skip to main |
skip to sidebar
“Para efectos prácticos se abren las puertas a la reelección indefinida puesto que una vez más se vislumbra otro cambio cuatrienal de jurisprudencia”
UNA NUEVA carta le dirigió el ex mandatario Andrés Pastrana al presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla.
El siguiente es el contenido de la misiva:
“Recibí su comunicación de fecha 28 de mayo.
Los debates en torno a la Constitución son el eje de la política en las democracias modernas. Las opiniones y los fallos de los magistrados, los orígenes y antecedentes de estos, su filosofía y aún su estilo personal son materia de controversia o aplauso. Las decisiones de una corte con mandato de vigilancia y preservación de la Constitución pueden llegar a dividir una nación y definir su rumbo político, tal como sucede en Estados Unidos en torno al debate del aborto. Pero una cosa es disentir y otra deslegitimar. Aquí el problema de fondo no es la forma.
Como ciudadano, lo reitero una vez más a la Honorable Corte, disiento respetuosamente de la sentencia que permitió la reelección presidencial, considerando gravísima la omisión del Tribunal cuando desestimó el equilibrio constitucional que se rompía. No creo que haya sido acertado admitir un peso de semejante proporción sin ajustar los correspondientes contrapesos, garantías y salvaguardias. A la par de un trámite maculado por el cohecho –según la Corte Suprema de Justicia– primó la tesis del simple cambio de un articulito propugnada por el Ejecutivo.
”Consecuentemente, tampoco considero positiva para la construcción del edificio constitucional la declaración del señor Presidente de la Corte cuando aventura públicamente –en contravía de la jurisprudencia vigente que limita a una sola instancia la reelección presidencial– la tesis de la absoluta soberanía popular como razón para decidir (ratio decidendi) sobre un eventual referendo reeleccionista.
”El Presidente de la Corte Constitucional coincide entonces con el Ejecutivo cuando éste asegura: ‘(…) este (Colombia) es un país de Estado Social de Derecho y Estado de Opinión, que es la categoría superior del Estado de Derecho’. ”Así se abona el campo para que prospere la tesis de la hecatombe constitucional según la cual el pueblo es soberano para destruir sus instituciones sin colocar nada en el sitio de lo arrasado.
”Desde la cabeza de la Corte, sin expresión contraria a lo expuesto al respecto en mi carta a los señores magistrados, se abre camino a la posibilidad de una tercera elección consecutiva de un presidente. Para efectos prácticos se abren las puertas a la reelección indefinida puesto que una vez más se vislumbra otro cambio cuatrienal de jurisprudencia –a la manera andina– que acentúa la vía autocrática de la Carta. Más peso presidencial sin contrapesos democráticos.
”Con el orden constitucional roto a favor de una persona por razón de la vía de hecho de la compra de conciencias, tengo la obligación moral, como ciudadano y como ex Presidente, de defender la Constitución y el Estado Social de Derecho y, por consiguiente, disentir en la forma más respetuosa de la Honorable Corte Constitucional tanto por decisiones pasadas como por las advertencias de su presidente hacia el futuro”.
“Lo mejor es que el presidente elija ceder el puesto y darle a su país un último gran regalo, mediante el fortalecimiento del sistema político por cuya protección se ha luchado tan duro”
The Washington Post
De la edición impresa (*)
“EN SIETE años, Álvaro Uribe se ha establecido como uno de los más exitosos presidentes en la historia moderna colombiana. Cuando tomó posesión de su cargo, su país estaba al borde del estatus de Estado-fallido; bajo su dirección, el Gobierno restableció el control sobre la mayor parte del país, derrotó o desmovilizó a guerrilleros y paramilitares, y revivió la economía. Aunque Colombia sigue siendo una fuente importante de tráfico de cocaína, los capos de la droga ya no operan con impunidad: docenas han sido capturados, muertos o extraditados a los Estados Unidos para su enjuiciamiento.
Ahora, el éxito del señor Uribe amenaza con convertirse en su ruina. Hace cuatro años, sus seguidores políticos condujeron un movimiento para modificar la Constitución y que pudiera quedarse otro período; el presidente ganó la reelección en forma aplastante. Ahora, con su segundo mandato que expira en 2010, otro movimiento ha aparecido. La semana pasada, el Senado de Colombia aprobó una enmienda constitucional que, de ser conciliada con una versión en la cámara baja y aprobada por la Corte Constitucional del país, podría ser sometida a un referendo este año. Las encuestas muestran que el señor Uribe sigue siendo muy popular y podría ganar un tercer mandato.
Esto significa que el señor Uribe, que todavía no ha dicho si va a tratar de permanecer en el cargo, podría afrontar una hazaña más impresionante aún. Debe ejercer un control sobre sí mismo, olvidarse de los votantes de Colombia y abandonar el cargo cuando termine el mandato. A pesar de sus logros, su Gobierno se ha debilitado por los escándalos en los últimos años, algunos de ellos graves. Más de dos docenas de soldados del Ejército han sido detenidos por la práctica de asesinar a civiles inocentes y presentarlos como guerrilleros; el servicio de inteligencia está bajo investigación por espionaje a políticos de la oposición y periodistas. Aunque el señor Uribe no ha sido personalmente implicado en los escándalos, dos de sus hijos han sido blanco de acusaciones de corrupción.
La razón más poderosa para su jubilación, sin embargo, es fortalecer las instituciones democráticas de Colombia. Con su vibrante prensa, tribunales independientes y una activa sociedad civil, el país se destaca como una alternativa a la autocracia populista establecida en la vecina Venezuela. Después de dos intentos, recientemente Hugo Chávez eliminó el límite de su propio mandato y ahora está tratando de destruir lo que queda de su oposición. En una región plagada de mal gobierno, el señor Uribe ha demostrado cuánto puede lograr la capacidad de un presidente democráticamente elegido; ahora tiene la oportunidad de demostrar la importancia de que las instituciones y el imperio de la ley estén por encima de cualquier líder.
El señor Uribe dijo recientemente que él está en un conflicto acerca de la oferta de reelección; al tiempo que reconoce que puede debilitar la democracia, dijo que está preocupado por la preservación de su ‘seguridad democrática’. Pero tiene al menos un digno sucesor disponible: el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dimitió recientemente y dijo que iría a la presidencia si el señor Uribe no. Si permanece en el cargo, el señor Uribe correría el riesgo de socavar sus propios éxitos, algunos de sus partidarios más fuertes podrían volverse contra él y las buenas relaciones que ha mantenido con los Estados Unidos podrían terminar bajo tensión. Lo mejor es que el presidente elija ceder el puesto y darle a su país un último gran regalo, mediante el fortalecimiento del sistema político por cuya protección se ha luchado tan duro”.
The Miami Herald
El martes pasado, el diario The Miami Herald cuestionó la segunda reelección de presidente Álvaro Uribe, señalando que si insiste en esa “tentación política”, lograría que, “en lugar de ser visto como un héroe”, el mandatario “sería visto como un político ególatra buscando gratificación personal. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas las debilitaría al imponer un estilo político personalista al gobierno nacional”.
Los Angeles Times
El 27 de agosto de 2008, el diario californiano dijo que aunque Uribe sea “el líder elegido más popular del mundo” es “hora de que hable y diga: ‘No, gracias’”, porque volver a modificar la Constitución “lo pondría en la misma desagradable categoría de Hugo Chávez, quien no ha ocultado su deseo de ser presidente de Venezuela a perpetuidad”.
The New York Times
Pocos días antes, el 22 de agosto, el rotativo neoyorquino señaló que Uribe “debería decir a sus amigos que no quiere un tercer mandato”. Aunque el diario aceptó que “Uribe ha hecho importantes progresos”, sin embargo “ha demostrada demasiado poco respeto por las instituciones de la democracia colombiana”.
The Economist
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, el pasado 15 de mayo la revista británica The Economist advirtió sobre el deslizamiento del presidente Uribe “hacia la autocracia”, con el consiguiente “daño para la democracia”.
El congresista pidió que las actas de las sesiones en que se discuta la iniciativa sean enviadas a la Corte Suprema y al Consejo de Estado pues considera que sus colegas incurrieron en abuso de autoridad y prevaricato. El Polo y el Partido Liberal se retiraron.
LA REFORMA política fue aprobada de acuerdo con la ponencia mayoritaria en su penúltimo debate en el Senado.
En el tema de “responsabilidad de los partidos, prohibición y sanción de la doble militancia”, además de aprobar el texto de la ponencia mayoritaria, se aprobaron dos incisos nuevos; en uno, los partidos se hacen responsables de los avales que otorguen, aunque los candidatos involucrados en delitos no salgan elegidos; en el otro, para no darle facultades especiales al Gobierno, le da un plazo al Congreso para que reglamente las sanciones antes de que termine este año.
El umbral quedó en 3 por ciento, pero “solo será exigible a partir de las elecciones al Congreso de la República a celebrarse en el año 2014”, quedando para el 2010 “como requisito el 2 por ciento contemplado actualmente en la Constitución Política”.
En cuanto a la financiación estatal de las campañas políticas, quedó tal como salió de la Cámara, pero se adicionaron incentivos a las organizaciones políticas que den cabida a la representación pluralista, así como por género y diversidad sexual. Todo esto será reglamentado por el Gobierno si el Congreso no lo hace dentro de los seis meses siguientes.
En el castigo de la silla vacía, la curul no será reemplazada cuando haya medida de aseguramiento y el partido la perderá cuando haya condena por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y vínculos con grupos armados ilegales. Esto será vigente para “las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo”.
Se agregó un nuevo inciso que decreta muerte política, ya que los miembros de cuerpos colegiados condenados por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o nexos con grupos armados ilegales no podrán volver a ser inscritos, candidatizados, elegidos a cargos de elección popular, como tampoco podrán ser designados servidores públicos ni contratar con el Estado.
Retiro
Los tres senadores del Partido Liberal y los dos del Polo Democrático que integran la Comisión Primera de la Cámara alta se retiraron del debate a la reforma política tras la sustentación de la ponencia negativa presentada por el legislador Jesús Ignacio García.
Al anunciar la decisión liberal, el senador Héctor Helí Rojas solicitó formalmente que “copia del acta de esta sesión y de todas las sesiones en que se tramite la reforma política” sean “enviadas a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado”, debido a que, en su opinión, “estamos abusando de nuestra autoridad de congresistas, incluso estaríamos prevaricando”.
Impedimentos
Los liberales tomaron la decisión luego que la comisión le negara al senador Marco Alirio Cortés, de La U, una solicitud para declararse impedido de votar la reforma política, dado que la Corte Suprema le abrió una investigación preliminar por posibles vínculos con grupos paramilitares.
El senador Gustavo Petro indicó que no sólo Cortés, sino todos los congresistas en situación similar deberían declararse impedidos.
Unos siete integrantes de esa célula legislativa tendrían circunstancias que los podrían declarar impedidos para discutir temas como el de la silla vacía, porque cualquier decisión que tome la comisión los puede beneficiar o perjudicar, explicó Petro.
Algunos casos: Juan Carlos Vélez, de La U, es el reemplazo de Mauricio Pimiento, condenado a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector; Carlina Rodríguez, del Partido Conservador, es el reemplazo de Ciro Ramírez, llamado a juicio por concierto para delinquir con fines de narcotráfico; María Isabel Mejía, de La U, llegó a reemplazar a Jorge Visbal, investigado preliminarmente por posibles nexos con grupos paramilitares, quien a su vez reemplazó a Carlos García, llamado a juicio por concierto para delinquir agravado; Alfonso Valdivieso, de Cambio Radical, es el reemplazo de Rubén Darío Quintero, detenido por nexos con grupos paramilitares e investigado por vínculos con DMG; Elsa Gladys Cifuentes, de Cambio Radical, entró a la Comisión Primera de Senado por la renuncia de Germán Vargas, pero ingresó al Congreso en reemplazo de Reginaldo Montes, condenado a seis años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares; y Armando Benedetti, de La U, investigado preliminarmente por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
“Se volvió un juego el tema de los impedimentos”, manifestó Rojas.
Más peros
El senador Rojas puntualizó otros temas, como por ejemplo la reglamentación de la financiación de las campañas electorales. Dirigiéndose a la bancada uribista y al ministro del Interior, Fabio Valencia, presente en la sesión, dijo: “Ustedes no sólo quieren hacernos las reglas con que el Polo y el Partido Liberal compitan, sino que quieren que nos las haga el señor Presidente de la República; así lo autorizan unos parágrafos que dicen que si el Congreso no reglamenta la reforma, la reglamentará el Gobierno”.
Enseguida Rojas se refirió al tema de la pérdida de investidura.
“En el artículo quinto de la ponencia de mayorías (…) se incluye una norma que dice que los miembros de las corporaciones no tendrán suplentes”, dijo el congresista.
Efectivamente, la ponencia dice que “solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, por accidente o enfermedad, renuncia justificada, motivada y aceptada por la respectiva corporación”.
“Pero le agregan la siguiente perla: ‘también puede haber reemplazo en la curul en los eventos -dijo Rojas, y leyó- pérdida de investidura, medida de aseguramiento por delitos distintos a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad’”.
“Esto tiene la siguiente consecuencia”, explicó el senador liberal: “Esto modifica el régimen de pérdida de investidura de los congresistas. De un plumazo están queriendo salvar sus investiduras (…). Es decir, si los políticos roban o hacen contratos leoninos o cometen delitos contra la administración pública, incluso si cometieran delitos sexuales contra personas mayores, no perderían la investidura ni se perdería la curul”.
En ese momento Rojas fue interpelado por Petro: “Significa que todos los congresistas que han sido condenados por sus vínculos con el paramilitarismo volverían al Congreso de la República porque no quedarían inhabilitados”.
Rojas prosiguió: “Modificar el régimen de la pérdida de investidura en este sentido conlleva a beneficiar a muchos de los que han sido investigados o condenados por parapolítica y por yidispolítica (…). Estamos abusando de nuestra autoridad de congresistas, incluso estaríamos prevaricando”.
Desde el año anterior dijo que sería un suicidio político presentar un candidato de partido en lugar de acudir a una coalición de fuerzas antiuribistas
CON SU renuncia ayer se cerró cerca de un año de desencuentros entre el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón con la dirigencia del Polo Democrático Alternativo por la estrategia a seguir frente a las elecciones presidenciales de 2010.
“He recibido la comunicación en relación con la convocatoria a la consulta interna del Polo Democrático Alternativo. Saben ustedes que discrepo de la decisión tomada por el Congreso del Partido y su ratificación en la reciente Junta Nacional, en el sentido de negar una eventual convergencia para las elecciones de 2010”, expresa Garzón en la misiva en la que comunica a la colectividad su decisión de dejarla.
Precisamente la postura del presidente del Polo, Carlos Gaviria, y la dirigencia de la colectividad de presentar un candidato del partido en las elecciones de 2010 fue el motivo para que Garzón comenzara a distanciarse a mediados del año anterior, pues el ex alcalde planteó la necesidad de una alianza con varias colectividades de la oposición para enfrentar al proyecto uribista.
Sin embargo, no fue el único motivo, y así lo expresa Garzón en su carta de renuncia: “Igualmente considero que la unidad alrededor del candidato y del programa del Polo se convertirá en una dificultad para lograr cualquier tipo de encuentro con otras miradas políticas que no sean parte del uribismo”.
Garzón, quien fue dirigente sindical durante varios años, era parte del Polo Democrático Independiente, que en el año 2005 se fusionó con Alternativa Democrática para conformar el Polo Democrático Alternativo.
Tras su salida del Polo, se conoció que Garzón se pronunciará hoy sobre la posibilidad de su candidatura a la Presidencia de la República. Incluso se dice que podría hacer parte de un movimiento de convergencia al lado de otros candidatos independientes como Sergio Fajardo, Antanas Mockus, Marta Lucía Ramírez y Enrique Peñalosa.
El retiro de la recusación presentada por el Partido de La U aún no ha sido definido. Extraoficialmente se estima que los conciliadores serán nombrados la próxima semana.
PARA TOMAR una decisión acerca del retiro de la recusación presentada por el Partido de La U contra el presidente de la Cámara, Germán Varón, podría reunirse hoy la mesa directiva de esa corporación.
Como se recordará, el presidente de La U, Luis Carlos Restrepo, presentó una recusación contra Varón por considerarlo parcializado para nombrar los miembros de la comisión que debe conciliar los diferentes textos del referendo reeleccionista aprobados en Cámara y Senado. Pero luego esa organización política decidió retirar la recusación.
Ayer la mesa directiva de la Cámara se reunió pero no llegó a ninguna conclusión.
“La mesa se reunió. Yo no tomé partido ni emití opinión, pues soy la persona recusada. Quedaron de esperar un concepto jurídico y tomar una decisión”, manifestó Varón.
EL NUEVO SIGLO conoció que si hoy cuenta con el mencionado concepto jurídico, la mesa directiva podría reunirse en el transcurso del día y tomar una decisión.
“Eso lo define la mesa: el primer vicepresidente y segundo vicepresidente”, explicó Varón, a quien sus compañeros en la dirección de la Cámara le aseguraron que a más tardar mañana tendrían “una decisión tomada” y le darían “curso a la decisión que entre ellos dos acordaran”.
Sin embargo, Varón reiteró su posición sobre el trámite de la recusación: “Yo creo que ya es un trámite iniciado y que debe ser el Comité de Ética el que se pronuncie”. Insistió: “Como yo lo había manifestado, lo que mejor podría pasar es que el comité se pronuncie sobre esa recusación”.
“Vi una buena voluntad de parte de la mesa de tomar una decisión en pocos días y, adicionalmente, sé que la mayoría de los congresistas ya quieren avocar el tema del referendo”, añadió.
Si el tema de la recusación queda resuelto de aquí a mañana, los conciliadores podrían ser nombrados el próximo martes.
Varón y Restrepo
Mientras Varón dialogaba con periodistas, en sala de espera se encontraba el presidente de La U.
“Es una visita cordial. Él quiere saber seguramente cómo han avanzado las circunstancias, lo que se ha definido por la mesa. Yo le informaré. Es una reunión cordial. Yo tengo una posición ya definida de tiempo atrás; ellos también. Yo respeto esa posición y aspiro a que podamos solventarlas para darle trámite a lo que tiene que ver con el referendo”, dijo Varón.
Restrepo se limitó a decir, fuera de micrófonos, que pasaba por allí, vio la puerta abierta, y que como las puertas abiertas siempre son una tentación, el cedió y entró.
Varón y Andrade
Varón también se reunió con el presidente del Congreso, Hernán Andrade, “para establecer cuántos partidos hay, cuál sería el número conveniente de conciliadores”, contó el legislador de Cambio Radical.
“Es decir –precisó Varón–, seguir avanzando independientemente de que no se puedan nombrar” los conciliadores mientras no se resuelva la recusación.
El objetivo es, dijo, “tratar de llegar a acuerdos previos, de tal manera que cuando se defina la recusación, sea yo u otra persona, pues ya haya por lo menos algo avanzado con respecto al número y a las personas que podrían ser conciliadoras entre Senado y Cámara”.
Si la iniciativa no es aprobada esta semana podría hundirse, pues le hacen falta dos debates que deben darse antes del 20 de junio
LA COMISIÓN Primera del Senado fue citada hoy a las 10 de la mañana para adelantar el séptimo y penúltimo debate a la reforma política, sin que existan acuerdos entre la propia bancada uribista.
Al cierre de esta edición se habían radicado dos ponencias y una constancia.
Las ponencias radicadas son la positiva, a cargo de la bancada uribista liderada para este tema por el senador Armando Benedetti; y la negativa, firmada por el legislador Jesús Ignacio García.
Hoy, según se lo confirmó a EL NUEVO SIGLO el senador Gustavo Petro, presentará “una serie de artículos alternativos” al acto legislativo, tras lamentar que, como él lo propuso, no se haya realizado una reunión de ponentes para intentar concertar con todas las vertientes una reforma política. Sin embargo, Petro no quiso anticipar los puntos que llevará hoy a la Comisión.
Mayoritaria
La ponencia mayoritaria propone aclarar “que quienes hayan renunciado a sus curules antes de entrar en vigencia el acto legislativo, no estarán impedidos para inscribirse por un partido distinto”.
También deja igual “la modificación al artículo 107 de la Constitución”, para que “dos o más partidos presenten candidatos por coalición en elecciones uninominales” y “define que será obligatorio para los partidos acatar el resultado de las consultas”.
La entrega previa “a la elección” de “parte de los recursos” para financiar las campañas de “partidos y movimientos con personería jurídica” será reglamentada por el Congreso “durante los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo”; si no, “el Gobierno Nacional reglamentaría transitoriamente la materia”.
Además, la ponencia “propone suprimir” el inciso que establecía que “no se podrán realizar coaliciones con grupos significativos de ciudadanos para inscribir o apoyar candidatos a corporaciones públicas o cargos uninominales”.
Incluye un “Parágrafo Transitorio: Para las elecciones al Congreso de la República a celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del presente artículo será del dos por ciento”.
La ponencia propone incluir, como excepciones a la prohibición de las suplencias, “la pérdida de investidura y la medida de aseguramiento por delitos distintos a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad”. También se adiciona un nuevo inciso: “Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul para el partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública”.
Negativa
En su ponencia negativa, el senador García consignó que “el Partido Liberal estima que esta reforma es inconveniente e inoportuna, esto es que no existen razones políticas que justifiquen su aprobación”.
De acuerdo con los argumentos plasmados en la ponencia, García, a nombre de su partido, considera, entre otras cosas, que “proponer sanciones a los partidos políticos, sin que ellas sean de aplicación inmediata, equivale a cubrir con el manto de la impunidad los hechos de la denominada criollamente parapolítica”; que “si uno de los propósitos fundamentales de la reforma al decir de sus autores es el fortalecimiento de los partidos, no se entiende el tímido aumento del porcentaje de votación para obtener la personería jurídica. La gobernabilidad la garantiza una mayor cohesión política que se logra con una menor proliferación de partidos”.
El senador García llama la atención acerca de que “la reforma no tiene una aplicación inmediata en las diferentes materias que trata”, como por ejemplo, “la celebración de las consultas (…), el procedimiento para sancionar la doble militancia con la pérdida de la curul o cargo (…), el anticipo de la financiación”.
“El señor Uribe y sus partidarios podrían destruir su legado, tratando de ampliar su mandato a un tercer período sin precedentes (…) Una democracia sana requiere alternar su liderazgo”
“EL ESFUERZO para ampliar el período presidencial de Álvaro Uribe podría empañar su legado y sus logros”, dijo ayer el diario The Miami Herald en un editorial titulado “Demasiado”.
Con este son tres los editoriales de la prensa norteamericana que, sumados a la revista británica The Economist, han expresado reservas frente a la reelección de Uribe.
Según el editorialista del rotativo norteamericano, “desde el día en que asumió el cargo en 2002, el presidente Uribe mostró que él era el hombre adecuado para el trabajo. Tomó un país que existe en un perpetuo, si no declarado, estado de sitio a casi destruir la guerrilla, un objetivo que han eludido una serie de predecesores en la Casa de Nariño. Este notable logro es un homenaje a su enérgico liderazgo”.
Pero, “lamentablemente”, dijo The Miami Herrald, “el señor Uribe y sus partidarios podrían destruir su legado, tratando de ampliar su mandato a un tercer período sin precedentes”.
El periódico de Florida considera que “para el señor Uribe, sucumbir a esta tentación política sería un error, tanto para sí mismo y para su país. En lugar de ser visto como el héroe que trajo a Colombia de regreso del borde del caos, se le considera como un político cargado de ego buscando gratificación personal. En lugar de fortalecer las instituciones de Colombia, las debilitaría mediante la imposición de una marca personalista de la política en el Gobierno Nacional”.
“Hasta 2006, la Constitución limitaba al presidente a un solo mandato de cuatro años. El desempeño del señor Uribe llevó a que los votantes pensaran en que merecía permanecer en el puesto de trabajo. Se aprobó un cambio constitucional que permitió un segundo mandato. La semana pasada, el Senado dio el visto bueno a otro referendo que permita un tercer mandato. Eso es demasiado”, indicó el editorial.
“Doce años en un puesto de trabajo diseñado originalmente para un período de cuatro años daría a la presidencia del señor Uribe, o a la de cualquier otro, demasiado poder”, consideró The Miami Herald, que añadió: “Una democracia sana requiere alternar su liderazgo”.
“Indudablemente”, señala el diario, “el señor Uribe sigue siendo muy popular en Colombia”; pero, advierte, “sólo porque podría ganar un tercer mandato no significa que debe tratar. Una serie de escándalos políticos y la participación de la policía política en las escuchas telefónicas de sus oponentes son remolinos en torno al presidente de Colombia”.
“Incluso los admiradores pueden tener dudas si trata de buscar otro período. La historia juzgará mejor al señor Uribe si no lo hace”.
Voceros de la bancada oficialista afirman que el artículo es para favorecer al senador del Polo, quien sostiene que ese argumento es falso
NO ES cierto que la reforma política abrirá las puertas para que ex jefes paramilitares tengan la posibilidad de aspirar a ser elegidos en cargos públicos, señaló Armando Benedetti, uno de los dos coordinadores ponentes designados para el trámite de esta reforma constitucional que espera sus dos últimos debates en Senado.
De esta forma el parlamentario del Partido de la U respondió al director único del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, quien previno sobre la presencia de un “orangután” en el artículo cuarto de la reforma política, que según Gaviria faculta a ex jefes paramilitares para aspirar a cargos de elección popular y contratar con el Estado.
“Lo que tumbó la Corte Constitucional en la Ley de Justicia y Paz ahora lo pretenden convertir en una consagración constitucional”, dijo Gaviria, para después complementar afirmando que “yo no había visto una monstruosidad igual, como la de consignar los derechos de los jefes paramilitares en la Constitución”.
Sin embargo, Benedetti señaló que Gaviria está equivocado porque “esa redacción se volvió a construir para favorecer a Petro. Como él ya fue juzgado, entonces según esa teoría que quiere hacer Gaviria, sería entonces que no pudiera asistir ni Petro al Senado”.
El coordinador de ponentes de la reforma política dijo que se han tenido que hacer “malabarismos” con esa redacción para que por delitos políticos sí puedan aspirar a cargos de elección popular, mientras que “en delitos comunes los parapolíticos jamás en la vida puedan ir. A nadie se le ha ocurrido eso, a nadie se le ha ocurrido que los parapolíticos puedan regresar a la política, quiero dejarlo bien claro”, remarcó Benedetti.
El problema no es mío: Petro
Sin embargo, el senador Gustavo Petro dijo que su caso no puede servir como ejemplo para justificar la redacción del citado artículo cuarto: “Ese artículo se refiere no a los congresistas. El capítulo de los congresistas tiene un artículo aparte que prohíbe ser congresista a quien haya sido condenado, excepto por delitos políticos o culposos”.
Petro señala que el artículo en discusión está en el capítulo de la función pública y reforma el artículo 122 de la Constitución. “Mientras que hay unas inhabilidades específicas para congresistas y hay otra para presidente, éste (el artículo cuarto) es para cualquier tipo de funcionario público”.
Entonces en ese artículo (122) no había ninguna prohibición en la Constitución del 91. El referendo de Uribe solo aprobó un artículo que le agregó “no podrán ejercer función pública quienes hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio público”.
Petro señala que él no tendría problema para aspirar nuevamente al Congreso o a la Presidencia de la República porque estos cargos contemplan dentro de las excepciones de inhabilidades los delitos políticos.
Sin embargo, el senador dijo que el texto de ese artículo como salió de Cámara “es un enredo”. En ese sentido señaló que la redacción del artículo no puede ser tan laxa que permita a los condenados por delitos de lesa humanidad aspirar a cargos de elección, pero tampoco tan amplia en sus restricciones que incluso no permitiría que ex combatientes del paramilitarismo sigan hoy contratando con el Estado para cuidar vías, por ejemplo.
Por eso Petro propondrá cuando la reforma política llegue en su séptimo debate a la Comisión Primera de Senado que no pueda ser funcionario público que haya cometido delitos contra el patrimonio, pero tampoco delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
Si logra conformarse la comisión, su informe, con el texto sobre el cual se logre un acuerdo, volverá a las plenarias de cada Cámara. Allí deberá discutirse nuevamente y votarse.
ESTÁ EN veremos la conformación de la comisión de conciliación mientras no se concrete el retiro de la recusación presentada por el líder de La U, Luis Carlos Restrepo, argumentando parcialidad del presidente de la Cámara, Germán Varón, para nombrar los integrantes de esa célula legislativa.
La comisión debe conciliar los textos aprobados en Senado y Cámara; mientras los representantes ratificaron la pregunta que más de cuatro millones de ciudadanos apoyaron con su firma, los senadores la cambiaron para que el presidente Álvaro Uribe pudiera presentarse a otra reelección en los comicios de 2010.
Este fin de semana Varón insistió en que esa “recusación es inocua, pero una vez interpuesta no puedo hacer otra cosa que respetar los procedimientos. Esto tiene que terminar con un pronunciamiento de la Comisión de Ética”.
Varón ya había señalado que no estaba de acuerdo con que se retirara la recusación interpuesta en su contra por Restrepo, porque, en su concepto, “el cumplimiento de la ley” no se puede condicionar. La condición para retirar la recusación es que Varón no se empeñe en hundir el proyecto de referendo reeleccionista en la conciliación.
Aunque el presidente del Congreso, Hernán Andrade, anunció un acuerdo entre Varón y Restrepo, el presidente de la Cámara precisó que aunque no hubo acuerdo con el jefe de La U, sí se logró un ambiente de tranquilidad para la conformación de la comisión conciliadora.
“La decisión de retirar la recusación por parte de él dejaría un muy mal sabor que se interpretaría como que yo estaba incumpliendo la ley”, indicó. Además, dijo Varón, es grave que se llegue a plantear que los congresistas, después de votar un proyecto de ley, no puedan explicar “su voto ni el sentido en el que votaron”.
“No soy partidario de retirar la recusación porque me parece que es importante para el funcionamiento del Congreso que sea resuelta por el organismo pertinente”, precisó.
Hoy “la recusación llegará a la Comisión”, mañana “seré citado a descargos y deberán tomar una decisión. Si la recusación resulta positiva, yo me haré a un lado. Si no me recusan, pues ya hay un compromiso con el presidente del Senado de escoger los conciliadores para el proyecto del referendo”, añadió Varón.
Conciliadores
El artículo 187 de la Ley Quinta, que en 1992 reglamentó el funcionamiento del Congreso, señala que la comisión de conciliación estará integrada “preferencialmente por miembros de las respectivas comisiones permanentes que participaron en la discusión de los proyectos”, que para este caso son las comisiones primeras de Senado y Cámara. Según el artículo, también deben tenerse en cuenta los “autores y ponentes” de la iniciativa, “y quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las plenarias”.
Al anunciar el probable acuerdo entre Restrepo y Varón, Andrade anticipó que mañana al mediodía se conocerían los nombres de los conciliadores, que el dirigente huilense calculó en 15.
Hace ocho días trascendieron seis nombres de quienes podrían ser los designados por Varón para conciliar los diferentes textos aprobados en Cámara y Senado. La lista la integrarían los representantes Rosmery Martínez y Carlos Motoa, de Cambio Radical; David Luna, de Por el País que Soñamos; Telésforo Pedraza, de La U; Carlos Arturo Piedrahita, del Partido Liberal; y Germán Navas, del Polo Democrático.
Este fin de semana se ventilaron cuatro nombres de los senadores que nombraría Andrade para la comisión: Héctor Helí Rojas, del Partido Liberal; Elsa Gladis Cifuentes, de Cambio Radical; Juan Carlos Vélez, de La U; y Eduardo Enrique Maya, del Partido Conservador.
Si se confirman estos nombres, faltarían cinco, de acuerdo a las cuentas de Andrade.
El informe de conciliación, con el texto sobre el cual la comisión logre un acuerdo, volverá a las plenarias de cada Cámara. Allí deberá discutirse nuevamente y votarse. Es decir, el proyecto tendrá dos nuevos debates.
Volviendo a la Ley Quinta, del artículo 189 puede derivarse que si no hay conciliación entre los textos, el proyecto se hunde: “Si repetido el segundo debate en las Cámaras persistieren las diferencias sobre un proyecto de ley, se considerará negado en los artículos o disposiciones materia de discrepancia, siempre que no fueren fundamentales al sentido de la nueva ley”.
Solo con que en alguna de las Cámaras el proyecto sea votado negativamente, el referendo se hundirá.
Última batalla
La conciliación es uno de los tres obstáculos que le faltan al referendo reeleccionista por superar, junto con la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional y la superación del umbral en las urnas.
Hace ocho días, es decir el mismo día en que fue aprobado el referendo, a través de un comunicado, el ex presidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo que “la Cámara de Representantes no puede legalmente conciliar un texto que viene del Senado y que fue negado por esa corporación expresamente tanto en su Comisión Primera como en la plenaria”.
Gaviria señaló que la Corte Constitucional “fue totalmente clara al señalar” que si la reelección “se aplicaba por más de una vez (…) constituía una sustitución de la actual Constitución Nacional”.
En menos de siete días se generaron tres debates en torno al referendo que busca abrirle paso a un tercer periodo del actual mandatario. Aunque cada uno tiene su complejidad, al final el tercero resultó el más importante porque pone de presente el riesgo de la autocracia presidencial para el sistema democrático, la Constitución y el equilibrio de poderes
LA APROBACIÓN esta semana en último debate del proyecto de referendo que busca abrirle paso a una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe llevó al país a concentrar su atención en tres tipos de debates, cada uno de ellos con sus propias particularidades y complejidades. Sin embargo, sólo uno encierra la cuestión de mayor importancia.
El primero, sin duda, fue el relativo a la forma accidentada en que la iniciativa recibió visto bueno en la plenaria del Senado y la controversia que se prendió de inmediato en torno a lo que será la instancia de conciliación con la Cámara de Representantes, ya que los textos aprobados en una y otra corporación legislativa son distintos.
¿Por qué se generó tanta controversia por lo ocurrido en la plenaria del Senado? Hay tres razones básicas. La primera es que en ese debate confluyeron todos los vicios que las bancadas Liberal, del Polo y otros sectores antiuribistas han denunciado a lo largo de todo el trámite de la iniciativa reeleccionista.
En menos de tres horas de debate se conjugaron situaciones tales como múltiples asesores de entidades estatales hablando con cuanto senador uribista se atravesaba. Como es apenas obvio, las denuncias en torno a que se encontraban allí ofreciendo todo tipo de prebendas burocráticas para asegurarse del voto positivo de los congresistas de la coalición gubernamental, no se hicieron esperar. Por igual, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, fue acusado también de ir de curul en curul para cuadrar la estrategia que permitiera imponer el criterio de las mayorías para aprobar la iniciativa, sin importar las tesis de los sectores antiuribistas como tampoco las denuncias de atropellos y politiquería. También se pudo apreciar cómo uno de los debates más importantes de los últimos años era interrumpido para posesionar a las carreras a un nuevo senador uribista, que llega a ocupar curul debido a que su antecesor renunció al fuero parlamentario tras ser puesto en la mira por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fue claro que la intempestiva ceremonia lo único que buscaba era asegurar un voto positivo más para el proyecto de referendo, luego de que la semana pasada la iniciativa se trancó porque tres senadores presentaron su dimisión al ser blanco de investigaciones del alto tribunal, en el marco del proceso de la parapolítica…
Cada una de esas situaciones, que encierran conductas que van desde la politiquería, el clientelismo, la imposición de las mayorías parlamentarias, los oídos sordos a las alarmas de las bancadas antiuribistas en torno a los peligros democráticos y constitucionales que encierra la reelección presidencial indefinida así como la cadena de vicios de forma y fondo en el trámite de la iniciativa, en conjunción con la construcción accidentada de supremacías gobiernistas con base en el carrusel de reemplazos de congresistas parapolíticos, han sido denunciadas una y otra vez desde que asomó la intención de perpetuar a Uribe Vélez en el poder.
Este debate ha polarizado al país de forma tan significativa que, incluso, hoy por hoy una franja creciente de dirigentes y ciudadanos que siempre han apoyado la gestión del Jefe de Estado, no duda en expresar su oposición a un tercer periodo y los riesgos que ello implica tanto para el país como para la persona del Presidente de la República.
Sin embargo, pese a que las partes han medido sus tesis en todos los escenarios posibles, lo cierto es que el proyecto de referendo está a punto de superar su trámite parlamentario y sólo resta la revisión de la Corte Constitucional para saber si finalmente el pueblo es citado a las urnas.
De forma y fondo
Pero si ese primer debate estuvo circunscrito a las triquiñuelas que se presentaron a lo largo del accidentado trámite del referendo en el Congreso, el segundo, derivado de la sorpresiva y controvertida recusación que el presidente del partido de La U, Luis Carlos Restrepo, presentó contra el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón Cotrino, gira en torno a la forma en que el uribismo reacciona frente a todo lo que se oponga a sus intenciones.
La recusación, como tal, no tiene mayor futuro. Resulta ilógico que Restrepo crea que Varón tiene que apartarse de su obligación de conformar la comisión de conciliación que deberá reunirse con su similar del Senado para establecer si pueden acordar un texto unificado del referendo reeleccionista.
Como se sabe, la Cámara de Representantes aprobó el texto original de la iniciativa que fue respaldada por casi cuatro millones de firmas válidas, mientras que el Senado decidió, pese a todos los riesgos de inconstitucionalidad advertidos, modificar la pregunta base, cambiando la expresión “quien haya ejercido” por “quien haya sido elegido”. La variante se debió a que la formulación inicial del interrogante prácticamente cerraba la posibilidad de que Uribe Vélez pudiera ser candidato en los comicios de 2010.
Como Varón Cotrino, de Cambio Radical y fiel escudero del jefe de ese partido y candidato presidencial Germán Vargas Lleras, ha defendido la decisión tomada por la plenaria de la Cámara, ello implicaría que no habría conciliación frente a lo aprobado por el Senado y, en ese marco circunstancial, la iniciativa reeleccionista se hundiría.
Restrepo, en una decisión polémica que no sólo generó la reacción negativa del grueso de congresistas e incluso un conato de rebelión al interior de La U, alegó que Varón no era imparcial y por lo tanto confeccionaría una comisión de conciliación abiertamente contraria al texto aprobado en Senado y, por lo tanto, el proyecto sería archivado al no concretarse un acuerdo.
La ‘movida’ no pudo ser peor. De un lado, generó un alud de críticas al considerarse que Restrepo, a nombre del uribismo, quería acallar toda opinión política contraria a la segunda reelección y, por otra parte, dio pie para un cruce de posibles recusaciones entre todas las bancadas. Al final de cuentas, si lo que el presidente de La U buscaba era acelerar el trámite de la conciliación y crear un ambiente favorable para la misma, lo que consiguió fue todo lo contrario: que este último paso se dilatara, algo muy grave ya que el tiempo se convierte poco a poco en el mayor enemigo de la iniciativa.
Sin embargo, la forma burda en que el jefe de La U quiso anular la oposición de Varón Cotrino, lo único que hizo fue volver a encender el debate en torno a cómo las toldas gobiernistas quieren imponer un tercer mandato del Jefe de Estado por encima de lo que sea, quitando del camino cualquier obstáculo constitucional, legal, reglamentario, político, económico y hasta ético.
Así, de inmediato, los sectores que se oponen a la perpetuación de Uribe en la Casa de Nariño traen a colación todo el ‘menú’ de falencias y vicios que rodea esta intentona. Recuerdan, de entrada, que ya la Corte Constitucional dijo que la reelección era viable por una sola vez, ya que de lo contrario se sustituiría la Constitución. También traen a colación todas las anomalías en la campaña de recolección de firmas, que van desde las denuncias de aportes de la ‘pirámide’ DMG hasta la violación de topes de aportes económicos individuales, que no sólo dio lugar a una investigación del Consejo Nacional Electoral sino que, de paso, permitió a la Fiscalía abrir un proceso penal por presunto fraude procesal contra el Comité Promotor del referendo. Mientras esos vacíos no estén claros, la Registraduría no podrá certificar ante la Corte Constitucional el cumplimiento de los requisitos legales, aspecto obligatorio para superar el examen de exequibilidad.
Tampoco se dejan de lado todos los vicios de procedimiento que se cometieron por no tramitar el proyecto de referendo con la prioridad que obligaba la Constitución y la ley 134 de 1994. Igual se recuerda la aprobación de la iniciativa en una sorpresiva convocatoria a sesiones extras en la Cámara, la ya comentada modificación del texto original de la iniciativa, pese a que la jurisprudencia proyectada por la Corte Constitucional en torno a la Ley 134 de 1994, o de mecanismos de participación ciudadana, sólo admiten que el Congreso pueda aprobar o improbar los textos de los referendos constitucionales de iniciativa popular, pero no le permiten cambiar el espíritu y esencia de las preguntas, ya que al hacerlo se falsea la voluntad de los ciudadanos que avalaron con su firma el respectivo interrogante.
Al cambiar la expresión “haya ejercido” por “haya sido elegido”, el Senado vició de forma grave la iniciativa reeleccionista y prácticamente la sentenció a hundirse en el examen constitucional. En ese cambio, los congresistas rayaron en el delito de prevaricato y por eso ya cursa una denuncia en su contra en la Corte Suprema de Justicia. La tesis uribista de que el Congreso puede “modular” los textos confunde torpemente la Iniciativa Popular Legislativa con la presentación de Referendos del mismo origen.
Como si todo lo anterior fuera poco, la forma en que Restrepo trata de acallar a Varón Cotrino, fue advertida por sectores del Polo y el liberalismo como una muestra más de las maniobras torticeras con que la coalición gobiernista busca imponer, a las buenas o a las malas, el referendo reeleccionista. Por ejemplo, como lo advirtiera esta semana un editorial de este Diario, la forma en que se modificaron los textos de los referendos -también de iniciativa popular- para la cadena perpetua a violadores y el que busca elevar el estatus del derecho al agua, evidencia una intención consciente de viciarlos constitucionalmente y por esa vía presionar un posible fallo positivo de la Corte Constitucional, que se verá ante el dilema de hundir o salvar las tres iniciativas.
No menos sospechosa resulta la última jugada del Gobierno, que alegando deficiencias presupuestales, plantea la urgencia de que los tres proyectos de referendo -pese a que el reeleccionista está cerca de aprobarse pero los otros dos apenas van en los primeros debates- sean votados el mismo día. Es claro que la maniobra va dirigida a ‘colgar’ el polémico y polarizante referendo reeleccionista del arrastre electoral de los otros dos proyectos, que sí tienen amplio eco popular. No se necesita ser un genio para entender que lo que aquí se esconde es una estrategia uribista para hacer frente a la campaña de abstención que quieren impulsar los enemigos de la continuidad de Uribe en la Casa de Nariño. Tanto el Polo como el liberalismo, así como otros sectores independientes también ven como una especie de ‘triquiñuela’ el repentino afán de la coalición oficialista por encontrar un mecanismo extraordinario para depurar el censo electoral y dar de baja el millón y medio de firmas de personas muertas que aún figuran en ese padrón. Si llegaran a lograrlo, el umbral electoral mínimo de aprobación del referendo reeleccionista ya no sería de 7,3 millones de votos, sino de alrededor de 7 millones.
¿Democracia o reelección?
Sin embargo, esos dos debates, cada uno complejo y polémico, dan pie a uno tercero, sin duda el más importante de todos: el impacto en el sistema democrático. Este, sin duda, es el telón de fondo de la controversia alrededor de las implicaciones de una segunda reelección presidencial, más allá de que sea vía referendo, acto legislativo o cualquier otro mecanismo directo o indirecto.
Si bien es cierto que ese fondo del debate se ha discutido y advertido de forma reiterada en los últimos dos años, la semana que termina fue particularmente prolífica en el cruce de argumentos a favor y en contra.
Tras la aprobación del proyecto de referendo en la plenaria del Senado, el primero en salir a reiterar la gravedad del hecho fue el ex presidente César Gaviria, jefe único del liberalismo. Es “un acto que coloca en peligro la democracia colombiana y el equilibrio de poderes en el país. El proyecto de ley que convoca a un referendo para cambiar nuevamente las reglas de juego, además de inconveniente, es abiertamente inconstitucional”.
Tras enumerar los vicios de fondo y forma de la iniciativa, Gaviria reiteró su preocupación por los efectos negativos que tendrá sobre el futuro del país “esta obsesión del Presidente Uribe por perpetuarse en el poder, que va a provocar daños institucionales irreparables, concentrar excesivamente el poder, generar una incertidumbre política sin antecedentes y transitar los caminos del autoritarismo y el caudillismo que tanto daño han causado en Latinoamérica”.
Un día después, el turno fue para el ex presidente Andrés Pastrana, quien más allá de una polémica puntual con el presidente de la Corte Constitucional, le envió una misiva al alto tribunal señalando que “desde tiempo atrás he venido advirtiendo sobre el peligro que implica la contaminación de nuestras instituciones por un personalismo presidencial que tiende a desfigurar nuestra Carta Magna para convertirla en una Constitución de bolsillo. La honorable Corte Constitucional no es ajena al análisis del contagio colombiano en la pandemia personalista de las repúblicas bolivarianas. Lo que está de por medio en este asunto es nada menos que la Constitución de la República de Colombia y las instituciones que de ella dependen”.
El ex mandatario insistió en que las instituciones, por arte de "un articulito", están hoy atiborradas de personajes que llegan a sus cargos por designio directo o circunvalar del Jefe del Estado. En otras palabras, se ha roto el espinazo de la Constitución -sustentado en los pesos y contrapesos- inclinando las balanzas del control, incluido el control constitucional, a favor del Ejecutivo.
“Me he ocupado siempre de estos asuntos desde un plano exclusivamente general y abstracto. Sin mencionar nombres ni juzgar carácter he puesto de presente las consecuencias institucionales de que Fiscal, Procurador, Contralor, Corte Suprema, Corte Constitucional, Junta del Banco de la República etc., sean eventualmente designados por el Presidente o su Congreso. He insistido en que, como en los países vecinos, tras una seguidilla de reelecciones la separación de poderes desaparece efectivamente de la Constitución y el monopolio de poder desemboca inevitablemente en manos del poder presidencial”, indicó.
Tras advertir que la Corte Constitucional es cada día menos independiente del poder presidencial, Pastrana puntualizó que las suspicacias están a la orden del día “más aún cuando el Presidente de la Corte Constitucional, contra la actual jurisprudencia, propugna públicamente (entrevista a Cecilia Orozco, El Espectador) que en el referendo para la reelección el pueblo es soberano, dando a entender que ahora la ratio decidendi es otra”.
Paradójicamente, el jueves pasado, en medio de unas contradictorias declaraciones, en donde primero advirtió que la segunda reelección era “inconveniente” pero luego pareció dar marcha atrás y decir que el tema tenía su alma en una encrucijada, el propio presidente Uribe entró a terciar en este tema del sistema democrático y los riesgos de la perpetuación en el poder.
Tras afirmar que “aquí no hay una legislación determinada por el capricho del Presidente”, Uribe trató de explicar la independencia de los poderes, organismos de control y las instituciones en Colombia.
“Yo soy partidario de que los organismos de control no sean ni del Gobierno ni de la oposición, sino independientes. Y Colombia los tiene independientes. Y tiene un esquema para elegirlos de manera independiente, donde el Presidente no los puede imponer.”, afirmó.
Sobre el tema de la Corte Constitucional, el Jefe de Estado sostuvo que “ésta tiene nueve integrantes; periodo, ocho años. De ellos, de los nueve, el Presidente de la República envía ternas al Congreso para escoger tres. Pero actúan durante ocho años”. También negó incidencia del Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, “apenas tiene incidencia en una de las salas del Consejo de la Judicatura”. Defendió, igualmente, la que calificó como independencia del sistema de elección del Fiscal General y el los integrantes de la junta directiva del Banco de la República.
“O sea que una cosa es la inconveniencia de la reelección por perpetuar al Presidente, que lo acepto, pero lo que sí tiene que quedar claro y nos tocará explicarle a todo el mundo es que aquí hay plenitud de instituciones democráticas”, puntualizó.
Movimiento Cívico
Sin embargo, pese a la gravedad de las advertencias sobre el peligro que para el sistema democrático implica una segunda reelección, ya sea en la persona de Uribe Vélez o de cualquier otro presidente, muchos apuestan que, al final, el dictamen será el de las urnas.
Es allí, entonces, en donde se empiezan a delinear estrategias para tratar de evitar que la intención de perpetuar al Jefe de Estado en el poder prospere. Hasta ahora la que más eco ha tenido tiene que ver con la posibilidad de llamar a la abstención electoral. Sin embargo, esa medida debe tener un sustento lo suficientemente sólido para convencer a la mayor cantidad de colombianos de no ir a las urnas.
Un editorial de EL NUEVO SIGLO días atrás, propuso crear un Movimiento Anti-reeleccionista Cívico. “El movimiento que deniegue el referendo debe ser ante todo Cívico. Lo peor sería caer en la politización y la polarización partidista que es, precisamente, la pretensión fundamental de quienes quieren convertir las instituciones en un trompo de quitar y poner”, indicó.
“Una modificación como la que se plantea (segunda reelección) va mucho más allá de los estrados políticos. Podrán aquellos trenzarse en discusiones parlamentarias o esperar los dictámenes de las instancias jurídicas, pero lo que es cierto es que la propuesta toca lo más sensible del espíritu nacional, cambia el modo de ser colombiano, tiene connotaciones históricas y por lo tanto debe responderse en el plano de lo civil, despojada de toda ambición diferente a la de salvaguardar la democracia. Podrá, desde luego, haber vasos comunicantes entre las instancias netamente ciudadanas y las políticas, pero lo más interesante sería que el liderazgo en favor de la democracia emerja decididamente desde las canteras civilistas”, precisó el editorial.
La idea tuvo amplio eco entre precandidatos presidenciales, partidos políticos como el Polo y los liberales así como otros sectores políticos anti-reeleccionistas, la academia y varias instancias sociales y económicas, para los cuales fue claro que el problema de fondo termina siendo la disyuntiva entre democracia y reelección, más allá de la persona del Presidente de la República. En otras palabras, no se trataría de una alianza contra Uribe sino contra el riesgo de perpetuación en el poder y la anulación del sistema de pesos y contrapesos institucionales.
Así pues, al cierre de la semana, el debate de fondo en torno al referendo no se sitúa tanto en la puja entre uribistas y antiuribistas -con todas las quisquillosidades y polarización subjetiva que ello arrastra-, sino un pulso entre quienes advierten que un tercer periodo de este o cualquier otro Jefe de Estado pone en peligro el sistema democrático, la Constitución y la separación de poderes, y aquellos que creen que la popularidad de una persona es suficiente para llevarse por delante todo el andamiaje institucional y entrar en un régimen autocrático.
Según el presidente del Congreso, Hernán Andrade, el miércoles al mediodía se sabrán los nombres de los legisladores que definirán cuál texto pasará a estudio de la Corte Constitucional.
EN 15 miembros calculó el presidente del Congreso, Hernán Andrade, la integración de la comisión accidental de conciliación que dirimirá las diferencias de texto entre lo aprobado en la Cámara y en el Senado, en relación con el referendo reeleccionista.
Andrade anunció, de paso, que los 15 nombres se conocerán el miércoles al mediodía.
De acuerdo con las cuentas de Andrade, el número resulta del total de partidos o movimientos políticos con asiento en la Cámara de Representantes, cuya representación es mayor en seis formaciones a las que tienen presencia en el Senado.
El senador Andrade explicó que las normas establecen que en una instancia de conciliación debe tener presencia cada bancada parlamentaria, representación que lleva implícita la del autor o autores del proyecto, sus ponentes y los miembros de los comités constitucionales por los que pasó la iniciativa.
“No tiene mucho margen de maniobra, y el cálculo inicial es que vamos a terminar con 15 conciliadores, que es el número de partidos que hay en la Cámara de Representantes”, dijo Andrade.
“La norma es clara. Hay que representar a los autores, a los ponentes, a los miembros de comisión y a cada bancada”, reiteró.
Recusación
Por su parte, tal como lo indicó ayer EL NUEVO SIGLO, el presidente de la Cámara, Germán Varón, señaló que no está de acuerdo con que se retire la recusación interpuesta en su contra por el presidente de La U, Luis Carlos Restrepo.
Según Varón, “el cumplimiento de la ley” no se puede condicionar.
Sin embargo, el congresista de Cambio Radical precisó que aunque no hubo acuerdo con Restrepo, sí se logró un ambiente de tranquilidad para la conformación de la comisión conciliadora.
“La decisión de retirar la recusación por parte de él, dejaría un muy mal sabor que se interpretaría como que yo estaba incumpliendo la ley”, indicó. Además, dijo Varón, es grave que se llegue a plantear que los congresistas, después de votar un proyecto de ley, no puedan explicar “su voto ni el sentido en el que votaron”.
“No soy partidario de retirar la recusación porque me parece que es importante para el funcionamiento del Congreso que sea resuelta por el organismo pertinente”, precisó el presidente de la Cámara.
El representante Varón dijo que, como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, llamó “chantaje” la propuesta de Restrepo, porque no le pareció adecuada la petición y además fue “grosera la forma como la hizo”.
Última batalla
La conciliación es uno de los tres obstáculos que le falta al referendo reeleccionista por superar, junto con la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional y la superación del umbral en las urnas. En cualquiera de los tres pasos podría hundirse.
El pasado martes, es decir el mismo día en que fue aprobado el referendo, a través de un comunicado, el ex presidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo que “la Cámara de Representantes no puede legalmente conciliar un texto que viene del Senado y que fue negado por esa corporación expresamente tanto en su Comisión Primera como en la plenaria”.
El artículo 189 de la ley Quinta, que en 1992 reglamentó el funcionamiento del Congreso, no es suficientemente claro, pero de él puede derivarse que si no hay conciliación entre los textos, el proyecto se hunde: “Si repetido el segundo debate en las Cámaras persistieren las diferencias sobre un proyecto de ley, se considerará negado en los artículos o disposiciones materia de discrepancia, siempre que no fueren fundamentales al sentido de la nueva ley”.
El artículo 186 de la ley Quinta determina que “para efecto de lo previsto en el artículo 161 constitucional, corresponderá a los presidentes de las Cámaras integrar las comisiones accidentales que sean necesarias, con el fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto. Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las cámaras en el término que les fijen sus presidentes”.
Aunque, como lo anunció Andrade, la integración de la comisión de conciliación se oficializará el miércoles 27 de mayo, hace ocho días trascendieron los nombres de quienes podrían ser los designados por Varón para conciliar los diferentes textos aprobados en Cámara y Senado.
La lista la integrarían los representantes Rosmery Martínez y Carlos Motoa, de Cambio Radical; David Luna, de Por el País que Soñamos; Telésforo Pedraza, de La U; Carlos Arturo Piedrahita, del Partido Liberal; y Germán Navas, del Polo Democrático.
Inconstitucional
En el pronunciamiento ya mencionado, el ex presidente Gaviria señaló que la Corte Constitucional “fue totalmente clara al señalar” que si la reelección “se aplicaba por más de una vez (…) constituía una sustitución de la actual Constitución Nacional”.
Pero, para Gaviria, “más grave aún que el Senado de la República, violando abiertamente la Constitución y la ley, haya decidido cambiar el texto del referendo presentado por los ciudadanos para permitir una nueva reelección en el 2010, cuando en la sesión del 26 de noviembre del año pasado la Comisión Primera de la Cámara negó expresamente una proposición en el mismo sentido”.
“La Corte ha sido contundente en que un tema negado en alguna instancia del trámite de un proyecto de ley, no se puede retomar mas adelante como aquí se hace, porque se viola el principio de la consecutividad de los debates”, precisó.
Tras indicar que el Congreso tramitó el referendo sin que la financiación de recolección de firmas esté certificada, Gaviria reiteró, a nombre del Partido Liberal, “su preocupación por los efectos negativos que tendrá sobre el futuro del país esta obsesión del presidente Uribe por perpetuarse en el poder, que va a provocar daños institucionales irreparables, concentrar excesivamente el poder, generar una incertidumbre política sin antecedentes y transitar los caminos del autoritarismo”.
Las colectividades coincidieron en calificar la reforma política como inocua e inconveniente, y el referendo como un atropello que pone en grave riesgo la democracia colombiana.
UN FRENTE contra la reelección del presidente Álvaro Uribe formalizaron ayer el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal, luego de la aprobación del referendo en el Senado.
Así lo informaron los presidentes de ambas colectividades, Carlos Gaviria y César Gaviria, tras una reunión realizada en Bogotá y a la que concurrieron otros políticos destacados de esas organizaciones políticas.
Tanto el ex presidente Gaviria como el ex magistrado Gaviria rechazaron el referendo por considerarlo antidemocrático.
El presidente del Polo consideró que si el proyecto de ley para convocar ese referendo pasa el control constitucional, ambos partidos convocarán a todas las fuerzas políticas para que los acompañen “en la lucha de rescatar la democracia”.
“Consideramos que si el referendo va a la Constitución, esta quedará desvirtuada totalmente (...) esperamos que la Corte declare inconstitucional el proyecto”, dijo.
“Tengo todavía la esperanza, ojalá sea fundada, de que esa entidad haga su trabajo como debe hacerlo”, señaló el ex magistrado Gaviria.
Por su lado, el ex presidente Gaviria indicó que la “Corte Constitucional tiene una enorme responsabilidad de preservar el Estado de Derecho en Colombia, de ser guardián de la Constitución y de colocarse por encima de la coyuntura política”.
Los dos dirigentes políticos coincidieron en rechazar el referendo reeleccionista, pues no deja espacio para los contrapesos y permite la concentración excesiva del poder en una sola persona.
Acordaron, además, nuevas reuniones para seguir discutiendo estos y otros temas de la política colombiana, aunque aclararon que en la cita de hoy no se trató el tema de la alianza entre los dos partidos de cara a las elecciones presidenciales.
Reforma
La delegación del Polo estuvo integrada por Carlos Gaviria; Carlos Bula, secretario general del partido; Luis Carlos Avellaneda, vocero de la bancada en el Senado, y los senadores Jorge Enrique Robledo y Jaime Dussán.
Por el Partido Liberal estuvo presente la vocera de esa colectividad en el Senado y precandidata presidencial Cecilia López.
De acuerdo a lo expresado por los dirigentes de ambos partidos, los asistentes coincidieron en calificar la reforma política que hace curso en el Congreso como inocua e inconveniente, y el referendo que fue aprobado esta semana como un atropello que pone en grave riesgo la democracia colombiana. En tal sentido, enviaron al unísono un llamado a la Corte Constitucional para que en caso de que el referendo pase el proceso de conciliación del texto en el Congreso, juzgue en derecho la constitucionalidad de la reelección y la declare inexequible: “Esperamos que la Corte Constitucional haga su trabajo, y si lo hace como debe ser, el referendo no va. Creemos en la honestidad de los magistrados y que fallará en derecho”.
“Pero, si se aprueba el referendo, la Constitución de Colombia ya no será ni la de un Estado de Derecho ni la de un estado democrático, entonces haremos conjuntamente un llamado a todas las fuerzas democráticas del país, a los sectores sociales, partidos políticos, gremios, para que nos acompañen en esta lucha por rescatar la democracia”, concluyó.
“Las instituciones, por arte de ‘un articulito’, están hoy atiborradas de personajes que llegan a sus cargos por designio directo o circunvalar del Jefe del Estado”
“SE HA roto el espinazo de la Constitución -sustentado en los pesos y contrapesos- inclinando las balanzas del control, incluido el control constitucional, a favor del Ejecutivo”, manifestó ayer el ex presidente Andrés Pastrana en una carta dirigida a los magistrados de la Corte Constitucional.
Tras recordar que esa inclinación de “las balanzas de control” no solo afecta a la Corte, sino también a la Fiscalía y a la Junta del Banco de la República, en la misiva Pastrana insistió en que no considera que vaya a haber imparcialidad de parte del alto tribunal en el estudio de legalidad que le debe dar al referendo de la reelección presidencial.
“El 90 por ciento de los magistrados son nombrados por el presidente Álvaro Uribe, así éstos sean escogidos por el Congreso de la República”, precisó Pastrana.
Carta
El siguiente es el texto de la carta.
“Señores magistrados:
Desde tiempo atrás he venido advirtiendo sobre el peligro que implica la contaminación de nuestras instituciones por un personalismo presidencial que tiende a desfigurar nuestra Carta Magna para convertirla en una ‘Constitución de bolsillo’. La honorable Corte Constitucional no es ajena al análisis del contagio colombiano en la pandemia personalista de las repúblicas bolivarianas. Lo que está de por medio en este asunto es nada menos que la Constitución de la República de Colombia y las instituciones que de ella dependen.
Las instituciones, por arte de ‘un articulito’, están hoy atiborradas de personajes que llegan a sus cargos por designio directo o circunvalar del Jefe del Estado. En otras palabras, se ha roto el espinazo de la Constitución -sustentado en los pesos y contrapesos- inclinando las balanzas del control, incluido el control constitucional, a favor del Ejecutivo.
”Me he ocupado siempre de estos asuntos desde un plano exclusivamente general y abstracto. Sin mencionar nombres ni juzgar carácter he puesto de presente las consecuencias institucionales de que Fiscal, Procurador, Contralor, Corte Suprema, Corte Constitucional, Junta del Banco de la República etc., sean eventualmente designados por el Presidente o su Congreso. He insistido en que, como en los países vecinos, tras una seguidilla de reelecciones la separación de poderes desaparece efectivamente de la Constitución y el monopolio de poder desemboca inevitablemente en manos del poder presidencial.
”Que la Corte Constitucional es cada día menos independiente del poder presidencial es un hecho, como lo es que el sistema de sorteos y el peso de los votos en las decisiones se inclina, cada día más, a favor de las mayorías del bloque designado por el reelegido Presidente.
”Así, en el asunto de una reforma constitucional signada por un interés particular, con el eventual cambio de un texto leído y firmado por casi cuatro millones de colombianos, el terreno para la suspicacia está abonado. Más aún cuando el Presidente de la Corte Constitucional, contra la actual jurisprudencia, propugna públicamente (entrevista a Cecilia Orozco, El Espectador) que en el referendo para la reelección “el pueblo es soberano”, dando a entender que ahora la ratio decidendi es otra.
Sin otro particular, me suscribo de los honorables magistrados”.
La plenaria de la Cámara de Representantes deberá estudiar primero tres ponencias: la que modifica el texto, la que propone no alterarlo y la que busca archivarlo.
EN MEDIO de un fuerte debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, sobre las modificaciones sustanciales que sufrió el texto del proyecto del referendo del agua en el primer debate, su promotor, Rafael Colmenares, presentó una apelación para que la iniciativa regresara a la Comisión Primera de Cámara con su texto original.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO Colmenares afirmó que si este recurso no es aprobado en la plenaria, solicitaría su archivo. “Yo lo que planteaba es que se vuelva al texto original, y que si se va aprobar el texto con las modificaciones, realmente preferimos que lo saquen o hundan el referendo, porque ese texto modificado no tiene nada que ver con lo que nosotros llevamos firmados por dos millones de colombianos”, dijo el promotor de la iniciativa.
Sin embargo, la apelación presentada por el autor de la propuesta fue descartada el miércoles en la noche por varios parlamentarios de la coalición del Gobierno al considerar que el recurso de la apelación sólo se puede presentar cuando el proyecto ha sido negado en el primer debate, por lo que éste no era el caso ya que el referendo había sido aprobado en su primera votación.
No obstante, Rafael Colmenares le dijo a este DIARIO: “Yo presenté una apelación desde que se aprobaron esas modificaciones en la Comisión Primera de Cámara, agregando que se había negado el referendo”.
Debido a esta discusión que se vio reflejada en la plenaria de la Cámara, el representante Dairo Bustillo presentó una proposición para que se votara si era procedente el recurso de apelación, pero al no haber quórum decisorio esta votación quedó aplazada para la próxima semana.
“Esa apelación se puso a votación de una manera equivocada porque se puso en ella una proposición de un representante para que se definiera si era procedente o no. En la apelación no se puede poner a votación su procedencia, porque es una apelación que autoriza la ley”, dijo Colmenares.
Además el promotor del referendo del agua sostuvo que: “Si ellos (representantes) no aceptan la apelación, independientemente de que en su momento habrá examinar que tan legal es la decisión sobre la apelación, pues yo me imagino que entrarán a votar las otras ponencias que hay, que son tres. La de las modificaciones, la de regresar al texto original cuyo ponente es Guillermo Rivera y la del doctor Navas que plantea el archivo del proyecto en la medida en que fue alterado sustancialmente”.
De esta manera, el líder de la iniciativa se refirió a la ponencia del congresista Roy Barreras que modificó el texto original, la cual había sido en la Comisión Primera una ponencia minoritaria y se convirtió en la que más eco tuvo entre los representantes de la coalición uribista, y las otras dos hechas por la oposición.
Por otro lado, el representante Germán Olano le recriminó a Barreras el haber modificado el sentido del proyecto del referendo que promovía que el agua fuera un derecho fundamental, por lo que cualquier ciudadano podría tutelar ese derecho. Según Olano, el cambio que le hizo la ponencia del congresista uribista al texto fue convertir el derecho al agua en un derecho social y económico.
El debate y la votación de la apelación que presentó Rafael Colmenares se llevará a cabo el próximo martes, día que será decisivo para saber si el proyecto conservará o no las modificaciones que le hicieron, o por el contrario se hunde.
Qué busca el referendo del agua
El proyecto del referendo del agua, que actualmente se encuentra en su segundo debate, de cuatro, propone:
En su artículo primero: “El Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua es un bien común y público”.
Otro de los apartes de la iniciativa dice: “El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. El Estado tiene la obligación de suministrar agua potable suficiente a todas las personas, sin discriminación alguna y con equidad de género. Se debe garantizar un mínimo vital gratuito”.
Además se incluyó en el texto original que: “Todas las aguas, en todas sus formas y estados; los cauces, lechos y playas, son bienes de la nación, de uso público. Se respetará una franja de protección de los cauces de ríos, lagos y humedales. Las aguas que discurren o se encuentren en territorios indígenas o en los territorios colectivos de las comunidades negras son parte integrante de los mismos”.
Sin embargo, en la modificación que se le hizo al texto del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara se alteró ese “de uso público”, y entonces los cauces, lechos, playas y nacederos pertenecerán al propietario de ese territorio, si el texto queda tal y como quedó.
Por último, otro de los apartes originales de la propuesta decía: “El servicio de acueducto y alcantarillado será presentado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas.
Difícilmente un proyecto con tal cantidad de anomalías de forma y fondo, puede pasar el tamiz de exequibilidad. Aquí la radiografía crítica
1. CONTRA SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL: el 19 de octubre de 2005, este alto tribunal, mediante fallo T-1040, al avalar el acto legislativo 02 de 2004, fue claro en advertir que “Para la Corte permitir la reelección presidencial por una sola vez y acompañada de una ley estatutaria para garantizar los derechos de la oposición e investigar en la campaña presidencial, es una reforma que no sustituye la Constitución de 1991…”. Es claro, entonces, que promover, vía referendo, una segunda reelección, afecta gravemente el espíritu democrático, anula el sistema de pesos y contrapesos institucionales, es decir sustituye la Constitución y, por lo tanto, es inviable.
2. ANOMALÍAS EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS: Esta tarea estuvo marcada por graves vacíos. De un lado, se contrató una empresa para recoger firmas, a razón de $150 por cada respaldo. Por igual, contratistas del Estado dieron aportes para financiar esa recolección, algo claramente ilegal y antiético. El líder de la ‘pirámide’ DMG dijo que su empresa colaboró con más de $5.000 millones. Aunque los promotores dicen que recogieron más 5.021.873 firmas, la Dirección de Censo Electoral estableció que el número real era de 4.093.504. De éstas, fueron anuladas 183.679 rúbricas, para un saldo de 3.909.825 apoyos.
3. VIOLACIÓN DE TOPES DE APORTES INDIVIDUALES: cuando la Registraduría expidió la certificación sobre el número de firmas, advirtió que había vacíos en materia de respeto a los topes de aporte individual para esta clase de campañas, y por lo mismo ofició al Consejo Nacional Electoral para la respectiva verificación. Este organismo, con ponencia del magistrado Joaquín José Vives, abrió en marzo investigación por la presunta vulneración de los artículos 97 de la Ley 134 de 1994 y 3 de la Resolución 0067 de 2008 del CNE, por presunta violación de topes de aportes individuales. La campaña, según el Comité, costó 2.046 millones, de los cuales la Asociación Colombia Primero aportó 1.903 millones de pesos a través de una extraña figura de crédito ‘tú a tú’. En ésta, los donantes superaron el tope individual de aporte establecido, que era apenas de 3.394.000 pesos.
4. VACÍOS CONTABLES: los graves vacíos contables en que incurrió el Comité Promotor en referencia a la financiación de la campaña de recolección de firmas, en donde hay anomalías que van desde millonarios autopréstamos hasta irregularidades en las transacciones, llevaron a la Fiscalía a abrir investigación penal contra el ex ministro Luis Guillermo Giraldo y otros ocho integrantes de la misma instancia, con el fin de establecer si incurrieron en el delito de fraude procesal.
5. NO HAY CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES: contrario a lo que sostienen voceros uribistas, la organización electoral no ha certificado la legalidad de la campaña de recolección de firmas. Sólo emitió un concepto sobre el número de respaldos válidos y que éstos superaban el 5 por ciento. Ese era un requisito de procebilidad para el trámite en el Congreso, pero la certificación de fondo, aquella que hace constar que se cumplieron todos los requisitos formales en materia de financiación electoral, no se ha dado debido a la investigación del CNE. Como la Corte sólo revisa en casos de cambios constitucionales de iniciativa popular sólo el aspecto formal del trámite, los vacíos graves en materia de requisitos formales -como la certificación de la organización electoral- constituyen elemento de vicio grave que debe conducir a la inconstitucionalidad de lo actuado.
6. NO SE DISCUTIÓ CON PRIORIDAD OBLIGADA: los artículos 155 y 163 de la Constitución son taxativos en que tratándose de proyectos de iniciativa popular, el trámite en el Congreso debe ser prioritario y desplaza el resto de la agenda en comisiones y plenarias, dado que llevan implícitos la figura de “mensaje de urgencia”. En el trámite del proyecto de referendo en la Cámara, no hubo tal debate prioritario y allí se creó un vicio de forma y trámite grave que también debería llevar a la inexequibilidad de lo actuado.
7. APROBACIÓN ANÓMALA EN SESIONES EXTRAS: la intempestiva citación a sesiones extraordinarias la madrugada del 17 de diciembre pasado, con el fin de aprobar, en segundo debate, el proyecto de referendo está por igual viciada, ya que si se hubiera cumplido el requisito de trámite prioritario de la iniciativa popular, no habría necesidad de acudir a un recurso parlamentario extraordinario. El proyecto debió ser tramitado en sesiones ordinarias y si no alcanzó, el hundimiento era obligatorio.
8. MODIFICACIÓN ILEGAL DE TEXTO DEL REFERENDO: los artículos 376 y 379 de la Constitución así como la jurisprudencia proyectada por la Corte Constitucional en torno a la Ley 134 de 1994, o de mecanismos de participación ciudadana, sólo admiten que el Congreso pueda aprobar o improbar los textos de los referendos constitucionales de iniciativa popular, pero no le permiten cambiar el espíritu y esencia de las preguntas, ya que al hacerlo se falsea la voluntad de los ciudadanos que avalaron con su firma el respectivo interrogante. Al cambiar la expresión “haya ejercido” por “haya sido elegido”, el Senado vició de forma grave la iniciativa reeleccionista y prácticamente la sentenció a hundirse en el examen constitucional. El cambiar los textos, los congresistas rayaron en el delito de prevaricato y por eso ya cursa una denuncia en su contra en la Corte Suprema de Justicia. La tesis uribista de que el Congreso puede “modular” los textos confunde torpemente la Iniciativa Popular Legislativa con la presentación de Referendos del mismo origen.
9. ¿OTRO CAPÍTULO DE YIDISPOLÍTICA?: sectores de la oposición anunciaron ayer que presentarán las respectivas denuncias y demandas por lo que consideraron una evidente maniobra gubernamental de ofrecer dádivas y prebendas a los senadores para asegurar la aprobación del referendo. También denunciaron las ‘extrañas’ posesiones a última hora de los reemplazos de los senadores uribistas que la semana pasada renunciaron en medio de las investigaciones de la parapolítica. Era obvio que se construyó un quórum decisorio anómalo.
10. ¿CORTE CONSTITUCIONAL URIBISTA?: Aunque nadie puede ser juzgado por hechos que no han sucedido, la llamada Oposición analiza la posibilidad de recusar algunos magistrados de la Corte Constitucional debido a que fueron elegidos por las mayorías uribistas y, por lo tanto, su imparcialidad para revisar el referendo no está asegurada.
11. OTRAS ‘MOVIDAS’ SOSPECHOSAS: Sectores críticos del Gobierno denuncian que la forma en que la bancada gobiernista modificó los textos de los referendos -también de iniciativa popular- para la cadena perpetua a violadores y el que busca elevar el estatus del derecho al agua, es una jugada para viciarlos constitucionalmente y por esa vía presionar un posible fallo positivo de la Corte Constitucional, que se verá ante el dilema de hundir o salvar las tres iniciativas. Por igual, la estrategia del Ejecutivo de pedir que se voten el mismo día los tres referendos -en caso de que pasen el experticio constitucional- es obvio que busca ‘colgar’ la intentona reeleccionista del arrastre electoral de los otros dos proyectos, que tienen amplio eco popular. La segunda reelección genera tal polémica y polarización nacional que difícilmente logrará los 7,3 millones de votos que requiere para ser aprobada, más aún si la oposición opta por promover la abstención. Y por último, es claro que la estrategia uribista de recusar al presidente de la Cámara de Representantes, no tiene piso legal ni constitucional alguno, y sólo busca presionar una conciliación a favor del texto del referendo aprobado por el Senado. A todo ello hay que sumar las arriesgadas propuestas para depurar contra el reloj el censo electoral y sacar el millón y medio de cédulas que pertenecen a personas muertas. Es claro que el afán no es otro que disminuir el piso del umbral electoral aprobatorio.
“Es un daño a la libertad”: Fajardo. “Está (…) cerrando la democracia”: Peñalosa. “Hiede la política”: Garzón. Legislan “en provecho propio”: Mockus
LA REFORMA política, en palabras de Enrique Peñalosa, “prácticamente no tiene nada bueno”, de acuerdo a la manifestación de cinco líderes independientes.
Ayer, en el Capitolio Nacional, mientras la Comisión Primera del Senado realizaba una audiencia pública sobre la reforma política, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón, Marta Lucía Ramírez y Sergio Fajardo dieron a conocer su opinión sobre este proyecto de enmienda constitucional.
En su pronunciamiento conjunto, el grupo de dirigentes políticos independientes declaró que “de ser aprobada este iniciativa, no sólo se perpetúan en el poder las prácticas más severamente cuestionadas en la historia reciente del país, sino que se destruirán los derechos de las minorías políticas y se fortalecerá la politiquería”.
Los independientes invitaron a “que en los dos últimos debates de este proyecto de acto legislativo, los congresistas interpongan su sentido de historia y su vocación de servicio público sobre el ánimo egoísta de perpetuar una forma odiosa y excluyente de hacer política”, según el texto del pronunciamiento, leído por Fajardo luego de un sorteo.
El ex alcalde de Medellín indicó luego que, en su opinión, la reforma política “es un daño a la democracia, es un daño a la libertad”.
“En provecho propio”
Por su parte, el ex alcalde Mockus dijo que el Congreso, “en este proyecto, está claramente reformando la Constitución en provecho propio”.
“Esa es una regla no escrita en la tradición colombiana que ha sido violada y que sería violada si este proyecto pasa”, agregó.
Para Mockus, los actuales legisladores, “no sólo no quieren independientes al frente, sino que no quieren que diputados y concejales y otros de la vida política local participen” en el Congreso.
Otro ex alcalde de Bogotá, Peñalosa, denunció “que hay unos precandidatos de partidos que están apoyando esta reforma que son corresponsables de las decisiones que se tomen en el Congreso; o si no que se pronuncien al respecto”.
Más adelante, dijo: “Yo quisiera preguntarles a ustedes si entienden por qué es conveniente permitir que los congresistas se puedan cambiar de partido en esta ocasión y no siempre; ¿a favor de quien se está haciendo esta reforma?”.
Y aseguró: “Lo que está haciendo esta reforma es cerrando la democracia colombiana”.
Peñalosa también habló de la silla vacía, castigo para los partidos políticos cuyos miembros sean vinculados a grupos armados ilegales, señalando que “la idea es que pierdan esa curul pero eso no es suficiente”.
“Si hay alguien que entró ilegalmente al Congreso significa que hay alguien que dejó de entrar y que había cumplido con todos los requisitos; de manera que cuando ese partido pierda la curul es indispensable que se pueda recalcular los resultados electorales para que aquellos que tenían los votos de manera legítima accedan a esa curul que no habían obtenido porque otros habían utilizado mecanismos ilegales”, propuso Peñalosa.
Sobre el panorama general de los problemas de la reforma, el ex alcalde bogotano dijo que “este no es un problema de los políticos; este es un problema que afecta a todos los colombianos, porque la calidad de su gobierno va a disminuir a lo largo de los próximos años si esta reforma desafortunada y que prácticamente no tiene nada bueno se aprueba”.
“Hiede la política”
“En este país hiede la política; hiede por efecto de la moral y la ética”, dijo Luis Eduardo Garzón.
El ex burgomaestre capitalino indicó que “lo que uno ve aquí es la reafirmación, no solo de lo que hay, sino que retrocedemos. Es una reforma profundamente retrógrada, en función de que se reafirman no solamente los vicios sino prácticamente con el criterio de impunidad, de inmunidad, de exclusión y sobre todo de que no hay ni un solo símbolo que diga ‘vamos a cambiar’”.
Finalmente, la senadora Marta lucía Ramírez consideró “que esta reforma política (…) cierra los espacios a la política. No solamente niega la posibilidad que los ciudadanos puedan apoyar o puedan lograr realmente que personas que representen a los ciudadanos puedan llegar a los distintos cargos”, sino que “en esta reforma política ni se corrigen los vicios que ha tenido la politiquería y el clientelismo de tiempo atrás, ni mucho menos se garantiza una democracia más fuerte”.
Para ella, esta es “una reforma política que pretende seguir manejando la política como un club privado de intereses particulares”.
Umbrales
Mientras tanto, en la audiencia pública, varios dirigentes intervinieron para fustigar uno u otro aspecto de la reforma política.
Entre ellos, el ex ministro Juan lozano, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que, en su concepto, “los umbrales se convirtieron en instrumentos para volver a los partidos carteles de microempresas; no eliminaron la microempresa electoral, lo que definieron fue una nueva forma de organización que ha producido un bloqueo democrático muy grave, porque las fuerzas independientes nuevas que van surgiendo no pueden gozar de las mismas garantías y de las mismas condiciones de participación libre”.
“Por eso es abusivo que la reforma pretenda subir los umbrales y además inconveniente”, dijo Lozano.
A su turno, Peñalosa precisó que “en esta reforma constitucional se está incrementando el umbral; estamos pasando del dos al tres por ciento, cuando lo que se debería hacer es eliminar el umbral”.
Cambios en reforma
Ante la presión por los peros a la reforma política, el Gobierno y el coordinador de ponentes, Armando Benedetti, accedieron a realizar cambios en el articulado.
En ese sentido, se bajará el umbral electoral de 3 a 2% en la reforma política que se analizará la próxima semana en la Comisión Primera del Senado, con el fin de evitar que partidos minoritarios se vean afectados. Ese fue el compromiso que adquirió el senador Armando Benedetti.
El congresista dijo que en aras de la pluralidad y en vista de las solicitudes hechas por los partidos pequeños, se hizo un acuerdo para dejar el umbral como está actualmente y dijo que está seguro que esta propuesta tendrá total respaldo en el Senado.
Benedetti anunció que otro de los cambios que se hará a la ponencia que llega de Cámara es eliminar la inhabilidad que se les impuso a los concejales y diputados para aspirar al Congreso en las elecciones del 2010.
“El relevo generacional de la clase política es fundamental para una verdadera democracia. Debemos abrirles las puertas a quienes desde los concejos y las asambleas están ingresando al panorama público”, dijo.
Finalmente señaló que incluirá una propuesta para que los partidos y movimientos políticos que incluyan en sus listas a miembros de la comunidad LGTB, mujeres y minorías étnicas, reciban mayores recursos de financiación de las campañas.
“Nuestra idea es que los partidos les den mayor participación a los gays, a las mujeres y a las minorías étnicas, y así tengan un espacio de participación política más activa”, concluyó.
“Para efectos prácticos se abren las puertas a la reelección indefinida puesto que una vez más se vislumbra otro cambio cuatrienal de jurisprudencia”
