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El tema del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos sigue en boca del Mandatario del vecino país.
NUEVAMENTE EL ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, fue blanco de las críticas de Hugo Chávez en medio de una alocución radiotelevisada ayer, en la que brindó su saludo de Año Nuevo a los venezolanos. El Mandatario del vecino país calificó como insensatas las declaraciones del funcionario sobre la postura de Venezuela frente a la presencia de norteamericanos en bases militares colombianas.
Chávez se refirió concretamente a unas declaraciones que Silva Luján dio al periódico El Tiempo sobre el mal manejo que, en su concepto, se le ha dado al acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, el cual prevé la presencia de tropas norteamericanas en siete bases colombianas.
“Dicen ahora yo desfiguré el acuerdo de Colombia”, dijo Chávez haciendo referencia a las declaraciones del Ministro de Defensa colombiano. Parea después añadir que las declaraciones de Silva son “insensatas” y una “amenaza”.
El dardo de Chávez a Silva se produjo un día después de que el presidente Uribe desautorizó “cualquier discurso que pueda interpretarse” como “agresivo frente a la comunidad internacional o frente a un país hermano”.
El jalón de orejas presidencial fue para muchos, para el Jefe de la Cartera de Defensa, que en varias oportunidades ha respondido a Chávez, e incluso ha estado a la ofensiva como, hace cerca de dos meses, que Venezuela se había convertido en punto de salida de aviones del narcotráfico o, más recientemente, el pasado 21 de diciembre, el Ministro de Defensa de Colombia dijo que “de pronto fue que los soldados venezolanos confundieron el trineo de Papá Noel con un avión espía”, respondiendo de esta forma a una queja del Mandatario venezolano, quien en su programa Aló Presidente del día anterior, dijo que seguían las agresiones de Estados Unidos y sus aliados en la región contra Venezuela al asegurar que aviones tripulados provenientes de Colombia habían sobrevolado cielo aéreo venezolano para hacer espionaje.
Sin embargo tras el jalón de orejas del presidente Uribe, Silva dijo que “lo mejor que podemos hacer es declararle la paz y la hermandad al pueblo venezolano”.
Precisamente hoy el ministro de Defensa será uno de los funcionarios que acompañará al Jefe de Estado colombiano a una visita a bases militares en el departamento de La Guajira.
También con Santos
La rivalidad del Mandatario venezolano también fue con el anterior ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Uno de los momentos más álgidos se vivió el 1 de marzo pasado, cuando se cumplió el primer aniversario de la operación en donde las Fuerzas Militares de Colombia abatieron al número dos de las Farc, Raúl Reyes. En esa oportunidad, Santos expresó como un “derecho a la legítima defensa” atacar a “terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así éstos no se encuentren dentro de su territorio”.
Chávez reaccionó una semana después: “Lamentablemente, con todo el dolor de mi alma, yo mandaría inmediatamente a prender los aviones Sukhoi y los tanques de guerra, pero la soberanía, la dignidad de Venezuela no voy a permitir que se irrespeten por nada del mundo”.
Chávez tildó a Santos de “amenaza para la paz de Suramérica” y lo acusó de querer “convertir a Colombia en el Israel de América Latina”
Congresistas y aspirantes por primera vez, más estos últimos que sienten los rigores de las dificultades de lograr una votación nacional, proponen volver al esquema de la Carta del 86.
AHORA QUE los políticos con aspiraciones senatoriales están a la caza de votos por todo el país con miras a las elecciones legislativas de 2010 toma fuerza nuevamente, como cada cuatro años, la idea de revivir la circunscripción regional para Senado, desmontada por la Constitución de 1991.
Y es que en la actualidad para tener opción de lograr una curul en Senado hay que lograr, como mínimo 40 mil votos, y la cifra se podría quedar corta. En consecuencia, hay una buena cantidad de departamentos que por su bajo número de población no alcanzan a generar la votación suficiente para que uno de su tierra llegue al Senado.
Aunque la Carta del 91 entendió que con la circunscripción regional para Cámara cada departamento mantenía un mínimo de representación en el Congreso, y que el Senado debía tener una representación nacional, lo que en la práctica ha sucedido es que las grandes regiones como la Costa Norte, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, los santanderes y el Eje Cafetero han acaparado las 102 curules en el Senado.
En tanto que los departamentos de la llamada ‘Media Colombia’ solamente tienen un representante en el Senado con Carlos Cárdenas (Partido de la U), mientras que Amazonas, Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés no tienen senador. En esta lista también figuraba el departamento de Chocó, sin embargo a principios de este año logró una curul por medio de Rufino Córdoba, quien reemplazó al senador José Gonzalo Gutiérrez, quien murió a causa de afecciones cardiacas. A esta lista hay que agregar departamentos que se han quedado sin representación en el Senado, pero esta vez por efectos de la parapolítica, como el Cesar.
El senador Cárdenas aspirará en los comicios de 2010 a repetir curul en esta Corporación, sin embargo considera que por efectos de la circunscripción nacional de Senado al menos 11 departamentos se quedarán sin representación en la nueva corporación que se elija el 14 de marzo. Se refiere a nueve departamentos de la Media Colombia más Chocó y San Andrés.
En su caso personal, el senador del Casanare cree que tiene muy buenas posibilidades de obtener una curul en el Legislativo 2010-2014 porque “yo solamente comencé en Casanare y luego de ser senador ya conocí lo que son los Llanos, los otros departamentos, y eso me ha ayudado mucho. Mi proyecto de región ha gustado mucho, pues 95 por ciento de mis votos lo obtuve en el Casanare con la idea de llevar un vocero del departamento”.
Aunque vale acotar que Cárdenas tiene la suerte que Casanare es uno de los departamentos de la Media Colombia que en el año 2006 tenía un censo electoral de 164.696 votantes, relativamente importante si se compara con el que tenían para los comicios del mismo año, Vichada, con 30.279; y Amazonas, con 30.244 votantes.
Cárdenas ha presentado varios proyectos de reforma constitucional para revivir el Senado regional, el último radicado el 20 de julio de 2008. En esta iniciativa proponía Cárdenas que de las 102 curules que tiene el Senado, 32 sean elegidas por circunscripción regional, es decir una por cada departamento; mientras que 68 serían elegidas por circunscripción nacional y dos corresponderían a la circunscripción especial indígena. Esta propuesta fue presentada con el respaldo de la bancada de la U y de la bancada de la Media Colombia.
Sin embargo esta iniciativa fue una de las damnificadas en el pasado periodo constitucional, en el sentido que no se le dio trámite en el Congreso por efectos del ‘trancón’ legislativo que originó el dilatado estudio de la Reforma Política en las comisiones primeras.
Pero Cárdenas dijo que el proyecto está vivo y espera que a partir de marzo venidero el Congreso se ocupe del mismo, que él considera fundamental para una equilibraba representación regional en la Cámara Alta.
Un nuevo intento
En el año 2004 el congresista Telésforo Pedraza presentó un proyecto de acto legislativo para revivir el Senado regional, que se hundió en la plenaria de la Cámara, tras ser aprobado en la Comisión Primera de Cámara.
Sin embargo, Pedraza, hoy representante por Bogotá, señaló que “en el mes de marzo (2010) voy a volver a reiterar porque todos los hechos y la historia demuestran la inconveniencia de la figura de la circunscripción nacional del Senado. Yo creo que el Senado debe ser de nuevo regional tal como se estableció la Constitución de Filadelfia, de Estados Unidos, en 1783 y que sigue vigente, que tienen dos senadores por cada estado.
Pedraza propone en su iniciativa que haya una representación senatorial mínima para cada departamento, “y de ahí para adelante en proporción a la población, sin que se aumente el número de 102 senadores que determinó el constituyente del año 91”.
El Legislador de la U también recalcó que hoy más de once departamentos no tienen voz ni voto en el Senado por cuenta de la circunscripción nacional, pero también, agregó que “con el caso de la parapolítica, departamentos como el Cesar se quedaron sin representación. El Cesar perdió los dos senadores, perdió a Pimiento (Mauricio) y perdió a Araújo (Álvaro)”.
Pedraza señaló que la realidad que se vive al interior del Congreso refleja “lo que existe en Colombia, es un sentimiento eminente regional, que hace que sus bancadas parlamentarias estén presionando por los intereses de su región, de su departamento, y hay no hay diferencia si son senadores o representantes sino que para todos los efectos hacen causa común”.
Pero si varios de los actuales congresistas claman por un Senado regional, con mayor razón los que aspiran a llegar por primera vez al Senado, como es el caso del comunicador antioqueño Andrés Guerra, quien no obstante ser hijo de uno de los grandes barones electorales de Antioquia, como es Bernardo Guerra Serna, observa las dificultades que tiene lograr una votación nacional. Andrés Guerra, quien espera obtener 20 mil votos en Antioquia y por lo menos otro tanto en el resto del país, señala que “hay que hacer una nueva reforma política. Aquí, el Senado tiene que volver a ser regional y que las regiones escojan sus senadores y sus representantes a la Cámara. Pero esto da pie para que aquí se negocie todo.
La política en Colombia está pidiendo que exista igualdad, ¿cómo va existir igualdad si desde el Meta hasta el Amazonas no hay ni un solo senador? ¿Cómo va existir igualdad si el Meta, que hoy es el primer creador de producto interno bruto, solo tiene tres representantes a la Cámara?
Es una reforma tributaria territorial disimulada, advirtió el precandidato presidencial conservador José Galat.
HASTA SECTORES cercanos al Gobierno han criticado duramente las medidas adoptadas hasta el momento por el Ejecutivo al amparo de la emergencia social para rescatar las finanzas de la salud.
Reforma tributaria
El precandidato presidencial conservador José Galat le pidió a la Corte Constitucional y al Congreso revisar cuidadosamente la transitoriedad del decreto de emergencia social (Decreto 2479 de 2009), porque no es conveniente que el Gobierno se adjudique el derecho de expedir unilateralmente una reforma tributaria territorial, aun cuando la Constitución lo autorice en circunstancias de riesgo para la estabilidad económica y social del país.
Galat advirtió que sin desconocer el crecimiento desmedido del no POS y la insuficiencia para cubrir el POS del régimen contributivo y subsidiado, “es preocupante que el Gobierno apele a una emergencia social para expedir una reforma tributaria territorial, que previamente estaba siendo discutida en el Congreso”, al “lado del fallido proyecto de modificación del régimen de juegos de suerte y azar”, pero “que inexplicablemente el Gobierno no logró concertar al finalizar el período legislativo”.
Galat declaró que “es lamentable que el Gobierno termine expidiendo el decreto de emergencia social, cinco días después de iniciar el receso de las otras ramas del poder público, y en donde la Corte Constitucional solo entrará a evaluar el decreto a partir de la segunda semana del año entrante, y el Congreso a partir de la última semana de enero, como lo establece para éste el enunciado constitucional”.
El precandidato Galat expresó que inicialmente se deben adoptar medidas para enfrentar los falsos recobros de medicamentos al Fosyga, y la ineficiencia en la distribución y el giro de los recursos asignados en la ley, fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control del sector salud, y el ineficiente manejo de las entidades territoriales, como lo reconoce el mismo decreto de emergencia social, y dejar la creación de nuevos impuestos a una discusión abierta y democrática en el Congreso”.
Copago
Por su parte, en el marco de un encuentro ciudadano de provincia desarrollado en Neiva, Huila, frente a cientos de líderes comunitarios y cívicos la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le pidió al presidente Álvaro Uribe a que no permita que por vía administrativa se impida la legitimación del derecho fundamental a la salud, soportado en los principios de universalidad, eficiencia, e integralidad en la prestación de los servicios de salud.
La senadora Cifuentes recordó que le ha manifestado de manera insistente al Gobierno Nacional que siga avanzado en la prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad, “por difícil que sea el momento, que halla ameritado la declaración de emergencia social, no se puede permitir trasladar el problema presupuestal a las gentes más necesitadas”.
“En Colombia se paga por todos los servicios o bien porque se cotice, o por ser beneficiario, o porque se esté vinculado”, precisó la congresista, para luego indicar que está bien que haga “conciencia en el uso debido de los servicios médicos, de sensibilidad y responsabilidad social de las empresas administradoras de salud frente a sus afiliados, pero en ningún caso se puede exigir copago a las clases más necesitadas”.
Recursos
Entre tanto, el presidente Uribe señaló que la emergencia social garantiza que la salud siga avanzado en Colombia: “La reforma está buscando más recursos, la reforma también busca agilizar procedimientos, la reforma busca pagos directos. Y yo creo que el conjunto de decretos nos puede ayudar mucho para sortear estas dificultades de la salud y garantizar que siga avanzando hacia lo que requerimos: Colombia con plena cobertura de salud, todos los ciudadanos con cobertura de salud y de la mejor calidad”.
La Parlamentaria señaló que la sociedad civil sigue trabajando para que lo más pronto posible, dos integrantes de la Fuerza Pública retornen a su hogar.
SE MANTIENE vivo el proceso de liberación de los uniformados Pablo Moncayo y Josué Calvo, a pesar de que aparentemente se había entrabado nuevamente por la condición de las Farc al Gobierno de que “divulgue los protocolos de garantía”, a lo que el presidente Uribe respondió que todas las garantías están dadas y lo que tienen que hacer es ponerlos en libertad, así como a todos los secuestrados.
El anuncio lo hizo la senadora Piedad Córdoba, quien dijo que “las cosas están caminando. Con Monseñor nos vamos a reunir, nos vamos a reunir otras personas de algunas embajadas con las que estamos trabajando el tema”.
La legisladora fue cauta en entregar detalles de la reunión del pasado 24 de diciembre sobre la liberación de Moncayo y Calvo, en la que junto con ella participaron el comisionado de Paz, Frank Pearl; monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia; y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sobre esta cita, Córdoba se limitó a concluir que “las cosas avanzan bien”.
La congresista dijo que se ha creado un ambiente de que la liberación de Moncayo y Calvo no se va a producir, pero aseveró que “sí va a haber, yo no he tomado la decisión de tirar la toalla. Yo sigo para adelante y las cosas se van a dar”.
Los protocolos
El domingo anterior la página de Anncol colgó un comunicado en que las Farc ratifican que están dispuestas a liberar al sargento Pablo Emilio Moncayo y al soldado Josué Calvo, así como a devolver los restos del mayor Julián Guevara, quien murió en cautiverio en 2006.
Sin embargo, esta guerrilla argumenta en el comunicado que la liberación se producirá una vez que “sean dados a conocer los protocolos de garantías por parte del Gobierno Nacional”.
Explica al respecto el grupo armado que “es necesario conocer los protocolos que puntualicen las garantías oficiales por medio de las cuales se impedirán provocaciones, como ocurrió en ocasión anterior con motivo de otras liberaciones unilaterales”.
Al respecto la senadora Córdoba aclaró que “el Gobierno no es el que expide” los protocolos de garantías, “somos nosotros”, las personas que hacen la mediación para la liberación, “los que los revisamos y garantizamos si sirven o no”.
El alto Tribunal también analizará la reforma política, la reforma al Código de Minas y la ley que regula las partidas presupuestales para la educación superior.
EN MOMENTOS en que todas las miradas apuntan al examen de constitucionalidad sobre el referendo reeleccionista, normas como la reforma al Código de Minas, la reforma política, la ley que regula las partidas presupuestales para la educación superior a cargo del Ministerio de la Educación y el referendo de la cadena perpetua para violadores de niños, también serán analizadas por la Corte Constitucional cuando culmine la vacancia judicial, el 20 enero del 2010.
Reforma política
Tras haberse hundido en el Congreso de la República la reglamentación de la reforma política, ésta norma ahora tendrá que afrontar un nuevo embate ante la Corte Constitucional, por cuenta de dos demandas que ya están siendo examinadas por el alto Tribunal.
En enero de 2010 la alta Corte revisará la primera de ellas, que fue interpuesta contra el artículo que contempla las inhabilidades para ocupar cargos públicos.
El artículo acusado dice: “Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público si los respectivos períodos coinciden en el tiempo. La renuncia un año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad”.
La demanda fue instaurada a nombre de varios concejales y diputados que verían truncadas sus aspiraciones de llegar al Congreso en 2010.
La otra demanda que reposa en la Corte Constitucional es la que tiene que ver con uno de los aspectos que causó más debate y controversia en el trámite de la reforma política en el Congreso: el transfuguismo.
“Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, dice el parágrafo transitorio del artículo primero demandado.
La demanda argumenta “que su expedición constituye un desbordamiento del poder de reforma que ostenta el Congreso de la República al actuar como Constituyente Derivado”.
Reforma al Código de Minas
Aunque aún no ha sido radicada en la Corte Constitucional la primera demanda de inexequibilidad contra la reforma al código de minas, pues todavía no ha sido sancionada por el presidente Álvaro Uribe, ya han sido anunciadas algunas que serán interpuestas bajo el argumento que las comunidades indígenas y afrodescendientes que serán afectadas por esta reforma, no fueron consultadas por el Ministerio de Minas y Energía.
Así se lo había anunciado a EL NUEVO SIGLO el senador Jorge Enrique Robledo hace un par de meses. “Yo me opuse todo el tiempo a esa ley”, el Estatuto de Desarrollo Rural, “por razones de fondo y por razones de forma. Fue lo mismo que pasó con la Ley Forestal. Y, ojo, eso mismo que va a pasar con la reforma al Código de Minas”, advirtió, argumentando que esas otras normas se aprobaron “con la advertencia de que no le consultaron a las comunidades indígenas y afrodescendientes y esa consulta cabe también en el Código de Minas”.
El senador del Polo Democrático hizo referencia a la Ley Forestal y al Estatuto de Desarrollo Rural que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, al no haber sido consultadas por el Ministerio de Agricultura las comunidades que iban a ser directamente afectadas por la aplicación de dichas normas.
La Corte Constitucional ha sostenido en varias oportunidades que “en la Organización Internacional del Trabajo se expidió el convenio 169 de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales que establece una serie de obligaciones para todos los países que hayan suscrito el convenio, y Colombia lo suscribió y lo adoptó con la ley 21 de 1991 (…) este convenio obliga a los estados parte a consultar a las poblaciones indígenas todos los temas que de, una u otra manera, los podrían afectar y que se quieran convertir en ley”.
La reforma, entre otros aspectos, plantea la utilización de minidragas de hasta 60 caballos de fuerza que generaría impactos negativos e irreversibles como sedimentos con desvío de ríos y riesgos de contaminación en ríos y peces por el mercurio en la minería de oro; aspectos que afectarían a las comunidades que habiten dichas zonas.
Facultades del Ministerio de Educación
El próximo año, la Corte Constitucional revisará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modifica algunas funciones del Ministerio de Educación y contempla que parte del presupuesto destinado para la educación superior sea administrado por dicho Ministerio.
La norma establece que será la cartera de la Educación la encargada de manejar el presupuesto de inversión social en educación superior, proferido por el Ministerio de Hacienda, destinado a las instituciones de educación superior estatales u oficiales; función que anteriormente tenía el Icfes.
Según la demanda, “el porcentaje del dos por ciento consagrado en la ley acusada es aceptable constitucionalmente cuando se trata de una tasa de vigilancia” destinada a una entidad descentralizada, “pero es inexequible cuando el mismo deja de tener esa connotación y se convierte en recursos del Ministerio de Educación y se destina a actividades de fomento, además que dicho fondo pretende utilizarse como una forma de disminuir los aportes directos del Estado a la educación superior estatal, con lo cual se soslaya el deber constitucional de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo y la obligación para el Estado de participar en la financiación de los servicios educativos estatales”.
“Al permitirse”, agrega la demanda, “que el rubro presupuestal del dos por ciento a que hace referencia la norma se sustraiga de los aportes económicos de las universidades públicas para convertirse en rubro presupuestal a disposición del Ministerio de Educación como éste lo decida, se viola la autonomía universitaria; además, se autorizan retenciones directas sobre las sumas que los entes universitarios deben recibir por lo que se traslada al Ministerio la facultad de manejo del presupuesto que corresponde a los entes universitarios públicos”.
Referendo de la cadena perpetua
El referendo de la cadena perpetua contra violadores y abusadores de niños, será examinado por la Corte Constitucional en su forma, o sea el alto Tribunal revisará si tuvo vicios en su trámite en el Congreso.
Actualmente, la norma se encuentra en el despacho del procurador general Alejandro Ordóñez, quien tiene plazo para rendir su concepto hasta el próximo 26 de enero.
El pasado tres de diciembre se cumplió el plazo para la participación ciudadana, y a finales de enero del 2010 tendrá 30 días hábiles la magistrada ponente del referendo, María Victoria Calle, para que formule un proyecto de fallo que será debatido por la Sala Plena de la alta Corte.
“CUALQUIER DISCURSO que pueda interpretarse como agresivo” de parte de sus funcionarios frente a Venezuela y otros países, fue desautorizado por el presidente Álvaro Uribe, al comentar un informe del Ministerio de Defensa que pide aumentar la “capacidad disuasiva”.
“Yo no autorizo. Mientras sea presidente, el país no puede tener una estrategia o un discurso de agresión internacional. Nosotros no estamos en eso”, aseveró Uribe.
“Con Venezuela lo único que tenemos que hacer es cultivar la hermandad con el pueblo de Venezuela. Lo único que tenemos que hacer frente a Venezuela es cultivar el afecto con nuestros hermanos venezolanos”, enfatizó el mandatario.
Uribe aseveró que Colombia tiene “un problema histórico doméstico de violencia interna muy grande” y que la estrategia de seguridad se mantendrá enfocada en la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico.
“Nuestro mensaje de toda hora tiene que ser un mensaje de afecto al hermano pueblo de Venezuela”, insistió.
Las declaraciones de Uribe responden a un documento del ministerio de la Defensa divulgado el lunes, en el cual se recomienda “hacer mayor énfasis en la protección de la soberanía nacional”, al evocar que Colombia ha privilegiado la inversión para combatir a agentes irregulares internos.
El documento, al justificar este nuevo enfoque, señala “el cambio en el entorno estratégico regional, la tendencia a la polarización política y las aspiraciones expansionistas manifiestas por algunos países, tanto en términos ideológicos como territoriales”.
Sin embargo, Uribe insistió en que “desautoriza cualquier mención que signifique ánimo retaliatorio, ánimo de guerra internacional”.
Aunque el estudio del ministerio de la Defensa no lo menciona directamente, Colombia atraviesa por un periodo de tensiones con su vecina Venezuela a raíz del acuerdo militar que suscribió con Estados Unidos y que permite a las tropas norteamericanas el uso controlado de siete bases en territorio colombiano.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha afirmado que “son evidentes” los planes de Colombia y Estados Unidos para agredir a su país, y aunque ha negado que intente provocar un conflicto, ha asegurado: “no estamos desarmados, ni de brazos cruzados”.
Por su parte, Gabriel Silva, afirmó, frente al llamado del Presidente de la República, que él es el ministro de la paz y es quien más desea la reconciliación interna del país y la hermandad con los pueblos vecinos.
El funcionario se abstuvo de hacer nuevos pronunciamientos sobre las recientes declaraciones del Presidente Hugo Chávez y dijo que no se meterá en nuevos enfrentamientos verbales y espera que Venezuela tampoco se meta con Colombia.
“Es un gesto de hermandad del Presidente yo quisiera que nunca hubiera un conflicto internacional y que pudiéramos acabar con los enemigos internos, yo creo que el Presidente le declaró hermandad y amor eterno al pueblo de Venezuela”, precisó.
Dijo que prueba de la buena voluntad del Gobierno Nacional es la situación registrada con un soldado Venezolano quien traspasó la frontera común junto a otras dos personas y fue detenido e inmediatamente devuelto a su país.
De otra parte, el fiscal general (e) Guillermo Mendoza, dijo que “aquí lo político no choca con lo judicial. Por eso esperamos que las autoridades venezolanas nos faciliten una serie de elementos que van a ser definitivos para saber qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ya hoy se están manejando varias hipótesis, como es que todo se trata de una limpieza étnica de colombianos”.
Comité promotor del referendo criticó el no retiro de cerca de dos millones de cédulas de muertos. Gobierno anunció recursos para depuración.
UNA NUEVA advertencia sobre la dificultad para bajar el censo electoral lanzó ayer el registrador Carlos Ariel Sánchez, quien dijo que no hay garantías para dar de baja a cerca de dos millones de cédulas de muertos que aparecen todavía en el censo.
“Yo pienso que no hay garantías y eso lo hemos señalado. Y se ha dicho que hay posibilidad de fraude”, dijo el registrador nacional.
Sánchez culpó al Gobierno de no poder bajar el censo electoral, porque el presupuesto destinado para dicha depuración sólo está contemplado para el año 2010.
“Desde marzo del 2008, mucho antes que el señor Jaramillo”, del comité promotor del referendo, “presentara los tres millones 900 mil firmas que presentaron a la Registraduría, yo advertí al Gobierno, llevando apenas cuatro meses en el cargo, de la grave carencia, del grave problema del censo electoral de los dos millones de muertos. Y si embargo, los recursos que evidentemente para algo, y eso comparto, quitan la transparencia que debe tener el censo electoral, no fueron asignados sino sólo en el presupuesto del 2010”, expresó Sánchez. “Es decir, que algo que es del presupuesto del 2010, sólo se puede ejecutar en el 2010. Es más, es tanta mi preocupación, que solicité unas facultades que empiezan a regir en el año fiscal 2010”, indicó.
El funcionario también afirmó que ya se han eliminado cerca de 240 mil muertos del censo: “Entre mayo del 2009, que fue la última vez que se depuró el censo, y diciembre del 2009 se depuraron más de 240 mil muertos. Por eso, no es que seamos indiferentes a los muertos; lo que pasa es que nosotros lo hacemos con registro civiles, pero si nosotros no tenemos los registros civiles de defunción y no tenemos claridad de quienes son los muertos, entonces es complicado depurarlo”.
Censo
De esta manera, Sánchez le respondió a Carlos Alberto Jaramillo, presidente de la organización Colombia Primero y miembro del comité promotor del referendo reeleccionista, quien criticó ayer a la Registraduría por mantener a más de dos millones de cédulas de muertos en el censo electoral.
“El señor Registrador en el acto administrativo que presentó el 25 de diciembre”, señaló que “se requiere algo así como siete millones 470 mil personas.
Nosotros pensamos que en el momento en que el Registrador retire, como debe hacer los dos millones de colombianos” muertos, “necesitaríamos algo así como seis millones 950 mil personas” umbral para el referendo.
Por su parte, el ministro del Interior y Justicia Fabio, Valencia Cossio, anunció que a partir del primero de enero se destinará el presupuesto para realizar la depuración del censo.
Actualización
Como se informó, un total de 29.882.147 ciudadanos podrán participar en Colombia y en el exterior en los comicios que se realizarán el 14 de marzo de 2010 para decidir la conformación del Senado, la Cámara y los cinco representantes del país al Parlamento Andino.
Según lo informó la Registraduría, el procesamiento del censo electoral para las elecciones del 14 de marzo de 2010 concluyó el 23 de diciembre e incluyó toda la información originada en los dos cortes que por mandato legal se le hacen al censo electoral: la incorporación de cédulas expedidas por primera vez, que se cerró cuatro meses antes de la elección, y las altas y bajas del personal retirado y activo de las fuerzas militares y de la policía nacional, cuya fecha de corte es tres meses antes de la elección. Adicionalmente se procesó toda la información resultante del proceso de inscripción de cédulas en Colombia y en el exterior y la depuración de las personas fallecidas.
LAS NUEVAS exigencias planteadas por las Farc y la respuesta del Gobierno nacional volvieron a trabar la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo, en poder de esa guerrilla desde hace 12 años, y del soldado Josué Calvo.
El grupo subversivo, en un comunicado por Anncol, el domingo reiteró que liberará a dos militares que mantiene en su poder una vez que el gobierno del presidente Álvaro Uribe divulgue “los protocolos de garantía” para esa acción.
Las Farc señalaron que una vez conocidos los protocolos de seguridad procederán a entregar a los rehenes a una misión integrada por la senadora del opositor partido liberal, Piedad Córdoba, el padre del soldado Moncayo, Gustavo Moncayo, la Iglesia católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A lo que el presidente Uribe respondió ayer que están dadas todas las garantías para que las Farc liberen a dos militares, reiteró que insistirá en rescatarlos y descalificó el pedido que hizo ese grupo de un protocolo de seguridad para el operativo.
“Lo que tienen estos bandidos es un juego sangriento con el cual engañan al país todos los días. Lo que tienen que hacer es poner en libertad a (el cabo, Pablo Emilio) Moncayo y a (el soldado, Livio) Calvo y a todos los secuestrados”, indicó Uribe en un comunicado difundido este lunes por la Presidencia.
“El Gobierno había dado todas las garantías, accedido a todos los requerimientos” para la liberación, subrayó Uribe, al criticar que “la respuesta de estos bandidos fue el secuestro y asesinato del gobernador del departamento de Caquetá”, Luis Francisco Cuéllar, hace una semana.
En su declaración, Uribe calificó de “cínicos” a los guerrilleros, que “hablan como si fueran arcángeles, pretenden que los colombianos ignoremos que acaban de asesinar al gobernador del Caquetá”.
La declaración de Uribe contrasta con la de su comisionado de paz, Frank Pearl, quien consideró como “bastante bueno”, que haya habido “un pronunciamiento oficial de las Farc en el que dicen que tienen la intención de seguir adelante con las liberaciones”.
Así mismo, ayer se conoció que en los últimos días ha habido reuniones entre las partes para avanzar en la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo.
Según indicaron las fuentes, hubo una reunión el pasado 24 de diciembre en la cual participaron el Comisionado de Paz, la senadora Piedad Córdoba, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja para avanzar en el tema.
En el encuentro se analizó la logística para avanzar en el proceso de liberación, pero aún hay algunos puntos de discrepancia entre las partes que no han permitido adelantar la misión de liberación.
El candidato presidencial del Partido Liberal calificó la decisión de “desesperada” por problemas diagnosticados en 2003.
ANTE LA decisión de Gobierno Nacional de decretar la emergencia social en el sector salud, el candidato presidencial y director del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo ayer que espera que esta vez sí se tomen las medidas de fondo frente a los problemas que se le salieron de las manos al Ejecutivo desde tiempo atrás en la cobertura y la calidad de la atención a los pacientes, y no se trate de un anuncio más para maquillar la crisis de la salud en el país.
El Gobierno de Álvaro Uribe declaró el pasado miércoles la emergencia social para evitar la quiebra del sistema de salud y buscar nuevas fuentes de financiación, informó en ese momento el ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Uribe firmó los dos primeros decretos que establecen y reglamentan la emergencia social que se extenderá por 30 días. Para los primeros días de enero se espera que se promulguen los nuevos decretos que fijarán el aumento de impuestos al cigarrillo y las bebidas alcohólicas, de donde se prevén obtener mayores ingresos para atender el sistema de salud.
Nada nuevo
Pardo afirmó que los problemas que llevaron al Gobierno a tomar una decisión tardía y desesperada, ya habían sido diagnosticados por el Congreso hace seis años y sin embargo, las autoridades de la salud hicieron caso omiso a esas recomendaciones.
“La situación en salud pública en Colombia es en extremo crítica. Yo presidí la comisión accidental del Senado que en el año 2004 sugirió soluciones urgentes para el sector salud, recomendaciones que desafortunadamente no se adoptaron en su momento. Hoy el país se encuentra abocado a una situación que puede considerarse muy próxima a la calamidad pública, derivada de una iliquidez del sistema de salud y de una inviabilidad por la misma falta de recursos.
Muchos de esos problema estarían solucionados si se hubieran tenido en cuenta las apreciaciones y el llamado del Congreso de la República”, afirmó Pardo.
Para el candidato presidencial es importante que se apliquen reformas estructurales en el sector de la salud para hacerlo viable, como volver más sencilla y simple la arquitectura financiera del sistema, que hoy es demasiada compleja y se ha convertido en fuente de desviación de recursos, corrupción e inequidad en el acceso a los servicios.
“El Gobierno debe aclarar si realmente se necesitan nuevas fuentes de financiación para tener claridad sobre cuáles son y cómo lograr la estabilidad de las mismas. Se requiere que los servicios no incluidos en el POS sean bien financiados con una operación adecuada para disminuir el número de tutelas a la cual deben recurrir los colombianos”, resaltó Pardo.
¿Inútil?
“Esa urgencia no va a resolver nada”, advirtió hace poco a EL NUEVO SIGLO la senadora liberal Cecilia López. “Esos son pañitos de agua tibia. Lo que el Gobierno tiene que hacer es seriamente convocar a un grupo de expertos ¡ya!, que empiecen a trabajar a ver cómo ajustamos la Ley 100 ó si hay que transformarla totalmente, mirando la situación económica. Eso es lo que hay que hacer”, argumentó.
“Los que mantienen la tesis de la intermediación privada en todos los escenarios, y de una salud asistencial y no preventiva, han fracasado en todos los escenarios del mundo. Por eso Obama está cambiando el modelo de salud, por eso los chilenos están haciendo lo mismo”, le comentó a este Diario el senador Gustavo Petro, candidato presidencial del Polo Democrático.
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), expresó que para los 365 hospitales que representa a nivel nacional, lo importante en este momento es que los recursos que serán entregados lleguen a esos centros de atención y no se queden en las EPS del régimen subsidiado, las cuales actualmente tienen una deuda superior a los 775 mil millones de pesos con los hospitales públicos.
Tras años de arrinconamiento militar y sin escenario político alguno, menos con un Chávez que es visto cada día más como una amenaza bélica para Colombia, la guerrilla parece cambiar de estrategia pero no están claros los objetivos, lo que crece la percepción de que actúa más con desespero y sevicia criminal, que con cabeza fría y midiendo los impactos
“EN LAS Farc puede que el tiempo pase más lento que para el resto del mundo, pero lo que nunca se puede pensar en que estén quietas”. Esa frase fue pronunciada años atrás por un, entonces, general activo que acababa de asumir el mando de una brigada en la que su antecesor le aseguraba que la guerrilla se había “enmontado y los pocos guerrilleros que sobrevivían no hacían nada”.
Tras el secuestro y asesinato execrable el martes pasado del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, la principal pregunta, a la par de la condena unánime al accionar criminal y demencial de unos guerrilleros que son capaces de degollar a una persona indefensa de 69 años de edad, no fue otra: ¿en qué están las Farc?
Los analistas y conocedores de lo que ha dado en llamarse la “ecuación del conflicto” tienen tres hipótesis, que no necesariamente encajan e incluso se contradicen dos de ellas.
En primer lugar hay expertos que consideran que es apresurado derivar del plagio y asesinato del Gobernador un nuevo plan de acción de la guerrilla. Aseguran que el objetivo de la acción subversiva no era matar a Cuéllar, pues si así lo hubieran querido entonces lo habrían ultimado cuando entraron a sangre y fuego en la noche a su casa en Florencia.
Esa hipótesis también es compartida por el alto mando castrense, en donde se piensa que los insurgentes terminaron asesinando al mandatario regional en medio del desespero y la rabia que les producía verse casi cercados por las tropas oficiales y al borde de un rescate militar del plagiado. Para nadie es un secreto que permitir que la Fuerza Pública libere a un secuestrado es una falta gravísima al interior de la guerrilla y causal de fusilamiento automático.
¿Si no querían asesinar al Gobernador, entonces cuál era la intención del plagio? Una alta fuente del Gobierno nacional indicó que es muy probable que el móvil de la acción era perpetrar un “secuestro político”, puesto que la guerrilla considera que el eje de presión en que convirtió por largos años el tema de los plagiados y el canje se debilitó luego del rescate militar de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y once policías y militares en el marco de la Operación Jaque, así como por la liberación de los últimos dirigentes políticos que permanecían en cautiverio.
“Las Farc quieren volver a dimensionar el tema del canje y creen que ello sólo es posible si secuestran a dirigentes políticos activos, en este caso un Gobernador”, precisó la alta fuente gubernamental. Agregó que volver a recurrir al plagio por razones políticas lo único que evidencia es que es tal la debilidad militar de la guerrilla, que al no poder presionar al Gobierno por la vía armada, tiene que acudir al secuestro como única alternativa para demostrar algún poder de desestabilización.
Meterse en campaña
Una segunda hipótesis sobre los móviles de las últimas acciones de las Farc, que no sólo incluyen el secuestro y asesinato del gobernador Cuellar, sino también los ataques a poblaciones y guarniciones militares y policiales pequeñas en Nariño, Cauca y Arauca, señala que la guerrilla lo que quiere es ‘meterse a las malas’ en la agenda de la campaña presidencial.
Es claro que dada la polarización política existente y la alta popularidad del gobierno de la Política de Seguridad Democrática prácticamente ningún candidato o precandidato presidencial está hablando de un posible diálogo o acercamiento de paz con la guerrilla. Incluso los aspirantes antiuribistas o antireeleccionistas insisten en que no desmontarán la estrategia de control de orden público sino que la ajustarán y reforzarán. Hoy por hoy, es evidente, abrir la posibilidad de conversaciones con la subversión no agrega un solo voto y, por el contrario, puede restar muchos a quien se atreva a proponerlo.
El frente internacional tampoco es una vía adecuada para que las Farc se metan como tema central de campaña electoral, toda vez que, precisamente, la amenaza que representa esa guerrilla y una posible alianza suya con el presidente venezolano, Hugo Chávez, que anda agitando vientos de guerra contra Colombia, están constituidos actualmente como el principal argumento que los uribistas exhiben, e incluso sobredimensionan, como excusa para impulsar la segunda reelección.
Así las cosas, lo que las Farc estarían buscando con sus escaramuzas militares y golpes de mano como lo era el secuestro inicial del Gobernador, sería presionar a los candidatos a la Jefatura de Estado a hablar de qué hacer con la guerrilla y poner sobre la mesa la eventualidad de diálogos y acercamientos de paz, en contraposición a los aspirantes que, con el presidente Uribe al frente, sólo proponer mano dura.
No hay que olvidar que desde hace varios meses la guerrilla viene hostigando en forma sistemática a los concejales y alcaldes de algunas regiones del país, acudiendo para ello a asesinatos, amenazas y otro tipo de intimidaciones. Aunque todavía no se puede hablar de un boicot al poder regional y al proceso electoral como los que las Farc protagonizaron años atrás, es claro que la subversión intenta sacudirse del arrinconamiento militar y territorial que soportan por efectos de la Política de Seguridad Democrática, a tal punto que hay una creciente percepción nacional e internacional sobre la derrota progresiva de la subversión en Colombia.
Cano desesperado
Una tercera hipótesis sobre las últimas acciones de la organización armada ilegal se dirige a que lo que existe es una orden del nuevo Secretariado de las Farc de redoblar los ataques a la Fuerza Pública y todo lo que consideran “objetivo militar” como una fórmula para subir el ánimo de unos contingentes guerrilleros golpeados, desmoralizados, minados por las deserciones y los ofrecimientos de recompensas millonarias a quienes entreguen a los cabecillas de las Farc.
“Yo lo que creo es que Alfonso Cano sabe que al interior de la guerrilla se le está viendo como un comandante débil, que ha sufrido las mayores derrotas militares y políticas de la guerrilla en cuatro décadas… En medio de esa difícil coyuntura, Cano, a quien muchos ven más como ideólogo que como comandante militar, quiere mostrarse duro ante su propia gente para evitar que los frentes sigan desgranándose por cuenta de las deserciones, la desmoralización, los efectos de la presión militar y las loas a la efectividad de la Seguridad Democrática”, precisó un alto militar retirado hace pocos meses.
Sin embargo, hay quienes advierten que las Farc no quieren lanzar una nueva escalada de ataques porque saben que por esa vía lo único que hacen es darle alas a los intentos reeleccionistas de Uribe Vélez.
Sin embargo, el alto militar (r) replica que es claro que la subversión conoce ese riesgo pero que es tal la debilidad de Cano y la urgencia de éste de mandar un mensaje de fortaleza y poder de mando a una “guerrillerada” confundida y desconfiada, que no puede detenerse a hacer esos “cálculos políticos y electorales”.
En otras palabras, que el Secretariado de las Farc tiene tantos problemas hacia el interior de la organización subversiva, que debe moverse sin importar el coletazo político, militar, impacto nacional o internacional y hasta electoral que sus medidas desesperadas tengan.
Coletazo
Ahora bien, es claro que el desenlace fatal del plagio del Gobernador significa un duro golpe para la guerrilla, sin que ello signifique desconocer las graves fallas en el esquema de protección del mandatario, las fisuras evidentes en la Política de Seguridad Democrática y el dolor e indignación que este crimen causó en todo el país y la comunidad internacional.
Las Farc perdieron, primero, porque a nivel nacional e internacional una vez más se evidenciaron como una organización con sevicia sin límites, capaz de los peores crímenes y las violaciones más graves a los derechos humanos.
En segundo lugar, porque si el objetivo era el secuestro del mandatario seccional, éste no se pudo concretar porque la presión de la Fuerza Pública impidió la huida del comando insurgente a la zona selvática y, al verse rodeado y con el riesgo de rescate militar inminente, su mentalidad criminal lo llevó a asesinar vilmente a Cuéllar.
Como tercer punto, la gravedad de lo ocurrido llevó a que el gobierno Uribe volviera a insistir en el rescate militar como principal herramienta para conseguir el regreso de los secuestrados, lo que cierra de nuevo las puertas a la opción de un acuerdo humanitario.
En cuarto lugar, las Farc no pudieron meterse como tema de campaña presidencial y lejos de llevar a que alguno de los aspirantes planteara la opción de diálogo de paz, lo que consiguió es que candidatos de todas las orillas condenaran la acción criminal de la guerrilla y reafirmarán que la Política de Seguridad Democrática, aunque es claro que debe ser ajustada, será reforzada para neutralizar la amenaza terrorista.
Se espera que la maquinaria electoral de la U opere a favor de los intereses de los ciudadanos que profesan esta vocación religiosa. En esta colectividad hay ocho congresistas cristianos.
UN NUEVO panorama pinta para la cuota cristiana en el Congreso de la República en las elecciones que tendrán lugar en tres meses, el objetivo es ampliar el número de sus representantes, que en la actualidad son diez en Senado y cinco en Cámara.
Sin embargo, el reto es grande pues aunque algunos llegaron con suficientes votaciones como Claudia Rodríguez (57.800 votos) y Luis Barrios (25.000 votos), una buena parte de los cristianos, específicamente en Senado, accedieron al escaño por la vía de reemplazar a congresistas que dejaron su lugar vacío por sus líos jurídicos derivados de la parapolítica.
Además lo hicieron con una reducida votación, como es el caso del Charles Shultz (8.346 votos) y Víctor Velásquez (9.238 votos).
Empero, con la Reforma Política aprobada este año el sistema de reemplazos será cosa del pasado y la silla vacía operará si el miembro de un cuerpo colegiado es condenado por delitos vinculados a grupos ilegales, de narcotráfico o de lesa humanidad, situación en la cual el partido perderá la curul y no tendrá reemplazo.
Teniendo en cuenta ese escenario y que para la mayoría de los congresistas cristianos es claro que una cosa es la religión y otra la política, y la manera de sobrevivir en ésta, buena parte de los congresistas cristianos aprovecharon el ‘voltiarepismo’ consagrado durante dos meses por la Reforma Política para emigrar a una colectividad de mayor envergadura como es la U, dejando formaciones como Colombia Viva, Colombia Democrática y Cambio Radical.
Al Partido del presidente Uribe, en el que ya militaban tres cristianos, llegaron los senadores Claudia Rodríguez de Castellanos, Víctor Velásquez, Enrique Gómez, Jacobo Gómez y el representante Luis Barrios, en un alianza política que luce beneficiosa para ambos pues a la U llegan cerca de 130 mil votos ‘cristianos’, mientras que los parlamentarios serán respaldados por la colectividad que desde ya luce como una de las más fuertes para las elecciones de Congreso.
Si funciona en las urnas esta llave de cristianos y la U se prevé que por primera vez habrá en el Congreso una bancada que profesa esta fe, la cual aunque no podrá funcionar como rueda suelta en la colectividad, sí tendrá la oportunidad de generar proyectos y propiciar debates que les sean comunes, pues está unida por el cordón umbilical que constituye la fe cristiana y los valores humanos fundamentales.
En ese sentido el senador, Ricardo Arias Mora le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la U es el Partido en el cual logramos todos coincidir, unos como parlamentarios y otros como ciudadanos, pero todos estamos coincidiendo en el Partido. Y eso me parece bien importante porque nadie llega forzado o estimulado sino única y exclusivamente porque encontramos en el Partido un buen sitio en donde nos podemos todos congregar”.
Sin embargo, el Senador aclaró que es difícil que alguien pueda llegar al Congreso representando a una iglesia en particular porque “somos ciudadanos pertenecientes a diversas comunidades cristianas de todo el país, y en esa pertenencia digamos que hay todas las posibilidades de obtener acompañamientos, pero yo no creo que nadie llegue representando ni a las comunidades ni a la Iglesia Cristiana en general. La Iglesia Cristiana se representa por si sola por su doctrina, por su fundamento”.
Mientras que otros pocos congresistas cristianos prefirieron quedarse en las colectividades que hoy representan en el Parlamento, y desde allí buscar nuevamente llegar al Congreso. Ese es el caso del senador Édgar Espíndola, quien señaló que en el PIN (Partido de Integración Nacional) hay un espacio ganado.
En cuanto a las expectativas de los cristianos para las elecciones venideras, el Senador dijo que el objetivo “es como mínimo mantener lo que se tiene”.
Mientras que el senador Jesús Bernal, del Polo Democrático Alternativo, dijo que en su trabajo legislativo ha tenido en cuenta también sus creencias religiosas, aunque aclaró “que yo no pertenezco a esa bancada (los cristianos), les he ayudado en algunas cosas, me identificó con ellos en otras”.
Bernal señaló que “yo fui el único del Polo que voté negativamente lo de parejas del mismo sexo, para que se les diera seguridad social y para que pudieran tener patrimonio. Voté en contra la eutanasia porque me parece que solamente Dios puede disponer de la vida y, además voté en contra el proyecto de la dosis mínima porque creo que ese proyecto contribuye a una especie de legalización de la droga”.
El Senador del Polo resaltó el crecimiento de los cristianos en el Congreso “lo veo con buenos ojos, creo que ellos son hombres de bien, mujeres de bien, por ejemplo Alexandra Moreno Paraquive, que pueden contribuir en darle salidas al país.
Empero, Bernal dijo que no le gusta que “no se atreven a votar en contra proyectos gubernamentales que son contrarios a las gentes más humildes. Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud”
Posición en el tarjetón
El senador Arias Mora se declaró conforme con los renglones asignados a los cristianos en el tarjetón de la U. En su caso particular tiene el número 8, mientras que Claudia Rodríguez será el número 12.
Al tiempo que Luis Enrique Salas, de la Iglesia Cristiana Internacional en Tu Presencia, será el número dos, después del ex presidente de la colectividad Luis Carlos Restrepo, en la lista a Cámara por Bogotá.
El senador Espíndola dijo que le correspondió el 100 en la lista al Senado por el Partido PIN. Aunque para algunos no es el mejor número, él, haciendo gala de buen humor, señala que “Cien por ciento por Colombia”.
Por los lados de Mira, movimiento con raíces cristianas, la lista para el Senado será encabezada por Alexandra Moreno Piraquive y Manuel Virgüez en el segundo renglón. Mientras que Gloria Stella Díaz será el primer renglón en la Cámara por Bogotá.
Nuevos
La cuota cristiana podría crecer con aspirantes que buscan llegar por primera vez al Congreso.
En el caso del Partido de la U suenan nombres como el de Mel Rojas, de la Cruzada Cristiana de Colombia, y Augusto Ortiz, del Valle de Cauca, quien hace parte de la Iglesia Pentecostal.
Mientras que por el Partido PIN hay por lo menos tres aspirantes cristianos en sus listas.
Por los lados del Polo Democrático, además del senador Bernal Amorocho, no hay más candidatos cristianos al Congreso.
Ese es el número de colombianos habilitado para votar en las elecciones de Congreso y Parlamento Andino del 14 de marzo de 2010.
UN TOTAL de 29.882.147 ciudadanos podrán participar en Colombia y en el exterior en los comicios que se realizarán el 14 de marzo de 2010 para decidir la conformación del Senado, la Cámara y los cinco representantes del país al Parlamento Andino.
Según lo informó la Registraduría, el procesamiento del censo electoral para las elecciones del 14 de marzo de 2010 concluyó el 23 de diciembre e incluyó toda la información originada en los dos cortes que por mandato legal se le hacen al censo electoral: la incorporación de cédulas expedidas por primera vez, que se cerró cuatro meses antes de la elección, y las altas y bajas del personal retirado y activo de las fuerzas militares y de la policía nacional, cuya fecha de corte es tres meses antes de la elección. Adicionalmente se procesó toda la información resultante del proceso de inscripción de cédulas en Colombia y en el exterior y la depuración de las personas fallecidas.
En las estadísticas del proceso de actualización de censo, entre el 27 de mayo de 2009 y el 23 de diciembre de 2009, se incluyeron 433.258 cédulas expedidas a colombianos que adquirieron la mayoría de edad y 23.405 documentos de personas que recuperaron sus derechos políticos, entre otros.
Por su parte, las bajas del censo fueron de 57.796 personas por pérdida o suspensión de los derechos políticos, 168.860 documentos cancelados de ciudadanos fallecidos, 4.616 por doble cedulación y 79 por falsa identidad, entre otros.
La Registraduría adelantó el proceso de inscripción en todo el territorio nacional del 19 de octubre al 2 de noviembre. La primera semana el proceso se desarrolló en las diferentes sedes de la entidad y del 25 de octubre al 2 de noviembre se habilitaron los cerca de 10.000 puestos de votación para hacer la inscripción.
Por su parte en el exterior la inscripción se prolongó hasta el 13 de noviembre para permitir que los colombianos residentes en el exterior inscribieran su cédula y pudieran participar en los comicios de 2010.
2006
En las elecciones al Congreso 2006, realizadas el 21 de junio, la cifra de colombianos habilitados para votar fue de 26.595.171 personas, quienes eligieron los representantes al Senado, la Cámara y dos consultas para escoger candidato a la Presidencia del Partido Liberal y del Polo Democrático.
De acuerdo con el calendario electoral, el próximo lunes 18 de enero se designarán los jurados de votación y el viernes 22 de enero se publicaran las listas de los ciudadanos seleccionados como jurados.
Voces internacionales se unieron para repudiar el crimen de Cuéllar: Unión Europea, OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ONU, Fidh, entre otros.
POR TRATARSE de un crimen de guerra el asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, la Corte Penal Internacional (CPI) podría judicializar el crimen, dijo el fiscal general Guillermo Mendoza.
El director encargado del ente acusador aseguró que ésta tesis se fundamenta en que fueron las Farc la autora del crimen y, por lo tanto, se pediría la intervención de la CPI, siempre y cuando no avancen los procesos que aborde la Justicia colombiana.
Sin embargo, Mendoza indicó que la Fiscalía hará todo lo posible para esclarecer las condiciones en las cuales se produjo el homicidio.
"Desde el punto de vista jurídico, también hay que pensar en la posibilidad de atribuirlo o imputarlo como un delito contra el Derecho Internacional Humanitario, por la forma esa tan bárbara como se cometió", expresó.
El funcionario además dijo que éste es un homicidio en persona protegida, que será investigado con el mayor compromiso y diligencia, sin importar si se trata o no de un ajuste de cuentas por parte de los insurgentes, por los nexos que estos le señalan al gobernador con grupos paramilitares.
Por otra parte, varias organizaciones internacionales, países y ONG’s sentaron su repudio y condena por el asesinato del gobernador del Caquetá.
Farc deben respetar DH: ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló en un comunicado que en "el Derecho Internacional Humanitario, la toma de rehenes constituye un crimen de guerra".
La organización internacional agregó que "la muerte subsecuente del Gobernador confiere extrema gravedad a la práctica recurrente de esta infracción por parte de dicha agrupación guerrillera".
La ONU reiteró su exigencia para que las Farc liberen "de inmediato y sin condiciones" a todas las personas que mantienen en su poder.
"También instamos", añadió el comunicado, "a sus líderes a comprometerse a que todos sus miembros respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario".
Finalmente, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se solidarizó con los familiares del Gobernador y con los policías de su esquema de protección que fueron víctimas del ataque.
Fue un "crimen odioso": Francia
Francia condenó ayer enérgicamente el crimen del gobernador del Caquetá, atribuido a las Farc, y recordó que esta guerrilla "figura en la lista europea de grupos terroristas".
"Francia condena con la mayor firmeza ese crimen odioso y llama una vez más a los grupos armados ilegales a liberar a todos los rehenes" que mantiene en su poder, afirmó el vocero del Ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero.
"Francia reafirma su apoyo a la defensa de la democracia y del Estado de derecho en Colombia", indicó la Cancillería francesa.
"Acto execrable y cobarde": UE
La Unión Europea también condenó el asesinato del Gobernador del Caquetá y reiteró su apoyo a Colombia.
"La Presidencia de la Unión Europea ha sido informada del secuestro y brutal asesinato del gobernador Luis Francisco Cuéllar Carvajal, así como del patrullero de la Policía, Javier García Gutiérrez, al parecer por las Farc. La Unión Europea expresa su más enérgica condena contra este acto execrable y cobarde", dijo la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton.
OEA "apoya a Colombia"
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, calificó como atroz el asesinato en Colombia del gobernador, atribuido a las Farc.
"Este acto de atrocidad y barbarie merece el rechazo de la comunidad internacional que apoya a Colombia en sus esfuerzos por lograr la paz", dijo Insulza en un comunicado.
"Espero que los responsables sean capturados expeditamente por las fuerzas de seguridad colombianas para que, bajo el marco de la ley, respondan por sus actos", indicó.
Insulza pidió a los grupos irregulares que "entiendan el dolor y las implicaciones de estos hechos que van en contra de la integridad individual y la paz nacional".
No más secuestros: Amnistía
Amnistía Internacional (AI) se sumó a la voz de protesta por el crimen, y demandó al Gobierno colombiano llevar a prisión a los responsables, según un comunicado.
"Las autoridades colombianas deben asegurarse que los responsables del secuestro y asesinato del gobernador Cuéllar sean llevados ante la justicia", aseguró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de AI. "Los civiles en Colombia no pueden ser forzados a ser parte de este conflicto", indicó.
"Urgimos a todos los grupos guerrilleros a abandonar la práctica del secuestro y al gobierno a investigar todos los abusos a los derechos humanos que están siendo cometidos en el país", añadió el investigador en un comunicado expedido en Londres.
Guerrilla despiadada: HRW
La organización Human Rights Watch, HRW, catalogó el asesinato como un acto "salvaje" y "despiadado".
"Con este salvaje crimen, las Farc muestran una vez más su actitud despiadada y su total indiferencia por el derecho internacional humanitario y el bienestar de la población civil", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"A las Farc parecen no importarles en absoluto el dolor y el sufrimiento que causan a sus víctimas y los familiares de estas", dijo Vivanco a través de un comunicado.
Fidh pidió "salida política negociada"
La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) expresó ayer en París "su más profunda condena" al secuestro y asesinato del gobernador Luis Francisco Cuéllar y planteó una salida negociada al conflicto.
"La Fidh condena el brutal asesinato del gobernador del Caquetá" que fue secuestrado el lunes "por unos 20 presuntos guerrilleros de las Farc", afirmó la entidad, a la vez que consideró "inconcebible" que Cuéllar "no tuviese la protección necesaria" en una zona de tradicional confrontación armada con la guerrilla.
Por esa razón urgió al gobierno colombiano "a proteger debidamente a todas las personas que se encuentran en riesgo como consecuencia de sus actividades políticas o sociales".
La federación internacional reiteró en su comunicado "la necesidad de una salida política negociada" al conflicto colombiano y pidió la liberación "inmediata e incondicional" de todos los secuestrados.
Por último, llamó al gobierno colombiano a "dar las garantías necesarias para que no se frustre" la liberación de esos dos militares.
Después del 30 de julio de 2010 solo la cédula amarilla con hologramas será válida para abrir cuentas bancarias y otros trámites.
A TRAVÉS de un decreto el Gobierno amplió hasta el 30 de julio de 2010 el plazo para la renovación de las cédulas de ciudadanía.
Así lo anunció ayer el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, que explicó que con la medida el Gobierno pretende evitarles a los “colombianos traumatismos en sus gestiones de tipo civil y en el ejercicio electoral”.
Hasta ahora el plazo para la renovación vencía el 31 de diciembre y a partir de ese momento las cédulas viejas solo servirían para votar, mientras que para todos los demás propósitos la única cédula válida sería la amarilla con hologramas.
Validez
El acuerdo logrado entre la Registraduría y el Gobierno había sido previsto hace casi 20 días por el registrador Carlos Ariel Sánchez debido a la gran cantidad de personas que aún no han renovado sus documentos de identidad.
En aquella oportunidad, cuando aún no había concluido la primera parte de la legislatura, Sánchez anticipó que si no salía, como efectivamente no salió, el proyecto de ley para prorrogar en un año el proceso de renovación de cédulas, el Gobierno debería resolver por vía administrativa el problema de las personas que no han cambiado su viejo documento: “Se ha estado en conversaciones con funcionarios del Ministerio del Interior” para que las cédulas viejas tengan “validez para esos efectos civiles”.
Como ya lo había revelado cuatro días antes EL NUEVO SIGLO, hay 900 mil colombianos que no han iniciado el trámite de renovación de su cédula, faltando un mes para que, según las leyes 757 de 2002 y 999 de 2005, pierdan validez como documento de identificación las cédulas distintas a la amarilla con hologramas.
Solo para votar
“Esto implica que el próximo año la única cédula que tendrá validez para todos los efectos es la nueva. Las otras dos sólo servirán para votar”, manifestó Sánchez en esa oportunidad. Con las viejas cédulas se iba a poder votar, pero no abrir cuentas bancarias, posesionarse en un cargo público, solicitar el pasado judicial y otros trámites que son de necesidad civil.
Ahora, con la medida adoptada por el Gobierno, según lo anunció ayer temprano el ministro Valencia, las viejas cédulas tendrán plena validez hasta julio próximo.
Sin embargo, el 4 de diciembre Sánchez dejó entrever porqué no se afanó en respaldar la iniciativa legislativa: “Así sea un poco incómodo para todos, incluyendo la Registraduría, es mejor apretar y salir de una vez de esas 900 mil personas”. Para el funcionario, “si se llega y se amplía hasta diciembre”, como era la intención del mencionado proyecto de ley, “posiblemente en un año estaríamos en las mismas”.
Se trata del proyecto de ley 315 de 2009, presentado por el senador Samuel Arrierta, que planteaba prórroga un año más la fecha de cumplimiento del proceso, es decir hasta el 31 de diciembre de 2010.
El proyecto durmió “el sueño de los justos” en la agenda de la plenaria del Senado, donde en las últimas semanas de sesiones ordinarias estuvo de 40 en el orden del día, faltándole tres debates, por lo que ya no alcanzaba a ser aprobado a tiempo, le dijo Arrieta a este Diario.
“Ni el Registrador, ni la mesa directiva, ni el Gobierno, nadie le puso a eso dolientes”, se quejó el legislador.
Para voceros de partidos y candidatos a la Presidencia el asesinato del Gobernador del Caquetá alerta sobre lo que podría pasar en las próximas elecciones.
COMO UN signo de que las Farc están vivas y pueden amenazar las elecciones legislativas y presidenciales del 2010, interpretaron varios líderes políticos del país el secuestro y posterior asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.
Voceros de partidos políticos, candidatos presidenciales y ex presidentes de la República hablaron sobre las causas del crimen perpetrado sobre el mandatario regional y si estaban de acuerdo con la orden impartida por el Gobierno de rescatar militarmente a los plagiados. Es de aclarar que sus reacciones se produjeron antes de constatarse que el gobernador Cuéllar había sido asesinado por sus plagiarios.
La aspirante presidencial Noemí Sanín dijo que con este acto el grupo guerrillero quiere demostrar que todavía tiene fuerza militar a pocos meses de las elecciones.
“Frente a las elecciones las Farc quieren demostrar que están vivas, y en este caso particular para tratar de desprestigiar la seguridad democrática, y lo que pensamos nosotros es que precisamente lo que consiguen es demostrar que necesitamos aplicar más seguridad democrática, profundizarla”, indicó Sanín.
“Cada secuestrado colombiano, merece una operación Jaque, con los mismos cuidados para preservar su vida y garantizar su libertad”, agregó.
Por su parte, el senador Efraín Cepeda, ex presidente del Directorio Nacional Conservador, expresó que lo ocurrido con Cuéllar es un campanazo de alerta sobre lo que puede ocurrir en las jornadas electorales programadas para 2010.
“Este ha sido un atentado contra la democracia y un campanazo de alerta contra las elecciones del próximo año”, señaló.
Cepeda respaldó al presidente Álvaro Uribe en su decisión de “jugársela militarmente para liberar a los secuestrados”.
El ex presidente Andrés Pastrana expuso que las Farc están demostrando que tienen aún fuerza en el país y dijo que ante todo, se debe defender es la vida de los secuestrados.
“Era previsible que las Farc que iban hacer ese tipo
de secuestros selectivos para tratar de demostrar que todavía tienen una fuerza en nuestro país. Y por eso es condenable desde todo punto de vista el secuestro del gobernador del Caquetá, porque las Farc han demostrado que tienen un doble lenguaje, porque por un lado están hablando de la liberación de los soldados y policías, y por el otro vuelve a secuestrar civiles”, apuntó Pastrana.
“Lo que primero hay que defender”, agregó el ex primer mandatario, “es la vida de los secuestrados y tener todas las informaciones de cómo y en qué forma se puede lograr traer sanos y salvos a los secuestrados”.
El vocero del Partido de Integración Nacional (PIN), Samuel Arrieta, expresó que lo que están planeando las Farc es realizar sabotajes en víspera de las elecciones.
“No podemos confiarnos en que las Farc ya están derrotadas, porque tienen capacidad de reacción. Esto es un aviso frente a las elecciones para aplicar sabotajes en algunas partes del país”, anotó el senador.
La senadora Piedad Córdoba exteriorizó su esperanza en que no se continúe truncando el proceso de liberación de Pablo Emilio Moncayo, Josué Daniel Calvo y los demás secuestrados.
El director del Partido Liberal y candidato presidencial Rafael Pardo declaró que la colectividad apoyaba la orden de un rescate militar, pero advirtió que no debería entorpecer la liberación de los demás secuestrados.
“Respaldamos la decisión del presidente Uribe de ordenar la búsqueda y liberación del Gobernador del Caquetá”, dijo. “Consideramos también que esta decisión no debería entorpecer la liberación de los dos colombianos que llevan 10 años secuestrados y que están en proceso de liberación”, precisó Pardo.
El candidato presidencial Gustavo Petro lamentó el secuestro del Gobernador del Caquetá, e insistió en que este es un delito de lesa humanidad: “La toma sistemática de rehenes por parte de las Farc con fines extorsivos es un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra”.
De igual manera, Petro se mostró confiado en que se consiga la paz y la reconciliación para dejar atrás este flagelo que ha sufrido por décadas Colombia: “Espero que no solo el Gobernador del Caquetá, sino los policías, soldados y todos los secuestrados en Colombia, recuperen su libertad antes de que termine este año”.
Mientras unos consideran que primero hay que cambiar el modelo establecido por la Ley 100, otros creen que es urgente darles recursos a las EPS.
CON EL fin de incorporar al presupuesto recursos con destino a la atención de servicios de salud que no están incluidos en los que prestan las entidades privadas, el presidente Álvaro Uribe anunció hace algunas semanas que su Gobierno declarará el estado de emergencia social.
Se espera que esta semana, tras el regreso de Uribe de la Cumbre de Cambio Climático que se desarrolló en Copenhague, Dinamarca, se revele el contenido de cerca de trece decretos que permitirán definir la emergencia social en salud en el país, los cuales establecerían nuevos impuestos para el consumo de cerveza, cigarrillos y vinos, para financiar el faltante en este sector.
Sobre el contenido de los decretos no se sabe aún mayor cosa. “Digamos que se han conocido algunos temas que forman parte de la emergencia social, pero digamos el texto definitivo, los decretos que el Gobierno irá a expedir amparado en la facultad constitucional no son aún conocidos por la bancada como tal”, le informó a EL NUEVO SIGLO el senador Ricardo Arias, del Partido Social de Unidad Nacional (La U). “En el caso del partido de La U, estamos a la espera del diálogo con el ministro de Hacienda”, dijo.
“Se habla del atraso en el pago de cuentas por cerca de 900 mil millones de pesos a las entidades de salud que atienden a la población subsidiada, por concepto, en más del 60 por ciento, de procedimientos que han tenido que atender aunque no están en la lista del plan de este régimen para pobres”, explicó hace poco el ex ministro Camilo González.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señala además que actualmente la deuda de los entes territoriales por pagos de atención no incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) asciende a 500 mil millones de pesos, y amenaza con llegar a 6 billones de pesos en 2011.
El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, recordó que la misma administración ha denunciado un déficit de 6 billones de pesos; una deuda con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de 900 mil millones y otra de 1,7 billones con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y advirtió que no hay una respuesta clara más allá del anuncio de convocar una emergencia social.
¿Cómo se llegó a un problema de semejantes dimensiones? “Los supuestos sobre los cuales se construyó la Ley 100 hoy no se cumplen: economía creciendo al cinco por ciento, empleo formal creciendo mucho más que el informal; en fin, nada de eso se está cumpliendo, y hoy tenemos un sistema colapsado en muchos sentidos”, le explicó a este Diario la senadora liberal Cecilia López.
Para el ex ministro González, “la inequidad del sistema ha llevado a que las EPS no solo hagan discriminación según el tipo de afiliación, sino que tengan procedimientos deliberadamente dirigidos a discriminar con el criterio de ahorrar y ganar. Y del otro lado se generalizó la práctica de acudir a la tutela para exigir acceso a tratamientos especializados o para complacer a una demanda artificial de medicamentos costosos promovida por las multinacionales farmacéuticas. Así se llegó a 500.000 tutelas por asuntos de salud desde la aprobación de la Ley 100 de 1993, y a un desajuste estructural de un sistema convertido en tráfico de pacientes y de enfermedades como si fueran mercancías de supermercado o casino”.
Por su parte, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), expresó que “a pesar de la expedición del Decreto 4747 de 2007, en donde se reglamenta la relación entre pagadores y prestadores, la ausencia de vigilancia y control ha permitido que las diferentes aseguradoras continúen incluyendo en la contratación términos por fuera de la norma, emitiendo glosas extemporáneas, glosas por causas injustificadas y no realizando el pago acorde a lo definido en la norma, lo cual se ve reflejado en la cartera cada vez más creciente de la red pública hospitalaria”.
El senador Lara se preguntó: “¿De dónde se van a sacar los dineros para subsanar la deficiencia planteada?”, y aseguró que “el Gobierno espera recibir 500 mil millones de pesos provenientes de la venta de cigarrillo, cerveza y tabaco, y que por culpa del Congreso no se aprobó otra ley”, la de juegos de suerte y azar, “con la cual esperaba recibir 300 mil millones”, pero que “esa tampoco era la salida; de dónde esperaba sacar los otros 5 billones que necesita para sacar la salud de su crisis”.
“Nos preocupa”, indicó Lara, “que por la emergencia social se acuda a elevar los impuestos de los colombianos”.
¿Inútil?
La directora de Acesi conceptuó que para los 365 hospitales que representa a nivel nacional, lo importante en este momento es que los recursos que serán entregados lleguen a esos centros de atención y no se queden en las EPS del régimen subsidiado, las cuales actualmente tienen una deuda superior a los 775 mil millones de pesos con los hospitales públicos.
“Esa urgencia no va a resolver nada. Esos son pañitos de agua tibia. Lo que el Gobierno tiene que hacer es seriamente convocar a un grupo de expertos ¡ya!, que empiecen a trabajar a ver cómo ajustamos la Ley 100 o si hay que transformarla totalmente, mirando la situación económica. Eso es lo que hay que hacer”, argumentó la senadora López.
“Los que mantienen la tesis de la intermediación privada en todos los escenarios, y de una salud asistencial y no preventiva, han fracasado en todos los escenarios del mundo. Por eso Obama está cambiando el modelo de salud, por eso los chilenos están haciendo lo mismo”, infirió Petro.
“Cómo será de enredado lo que están haciendo, que llevan un mes en emergencia y no han sido capaces de sacar nada”, señaló López.
“Desafortunadamente tendremos emergencia para cuadrarle el balance de fin de año a algunas poderosas empresas de la salud y para algunos discursos preelectorales, pero los problemas de fondo seguirán esperando hasta que esta sociedad se dé cuenta que la crisis no es del no POS sino de todo el sistema de negocio montado desde 1993”, concluyó González.
Adelantamos parte del prólogo de Los Estados desunidos de Latinoamérica, que reúne las mejores columnas del autor publicadas desde 2006.
En momentos de escribir estas líneas, da la impresión de que el continente americano es una región de "todos contra todos". Nunca se han visto más cumbres latinoamericanas proclamando solemnemente la integración regional, ni tantas peleas entre países vecinos. El presidente narcisista-leninista de Venezuela, Hugo Chávez, no ha dejado de pelearse prácticamente con nadie que no integre su bloque de aliados incondicionales. Acaba de proclamar que "vientos de guerra" soplan sobre la región y que "estamos listos para el combate" con la vecina Colombia. Sus embajadores deben vivir con las maletas preparadas, porque Chávez constantemente anuncia "congelamientos" de relaciones diplomáticas -los más frecuentes con Estados Unidos y Colombia- y los llama en consultas a Caracas, para luego volver a enviarlos a sus destinos pocas semanas después. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha roto relaciones diplomáticas con Colombia, luego de que el ejército colombiano atacara una base de las narcoguerrillas colombianas FARC en Ecuador y confiscara archivos de computadoras -certificadas como auténticas por un peritaje internacional de Interpol-, que mostraron el activo apoyo de Ecuador y Venezuela a la guerrilla colombiana.
Perú y Bolivia retiraron sus respectivos embajadores hace pocos meses, en medio de insultos del presidente boliviano, Evo Morales, a su colega peruano, Alan García, por presuntamente tratar de perjudicar las aspiraciones bolivianas de obtener una salida al océano Pacífico. Anteriormente, Perú había presentado una demanda contra Chile en la Corte Internacional de La Haya por una vieja disputa sobre el área marítima de unos 37.900 kilómetros cuadrados frente a la frontera entre ambos países. Mientras tanto, sigue latente la disputa entre Chile y Bolivia por la exigencia boliviana de una franja de tierra soberana en el norte de Chile que le proporcione una salida al mar. Uruguay y la Argentina prácticamente no se hablan desde que el gobierno del ex presidente argentino, Néstor Kirchner, respaldó a manifestantes que cortaron las rutas de acceso fronterizo a Uruguay protestando por presuntos daños ecológicos de una papelera finlandesa en la costa uruguaya, a pesar de que estudios del Banco Mundial revelaron que las plantas no eran contaminantes. Las relaciones entre Brasil y Bolivia siguen afectadas por la estatización de plantas petroleras brasileñas realizada en Bolivia. Y Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua -y en tono algo más mesurado Brasil, la Argentina y Paraguay- no pierden ocasión de culpar a Estados Unidos y España por su retraso económico, acusando a los países más ricos de ser la causa de su subdesarrollo regional.
La desunión de las Américas sería un dato anecdótico -a veces divertido- si no fuera porque está fomentando una escalada en gastos militares en la región, poniendo trabas al comercio entre los países, frenando el crecimiento económico y perpetuando la pobreza. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, el gasto militar en Latinoamérica y el Caribe aumentó un 91% en los últimos cinco años, para llegar a los 47.200 millones de dólares en 2008. Los países que más incrementaron sus gastos militares fueron Venezuela, Colombia, Brasil y Chile, según el IISS. Chávez ha gastado más de 4500 millones de dólares en armas rusas, lo que constituye más del 5% del producto bruto interno venezolano. Brasil acaba de iniciar negociaciones formales con Francia para la compra de 36 aviones de combate por más de siete mil millones de dólares, además de submarinos y otras armas de fabricación francesa. Hasta Bolivia, uno de los países con más altas tasas de pobreza del mundo, acaba de sacar una línea de crédito en Rusia por cien millones de dólares para comprar armas. Los rusos, felices.
Y mientras los países asiáticos firman nuevos acuerdos de libre comercio -incluyendo tratados comerciales entre China y la India, que podrían crear el bloque comercial más grande del mundo-, el proyecto de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ha caído en el olvido, y las negociaciones para nuevos tratados comerciales bilaterales -tanto entre Estados Unidos y países latinoamericanos como entre estos últimos- se han congelado. La falta de integración económica es patética. Pocos días atrás, conversando con un ministro peruano, me comentó que, debido a las reticencias mutuas por su conflicto fronterizo, Chile está por importar gas natural de Indonesia, mientras que Perú está por exportar gas natural a México. El caso más absurdo de desintegración regional es Centroamérica, donde cinco países pequeños tienen cinco bancos centrales diferentes, cinco monedas diferentes, cinco leyes de inversiones diferentes, y donde -tal como me contó uno de los dueños del grupo empresarial guatemalteco Pollo Campero- es más fácil exportar productos avícolas de Guatemala a China, en la otra punta del mundo, que desde Guatemala hasta la vecina Costa Rica. Los países centroamericanos han creado un Consejo Monetario Centroamericano, un Sistema de Integración Centroamericano, una Corte Centroamericana de Justicia y hasta un Parlamento Centroamericano. Pero en la práctica, a la hora de exportar pollo, les resulta más fácil hacerlo a China que al país vecino.
A diferencia de la Unión Europea, que comenzó con acuerdos muy concretos destinados a facilitar el intercambio de carbón y acero, y luego pasó a tratados mucho más ambiciosos hasta llegar a una política exterior común, los latinoamericanos están haciendo al revés: comenzando por lo más ambicioso, y dejando para un futuro incierto lo más concreto. El resultado concreto es que la gran integración latinoamericana se queda en declaraciones que en su gran mayoría no pasan de ser poesía.
¿Tiene remedio la actual desunión de las Américas? ¿Podrán los líderes de la región anteponer la urgencia de la disminución de la pobreza a su demagogia populista-nacionalista en aras de sus intereses personales? La siguiente colección de columnas, publicadas entre 2006 y 2009, intenta dar una respuesta a esta pregunta. No soy del todo pesimista, pero quiero que los lectores saquen sus propias conclusiones. Por ahora, baste decir que en el mundo de la poscrisis, en que el pastel de la economía mundial será más pequeño y en el que se perfilan cada vez más tres grandes bloques comerciales -el estadounidense, el asiático y el europeo-, los países que no tengan acceso comercial preferencial a uno de los grandes mercados del mundo se quedarán cada vez más fuera de juego. Y los que tengan acceso preferencial a mercados importantes, pero no lo amplíen a nuevos mercados, crecerán mucho más lentamente que los mejor insertados en la economía global. Ahí está el desafío de los próximos años, que sólo se podrá remediar con más unión regional, para poder producir más eficientemente productos que tengan salida a la economía global.
Aunque algunos sectores de la oposición los consideran muy cercanos al Gobierno y pasivos frente al ritmo de la Fiscalía y la Corte Suprema, las medidas, advertencias y pronunciamientos de ambas entidades de control en las últimas cuatro semanas no concuerdan con ese diagnóstico, pues se le midieron a los escándalos y temas más complejos y polémicos del momento. Radiografía
SIN DUDA alguna el 2009 que está terminando ha sido un año lleno de escándalos y casos polémicas. No sólo por el eco amplio que éstos han tenido en todos los medios de comunicación, sino por el trabajo que le han dado a los entes de control.
Por ejemplo, si se hace una revisión de lo que ha ocurrido en el último mes en la Procuraduría y la Contraloría se evidencia que cada una de esas instituciones tiene bajo su órbita de investigación hechos de extrema gravedad. La cuestión llega a tal punto que hay altos funcionarios y ex funcionarios que están citados paralelamente -o ya lo han hecho- a rendir descargos en materia disciplinaria, fiscal y, como si fuera poco, penal.
Ese hecho ha llamado la atención de no pocos analistas, puesto que en los últimos tiempos se venía criticando desde distintos sectores de la oposición al Gobierno una cierta pasividad de las entidades dirigidas por Alejandro Ordóñez y Julio César Turbay, sobre todo porque sus decisiones no iban al mismo ritmo o incluso podrían ser tardías y hasta contradictorias frente a las determinaciones de la Fiscalía General así como de la propia Corte Suprema de Justicia.
Es más, desde la orilla del antiuribismo se han escuchado quejas contra el Procurador y el Contralor, según las cuales ambos funcionarios son demasiado cercanos al Gobierno, puesto que fueron elegidos por sus mayorías parlamentarias, y esa circunstancia estaría influyendo en los tiempos y sentidos de las decisiones sobre procesos clave relacionados con el Ejecutivo, directa o indirectamente.
Aunque tanto desde el ente de control fiscal como desde el disciplinario siempre se ha replicado que no existe tal pasividad y se reafirma que hay independencia frente al Ejecutivo y su coalición, e incluso se dijo que lo que pasaba era que el foco mediático estaba puesto sobre la Fiscalía y el máximo tribunal de la justicia ordinaria, lo cierto es que una revisión de lo actuado en el último mes por Procuraduría y Contraloría, que han producido un número considerable de determinaciones, anuncios y advertencias, evidencia que ambas instituciones están en un pico alto de productividad y más jugadas que nunca en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
Primera descarga El Ministerio Público, por ejemplo, no ha tenido en el último mes prácticamente un día en que no dé noticias preocupantes. Hace exactamente 30 días, el procurador Alejandro Ordóñez advirtió que era urgente afianzar el esfuerzo y el compromiso social para evitar que la corrupción desborde la institucionalidad del país. Indicó que de las 37.255 investigaciones que cursan en la entidad, el 70 % corresponde a hechos relacionados con el detrimento a los recursos públicos, por lo cual, integró el grupo “caza corrupción” que asumió la investigación de 200 casos paradigmáticos en distintas regiones del país.
Reveló, asimismo, que hay investigaciones disciplinarias a 774 alcaldes en ejercicio; que 452 han sido sancionados y 12 suspendidos provisionalmente. En cuanto a los gobernadores, 31 están siendo investigados y tres suspendidos temporalmente.
Días después la Procuraduría se le midió, ni más ni menos, al eterno problema del ausentismo parlamentario, que si bien es una práctica recurrente en el Congreso, en la actual legislatura ha sobrepasado todos los límites. Por primera vez en muchos años delegados del Ministerio Público fueron al Senado y la Cámara a verificar listados de asistencias de senadores y Representantes, y las razones por las cuales no concurrieron a cumplir su función.
El turno siguiente fue para otro tema de candente actualidad. El riesgo de prescripción de una serie de magnicidios y atentados terroristas cometidos 20 años atrás por el abatido capo del cartel de Medellín, procesos en los que aún hoy, dos décadas después, reina la impunidad parcial o total.
Acorde con la decisión de la Fiscalía, la Procuraduría consideró que muchos de las acciones criminales de la época del narcoterrorismo se pueden considerar como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no se corre el riesgo de la prescripción de la acción penal. En ese orden de ideas, se procedió a designar un grupo de procuradores judiciales penales de Bogotá y Medellín para impedir una posible impunidad en estas investigaciones.
Licitaciones en la mira En medio de esos anuncios, el procurador Ordóñez insistió en otro de los procesos que más ha llamado su atención en este año: la licitación para escoger al concesionario que operará el tercer canal privado de televisión abierta nacional. El Ministerio Público ha sido claro en advertirle a la Comisión Nacional de Televisión sobre la urgencia de correctivos al proceso licitatorio, con el fin de que haya completa claridad y transparencia. Los aspectos que más le preocupan son los siguientes: la cuantificación de los riesgos previsibles, el tema de reciprocidad, la posibilidad de que el tercer canal opere por la red pública de RTVC y el control de advertencia que formuló la Contraloría General, en especial en torno a que el tercer canal debe adjudicarse por el mecanismo de subasta directa y abierta.
Pero no fue esa la única licitación que preocupó a la Procuraduría en el último mes. También ha estado en el ojo del huracán la que tenía que ver con la selección del contratista que diseñe, fabrique, lance y opere un satélite colombiano. Un primer intento de escogencia tuvo que declararse desierto, ya que el único oferente de la polémica licitación -blanco de muchas reservas y críticas- puso muchos peros para seguir en el proceso.
Casi de inmediato, el Ministerio de Comunicaciones anunció que ahora buscaría una negociación gobierno a gobierno, lo que generó una reacción preventiva del Ministerio Público advirtiendo que ello no es posible, ya que la normatividad contractual vigente sólo permite iniciar un nuevo proceso licitatorio o uno de selección abreviada.
Apenas había salido de este tema, cuando el ente de control disciplinario se le metió a otro tema gordo: el de las demandas contra la Nación. De un lado, presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura una queja para que investigue a algunos despachos judiciales de Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Guajira que dieron, al parecer, trámite indebido a 38 procesos millonarios en contra del Invías.
De forma paralela, la Procuraduría se metió en una controversia de marca mayor. Ante la sugerencia de un candidato presidencial de dar a las jóvenes la posibilidad de acceder a la llamada “píldora del día después” para evitar embarazos indeseados, el Ministerio Público advirtió que éste medicamento es abortivo y “por lo tanto viola el derecho a la vida del que está por nacer, y por ello deben ser retiradas del mercado”. Como era obvio la polémica no se hizo esperar.
RUNT y AIS El 7 de diciembre pasado el ente de control se dejó venir con varias cargas de profundidad en torno a los escándalos más graves del momento. En primer lugar, abrió investigación disciplinaria por las anomalías en el arranque del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT). La Procuraduría sustentó la medida disciplinaria en que se dio “inicio de la operación del registro sin contar, al parecer, con la información necesaria para validar los trámites y sin surtirse las pruebas requeridas para verificar la funcionalidad del sistema, lo que habría generado dificultad en su entrada en operación. Igualmente, por las posibles irregularidades que pueden existir en la composición accionaria de la Sociedad Runt”. Pero la segunda ‘carga de profundidad’ fue mayor: ordenó abrir investigación disciplinaria contra el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, el actual titular del cargo, Andrés Fernández, y 16 altos funcionarios y ex funcionarios de esa cartera, debido a las graves anomalías encontradas en la entrega de millonarios subsidios no reembolsables dentro del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que es, sin duda, el escándalo más grave del año.
Para el ente de control disciplinario son cuatro los hechos graves en este caso: posibles falencias en la elaboración de los estudios previos que dieron origen a la celebración de los convenios aludidos; eventuales irregularidades relacionadas con la suscripción de algunos de éstos; posibles irregularidades con los gastos de administración y operación del programa; y presunta omisión por parte de los funcionarios del Ministerio del deber de vigilancia y control y supervisión de la ejecución de los convenios aludidos.
Ese mismo día, el Ministerio Público también decidió proferir pliego de cargos contra varios funcionarios del Consejo de Estado que podrían estar incursos en concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias, utilización indebida de información oficial y asesoramiento ilegal en procesos que eran llevados en la Sección Quinta del contencioso-administrativo.
Apenas dos días después, otra licitación quedó en la mira. Esta vez la referente a la concesión vial del proyecto Ruta del Sol, una de las obras de infraestructura más importantes del país. La Procuraduría hizo una serie de observaciones debido a falencias y vacíos que encontró en el proceso que adelantaba el Instituto Nacional de Concesiones (INCO).
Como si fuera poco, en la última semana la Procuraduría solicitó investigar a jueces que fallaron en contra de la ley, en casos contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom. Por igual, abrió indagación disciplinaria al concejal de Bogotá, Wilson Duarte, señalado por, presuntamente, haber golpeado a una familiar. Acto seguido destituyó e inhabilitó a cuatro ex congresistas vinculados con el escándalo de la parapolítica. Y por último, por presuntas irregularidades en inversión de recursos de regalías, destituyó e inhabilitó a ex alcalde de Castilla La Nueva (Casanare) y sancionó a funcionarios de Fiduagraria.
Todo lo anterior pasó en sólo el último mes. El trabajo de la Procuraduría fue tan múltiple, sorprendente y de fondo, que hoy por hoy no pocos analistas coinciden en que, a diferencia de anteriores titulares del Ministerio Público que tardaron más de un año para consolidarse en el cargo y ganar peso específico e independencia frente a la Casa de Nariño y el Congreso, hoy por hoy Alejandro Ordóñez ya se muestra como un jefe de ente de control muy fuerte, con ascendiente en el poder judicial y una hoja de ruta bien definida, a tal punto que -según sus críticos- no teme expresar sus criterios personales en temas que tocan asuntos de índole religiosa.
Remate del Contralor Desde su elección en agosto de 2006 como Contralor General, tras una votación en la que fue determinante la coalición uribista, a Turbay Quintero siempre se le ha visto como un hombre muy cercano al Gobierno e incluso desde sectores de la oposición no pocas veces se le ha criticado una presunta pasividad del ente de control fiscal frente a las múltiples anomalías que se han registrado en los últimos tres años en el Ejecutivo. El Contralor siempre ha negado que exista un sesgo político en sus decisiones y menos aún que haya demora o inactividad en meterle el diente a los escándalos que se han registrado, por acción u omisión, en la administración Uribe.
Más allá de esa controversia, lo cierto es que en el último mes Turbay Quintero se le ha medido a varios de los temas más gordos de la agenda nacional. Por ejemplo, el 19 de noviembre anunció que adelantaría una investigación de fondo para precisar cuáles congresistas estarían incursos en causal de pérdida de investidura por ausencias injustificadas y quiénes han incurrido en situaciones de ausentismo y no se les ha sancionado con el descuento de sueldo correspondiente.
Apenas un día después, el jefe del ente de control volvió a estar en la primera plana de la prensa nacional cuando reiteró su solicitud de suspender el proceso licitatorio que abrió la Administración Distrital para modernizar el sistema de semaforización de Bogotá, ya que, a su juicio, había “un manto de duda muy grande y la licitación no puede seguir adelante mientras no se hayan aclarado las denuncias que se han planteado sobre este tema”.
Rajado en lo social Días después el ente acusador presentó ante el Congreso el Informe Social 2008, diagnóstico que fue considerado por muchos sectores como la evidencia de la deficiente gestión gubernamental en política social. En materia de salud, la Contraloría advirtió no se ha hecho efectivo el principio de universalidad y persisten las inequidades. En educación, dijo, se observan logros pero los esfuerzos son insuficientes, y resulta bastante grave que la mayoría de los jóvenes colombianos solo reciba una educación mínima, pues abandonan las aulas antes de ingresar a los dos últimos grados del bachillerato.
También recalcó el Informe que persiste el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, pues “los ricos son más ricos y los pobres más pobres”. Recalcó que los logros en materia de atención a la población desplazada son escasos. Los más pobres, indicó, son también afectados por problemas alimentarios y nutricionales y se evidencia exclusión en la atención en la población adulta mayor.
Tercer canal… En materia de controles de advertencia, Turbay Quintero ha sido muy activo en las últimas semanas. El caso más importante tiene que ver con la licitación para el tercer canal privado de televisión, a tal punto que la postura expresada por el ente de control fiscal fue la base para una parte de las observaciones de la Procuraduría a la Comisión Nacional de Televisión así como de las aclaraciones urgidas por dos de los tres proponentes habilitados. Turbay Quintero no sólo enfatizó que el precio base para la adjudicación del canal está subvalorado y debe ser actualizado urgentemente, sino que insistió en la necesidad de acudir a la subasta como mecanismo principal para escoger al ganador de la frecuencia. De lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de que un millonario detrimento patrimonial oficial.
Al igual que lo hizo la Procuraduría, el ente de control fiscal también le metió la mano al accidentado arranque del RUNT, que le podría implicar a la Nación millonarias demandas de los afectados por las fallas en este sistema de registro del sector transporte. De las indagaciones ya adelantadas podrían redundar no sólo hallazgos fiscales por evidentes inconsistencias sino la posibilidad de abrir investigaciones e incluso de interponer acciones de repetición contra el patrimonio de los funcionarios y particulares que manejaron en este caso recursos públicos.
La Contraloría también se acompasó con la Fiscalía y el Ministerio Público en la investigación, en lo de su competencia, del escándalo de los subsidios del programa AIS. Las pesquisas fiscales se iniciaron hace semanas pero Turbay Quintero prometió hace dos semanas que entregaría los primeros resultados antes de terminar este año. Incluso no dudó en afirmar que existían claras evidencias de corrupción en este caso.
También le ‘metió’ el diente la Contraloría al tema de la crisis en el sector salud, sobre todo en lo que tiene que ver con el problema de los pagos del Fosyga a las EPS por medicamentos y tratamientos ajenos al Plan Obligatorio de Salud (POS).
Cárceles, Emisor y otros Otro de los asuntos que más concentra la atención de los entes de control es el del manejo de las regalías. En ese aspecto, en el marco de la rendición de cuentas de la gestión del ente de control fiscal, se reveló que se detectaron más de 400 casos sospechosos en donde podría haber embolatados más de 2.500 millones de pesos. También fue el Contralor el que propuso días atrás que se debería estudiar la posibilidad de crear un viceministerio o una especializada para la defensa judicial de la Nación, bajo el entendido de que contra el Estado cursan en este momento demandas por más de 102 billones de pesos y es necesario evitar condenas simplemente por deficiencias en la estrategia jurídica.
El martes de esta semana el ente de control fiscal volvió a apuntarle al Gobierno, al advertir graves anomalías en el plan de ampliación de los cupos carcelarios, relacionadas no sólo con retrasos de varios meses en la construcción y entrega de las respectivas prisiones sino en sobrecostos por más de 90 mil millones de pesos por esa causa. La denuncia la hizo al tiempo que reveló un drástico diagnóstico sobre la situación de alto hacinamiento y otras problemáticas en que sobrevive la población de reclusos.
Un día después, la Contraloría se le metió a otro de los temas más controvertidos para esa entidad. Por primera vez realizó una auditoría al Banco de la República. En el proceso se encontraron en total 35 hallazgos de carácter administrativo, de los cuales cuatro (4) tienen incidencia fiscal y cinco (5) son de carácter disciplinario. También ahondó sobre hechos como la administración de las reservas internacionales y los problemas que se presentaron cuando más de 20 millones de dólares del Emisor quedaron embolatados en entidades financieras que quebraron en medio del crash internacional del año pasado.
Como se ve, a pocos meses de dejar el cargo la gestión de Turbay Quintero ha tenido un pico de productividad muy llamativo. Si bien es cierto que algunos de sus eternos críticos aún no bajan la guardia, lo cierto es que la Contraloría cierra este 2009 con la guardia en alto y la lupa alzada.
El tema del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos sigue en boca del Mandatario del vecino país.
