Reforzar la lucha contra la corrupción administrativa, que tan sólo en pérdidas por regalías le cuesta al país más de $126 mil millones al año; agilizar la atención y respuesta a la cada vez más creciente cantidad de denuncias ciudadanas; continuar avanzando en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz hasta lograr la condena de los responsables y continuar evacuando con celeridad la acumulación de procesos del antiguo sistema penal acusatorio y el represamiento del actual, son tan sólo algunos de los retos que tendrá el nuevo fiscal general de la Nación, que deberá ser elegido por la Corte Suprema el próximo 23 de julio de la terna enviada por el presidente Álvaro Uribe.
Aunque entre los aspirantes no hay ningún abogado penalista, pese a que la misma Corte en su jurisprudencia ha determinado que el fiscal general debe representar al ente acusador en audiencias públicas, el Jefe de Estado considera que Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio, especializados en derecho administrativo, cumplen los requisitos para ocupar el cargo. Pero a menos de un mes para que termine el período de Mario Iguarán, es probable que su sucesor deba resolver neurálgicos procesos como la yidispolítica, la parapolítica, la farcpolítica, la corrupción en el DAS y los falsos positivos; este último asunto del que está muy pendiente la comunidad internacional. Así mismo, terminar la acusación en casos tan representativos como la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia en 1985 y sacar a flote la investigación por el caso del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Dos de los aspirantes han formado parte del actual gobierno, directa o indirectamente.
El ex ministro de Defensa y ex embajador ante la OEA Camilo Ospina Bernal, además se desempeñó como secretario jurídico de la Casa de Nariño. Fue compañero de gabinete del ex ministro Sabas Pretelt de la Vega y del actual jefe de la cartera de la Protección Social, Diego Palacio, investigados por la yidispolítica, y se caracterizó por ser un fuerte defensor de la política de seguridad democrática del presidente Uribe.
Algo similar ocurre con la abogada Virginia Uribe, que ha sido consejera permanente del Ministerio del Transporte y quien fue abogada personal del Jefe de Estado durante varios años. Además entre 1998 y 2002 fue apoderada de personas investigadas por celebración de contratos y contratistas encargados de obras públicas, al igual que asesora de consorcios internacionales con negocios en Colombia y ha fungido como árbitro en la Cámara de Comercio de Medellín. En la actualidad lleva adelante asesorías con al menos cinco empresas.
La tercera opción es el jurista Juan Ángel Palacio Hincapié, ex magistrado del Consejo de Estado y quien ha tenido una larga trayectoria en la Rama Judicial, en la que también fue magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Tiene 30 años de experiencia como docente y es capitán de la reserva del Ejército Nacional. No obstante que es evidente que las hojas de vida llegan en igualdad de condiciones a la Corte Suprema y que los tres candidatos fueron postulados por el Presidente, para nadie es un secreto que Camilo Ospina ha sido una carta que desde hace mucho tiempo se daba como fija en la terna incluso desde que estaba como embajador ante la OEA.
Pese a que la ley no estipula que deban ser abogados penalistas los escogidos para elegir fiscal, no se puede pasar por alto que durante la presidencia de Andrés Pastrana la Corte Suprema cuestionó a los candidatos de ese gobierno por no ser especialistas en esa rama del derecho. Sin embargo, al final, terminó eligiendo a Luis Camilo Osorio.
Aunque la escogencia del nuevo fiscal tendrá que darse en un ambiente en el que se han presentado fuertes rifirrafes entre el Ejecutivo y la Corte, por temas como los seguimientos del DAS a magistrados, la parapolítica o la yispolítica, aún no es claro si entre los 23 magistrados del Alto Tribunal existe disposición o unanimidad para dejar de lado los nombres de los candidatos que son identificados como más cercanos al Gobierno, más aún cuando ha estado latente un asunto que ha merecido hasta pronunciamientos de representantes de la ONU: la necesidad de respetar y garantizar la independencia del poder judicial.
De cara al país los aspirantes al cargo deberán presentar su proyecto de trabajo el próximo jueves en audiencia televisada, aunque después lo harán a puerta cerrada ante los magistrados. Más allá de las suspicacias que ha generado la elección del nuevo fiscal, lo importante es que el elegido logre unificar a las diferentes ramas del poder en torno a garantizar una debida administración de justicia y que sea prenda de garantía e independencia frente a los casos críticos que tendrá en sus manos.
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