente el escenario empezó a tener nuevos protagonistas. De un lado, el jefe único del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, calificó como un intento uribista para “robarse las elecciones”, el que en el proyecto de reforma política estuviera incluido un artículo que dejaba en manos del Congreso -de mayorías gobiernistas- la escogencia del nuevo Registrador Nacional.

El pronunciamiento del jefe liberal se produjo, precisamente, cuando en la Casa de Nariño se encontraban reunidos el presidente Uribe con su bancada parlamentaria y se fijaba un plazo, tan perentorio como controvertido dada la complejidad de las iniciativas, de 48 horas para aprobar los dos proyectos de referendo -del agua y la cadena perpetua a violadores- y el de reforma política, todos trabajados en la Comisión I de la Cámara.

Sin embargo, la frase del día estuvo a cargo del fiscal general Mario Iguarán, quien al referirse al resultado de las investigaciones del CTI sobre la interceptación ilegal del DAS a las comunicaciones de magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición, dijo que todo lo encontrado en las pesquisas “causa preocupación, causa pavor en atención al hedor que expide”.

Paradójicamente buena parte de la atención nacional se centró ese día en el reversazo que dio el Gobierno en su política de congelación de los precios de los combustibles. Pese a que una semana atrás había insistido en no modificar su polémica decisión de no bajar el valor de la gasolina y el diesel, el martes, bajo la presión del paro camionero, terminó por dar su brazo a torcer. Sin embargo, la protesta no se levantó, ya que voceros del gremio transportador consideraron la rebaja como insuficiente.

Secretario en la mira

El miércoles el país amaneció, como siempre que hay un paro de cualquier naturaleza, con versiones encontradas. Los camioneros hablaron de más de 100 mil vehículos estacionados pero el Ejecutivo apenas si contabilizaba 20 mil.

Sin embargo, hubo poco tiempo para ahondar en la controversia porque a media mañana la atención se centró en la Procuraduría que anunció tres decisiones de fondo. De un lado, elevó pliego de cargos contra el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, por su actuación durante la escandalosa reunión en la Casa de Nariño en el primer semestre del año pasado entre altos funcionarios y delegados de un cabecilla paramilitar, que decían tener pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema Justicia contra el Jefe de Estado.

A la par de lo anterior, el Ministerio Público abrió también investigación contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y 15 funcionarios y ex funcionarios de ese organismo de seguridad por el caso de las chuzadas.

Una tercera decisión del ente de control disciplinario tuvo que ver con una investigación al secretario distrital de Salud, Abel Rodríguez, por las presuntas anomalías en la compra de un predio para un colegio.

Cuando apenas el país digería la gravedad de estos tres asuntos, sobre todo de lo relacionado con el Secretario Jurídico de la Presidencia, desde Estados Unidos se conoció que el extraditado cabecilla paramilitar Diego Fernando Murillo era condenado a 31 años de cárcel. Lo grave fue que la abogada del señalado capo indicó que éste había dicho a la justicia norteamericana que en 2001 las autodefensas habían financiado parte de la campaña presidencial de Uribe Vélez, señalamiento que fue negado por el Gobierno.

En medio de todo ese berenjenal de noticias, también se conoció que el número de desplazados por la violencia el año pasado se acercó a las400 mil personas. Esa cifra que denota la vigencia de la crisis humanitaria se unió a dos informaciones que se encargaron de poner sobre el tapete que otra crisis, la económica, avanza de manera significativa también. De un lado, el Banco de la República informó que los hogares estaban apretándose fuertemente el cinturón y que la mayoría de sus ingresos se estaba destinando a pagar deudas. Y de otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo que Colombia tendría un crecimiento económico cero a diciembre, es decir que ya estaría rayando en la recesión, aunque hay quienes dicen que el país ya entró en ese escenario crítico.

Fotos comprometedoras

La segunda parte de la semana no resultó menos movida y crítica. El escándalo por la forma en que los negocios de los hijos del presidente Uribe se ven beneficiados por decisiones gubernamentales creció.

El senador Gustavo Petro denunció -con fotografías a bordo- que Tomás estuvo presente en una reunión que el 9 de enero del año pasado se realizó en el Ministerio de Transporte, en la que se habló de la construcción de la segunda calzada de la variante Mosquera-Madrid, vía aledaña a los terrenos de la familia presidencial y que, obviamente, resultaron valorizados no sólo por la declaratoria de la zona franca sino por el cruce de la importante carretera.

El Gobierno, ante las pruebas fotográficas, no tuvo otra opción que admitir que Tomás Uribe estuvo en esa reunión pero dijo que no emitió concepto alguno. Sin embargo, para el grueso de la opinión pública fue evidente que no tuvo nada de coincidencial que el hijo del Presidente de la República estuviera presente en un encuentro de alto nivel en donde se definía una obra pública multimillonaria que beneficiaría sus negocios personales.

A la par de ese nuevo capítulo del escándalo, el proceso de la parapolítica tuvo un pico alto el jueves. De un lado, fue capturado el senador Juan Carlos Martínez, quien tiene una amplia influencia en el Valle del Cauca y sobre el que se cernían graves sospechas desde hace más de un año. Por igual, el senador Antonio Valencia, quien llegó al Parlamento en reemplazo del hoy ex congresista y llamado a juicio Álvaro Araújo Castro, renunció a su curul, con el único fin de que el proceso que por presuntos nexos con paramilitares que le sigue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pase a manos de la Fiscalía.

En medio de ello, el polémico tema del referendo reeleccionista volvió a moverse, haciendo cada vez más evidente que el presidente Uribe aspirará seguramente a un tercer mandato consecutivo. Contrariando conceptos de expertos juristas y jurisprudencia constitucional, así como arriesgándose a ser acusado de estar abogando en causa propia, el propio Jefe de Estado dijo que esta clase de iniciativas de origen popular popular pueden ser “moduladas” por el Congreso. Es más, por instrucción suya las mayorías uribistas modificaron entre la noche del miércoles y el jueves los textos de los referendos del agua y la cadena perpetua, pese a la oposición de sus promotores que advertían que tales cambios condenaban a las iniciativas a ser declaradas inexequibles cuando sean revisadas por la Corte Constitucional. Ese mismo día, el apresado cabecilla de DMG fue al Congreso pero se negó a precisar sus denuncias y dijo que sólo lo haría ante la plenaria.

Como colofón, la senadora Piedad Córdoba denunció que el Gobierno estaba preparando una especie de “operación jaque II” para tratar de rescatar al cabo Pablo Emilio Moncayo, secuestrado hace más de 11 años por las Farc y quien sería entregado en los próximos días a una comisión humanitaria. El Ejecutivo, que no ha acelerado el operativo logístico para recibir al uniformado, negó las acusaciones.

Modular o no

Vino, entonces, el viernes, que se creía iba a bajar en intensidad después los agitados días antecedentes. Pero no fue así. De un lado, el país amaneció en controversia por la tesis presidencial de que los referendos de iniciativa popular podían ser “modulados” por el Congreso. Para muchos analistas, con esa tesis lo único que logró el Gobierno y sus mayorías fue promover el hundimiento no sólo de la posibilidad de una segunda reelección sino también de elevar el estatus del derecho del agua y abocar el máximo castigo en prisión a los responsables de delitos graves contra menores.

A la par de ello, empezó muy temprano el análisis del proyecto de reforma política aprobado la víspera, en sexto debate, por la Comisión I de la Cámara a pupitrazo limpio y sin la presencia de la oposición. Quedó al descubierto que a la iniciativa le faltan dientes para forzar una verdadera depuración de partidos y elecciones.

Tampoco faltaron otras polémicas para cerrar el periodo hábil de la semana. De un lado, se denunció que un decreto del Gobierno que eleva a 85% la cantidad de etanol en los combustibles a partir de 2012, no podría ser aplicado porque es imposible cambiar la tecnología automotriz de una manera tan rápida. Además, sigue el debate sobre un posible favorecimiento oficial a cinco consorcios que manejan el negocio de los biocombustibles. Obviamente la polémica terminó atravesándose en el debate entre Ejecutivo y camioneros en paro.

Y como si todo lo anterior fuera poco, la Fiscalía denunció que hay más de 50 mil denuncias por desapariciones forzadas en los últimos años.

¿Qué país puede resistir semejante avalancha de acontecimientos en menos de cinco días? Parece que Colombia puede hacerlo, pero cada vez es más evidente que el peso de la crisis política, económica, social y humanitaria enrumba a la nación por el peligroso sendero del caos y la inviabilidad.

No seré yo quien ceda a chantajes: Carlos Gaviria

“A quienes se han apartado voluntariamente del partido, les reitero que las puertas están abiertas con dos condiciones: que abracen el ideario y acaten las reglas”

“NO SERÉ yo quien ceda a chantajes. Estoy dispuesto a retirarme cuando sectores mayoritarios del partido me lo pidan o mi conciencia me lo exija. No cedo a chantajes ni me dejo tentar por deslealtades. A quienes se han apartado voluntariamente del partido, les reitero que las puertas están abiertas con dos condiciones: que abracen el ideario y acaten las reglas”, dijo anoche el ex magistrado Carlos Gaviria.

En su discurso de clausura de la reunión de la Dirección Nacional del partido, Gaviria se refirió a mensajes que, de manera indirecta, recibió en las últimas horas en el sentido de que si renunciara a la presidencia del Polo Democrático Alternativo (PDA), líderes que se han apartado de la colectividad volverían a ella.

Gaviria recalcó que el partido se ha consolidado como verdadera opción de poder, “por eso nos temen”. Y expresó su entusiasmo por los resultados obtenidos en la Dirección Nacional. “Este es un partido vital, que ha sabido superar obstáculos de afuera y de adentro con gran empecinamiento para ser una verdadera opción de poder. No vamos a desmayar en las luchas, así desde afuera nos manden mensajes equivocados”.

El presidente del PDA agradeció a los directivos nacionales la altura de los debates suscitados en los dos días de la reunión, naturales en un partido pluralista como el Polo, y el comportamiento de todos los presentes, que no dudó en calificar como “de auténticos demócratas”.

Consulta interna

La Dirección Nacional del PDA, reunida en Bogotá, aprobó la reglamentación de la consulta interna para la escogencia del candidato a las elecciones presidenciales de mayo de 2010, de acuerdo al mandato recibido del II Congreso Nacional del PDA, que estableció que el candidato del partido a la presidencia sería escogido en consulta abierta.

La reglamentación recoge el cronograma bajo el cual, de acuerdo a la fecha del 27 de septiembre asignada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización de las consultas de los partidos, el PDA establece que quienes aspiren a ser precandidatos tendrán plazo hasta el 30 de mayo de 2009 para inscribirse ante la Secretaría General, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos que se señalan en su articulado.

Entre estos requisitos se encuentran el cumplimiento del Ideario de Unidad, los Estatutos y las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional; así mismo, el precandidato que se inscriba deberá “promover la más amplia coalición política con todos los sectores que estén dispuestos a derrotar las orientaciones económicas, políticas y sociales del gobierno de Álvaro Uribe, teniendo como base el candidato y el programa del Polo”.

Se establece también en la resolución aprobada que las campañas de los precandidatos estarán equitativamente representadas en la composición de los comités de la consulta, que serán integrados por el Comité Ejecutivo, esto es: Comité de Organización, Comité de Finanzas, Comité de Comunicaciones y Tribunal de Garantías Electorales. Igualmente, todos los precandidatos tendrán igual acceso a la base de datos de afiliados y afiliadas del PDA.

Si no se inscribe un número plural de candidatos válidos en la consulta, el candidato presidencial del Polo será designado por la Dirección Nacional del PDA en reunión que se realizará el 28 de agosto de 2009.

La resolución obtuvo 139 votos a favor, 7 en contra y 19 abstenciones.

El proyecto de reforma política al desnudo

El Gobierno nacional, a través del ministro Fabio Valencia, agradeció al Congreso por el interés que han tenido en sacar adelante esta iniciativa de orden constitucional, a la cual le faltan tres debates para ser ley de la República.

LA SANCIÓN de la silla vacía, contenida en la reforma política, ha sido, talvez, el símbolo de lo que significa la lucha por blindar los partidos de la influencia de los grupos armados al margen de la ley, sin embargo el que no pueda ser aplicada al actual Congreso es la principal razón para que los partidos de oposición le hayan negado su respaldo a esta reforma constitucional, que ha llevado a que algunos congresistas las califiquen como un desastre.

La reforma política aprobada en su quinto debate el pasado jueves señala que la silla vacía operará a partir de la medida de aseguramiento en contra de un congresista, y la curul no podrá ser ocupada por el siguiente en la lista. Si la investigación precluye, el parlamentario podrá retornar a su curul.

Pero en cuanto a la vigencia de aplicación, el proyecto en esta materia se mantiene como lo presentó el Gobierno el año pasado. Es decir que la silla vacía y las sanciones a los partidos que alberguen a políticos vinculados con la delincuencia operará a partir de 2010.

En consecuencia, esta norma no afectará a quienes hoy ocupan las curules de los legisladores que son investigados por la Corte Suprema de Justicia o de los que han renunciado a la investidura para que la Fiscalía los investigue. Tampoco a los que hoy suplen a los ex congresistas que fueron condenados por la justicia por tener vínculos con la parapolítica y la farpolítica, principalmente.

Nada bueno

Para el coordinador de ponentes en el debate que la Comisión Primera de Cámara, Tarquino Pacheco, se justifica que la silla vacía opere a partir de 2010 porque “no se puede afectar a una persona ajena a lo que haya hecho cualquier miembro de la lista”, además señaló que la Corte Constitucional ha indicado que las sanciones de tipo penal no pueden ser retroactivas.

Sin embargo el senador liberal, Héctor Helí Rojas, dijo que está en contra de la reforma política, al igual que su partido, porque es una reforma “amañada”, principalmente por dos cosas: primero, porque al aplicar las sanciones sólo hasta 2010, muchos de los investigados se presentarán a las elecciones de 2010 o “pondrán a sus propios candidatos a sucederlos en la curul”. “En segundo lugar, esa reforma sólo le sirve a la bancada uribista porque por una sola vez se autoriza el transfuguismo político. Lo que quieren es que partidos como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, la propia U, los disidentes de Cambio Radical, puedan antes de 2010 cambiarse de partido. Después de 2010 sí prohíben el transfuguismo.

En tanto que el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda señaló que esta reforma política no soluciona en nada el daño que ha sufrido la política por el fenómeno de los nexos de algunos con el paramilitarismo.

“La situación política del país va a seguir lo mismo, no se va a reformar nada sustantivo, todos los daños que se le han hecho por paramilitarismo, por narcotráfico a la vida institucional del país, al Congreso, no van a ser reparados porque no hay silla vacía, no hay sanciones a los partidos, es todo diferido a futuro”, conceptuó el senador de oposición.

A su turno, el senador liberal Juan Fernando Cristo calificó como un desastre la reforma política, que está a tres debates de ser aprobada por el Congreso. “Es un engendro, es la manera de legalizar la parapolítica en Colombia”. Añadió que la principal justificación de una reforma política es que sancionar a los políticos que vinculados con grupos al margen de la ley y a los partidos que les dieron cabida a esos políticos.

Por su parte, el representante liberal por Putumayo, Guillermo Rivera, dijo que a “mí esa reforma me parece inane. No hay nada ahí que valga la pena; digamos, ninguna modificación sustancial. Me parece que lo que hay ahí es simplemente un propósito de establecer una licencia para cambiar de partidos en esta coyuntura política, pero de fondo no hay nada. Silla vacía es a partir del otro período, luego eso ya no tendría ningún significado real”.

Tomás Uribe estuvo en reunión sobre variante vial de Mosquera: Gobierno

Aunque el Ministro de Transporte y el Gobernador de Cundinamarca dijeron que el hijo del Jefe de Estado no “emitió opinión alguna” durante el encuentro, la Alcaldía de Mosquera dijo que fue de “gran apoyo” para obras de ese municipio.

EL GOBIERNO aceptó ayer que el 9 de enero de 2008 se verificó una reunión entre altos funcionarios del Estado y Tomás Uribe Moreno, hijo del Presidente de la República, en la que se habló todo lo referente a la ampliación de la variante Mosquera-Madrid, en las afueras de Bogotá, donde miembros de la familia presidencial compraron unos terrenos que se han venido valorizando de manera sustancial, negocio que fue denunciado en las columnas de la revista Semana.

En efecto, en un comunicado emitido ayer por los altos funcionarios estatales el Gobierno aceptó que: “El 9 de enero de 2008 se hizo reunión pública en el Ministerio de Transporte, convocada por el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, y el ministro Andrés Uriel Gallego Henao, con alcaldes y funcionarios de los municipios del Occidente del Departamento, a la que fue invitado el señor Tomás Uribe Moreno, sin que emitiera opinión alguna”.

Sin embargo, un boletín de prensa expedido por la Alcaldía de Mosquera días después de la reunión evidencia que la actuación de Uribe Moreno fue activa. “El próximo lunes 5 de febrero a partir de las seis de la mañana, se iniciará la pavimentación de la vía principal del casco urbano (…) El doctor (Álvaro) Rincón (alcalde) acordó la reunión con Tomás Uribe, hijo del presidente de la República, quien fue de gran apoyo en el proyecto planteado al Ministro”, se lee en el boletín de la Alcaldía.

¿Coincidencias?

El objeto de la reunión del 9 de octubre, según el comunicado emitido ayer por el Gobierno nacional, era validar los compromisos gubernamentales adquiridos para generar las obras correspondientes a la segunda calzada de la variante Mosquera-Madrid-El Corzo, vía que evidentemente genera una amplia plusvalía en los terrenos adquiridos por una sociedad en la que participan los hijos, el cuñado y el suegro del Jefe de Estado.

No se puede considerar una casualidad que en una reunión entre servidores públicos donde se toman decisiones de semejante nivel sean precisamente invitados beneficiarios particulares de las obras que se plantean.

Resulta, por lo menos, sorprendente que en un país en donde a diario se realizan centenares de reuniones, el hijo del Presidente hubiese sido invitado específicamente a aquella en donde se tomaban decisiones oficiales, con ingentes inversiones públicas, que lo beneficiaban directamente a él y su sociedad familiar.

Como se sabe, en los mismos predios el Gobierno aceptó la creación de una Zona Franca, mecanismo por medio del cual los empresarios que inviertan en aquellos lotes se verán beneficiados con una significativa rebaja de impuestos. Esto evidentemente hace que los terrenos se valoricen de manera inmediata, tal como lo denunció el periodista Daniel Coronell en Semana y el noticiero televisivo Noticias Uno.

Igualmente, los terrenos en cuestión serían beneficiados por la adecuación y ampliación del Tren de Cercanías, que utilizará la vía férrea que, precisamente, es aledaña a los predios que adquirieron los Uribe. En la actualidad, el Gobierno nacional privilegia este proyecto sobre la posibilidad de arrancar primero la construcción del Metro de Bogotá.

En síntesis, los predios adquiridos en el 2006 por la familia presidencial se valorizaron por la zona franca autorizada por el Gobierno nacional, la construcción de la segunda calzada de la variante -con el visto del Ministerio de Transporte- y la plusvalía que genera la adecuación del Tren de Cercanías.

Así, pese a que el comunicado dice que “el corredor ferroviario, base del Tren de Cercanías, pasa por Mosquera desde 1917”, lo que evidentemente no se aclara es que será adecuado con millonarios recursos públicos para soportar parte importante del transporte de carga y pasajeros hacia la capital, incluyendo la que genere la zona franca.

Denuncias de Petro

La aceptación del Gobierno se produjo a raíz de una rueda de prensa adelantada por el senador Gustavo Petro, en la que mostró fotografías de la reunión del 9 de enero, donde aparecen Tomás Uribe, el Ministro de Transporte, el Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Mosquera.

“El Ministro de Transporte, subalterno del Presidente de la República y usando dineros públicos, está enriqueciendo a los hijos de su nominador, es decir a los señores Tomás y Jerónimo Uribe, lo que inevitablemente y sin ninguna duda nos pone frente a un hecho lamentable de corrupción que debe ser investigado por las autoridades”, remarcó el parlamentario.

Petro dijo que no sólo por el cambio del uso suelo se valoriza un terreno. La segunda causal que lo valoriza es la construcción de obras de infraestructura por parte del Estado. “Quiero afirmar que el Gobierno Nacional decidió la construcción de unas obras de infraestructura, específicamente la doble calzada entre Madrid y el peaje El Corzo, que valoriza directamente el terreno anteriormente comprado por los hijos del Presidente, porque pasa cerca del lote que ellos compraron”, agregó.

Petro señaló que este escándalo crece al conocerse que Tomás Uribe estuvo presente en el Ministerio de Transporte para acordar la construcción de una doble calzada entre Madrid y el peaje El Corzo, “y de esta manera valorizar las propiedades de los hermanos Uribe Moreno”.

El senador reiteró que en la citada reunión se concretó la construcción de la calzada para asegurar la infraestructura que beneficiará la zona franca. Para tal efecto se decidió incluir un otrosí en un contrato de concesión que ya existía desde el año 1995 para la ampliación de la vía de Fontibón a Facatativá.

Por esa época un movimiento cívico de los ciudadanos de Facatativá frenó este proyecto, pero sólo después -cuando ya había concretado la compra de los terrenos por parte de los hijos del Presidente- se acordó por parte del Ministerio de Transporte que en ese contrato firmado en 1995 se agregaría una cláusula por medio de la cual se realizaría esta doble calzada, en una longitud de 8,5 kilómetros por valor de 60 mil millones de pesos, denunció Petro.

Referendo del agua pasó el primer debate

La Corte Constitucional lo declarará inexequible porque “lo aprobado acá es distinto a lo firmado por más de dos millones de colombianos”, dijo el representante liberal Guillermo Rivera

OTROS TRES debates deberá afrontar el referendo del agua luego de ser aprobado anoche por la Comisión Primera de la Cámara.

Obedeciendo el ultimátum de 48 horas impuesto por el presidente Álvaro Uribe para evacuar los referendos del agua y de cadena perpetua, los congresistas aprobaron el proyecto de ley que pretende establecer “el agua como un derecho” de todos los colombianos.

Luego de debatir la iniciativa durante cerca de ocho horas, la votación se presentó en medio de protestas porque, al igual que se hizo con el referendo reeleccionista en la Comisión Primera del Senado, a este proyecto de convocatoria al constituyente primario también se le cambió el texto.

El representante liberal Guillermo Rivera se opuso a que el texto se modificara: “Lo aprobado acá es distinto a lo firmado por más de dos millones de colombianos. La Comisión Primera fue en contravía del querer de millones de colombianos. La Corte Constitucional debería declarar inconstitucional lo que se ha hecho”.

Rafael Colmenares, vocero del comité promotor de la iniciativa, tampoco quedó contento. “De ninguna manera estoy conforme”, aseguró. “El derecho humano fundamental al agua potable se eliminó, al punto de que cambiaron el título del proyecto. Ya no es el agua como derecho fundamental sino la protección del agua”, lamentó.

El Gobierno, en cambio, manifestó su alegría con lo aprobado: “Se continúa con la idea de consagrar la necesidad de preservar el agua como principio constitucional”, explicó Leyla Rojas, viceministra de Agua.

La funcionaria destacó, además, que como salió de la Comisión, el proyecto permite “mantener el uso del agua y su propiedad del agua en cabeza de la Nación”.
Con la aprobación de este referendo, previa modificación, la bancada uribista cumplió parcialmente el compromiso que adquirió con el presidente Álvaro Uribe el martes pasado.

Ahora el reto será aprobar hoy el referendo de cadena perpetua a violadores de menores, y dejar abierta la discusión de la reforma política, proyecto que de no salir de la Comisión antes del martes 28 de abril, se hundirá por falta de tiempo.

Uribe ordenó el martes que los referendos del agua y de cadena perpetua fueran evacuados “en la Comisión Primera en las próximas 48 horas”.

Como se recordará, en la Comisión Primera de la Cámara el trámite de la reforma política, de la que el uribismo espera la definición de mecanismos como la consulta interpartidista, estaba estancado porque la ley obliga a los congresistas a debatir primero las iniciativas de origen popular, como es el caso de las leyes que convocan a los referendos del agua y de cadena perpetua para los violadores de niños.

Procuraduría abre pliego de cargos a Edmundo del Castillo

El secretario jurídico de la Presidencia “omitió denunciar penal y disciplinariamente a quienes, al parecer, estaban incurriendo en delitos y faltas disciplinarias”, dijo el jefe del ministerio público

DENTRO DE la investigación por la reunión con alias Job en la Casa de Nariño, la Procuraduría anunció la apertura de un pliego de cargos al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo.

El 23 de abril de 2008, Diego Álvarez, abogado del jefe paramilitar extraditado Diego Fernando Murillo, alias don Berna, llegó a la sede presidencial en compañía del desmovilizado Antonio López, alias Job, y se reunió con Edmundo del Castillo; César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa de Nariño, el ex gobernador caucano Juan José Cháux, el abogado Óscar Iván Palacio y la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal.

Según se dijo en su oportunidad, Álvarez y López querían entregar información sobre una supuesta manipulación de testigos por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe.

Álvarez y del Castillo se habían reunido en otras dos oportunidades: el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2008.

De acuerdo con el procurador, el secretario del Castillo asumió funciones policiales y disciplinarias que no eran de su competencia, al aceptar reunirse con López, ligado con bandas de narcotraficantes de Medellín.

Para el procurador Alejandro Ordóñez, el secretario jurídico de la Presidencia incurrió en una falta gravísima: “El doctor del Castillo omitió denunciar penal y disciplinariamente a quienes, al parecer, estaban incurriendo en delitos y faltas disciplinarias”.

“Hubo un manejo ilegal de elementos que se pueden considerar pruebas”, dijo Ordóñez.

Sin embargo, el procurador afirmó que la Corte no estaba montando testigos contra funcionarios del Gobierno: “Ni complot del Gobierno contra la Corte ni complot de la Corte contra el Gobierno. Lo que aconteció fue la inducción que se pudo hacer sin saber con cuáles propósitos de don Berna para que aparentemente se utilizarán unas pruebas que no existieron y no tuvieron la importancia y la trascendencia que se pretendía inicialmente”.

En su momento se dijo que el supuesto complot de la Corte era orquestado por el magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador estrella de la parapolítica, uno de los blancos de los seguimientos e interceptaciones del DAS.

Por los mismos hechos, Ordóñez anunció que la Procuraduría archivó la investigación contra César Mauricio Velásquez quien asistió a una de las reuniones.

“Existen cinco testimonios en la investigación que se está realizando. Consideró el despacho de la Procuraduría que a este funcionario no se le podrían endilgar las conductas que se le endilgan al director jurídico de Palacio”, dijo el procurador.
En este proceso disciplinario también se ordenó investigar a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

La visita de López, en lo que se conoció como el escándalo de “la casa de nari”, debido a una de las grabaciones conocidas por los medios de comunicación, solo se hizo pública en agosto pasado, después de que el vocero de los desmovilizados fuera asesinado a finales de julio en Medellín.

Del Castillo es secretario jurídico de la Presidencia desde septiembre 11 de 2007, cuando llegó a reemplazar a Mauricio González, quien había sido elegido poco antes como magistrado de la Corte Constitucional.

Con base en las grabaciones que se difundieron entonces, se especuló si la persona que estaba detrás de Job era Rodrigo Zapata, alias Ricardo, capturado en marzo por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en desarrollo de su accionar como sigiloso jefe paramilitar; o si era Gustavo Tapias, alias Techo, un narcotraficante que el pasado mes de febrero fue condenado a 11 años de prisión por la justicia de Estados Unidos.

En lo que coinciden unos y otros es que Job no actuaba por su propia cuenta y que, un mes después de la extradición de 14 jefes paramilitares, se emprendió la verdadera conspiración que buscaba frenar en seco las investigaciones de la parapolítica.

“Lo que quieren es robarse las elecciones”: C. Gaviria

El jefe único del Partido Liberal se expresó así al conocer lo que calificó como un “orangután” contenido en el articulado de la reforma política que se encuentra en la Comisión Primera de la Cámara.

UNA ALTA fuente del Partido Liberal le confirmó a EL NUEVO SIGLO que ayer al mediodía, durante una reunión con la bancada de la colectividad en la Cámara, al enterarse del contenido del proyecto de reforma política, el ex presidente César Gaviria dijo: “Lo que quieren es robarse las elecciones”.

La misma fuente señaló que el artículo que desató la airada reacción de Gaviria fue el relacionado con el cambio del mecanismo para escoger al registrador, trasladándole la competencia al Congreso.

De acuerdo con el relato conocido por este Diario, el jefe único del Partido Liberal por haber estado ausente del país desconocía el estado actual del proyecto, por lo que procedieron a darle lectura al mismo.

Cuando Gaviria escuchó el artículo en mención, el número 15, exclamó: “¡Eso es un orangután!”, seguido de “¡eso es una vergüenza!”, para entonces sentenciar, sin señalar a nadie en particular: “Lo que quieren es robarse las elecciones”.

Para el ex presidente Gaviria, señaló la fuente, es el colmo que un gobierno haya logrado nombrar a su antojo fiscal, procurador, defensor del pueblo y, ahora, registrador.

Además, según el ex mandatario, se sabe de muy buena fuente que Fabio Valencia quiere ser, en el futuro, registrador.

Un “abuso”

El vocero liberal en la Cámara, Carlos Arturo Piedrahita, dijo que “lo más grave es que cambia al actual registrador, pues la reforma política entra en vigencia a partir del momento en que se publique”, lo cual implica, nada menos, que “cambiar las reglas de juego cuando ya hay un registrador, debidamente elegido por concurso y de conformidad con la Constitución y la ley”.

El representante Guillermo Rivera dijo que “el ex presidente nos manifestó su profunda preocupación, que además nosotros compartimos, relacionada con que en la reforma política existe un artículo que modifica la manera como se designa el Registrador Nacional del Estado Civil, trasladando esa competencia de las altas cortes a través de un concurso de méritos como existe hoy, al Congreso de la República”.

Para el representante Piedrahita, lo consignado en ese artículo es nada menos que “simplemente tratar de apoderarse del sistema electoral colombiano”.

“Tal y como fue presentada la ponencia por la bancada uribista sobre la reforma, en el artículo que pretende modificar el modo como es elegido el registrador, se busca que éste sea cambiado a partir del momento de la entrada en vigencia del acto legislativo, los cual es un flagrante atentado contra la democracia”, insistió Piedrahita.

Rivera sostuvo al respecto que “eso, en la práctica, querría decir que el uribismo tendría un registrador de bolsillo”.

Sin embargo, Piedrahita no quiso confirmar que Gaviria haya usado la palabra “robo”. Ante la duda, EL NUEVO SIGLO se lo preguntó a Rivera, que se limitó a decir: “No, él realmente utilizó ejemplos un poco para ilustrar la gravedad que para la democracia significa que la coalición de gobierno, con un presidente en trance de reelección, con un presidente que ya ha logrado cooptar casi todos los poderes públicos, tenga además de ello la organización electoral. Que en ese escenario unas elecciones son absolutamente inciertas y riesgosas para quienes ejercemos la oposición”.

Piedrahita, por su parte, señaló que los congresistas liberales piensan que lo “que se quiere cometer es un abuso, un atropello, una injusticia, una tropelía contra la democracia, y especialmente se quieren cambiar las reglas de juego”.

Senado debatirá sobre negocios de los hijos de Uribe

Dos ministros y otros funcionarios serán citados para que aclaren su intervención en la valorización de un terreno de propiedad de varios familiares del Presidente

UNA PROPOSICIÓN para citar a varios funcionarios vinculados con un negocio de lotes en Mosquera, Cundinamarca, que podría haber favorecido a los hijos del presidente Álvaro Uribe, será presentada hoy por el congresista Jorge Enrique Robledo.

El presidente del Congreso, Hernán Andrade, se adelantó y desde ayer ofreció garantías a la bancada del Polo Democrático Alternativo para que el 12 de mayo adelante el debate.

“Es un tema difícil, mortificante. Desde el punto de vista legal se pueden haber hecho bien las cosas, pero vendrá la incidencia del tema ético que mortifica a la opinión pública, y habrá que ponerse las cartas sobre la mesa”, señaló Andrade.

El periodista Daniel Coronell denunció en su columna de la revista Semana y en la última emisión del teleinformativo Noticias Uno, lo que podría ser un caso de tráfico de influencias a favor de Tomás y Jerónimo Uribe, quienes en el 2006 compraron un terreno que, un año después, habría aumentado notoriamente de valor.

“El enriquecimiento dejó una huella imborrable en los libros. Los derechos fiduciarios que antes estaban valorados en 33.926.553 de pesos pasaron a valorarse, en una nueva compañía de los hermanos Uribe, en 3.902.998.621 de pesos”, dijo Noticias Uno.

“Esa valorización está mediada por dos decisiones de funcionaros públicos”, explicó el senador Robledo. La del entonces alcalde de Mosquera José Álvaro Rozo, “de cambiarle el uso a unos terrenos que estaban definidos como rurales y se terminan convirtiendo en terrenos industriales”; y la del “Ministro de Hacienda, el Ministro de Comercio, la directora de Planeación, el director de la DIAN y un ministro consejero del palacio presidencial”, quienes “cambian nuevamente el uso del suelo al otorgar sobre parte del predio una zona franca industrial”.

Para el legislador del Polo Democrático, “estamos ante un hecho que a mi juicio tiene bastantes visos de ser más un negociado en el que se utiliza el tráfico de influencias en beneficio de la familia de los dos hijos del Presidente de la República”.

Según Noticias Uno, los terrenos fueron adquiridos en diciembre del 2006; tiempo después, y gracias a un decreto que habría expedido el entonces alcalde Rozo, el predio pasó de ser zona rural a industrial, pues allí se construiría la llamada Zona Franca de Occidente.

“Las medidas del Alcalde dispararon el valor comercial del terreno y pasaron de cotizarse por hectáreas a metro cuadrado. Una empresa de la familia del Alcalde le compró a los hermanos Uribe la décima parte del terreno por 702 millones de pesos”, precisó el informativo.

Robledo explicó que si prospera el debate, Rozo deberá decir por qué después de la compra del lote por parte de la familia presidencial, a los pocos días se le cambió el uso del suelo de rural a industrial, para una primera gran valorización, y después el mismo Alcalde les compró una parte de ese mismo lote a Tomás y Jerónimo Uribe.

“Daría la sensación de que lo llevó en el negocio”, expresó el congresista.

“El lote se sigue valorizando en metros y por meses al diez mil por ciento... ¿Sabía Uribe que sus hijos estaban en ese negocio de la zona de Mosquera? Que los ministros nos digan si eran los únicos que sabían de ese negocio o cómo fue que se tramitaron todos los documentos de manera tan diligente”, dijo el legislador.

Controversia

Coronell, director de Noticias Uno, sostuvo que el enriquecimiento de los hijos de Uribe no es una opinión suya sino un hecho probado y documentado: “Lo exótico de esto es que una decisión oficial termine favoreciendo a los hijos del jefe de Estado”.

El ministro de Industria y Comercio, Luis Guillermo Plata, aseguró que la aprobación de la Zona Franca de Occidente se ajustó a los requerimientos exigidos por la ley, y que no hubo tráfico de influencias y se produjo en las mismas condiciones en que se han aprobado las demás.

Para el funcionario, Tomás y Jerónimo Uribe “son ciudadanos comunes y corrientes, tienen el derecho como cualquier ciudadano, y si yo cumplo con los requisitos y hago una aplicación, pues debo poder recibir los beneficios también”.
Por su parte, el ex alcalde Rozo negó que haya modificado el uso del suelo “para favorecer a los hijos del Presidente”.

“El uso del suelo no se puede modificar por medio de un decreto firmado por el Alcalde; eso sólo es posible por una decisión que tome el Concejo por medio del POT”, explicó.

Micos y dudas en el proyecto de reforma política

“Es una vergüenza histórica”: Enrique Peñalosa. “Lo importante es el tema de las sanciones”, pero “eso se va a morir”: Congreso Visible.

El rumor sobre un nuevo mico en la reforma política rondó este fin de semana el estudio que hicieron del proyecto los ponentes en la Comisión Primera de la Cámara.

Se dice que en la reforma política existe un mico relacionado con los efectos electorales del voto en blanco. Los ponentes consultados por EL NUEVO SIGLO manifestaron que, precisamente, este fin de semana emprenderían el estudio de la iniciativa, por lo que todavía no podían ni confirmar ni negar la presencia del mico en el articulado.

Micos

De confirmarse la existencia de este mico, no sería el primero que ha sido detectado en esta iniciativa.

Durante su trámite en Senado, fueron denunciados tres micos.

Uno de ellos fue exhibido ante los medios de comunicación hace un año, consistente en una modificación que se le hacía al artículo 179 de la Constitución: “Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad”.

En la práctica, según Fabio Estrada, presidente de la Federación Nacional de Concejos Municipales (Fenacon), se trataba de “una talanquera que les está poniendo el Legislativo a los concejales y diputados para quitarse competencia de encima y asegurar su reelección”.

Otro mico fue expuesto por el senador liberal Héctor Helí Rojas, quien señaló que suponía un profundo vacío en cuanto al juzgamiento de congresistas señalados de incurrir en delitos, ya que se proponía que, por medio de una ley, se regulara ese procedimiento mientras se alista una nueva reforma a la justicia. Como esa ley aún no existe, el juzgamiento a los congresistas habría quedado en un limbo político por tiempo indefinido.

El tercer mico fue publicitado por otro liberal, el representante Carlos Arturo Piedrahita. El congresista denunció que el proyecto incluía un parágrafo transitorio para que el censo electoral no lo determinen los 26 millones de colombianos aptos para votar sino la cuarta parte de quienes sufraguen en las elecciones del 2010, es decir sólo tres millones de personas.

Piedrahita señaló en esa oportunidad que se trataba de un atentado contra el Código Electoral, que establecía que el censo sólo lo conforma el número de personas aptas para votar, y que con esto se estaría utilizando la puerta de atrás para modificar el artículo 378 de la Constitución, que establece los requisitos para un referendo.

Dudas

Pero no sólo los micos rondan a la reforma política.

Dentro del pobre balance general que tiene el trabajo legislativo del Congreso durante este período de sesiones, la reforma política tiene un capítulo especial.

Entre las respuestas que le concedió la semana pasada a EL NUEVO SIGLO el ex alcalde Enrique Peñalosa, dijo que “esa reforma política es una vergüenza histórica”.

“Los partidos que hoy tienen muchos de sus miembros en la cárcel son los mismos que quieren institucionalizar mecanismos para eternizarse y eternizar a sus congresistas en el poder”, dijo Peñalosa.

Y añadió: “Los partidos que en el presente están cerrándoles el camino a otros son los que están involucrados con toda clase de problemas de parapolítica. Eso es realmente vergonzoso”.

La investigadora Elisabeth Ungar, directora de Congreso Visible, programa del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, también ha criticado la reforma política. Para ella, de esa iniciativa “lo único que va a quedar es lo de las coaliciones suprapartidistas”, cuando “lo importante es el tema de las sanciones”; pero “eso se va a morir”, vaticinó.

Ponentes

La presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Karime Mota, anunció la semana pasada que nombró a 16 de los 35 integrantes de la célula legislativa para que actúen como ponentes.

Los coordinadores son Tarquino Pacheco, de Cambio Radical, y Jaime Durán, liberal. Los ponentes son Gustavo Puentes y Heriberto Sanabria, conservadores; Óscar Arboleda, Alas; Franklin Legro, Polo Democrático; Homero Giraldo y Guillermo Rivera, liberales; Edgar Gómez, de Convergencia Ciudadana; David Luna, del movimiento Por el País que Soñamos; William Vélez, de Colombia Democrática; Odín Sánchez y Carlos Soto, de La U; Carlos Fernando Motoa y Rosmnery Martínez, de Cambio Radical; y Carlos Enrique Ávila, de Apertura Liberal.

Discusión del referendo está viciada: Alfredo Beltrán

Como el Registrador no certificó el respeto por los topes de financiación de la campaña de recolección de firmas, el ex magistrado considera que no se llenaron los requisitos legales para darle trámite.

El debate legislativo del referendo reeleccionista está “viciado, a mi juicio, desde el inicio mismo de la discusión en la Comisión Primera”, manifestó el jurista Alfredo Beltrán, magistrado de la Corte Constitucional.

Beltrán se refirió a que, de acuerdo con la ley, el referendo para poder completar el trámite legislativo debe contar con un par de certificaciones: la que constata la autenticidad del mínimo de formas requerido y la “de no haber excedido los topes de financiación de la campaña del referendo”.

Sobre ese punto, recordó Beltrán, “el Registrador dijo ‘eso a mí no me consta, yo no lo certifico. Certifico lo de las firmas’; y a eso limitó su certificación. ‘Lo demás le corresponde a la organización electoral’; y la organización electoral dijo ‘miremos las cuentas que nos presentaron’ y esas cuentas todavía no cuadran”.

“Y, sin embargo”, anotó el jurista, “en el Congreso abrieron el debate del proyecto. Lo que significa que lo abrieron sin haberse cumplido con uno de los requisitos que prevé la ley de los mecanismos de participación, la ley 134”.

“Habrá que esperar a ver qué opina la Corte Constitucional sobre el punto”, sentenció.

Desarticulador

Para el ex magistrado Beltrán, la reelección desarticula la institucionalidad.

“Yo tengo que recordar que cuando se discutió en la Corte la exequibilidad o no del acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe en el 2006, yo voté en contra. Y voté en contra por las mismas razones que votaría en contra ahora: esencialmente en cuanto a que esa reforma desarticula y destruye el aparato constitucional creado en 1991, sobre la base de que el período del presidente sería solamente de cuatro años, y en cambio, al transformarse en ocho, le permitían intervenir en la conformación del Consejo Superior de la Judicatura completo, en la modificación de los miembros de la junta del Banco de la República, para que todos queden entonces vinculados al presidente en ejercicio, como ocurre en la actualidad; y además intervenir en la renovación de la Corte Constitucional, como ya ocurrió este año; más en la elección de dos procuradores, como efectivamente ha ocurrido; y en la elección de dos fiscales, como está próximo a ocurrir”.

“Lo que significa que hay una concentración absoluta del poder que rompe con el principio de la separación de las ramas del poder, para lo cual es básica la alternatividad en el ejercicio del mando por distintos ciudadanos con consultas periódicas al pueblo, que para eso es para lo que se establecen los periodos en las constituciones políticas”, manifestó Beltrán.

“Me parece, además, que ese acto legislativo del 2004 tenía unos vicios de forma; y además el actual, por lo que vemos, ya tiene numerosos vicios que harían seguramente que esos debates se planteen en la Corte Constitucional”, precisó.

Sobre cómo votará la Corte, Beltrán señaló: “Lo primero es que uno no podría decir en qué sentido van a votar; pero lo que sí queda claro es que la Corte Constitucional se renovó durante el mandato del presidente Uribe”.

Previendo que la depuración del censo electoral va a hacer menos difícil lograr el umbral para legitimar la votación por el referendo, el ex magistrado Beltrán declaró que “para que eso no ocurra, desde ya los que no estamos de acuerdo con la reelección, porque estimamos que hiere profundamente la democracia, solamente tendríamos que agitar una consigna. No la que nos van a instar, ‘vote aunque vote en contra’, porque eso es hacerles quórum para la aprobación de la reforma, sino abstención beligerante frente al referendo reeleccionista”.

Sólo la Cámara decidirá si concilia referendo: Varón

El congresista de Cambio Radical ha reiterado que si su partido lo respalda, nombrará en la conciliación legisladores que defiendan el texto tal y como lo firmaron los ciudadanos.

SÓLO LA Cámara de Representantes podrá definir si “vamos a modificar lo que nosotros votamos o nos sostenemos en lo que nosotros votamos”, frente al cambio del texto del referendo reeleccionista hecho en la Comisión Primera del Senado, manifestó ayer el presidente de la corporación, Germán Varón.

Varón ha reiterado que si su partido, Cambio Radical, lo respalda, nombrará en la conciliación congresistas que defiendan lo que aprobó la Cámara: que el texto debe quedar tal y como lo firmaron los ciudadanos.

“A mí me endilgan la posibilidad como una especie de sepulturero, de enterrador del referendo. Pero nadie ha reparado que esa fue una decisión que se tomó en la Cámara de Representantes por los partidos de la coalición, por el partido Cambio Radical, el Conservador, La U, todos. Y, obviamente, el costo político pues lo asumo; si es así, lo acepto”, manifestó el representante Varón.

“Si la mayoría de mi partido decide acompañar mi posición, eso se traduce en el nombramiento de unos conciliadores que defiendan la posición de la mayoría de la Cámara, porque de otra manera no tendría sentido la existencia de dos cámaras, si la Cámara baja tiene que aceptar de manera incondicional aprobar lo que en el Senado se apruebe”, precisó.

“Asumo el costo político si mi partido en un momento dado respalda mi posición, que es lo que yo voy a defender”, dijo Varón.

Polémica

El senador Armando Benedetti le advirtió a Varón que si sus decisiones afectan el referendo, serán revocadas por la plenaria de la corporación.
“Él no es el dueño de la Cámara. Todas sus decisiones se pueden revocar. Pero como se ponga a fregar la vida con el tema de los conciliadores o la agenda, se le revoca”, dijo el congresista.

Como lo registró EL NUEVO SIGLO, Varón dijo el jueves que el referendo “es un muerto al que ya le están haciendo un funeral, porque es que ya tiene problemas financieros, tiene problemas judiciales, tiene problemas de redacción”.

El congresista se refirió a declaraciones del senador Hernán Andrade acerca de que no creía que Varón, quien había anunciado que no facilitaría la conciliación entre los diferentes textos del referendo aprobados por Cámara y Senado, fuera “a cargar el pecado de hundir un referendo”.

Referendo

El miércoles, aprovechando su mayoría, la coalición uribista hizo aprobar el proyecto de referendo reeleccionista en la Comisión Primera de Senado, cambiando, de paso, la pregunta por la que firmaron cerca de 4 millones de colombianos.

En consecuencia, se modificó la pregunta “quien haya ejercido la Presidencia”, por “quien haya sido elegido a la Presidencia” de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido para otro periodo, cambio que favorece al presidente Uribe en caso de que decida ser candidato nuevamente, pues para el tiempo de las elecciones, mayo de 2010, aún no habrá terminado de ejercer su período.

En el estudio que le dio la Cámara a este proyecto, tanto la Comisión Primera como la plenaria se abstuvieron de modificar el texto de la pregunta. Con este cambio, el proyecto debe ahora afrontar no sólo el trámite de la plenaria del Senado, sino la conciliación con lo aprobado por la Cámara y el estudio que debe hacer la Corte Constitucional.

Sin precandidatos a la vista, el Polo definirá reglas de consulta

Atendiendo a lo establecido por su II congreso en febrero pasado, la colectividad se apresta a establecer la forma como elegirá a su candidato a la primera magistratura

ESTABLECER LAS reglas de juego para la consulta interna del Partido en la que se escoja su candidato a la Presidencia de la República en 2010, así como elegir a los 38 miembros del Comité Ejecutivo serán los dos grandes retos que enfrentará la nueva Dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo, que sesionará el jueves, viernes y sábado de la próxima semana en Bogotá.

Sin embargo, el gran interrogante que surge ante este evento es cuáles serían los aspirantes que participarían en la consulta que se defina, teniendo en cuenta que el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, de ser candidato, lo haría por otra colectividad o respaldado por firmas, dados los reparos que ha manifestado frente a la postura del Polo de presentar candidato propio a las elecciones presidenciales, en lugar de buscar coalición con otras fuerzas de oposición para enfrentar al candidato del uribismo, que podría ser incluso Álvaro Uribe.

Mientras que el senador Gustavo Petro ha manifestado que buscará su candidatura por fuera del Polo, avalado por firmas de ciudadanos, porque tampoco comparte que la colectividad presente un candidato propio sin tener en cuenta hacer alianzas con otras fuerzas demócratas que le permitan a la misma, frenar las intenciones del uribismo de mantenerse en el poder.

Finalmente, Carlos Gaviria, quien fue el candidato del Polo en las elecciones presidenciales de 2010, obteniendo la mayor votación histórica de la izquierda con más de dos millones de sufragios, ha reiterado en varias oportunidades que no quiere ser candidato.

Gaviria en la actualidad es el presidente de la colectividad, reelegido en el II Congreso del Polo en febrero pasado, lo cual fue criticado porque había señalado que no quería la reelección.

Consulta es necesaria

En cuanto a su táctica electoral para las elecciones presidenciales de mayo próximo, el II Congreso del Polo aprobó presentar a un candidato propio.

Además estableció que la Dirección Nacional del Partido defina el programa presidencial y los mecanismos para la selección del candidato, dentro de los cuales está contemplada la consulta ciudadana.

Al respecto, Carlos Romero, del Comité Ejecutivo del Polo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que los 252 miembros que conforman la Dirección Nacional deben establecer “cómo será la selección, qué condiciones se le coloca a cada persona que quiera aspirar a la Presidencia de la República, cuáles serán las calidades que se le exigen”.

Añadió que desde ahora no se puede decir que no hay varios candidatos. “Primero hay que abrir la inscripción para poder definir eso, si no se inscribe nadie, entonces sí se puede decir eso, pero mientras tanto es injusto decir que no hay más candidatos, que en el Polo es lo que sobra”, acotó Romero.

Añadió que en su caso, propondrá a la Dirección Nacional del Polo que haya precandidatos de diferentes sectores como indígenas y “que haya una mujer precandidata”.

En tanto que el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Franklin Legro, aceptó que no son muchos los nombres del Polo que han sonado para ser precandidatos. “Hasta ahora sé que han dicho ‘Lucho’ Garzón y Gustavo Petro. Y el doctor Carlos Gaviria tendrá que definir si va a estar o no en esa condición”, dijo a este Diario.

Sin embargo, Legro señaló que hacer la consulta es voluntad del II Congreso del Partido “y por esos esperamos tener una gama de aspirantes para hacer una consulta interna”.

Identificado con la línea de abrir inscripciones para la consulta, independientes si hay o no precandidatos, se mostró Guillermo Asprilla, miembro del Comité Ejecutivo del Polo. “Yo soy partidario que de todas maneras se determine un plazo para hacer inscripciones. Solamente si cumplido el mismo, no hay inscripciones de precandidatos se determine que se ahorre el procedimiento de la consulta”, expresó a este Diario.

Añadió que la consulta para escoger el candidato presidencial se debe hacer para que todos dentro del Polo, incluyendo a Garzón y Petro, si lo desean, puedan participar. El Partido establece el mecanismo de selección pero no tiene injerencia en quienes quieran participar, apuntilló.

Parapolítica: abren investigación contra otros 3 congresistas

Las indagaciones cobijan al senador Salomón Nader y los representantes por el Chocó, Odín Sánchez y Eulises Torres, quienes ya son investigados por supuestos nexos con el Eln.

POR PRESUNTOS vínculos con los paramilitares, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar al senador Salomón Nader y a los representantes a la Cámara, Odín Sánchez y Edgar Ulises Torres.

La determinación se dio después que la Sala de Casación Penal solicitara copia de una de las últimas declaraciones que diera el desmovilizado Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en Justicia y Paz, donde señaló a los tres congresistas de haber recibido favores del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, del que era líder. Este bloque paramilitar actuó en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Esta misma declaración se incluirá en los procesos que la Corte Suprema les sigue a los congresistas Julio Manzur, Oscar Suárez Mira y Antonio Valencia, al parecer porque Rendón Herrera los vinculó también con el bloque paramilitar.

La alta Corte ahora evaluará esta prueba para determinar si llama al senador Nader y los representantes del Chocó, Sánchez y Torres, a rendir indagatoria para que respondan por las declaraciones del ex jefe paramilitar.

Al senador conservador Julio Manzur la alta Corporación le había abierto investigación en el 2007 por declaraciones que dio el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancusso, que lo vincularon con las autodefensas. De igual manera a finales del 2007 le abrieron investigación al senador de Alas Equipo Colombia, Oscar Suárez Mira.

Por otro lado, la Sala Penal del alto Tribunal enviará una comisión integrada por magistrados auxiliares a la cárcel de Itagüí el próximo martes para recibir la declaración del ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque García, alias Ernesto Báez, en el proceso que la Corte adelanta contra el senador risaraldense Habib Merheg dentro de la parapolítica.

Merheg fue expulsado en el 2006 del partido de la U, por Juan Manuel Santos, por sus presuntos nexos con los paramilitares.

También por presuntos nexos con el Eln

A los congresistas chocoanos Odín Sánchez y Edgar Eulises Torres la Corte Suprema de Justicia les había abierto una investigación hace mes y medio por presuntos nexos con el Eln.

La Corte tomó la decisión después de escuchar a Luis Omar García Argüelles, desmovilizado jefe de finanzas del Eln en el Chocó, quien aseguró ante un fiscal de justicia y paz que este grupo guerrillero les dio apoyo político a Edgar Ulises Torres y al ahora vicepresidente de la Cámara, Odín Sánchez.

Respecto a Torres, el desmovilizado aseguró que el actual Congresista realizó un pacto con la guerrilla del Eln en 1998 para que apoyara su candidatura al Congreso de la República.

“Otro acuerdo que se hizo y que fue más claro de lo que canta un gallo fue con el doctor Odín Sánchez Montes de Oca, actual vicepresidente de la Cámara. Se hizo, junto con su hermano para una eventual aspiración a la cámara”, dijo en esa oportunidad García Arguelles.

Añadió que “le colaboramos en sitios de influencia, se hizo compromiso con ambos. Influenciamos gente en el Atrato Medio. Para esas elecciones no ganó, se quedó porque él los compromisos que hizo los incumplió".

Legisladores, inaccesibles al público: Congreso Visible

67 personas trataron de conseguir información en el Congreso, pero ninguna logró que se le autorizara la entrada; fueron negados gran parte de los datos pedidos

LOS CONGRESISTAS y la información relativa a ellos, a su gestión y, en general, a cualquier aspecto del trabajo legislativo es prácticamente inaccesible para la ciudadanía, de acuerdo con un estudio realizado por el programa Congreso Visible (CV), del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

El ejercicio adelantado por CV consistió en que 67 voluntarios trataran de acceder por diferentes medios a información relativa a los legisladores y su trabajo.

Entre los resultados se destaca que ninguno de los voluntarios logró que se les autorizara el ingreso al Capitolio Nacional o al nuevo edificio del Congreso; no se entregó ninguna de las 245 hojas de vida de congresistas solicitadas; tampoco se respondió a ninguna de las peticiones para conocer la composición de las unidades de trabajo legislativo (UTL) ni uno solo de los 245 requerimientos para acceder a los videos de las sesiones fue respondido afirmativamente; no se entregó ninguna de las 57 declaraciones patrimoniales de los congresistas solicitadas. Otra información requerida fue entregada en mayor o menor porcentaje.

En la mayoría de los casos se argumentó la confidencialidad de dicha información, cuando, según lo explicaron voceros de CV, en todos los casos se trata de información pública a la que cualquier ciudadano debería poder tener acceso.

Palancas

“Realmente, el ciudadano del común, si no conoce a alguien en el Congreso, la información a la que puede acceder es mínima; y eso es muy preocupante, porque significa que el ciudadano no puede conocer qué es lo que se hace en el Congreso, quiénes son sus representantes, qué decisiones están tomando y no puede incidir sobre el Congreso”, le explicó Elisabeth Ungar, directora de CV, a EL NUEVO SIGLO.

De acuerdo con el estudio de CV, facilitar que los ciudadanos conozcan el Congreso es importante para una efectiva rendición de cuentas, dada la responsabilidad política que les compete a los elegidos, en la medida en que el Congreso representa a la sociedad; pero además porque se trata de una responsabilidad política que también les compete a los electores, consistente en pasar de ser espectadores a actores de la democracia.

Para CV, “es necesario que la ciudadanía se informe, ejerza controles, fiscalice. Sólo así podrá exigir un Congreso fuerte y creíble. Es fundamental para contrarrestar el excesivo presidencialismo y lograr un mayor equilibrio de poderes. Esto requiere que haya transparencia legislativa. Es decir, que la información sobre el Congreso sea pública y que los ciudadanos puedan acceder a ella”.

Conclusiones y recomendaciones

Como se manifestó al comienzo de este informe, el estudio concluyó que “el acceso de los ciudadanos al Congreso y a la información sobre éste se parece a una carrera de obstáculos”, lo que según CV se traduce en “desinformación, trabas permanentes, desconfianza”.

Con base en los resultados del estudio, CV recomendó, en palabras de la profesora Ungar, “poner la información al servicio del público”.

Esto significa, explicó, “establecer unos procedimientos, unos responsables, unos mecanismos para que los ciudadanos sepan a qué información tienen derecho, que es toda la información del Congreso de la República”.

“Pero que además”, añadió, “los funcionarios del Congreso sepan cuáles son sus obligaciones en ese tema; y ahí también una de nuestras recomendaciones es trabajar conjuntamente entre medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil para cualificar la información que se produce sobre el Congreso, pero además promover dentro de la ciudadanía un mayor interés por la institución”.