El Partidor de las pre y candidaturas

Descartada en alto porcentaje la posibilidad de que Álvaro Uribe aspire a otra reelección presidencial consecutiva, se abre la campaña por su sucesión en 2010. A año y medio de la primera cita en las urnas ya son 11 los que hacen parte de la baraja, inicialmente, de posibles competidores. Aquí un breve repaso a los nombres

JUAN MANUEL Santos. El ministro de Defensa y líder más fuerte de La U estaría esperando la asamblea nacional de la colectividad en marzo para renunciar a su cargo y convertirse en el candidato único del Partido. Busca el guiño de Uribe.

GERMÁN VARGAS Lleras. El ex senador de Cambio Radical es considerado uno de los fuertes aspirantes a la sucesión de Uribe Vélez. Es un peso pesado del uribismo, pero el liberalismo le coquetea.

CARLOS HOLGUÍN Sardi. El ex ministro del Interior se ha enfocado en recorrer el país y sentar sus bases para su candidatura. Tiene peso en el conservatismo uribista pero no en otras tendencias de la colectividad.

ANDRÉS FELIPE Arias. El ministro de Agricultura habría recibido desde hace un año un guiño del presidente Álvaro Uribe. Es uno de los posibles precandidatos del Partido Conservador, aunque otros lo ubican en La U.

NOEMÍ SANÍN. La embajadora en el Reino Unido, según Uribe, alta elegibilidad. Podría lanzarse a nombre de La U o retornar a toldas conservadoras.

LUIS EDUARDO Garzón. El ex alcalde de Bogotá será precandidato dentro o fuera del Polo Democrático. Es partidario de una coalición electoral con el liberalismo y otros movimientos para desplazar al uribismo del poder.

RAFAEL PARDO. El ex ministro de Defensa se encuentra en campaña desde hace varios meses para ser candidato único del liberalismo. Es uno de los pesos pesados rojos.

RODRIGO RIVERA. El político liberal va por su segunda precampaña presidencial dentro del Partido. Sin embargo, sus constantes acercamientos con el presidente Uribe no gustan para nada en las toldas rojas.

ALFONSO GÓMEZ Méndez. El ex fiscal General de la Nación hace parte de la amplia baraja de presidenciables liberales. Desde inicios de este año acompaña a los legisladores a foros por todo el país para lanzar su plataforma.

IVÁN MARULANDA. El ex candidato a la vicepresidencia se acercó la línea oficialista del liberalismo y pujará en la consulta interna del Partido para escoger su candidato propio.

SERGIO FAJARDO. El ex alcalde de Medellín inició desde hace ya un año su preparación para 2010. El domingo pasado lanzó oficialmente su campaña independiente con su movimiento Compromiso Ciudadano, que cuenta con el respaldo de la Alianza Social Indígena.

Cambio y liberales alistan puntillazo final a referendo 2010

Mientras que el promotor de la iniciativa, Luis Guillermo Giraldo, aseguró que existe una norma que impide su hundimiento, otros aseguran que el reglamento del Congreso les da la razón cuando dicen que una inmediata reelección es imposible

EL PUNTILLAZO final de los congresistas de Cambio Radical y el liberalismo para hundir una aspiración presidencial de Álvaro Uribe en 2010 es un artículo del reglamento del Congreso, que presentarán como defensa ante una posible resurrección de la propuesta de cambiar la pregunta del referendo reeleccionista.

Después del duro debate en la Comisión Primera de la Cámara que dejó prácticamente hundida la posibilidad de cambiar el cuestionamiento del referendo que por un error quedó para que Uribe se presente sólo hasta 2014, el Partido de La U, Alas Equipo Colombia y el Conservador comenzaron a buscar la manera de revivir la propuesta.
EL NUEVO SIGLO conoció, no obstante, que Cambio Radical y los liberales tienen un as bajo la manga para impedir dicha resurrección.

Se trata del artículo 177 del Reglamento del Congreso (Ley Quinta de 1992), que dice que si hay discrepancias entre la Comisión y la Plenaria sobre un proyecto que está en discusión en la última corporación, deberá ser devuelto a la primera para su conciliación.

“Las discrepancias que surgieren entre las plenarias de las Cámaras y sus Comisiones Constitucionales acerca de proyectos de ley, no deberán corresponder a asuntos nuevos, o no aprobados, o negados en la Comisión Permanente respectiva. Si así fuere, las mismas Comisiones reconsiderarán la novedad y decidirán sobre ella, previa remisión del proyecto dispuesta por la Corporación”, señala la norma.

Esto quiere decir que si el sector uribista que quiere la reelección para 2010 pretende incluir una proposición para revivir la posibilidad del cambio de la pregunta se presentaría, entonces, una discrepancia con lo aprobado en la Comisión Primera y lo que se busca en la Plenaria, por lo tanto, ésta deberá devolver el articulado a la Comisión, la cual seguramente mantendrá los pactos y evitará que la resurrección sea posible.

“Si ellos quieren conciliación no la tendrán, porque no tienen nada que hacer acá los pactos ya están establecidos”, le indicó a este Diario un representante que logró el acuerdo del hundimiento.

Aunque algunos parlamentarios, como el presidente del Senado, Hernán Andrade, creen que el proyecto sí puede modificarse “porque 33 congresistas (miembros de la Comisión Primera de la Cámara) no tienen voluntad sobre los otros 266 parlamentarios”; otros, como el legislador liberal Héctor Helí Rojas, reiteraron ayer que “ponencia negada es ponencia muerta”.

“Es que uno sólo aprueba por mayoría absoluta una ponencia, no niega por mayoría absoluta una ponencia, eso no existe”, señaló el Senador.

No está muerto

Sin embargo, el promotor del referendo, Luis Guillermo Giraldo, señaló que la reelección de Uribe para 2010 sigue viva, porque tiene varios caminos para su aprobación, como las plenarias de Senado y Cámara y el estudio constitucional que eventualmente hará la Corte.

“Según el artículo 160 de la Constitución, se pueden hacer modificaciones a los proyectos en las plenarias de Cámara y Senado y allí tendríamos la oportunidad de modificar el texto del referendo y así revivir la reelección para el 2010”, manifestó Giraldo.

No obstante, este Diario también logró establecer que la posibilidad de una nueva propuesta de reforma a la pregunta también deberá luchar contra los partidos que lograron hundirla pero ahora en Senado, ya que Cambio Radical y el liberalismo estarían dispuestos a continuar con el pacto.

En polémico debate, Senado aprobó reforma política

Los uribistas no dieron trámite a cinco recusaciones presentadas en su contra por el liberalismo. Por esta razón, la oposición se retiró de la discusión

CON UN polémico y unánime sí, los uribistas lograron aprobar ayer el proyecto de reforma política en la Comisión Primera del Senado, en medio de acusaciones de presuntos vicios de trámite.

En efecto, el senador liberal Héctor Helí Rojas denunció que sus colegas Armando Benedetti y Juan Carlos Vélez, de la U; Alfonso Valdivieso y Javier Cáceres, de Cambio Radical, y Carlina Rodríguez, del Partido Conservador, no estaban habilitados para votar la iniciativa.

Sin embargo, los 11 congresistas del uribismo miembros de la Comisión ignoraron la recusación que obligaba a dejar el debate hasta cuando la Comisión de Ética se pronunciara, y prosiguieron con la discusión.

“No tiene lógica que cuando uno no asista al Congreso ni mucho menos participe del denominado carrusel que se dio durante la sesión de la Comisión Primera, se me recuse y se me obligue a defenderme de algo en lo que no he participado ante la Comisión de Ética”, señaló en ese momento el senador Benedetti, coordinador de ponentes del proyecto.

Ante esto, los congresistas de la oposición se retiraron del recinto, manifestando que por este suceso y el hecho de que presuntamente en la sesión anterior no se convocó a un nuevo debate, el estudio del proyecto de acto legislativo estaba viciado.

La ausencia de la oposición le dejó el camino libre a la aprobación de la reforma: todos los 11 senadores que se quedaron en la Comisión la aprobaron, debido a que si se esperaba un día más el proyecto ya no podría avanzar a su segunda vuelta en Cámara, pues la próxima sesión, esta vez en plenaria, sería convocada hasta el 17 de diciembre, un día después de terminarse la primera parte de esta legislatura.

“La aprobación no se hizo a espaldas de la oposición porque yo dejé constancia que en la Cámara se aprobó con la participación del Partido Liberal”, señaló al término de la sesión el ministro del Interior, Fabio Valencia.

Aunque se había propuesto un pliego de modificaciones al texto, que incluía la eliminación de varios micos que se dejaron en la Cámara de Representantes, el articulado no se sometió a ningún cambio y sólo hasta la plenaria del Senado se llevará a cabo la discusión.

Debate express

A propios y extraños les sorprendió la rapidez con que esta Comisión aprobó un articulado tan extenso que pretende imponer serios castigos a los partidos que permitan la intromisión de grupos ilegales y da vía libre a las consultas interpartidistas.

Sin embargo, los uribistas estaban bajo presión para aprobar el proyecto: un día antes la gran mayoría no asistió a la sesión en donde se iban a discutir las ponencias, lo que generó un jalón de orejas del ministro Valencia, quien citó a toda la bancada al Palacio de Nariño en la noche para poner en cintura a los incumplidos y comprometerlos a sacar adelante la iniciativa, la última que queda viva de todas las presentadas por el Gobierno en julio pasado.

Cambiar pregunta de referendo en plenaria es poco probable

Algunos parlamentarios sostuvieron que ponencia negada, ponencia muerta. Sin embargo, otros aseguraron que la reforma al cuestionamiento del referendo puede hacerse durante los restantes tres debates

DESPUÉS DEL intenso debate en la Comisión Primera de la Cámara, en donde se hundió la posibilidad de una reforma a la pregunta del referendo para que Álvaro Uribe se presente a las elecciones presidenciales de 2010, el Congreso en pleno se dividió ante la posibilidad de revivir la propuesta.

Congresistas indagados por EL NUEVO SIGLO aseguraron que la votación para hundir la reelección en 2010 no obtuvo una mayoría absoluta (la mitad más uno), ya que sólo se hundió por 17 votos y no 18 como indica la regla; sin embargo, otros dijeron que este requisito no era indispensable.

La presidenta de la Comisión, Karime Mota, aseguró que la propuesta se puede revivir en las plenarias de Cámara o Senado.

El representante Roy Barreras, a su turno, explicó que una votación de archivo es absoluta y no puede revivirse.

Entretanto, Telésforo Pedraza y el secretario de la Comisión, Emilio Rivera, indicaron que el archivo puede ser apelado en las plenarias.

“Constitucional y legalmente lo podemos hacer porque es un tema que está tratado, es ponencia que sea presentado y lo dejé como constancia final que nosotros seguiremos trabajando por el espíritu del proyecto”, manifestó el representante Óscar Arboleda.

En el mismo sentido se expresó el conservador Jorge Mantilla. “Quedó viva la posibilidad porque no fue negada ni aprobada, es más, yo creo que hubo prácticamente un empate en las dos ponencias”.

A su turno, el representante Nicolás Uribe señaló que la decisión final sobre el verdadero espíritu del referendo la deberá tomar la Corte Constitucional.

Entretanto, en el Senado el presidente de la Corporación, Hernán Andrade, manifestó que la modificación de la pregunta aún es posible porque de lo contrario en todos los debates los 33 congresistas de la Comisión Primera de la Cámara tendrían voluntad sobre los otros 266 parlamentarios que conforman el Legislativo.

“Es sólo una instancia dentro de cuatro debates, que irá muy ligada a la circunstancia política. Hoy (ayer) la circunstancia era para que no hubiera los votos para 2010”, afirmó el conservador.

Sin embargo, el senador liberal Luis Fernando Velasco señaló que la interpretación que hacen los uribistas es una “leguleyada”.

“Lo que se aprobó es, hasta ahora, seguir debatiendo un referendo para 2014. Yo creo que no es serio con el país seguir jugando con algo tan importante como un referendo”, opinó el senador.

Por los lados del Polo, el senador Parmenio Cuéllar indicó que la única posibilidad que queda para continuar con el debate es seguir con el 2014. “Si lo cambian en la plenaria se caería todo el proyecto, en 2010 o 2014”, advirtió Cuéllar.

Sin embargo, nada de estas discusiones le importa al vocero del comité promotor del referendo, Luis Guillermo Giraldo, quien aseguró que sólo el alto Tribunal tendrá la palabra final.

“Lo importante no es eso, sino que el referendo quedó vivo. Los congresistas pueden pedir muchas cosas, pero sólo la Corte tendrá la razón”, concluyó el ex senador.

Gobernadores piden frenar embargos de Cajanal a departamentos

Varios mandatarios se quejaron porque la entidad, según ellos, ha preferido en algunas ocasiones las vías de hecho a la concertación

UNA PROPUESTA al Gobierno nacional para solucionar el problema de los embargos por parte de Cajanal a varios departamentos, por cuenta de las deudas de cuotas partes pensionales, presentaron ayer en Bogotá los gobernadores al finalizar su 52 Cumbre.

La iniciativa propone en primer lugar, que Cajanal suspenda inmediatamente los embargos que viene adelantando contra varias administraciones departamentales que le adeudan millonarias sumas y, en segundo lugar, proponen que se presente un proyecto de ley para que el 50 por ciento de los recursos que tienen los departamentos en el Fonpet (Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales) sea utilizado para amortizar la deuda.

La normatividad actual permite a los departamentos utilizar este fondo únicamente para el pago de bonos pensionales.

Las deudas de los entes territoriales por cuenta de las cuotas partes pensionales ascendería a 2,5 billones de pesos, según un cálculo de la Federación Nacional de Departamentos.

Faltó diálogo

Como un atropello calificó el gobernador de Santander, Horacio Serpa, el embargo que adelantó Cajanal contra las cuentas del departamento.

Santander debe cerca de 20 mil millones de pesos a Cajanal, sin embargo esta entidad adeuda al departamento cerca de 5 mil millones de pesos.

El embargo se produjo el 20 de octubre pasado, y tras un diálogo entre las dos instituciones, Cajanal permitió el levantamiento de esa medida cautelar.

Como parte del acuerdo, Santander consignó 1.500 millones de pesos para amortiguar la deuda.
Sin embargo el Gobernador se mostró crítico de la actuación de Cajanal al considerar que la entidad en su afán de cobrar los dineros adeudados, ha dejado de lado el diálogo.

El Mandatario también dijo que Cajanal no tuvo en cuenta que este año había nuevos gobernadores y por esa razón, debió buscar concertar con ellos el pago de las acreencias antes que hacer embargar las cuentas departamentales, con lo se maniata a las administraciones.

“A los cuatro días de posesionarme, me embargaron todas las cuentas”, explicó Serpa.

A su turno, el gerente de Cajanal, Augusto Moreno, le respondió a Serpa que la entidad a su cargo ya había adelantado con las anteriores administraciones el cobro persuasivo pero ante la falta de resultados, prosiguió con el cobro coactivo. “El cronograma de cobro de Cajanal no está atado a las elecciones”, replicó el funcionario.

Otos casos

El gobernador de Caldas; Mario Aristizábal, también se mostró preocupado por la situación generada en su departamento por el embargo aplicado por Cajanal. Añadió que una acción de este tipo había sido impuesta el año pasado pero después de un acuerdo fue levantada.

Para Aristizábal, el actual embargo por parte de Cajanal es una retaliación por el embargo que le aplicó a ésta la Industria Licorera de Caldas por más de 20 mil millones, por cuenta de cuotas partes para pagos pensionales.

El Gobernador invitó a Cajanal a dialogar para solucionar el asunto.

Un asunto parecido vive el departamento del Atlántico, su gobernador Eduardo Verano dijo que es necesario concertar y cruzar cuentas porque Cajanal también debe al departamento por las cuotas partes pensionales.

¿Intereses ocultos?

Los honorarios judiciales producto de las demandas de embargo contra los departamentos se constituyeron en otro elemento de discusión.

El gobernador Horacio Serpa señaló que Santander reconoce y pagará las acreencias que tiene con Cajanal pero que no cancelará honorarios judiciales. “En el Ministerio del Interior y la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda nos dijeron que no pagáramos honorarios judiciales.

Incluso señaló que podría existir un interés ilícito por parte de algunos abogados para hacerse a recursos por esta vía. “Si nos vuelven a embargar este año, ya nos han embargado dos veces, como quiera que estamos cumpliendo, yo voy a presumir que hay un comportamiento inadecuado del cual puede deducirse mala fe, y entonces acudiré a las autoridades”, dijo el gobernador santandereano en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Corte Suprema postuló a Gómez para terna de Procurador

El nombre del jurista y ex comisionado de Paz se suma al de Alejandro Ordóñez, escogido por el Consejo de Estado. Ahora sólo falta conocer el candidato de la Casa de Nariño

DESPUÉS DE más de dos meses de deliberaciones al interior de la Corte Suprema de Justicia, ayer hubo humo blanco: el jurista y ex comisionado de Paz Camilo Gómez Alzate fue postulado por el alto tribunal para integrar la terna para Procurador General de la Nación, que debe ser elegido por el Senado al comienzo de 2009.

Tras varias rondas de votación, la sala plena de la Corte Suprema eligió el nombre de Gómez Alzate, que se suma al del ex magistrado Alejandro Ordóñez, postulado por el Consejo de Estado. El tercer integrante de la terna será presentado por el presidente Álvaro Uribe. Una vez esté completa la baraja de aspirantes, el Senado elegirá al sucesor de Edgardo Maya Villazón, quien termina en las próximas semanas su segundo periodo al frente del Ministerio Público.

Gómez obtuvo en la última ronda de ayer 16 votos a favor y cuatro en blanco. El ex comisionado de Paz y dirigente conservador siempre se caracterizó en las 7 sesiones de elección por ser el candidato con más apoyo entre los 23 magistrados. En ninguna de las más de 200 rondas de votación que se llevaron a cabo desde inicios del mes de septiembre, alguno de sus rivales lo superó. Al final, quedaron descartados los nombres del ex ministro y ex gobernador Rodrigo Villalba y del ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Enrique Marín.

Con su postulación ayer, Gómez ya puede iniciar contactos con los congresistas para exponerles los programas que implementaría si llega a la jefatura del Ministerio Público.

Inicialmente debe competir con el ex magistrado Ordóñez, a quien el Consejo de Estado eligió el 30 de septiembre pasado. El jurista reemplazó al inicialmente ternado por el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, el ex congresista liberal nariñense Darío Martínez. Sin embargo, éste terminó declinando la postulación el 24 se septiembre pasado, alegando razones de índole personal.

Voceros de la Casa de Nariño indicaron semanas atrás que el Presidente sólo elegiría a su candidato una vez la Corte y el Consejo de Estado hicieran lo propio. Se han barajado varios nombres como posibles postulados, entre los que se destacan los salientes magistrados de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas. Sin embargo, en los últimos días se indicó que ambos juristas le habrían comunicado al Jefe de Estado que no estaban interesados en ser ternados.

Lo único que está claro es que la terna de candidatos será de origen conservador. Ordóñez -que lleva varias semanas de campaña y acercamiento con los congresistas- y Gómez Alzate lo son.

Según analistas y parlamentarios, el panorama para establecer quién podría ser el nuevo titular del Ministerio Público sólo se podrá ir aclarando cuando la terna esté completa y se vaya vislumbrando cómo se mueven las cargas al interior de la coalición uribista así como del Polo, los liberales y los independientes.

Cámara viabilizó reelección sólo para 2014

El acuerdo entre los liberales, Cambio Radical, el conservatismo y La U logró hundir la posibilidad de una nueva aspiración de Uribe para 2010. Sin embargo, algunos parlamentarios buscarán revivir la iniciativa

EL PACTO entre liberales y un sector uribista para hundir la posibilidad de una aspiración presidencial de Álvaro Uribe en 2010, como lo había adelantado EL NUEVO SIGLO, logró su objetivo: la ponencia que buscaba que la pregunta del proyecto de referendo de iniciativa popular fuera cambiada para viabilizar una segunda reelección consecutiva fue negada por la Comisión Primera de la Cámara. En cambio, fue aprobada la ponencia que dejaba el texto intacto, lo que implica que el actual Jefe de Estado sólo podría candidatizarse en 2014.
Sin embargo, llegar a este acuerdo fue un verdadero vía crucis para los integrantes de Cambio Radical y el liberalismo, que lideraron la causa.

Al inicio del debate, que comenzó a las 9 de la mañana, eran constantes los comentarios entre los congresistas: en una primera reunión se vio a Roy Barreras, Germán Olano (ambos de Cambio Radical), Nicolás Uribe (La U), Óscar Arboleda (Alas) y Carlos Arturo Piedrahita (Liberal); seguidamente, Arboleda y Uribe hablaron con Jorge Mantilla (Conservador), Tarquino Pacheco (Cambio) y Odín Sánchez (La U); después los acuerdos se concretaron con un corto encuentro entre Barreras, Uribe, Arboleda y Sánchez.

Luego el debate continuó con la presentación de las cinco ponencias, proceso que se extendió hasta las 2 y 30 de la tarde. No obstante, los cuchicheos, el barrullo y el desorganización en las discusiones continuaban y esta situación desesperó a tal punto a la presidenta de la Comisión, Karime Mota, que incluso amenazó con levantar la sesión si no se ponía orden al debate.

“Yo he sido muy paciente, ya me cansé de gritos e insultos. No ha habido manera de ponerle orden a la sesión y ya así no se puede”, gritó la ofuscada congresista. En ese momento, los parlamentarios en pleno llamaron a la calma y comenzó la decisiva votación.

No a ponencia mayoritaria

Primero se deliberó si la proposición de archivo del proyecto, impulsada por el Polo Democrático y los liberales, era aprobada. Sin embargo, la misma se negó por 23 votos contra 10.

Después continuaron los acercamientos entre las bancadas, ya que los de La U buscaban que su ponencia mayoritaria quedara para votarse en tercer lugar. La idea era que no se sometiera a ese proceso y optar, entonces, por el retiro para luego intentar revivirla en la plenaria de la Cámara, en donde confiaban en poder lograr las mayorías para modificar la pregunta del referendo, cambiando la palabra “ejercido” por “quien haya sido elegido” en dos ocasiones para ocupar la Casa de Nariño. Con ese cambio, se le abre la posibilidad a Uribe Vélez de optar por la reelección en 2010.

Sin embargo, la ponencia pasó inmediatamente a deliberación y por el Sí votaron 16 congresistas: Arboleda, Carlos Ávila (Apertura), José Carvajal (La U), Juan Córdoba (Conservador), Fernando de la Peña (Alas), Edgar Gómez (Colombia Democrática), Jorge Mantilla (Conservador), Karime Mota (La U), Pedrito Pereira (Conservador), Gustavo Puentes (Conservador), Miguel Rangel (La U), Heriberto Sanabria (Conservador), Odín Sánchez (La U), Carlos Soto (La U), Nicolás Uribe (La U) y William Vélez (Colombia Democrática). Por el No lo hicieron 17: Barreras, Varón, Jaime Durán (Liberal), Carlos Gálvez (Liberal), Jorge Giraldo (Liberal), Franklin Legro (Polo), David Luna (Por el País que Soñamos), Rosmery Martínez (Cambio), Carlos Motoa (Cambio), Germán Navas (Polo), Germán Olano (liberal), Tarquino Pacheco (Cambio), Telésforo Pedraza (La U), Carlos Piedrahita (Liberal), Clara Pinillos (Liberal), Rodrigo Rivera (Liberal) y Zamir Silva (Liberal).

Se consolida el pacto

Derrotadas entonces la propuesta de archivo y la ponencia de La U, se pasó a analizar la de Cambio Radical, que proponía no modificar el texto original del proyecto de referendo. Es decir, que se pregunte a los colombianos si se abre la posibilidad de una segunda reelección presidencial para quien haya “ejercido” en dos ocasiones la Jefatura de Estado. Como se sabe, planteado así el interrogante, Uribe Vélez no puede ser candidato en 2010 porque sólo ha “ejercido” una vez la Presidencia (2002-2006), ya que el mandato 2006-2010 todavía lo “ejerce”.

La ponencia de Cambio obtuvo una cifra arrolladora: 29 votos por el Sí y sólo 4 por el no, en cabeza de los representantes Legro, Navas, Pedraza y Rangel.
No obstante, el liberal Rivera, quien había llegado a un acuerdo con su bancada, manifestó, al momento de sufragar, que “desafortunadamente” debía hacerlo positivamente, lo cual fue objeto de críticas de parte de otros miembros de su Partido.
“No se puede decir: ‘sí voté pero no quería’. Ya se votó y así está”, dijo Olano al finalizar el debate.

Rifirrafe Registrador-Giraldo

Horas antes de la aprobación del proyecto, se presentó un duro cruce de palabras entre el promotor del referendo, Luis Guillermo Giraldo, y el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, quienes se culparon mutuamente por el lento debate que tuvo la iniciativa.

Giraldo aseguró que el Registrador incumplió con el límite de tiempo establecido por la ley para entregar la certificación sobre el cumplimiento de los requisitos para el referendo y lo acusó de no querer que la iniciativa pasara por militar en el opositor Partido Liberal.

De inmediato Sánchez replicó y dijo que la culpa era de Giraldo. “El error en las cuentas (de financiación de la campaña de recolección de firmas) no es mío, es suyo y mi obligación es constatar los hechos”, reclamó el Registrador.

Tanto el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Cepero como Sánchez aseguraron que aún no se puede conocer si la financiación de la recolección de firmas fue acertada o no. Sin embargo, el Registrador aseguró que, contrario a lo que dijo Giraldo, las donaciones y contribuciones que están consignadas en el informe contable como “otros créditos” sí deben explicarse.

De ser así, los gastos registrados de esta manera en el informe financiero del comité promotor, que ascienden a $1.903.458.135 millones deben ser explicados detalladamente, es decir, con nombres de los contribuyentes.

Parapolítica: Corte condenó a López Cabrales y Reginaldo Montes

La Sala Penal compulsó copias a la Fiscalía para que considere, si hay méritos, investigar al comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por omitir denuncias de amenazas de muerte contra el senador liberal

LA CORTE Suprema de Justicia condenó al senador liberal Juan Manuel López Cabrales a seis años y tres meses de cárcel, y al senador por Cambio Radical Reginaldo Montes a seis años por el delito de concierto para delinquir agravado por nexos con las Auc. La Sala Penal del alto tribunal encontró culpables a los dos congresistas de vínculos con los paramilitares al haber firmado el pacto de Santa Fe de Ralito, con el que ex jefes de las autodefensas y varios políticos de la costa Caribe buscaban “refundar la Patria” y que fue suscrito a mediados de 2001.

López Cabrales y Montes son los primeros políticos condenados por la firma de este pacto.
Aparte de los años de cárcel, cada senador deberá pagar una multa cercana a los 900 millones de pesos.

En la misma decisión, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la actuación del comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien para la época de la firma del pacto de Ralito recibió denuncias presentadas por el senador López Cabrales en las que ponía de manifiesto amenazas contra su vida que provenían del extraditado Salvatore Mancuso, y nunca las puso en conocimiento de las autoridades competentes.

La Procuraduría en su momento pidió sentencia condenatoria contra Juan Manuel López Cabrales, gran cacique político de la costa, por presuntamente haber facilitado que un cuñado de Salvatore Mancuso se convirtiera en secretario de Salud del departamento de Córdoba.

Sin embargo, el Ministerio Público había pedido absolución en lo que respecta al encuentro de Ralito, indicando que el ex congresista fue “coaccionado y coartado para que asistiera a la reunión donde se firmó”, señaló Manuel Sánchez, procurador delegado.

Al respecto, Juan Manuel López Cabrales hizo una extensa intervención de defensa en la que trató de demostrar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que sí hizo denuncias sobre los actos delincuenciales de Salvatore Mancuso en su contra.

Por su lado, el senador Reginaldo Montes en su última oportunidad para defenderse indicó que para él fue imposible no asistir y firmar, aunque reveló que nunca le pusieron un fusil en la cabeza para que lo hiciera.

Salvatore Mancuso participó como testigo en la audiencia contra ambos congresistas y dijo que nunca obligó a nadie a participar en el encuentro de Ralito.

El congresista perteneciente al movimiento Cambio Radical dijo en su momento que nunca denunció la reunión porque le daba temor que atentaran contra su vida o la de su familia. El delegado de la Procuraduría había pedido absolución a favor de Reginaldo Montes, argumentando que el mismo Salvatore Mancuso indicó que la reunión de Ralito tenía “una finalidad específica”, según él la búsqueda de la paz en el país, y que por lo tanto no todos los asistentes estaban promocionando grupos al margen de la ley.

Tanto López Cabrales como Montes Álvarez deberán pagar sus respectivas condenas en la cárcel La Picota de Bogotá, donde ya llevan recluidos todo el año.

Peros del Consejo de Estado a reforma política

Las inquietudes son tan puntuales, que hoy nuevamente los magistrados del Alto Tribunal fueron invitados a la Comisión Primera de Senado para que expongan sus consideraciones.

LAS OBSERVACIONES del Consejo de Estado frente a la reforma política acaparó el primer debate de la segunda vuelta de la reforma política, que se desarrolló ayer en la Comisión Primera del Senado.

Estos puntos de vista apenas se conocen en el Congreso a estas alturas del trámite del proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara, porque, así le manifestaron algunos magistrados de este Tribunal a este Diario, fueron invitados por los representantes a última hora, en un momento en que estaban elaborando las ternas para magistrados de la Corte Constitucional y procurador.

A la sesión fueron invitados cinco magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado así como el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Cepero.

La principal conclusión que expuso el Consejo de Estado es que una buena parte de la Reforma Política se hubiera podido adelantar por una ley estatutaria. “Creemos que la reforma puede ser propuesta por medio de una modificación a la ley estatutaria de partidos y movimientos políticos y no necesariamente, que requiera de una reforma constitucional, que solamente marca las bases, pero no es reglamentarista, al punto como lo propone esta reforma”, señaló en diálogo con EL NUEVO SIGLO la presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Susana Buitrago.

Uno de los aspectos que criticó el Alto Tribunal del proyecto de reforma política tiene que ver con la facultad que le otorga al CNE de ser el organismo decisorio en materia de escrutinios.

“Tradicionalmente, el Consejo de Estado ha tenido a cargo ser el órgano supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración e igualmente, como órgano supremo de lo contencioso administrativo en materia de la acción de nulidad electoral. Todas las decisiones administrativas que tomen las diferentes autoridades administrativas electorales, en cabeza del CNE, tienen la garantía de ser controladas en su constitucionalidad y su legalidad judicialmente a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero lo que el proyecto propone es que el CNE en materia de escrutinios tome la decisión definitiva, que no será controlable por lo contencioso administrativo sino en casos de errores derecho”, explicó la Magistrada.

Posición del CNE

Sin embargo el, presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, señaló que la reforma política no está introduciendo una modificación en ese sentido porque “desde la Constitución del 91, en su artículo 265, las funciones de órgano consultor del Gobierno en materia electoral es una competencia del CNE, mientras que las del Consejo de Estado son puramente administrativas.

En cuanto a las observaciones del Consejo de Estado de que buena parte del la reforma política se hubiera podido adelantar por medio de una modificación a la ley de partidos, Cepero indicó que “es posible pero ese es un tema que el país lleva años tratando de hacer. El Código Electoral que se ha propuesto actualizar, porque es de 1986, así lo exige; desafortunadamente no ha sido posible, se ha hundido muchas veces y el país está angustiado por lo que está pasando en los procesos electorales, y lo propuso el Gobierno por la vía constitucional”.

Caso DMG: Jattin, Visbal y Gerlein rindieron cuentas

Los legisladores comparecieron ante el presidente Álvaro Uribe por su presunta vinculación con la comercializadora. Entretanto, en Senado hubo un rifirrafe entre el ministro del Interior, Fabio Valencia, y Gustavo Petro

EL NACIENTE escándalo de la DMGpolítica y el escarnio al Gobierno por la proliferación de las pirámides y comercializadoras sindicadas de captación ilícita de dinero, acapararon la atención de todos los senadores que durante el día de ayer asistieron a extensos debates sobre el particular en la Comisión Primera y la plenaria.

El prolongado debate comenzó en la Casa de Nariño, cuando los congresistas uribistas asistieron a un desayuno con un presidente Álvaro Uribe distante y molesto por los presuntos nexos de la firma de David Murcia con los senadores Zulema Jattin, Jorge Visbal y Roberto Gerlein.

Los tres negaron tener vínculos con Murcia. Jattin, del Partido de la U, negó tajantemente que haya sido la autora del presunto mico (artículo 79) incluido en la reforma financiera que legalizaría la estrategia de DMG para que sus ahorradores invirtieran a través de la compra de tarjetas prepago.

En el mismo sentido se declaró el senador Visbal, quien durante el día manifestó ante sus colegas y los medios que no conocía a Murcia o a sus socios.
No obstante, el senador Gerlein confirmó que hace varios meses mantuvo una reunión con el entonces representante legal de la firma, Abelardo de la Espriella.

“A mí el señor De la Espriella me pidió una cita, se la di para una semana después, estuvo en mi oficina 10 minutos y el señor dijo que estaba preocupado por la presencia de un proyecto de ley en relación con la tipificación como delito del transporte de dinero de un departamento a otro. Yo le dije que en Colombia habían leyes para todo”, relató Gerlein, quien manifestó que no tiene dinero invertido en DMG.

Sin embargo, parece que las respuestas no convencieron al Presidente. Además, los legisladores aseguraron que estaban muy “indignados” por declaraciones recientes en las que presuntamente Uribe habría invertido su patrimonio en una pirámide.

“El Presidente estaba muy molesto, indignado, porque hay muchas personas que se quieren meter con el patrimonio de él, cuando aduce que son las mismas hectáreas de hace 27 años”, reveló el senador Armando Benedetti.

Duro rifirrafe

El segundo round del Gobierno con el Congreso se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado, en donde los legisladores del Polo y el Partido Liberal culparon a los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, de la “hecatombe social” que se vive por el desplome de las pirámides en Cauca, Nariño, Putumayo y el resto del sur del país.

“El Presidente de la República incumplió sus funciones constitucionales que le ordenaban vigilar el sistema de captación de ahorro del público, y que por esa omisión durante años consecutivos, que no necesitaba del Fiscal, que por esa irresponsabilidad del Presidente de la República, millones de colombianos perdieron su patrimonio familiar, por creer en una ilusión que se fabricó por delincuentes, pero que estuvo sustentada por la omisión de las funciones constitucionales del Presidente de la República”, denunció el senador Gustavo Petro.

A su turno, el ministro Zuluaga manifestó que el Gobierno está demostrando, por medio de la declaratoria de emergencia social, que está actuando para arreglar la situación.

“Esto muestra la clara necesidad nuestra de crear iniciativas que ataquen la magnitud de un desafío al Estado, propuesto por actividades criminales que no permitían a través de legislación ordinaria poderse mover con la misma celeridad y prontitud”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

Entretanto, el ministro Valencia Cossio defendió la política del Gobierno que, a su juicio, logró contener “como pudo” los brotes de captación ilegal de dinero.

“El Gobierno, con los instrumentos constitucionales que tenía, empezó a perseguir esos fenómenos que empezaron a surgir muy especialmente en el sur de Colombia, pero también en las grandes ciudades”, señaló Valencia, quien indicó que “esto que estamos viviendo hoy es la suma de varios actores que valientemente el Presidente de la República, a costa de un costo político, ha asumido con toda responsabilidad”.

Que rueden cabezas y cuentas

El tercer asalto se dio en la plenaria del Senado, en donde la senadora Cecilia López y el representante Guillermo Rivera exigieron que el ministro Zuluaga acepte la responsabilidad política por estos hechos, al tiempo que le pidieron a la familia de Uribe que presente sus balances contables desde 2002 para despejar las dudas por los presuntos nexos con la “familia DMG”.

“Hubo relaciones peligrosas entre DMG y el Gobierno: Jerónimo Uribe con Daniel Ángel (productor de Body Channel, hoy detenido); David Murcia visitó la Casa de Nariño; DMG transporta firmas para el referendo. Este es un Gobierno de doble moral que se olvida de su responsabilidad por lo general”, denunció la senadora.

“Usted, señor Ministro, es el responsable de agrandar una política que permitió la expansión de las pirámides y usted debe llevar con la responsabilidad política de esta hecatombe social”, exigió la vocera liberal, quien indicó que “es claro que este es el mensaje que le da el Gobierno a la gente: no se toque el sistema financiero porque es el que da riqueza”.

A su turno, el representante Rivera denunció que el Producto Interno Bruto (PIB) del Putumayo ha perdido casi el 40 por ciento de su producción anual debido a las pirámides.

“Este departamento requiere respuestas inmediatas o si no volveremos a ver una catástrofe por este hecho”, resaltó el congresista de oposición.

Avanza preacuerdo para viabilizar reelección sólo en 2014

Hoy la discusión será cerrada y se procederá a la votación. Procuraduría investiga financiación de la recolección de firmas. CNE sólo dará concepto en 15 días

UN PREACUERDO para votar el proyecto que convoca a un referendo reeleccionista, respetando el texto respaldado por más de cinco millones de firmas, lo que deja abierta la posibilidad de un tercer periodo del presidente Álvaro Uribe para 2014 y no 2010, logró ayer la coalición uribista con el Partido Liberal.

El pacto fue confirmado ayer en la mañana por varios legisladores de estas colectividades que le contaron a EL NUEVO SIGLO que el lobby para respaldar la ponencia de Cambio Radical, que impide a Uribe ser candidato a una segunda reelección consecutiva, iba muy adelantado.

Una avanzada de legisladores inició el lunes su tarea con el partido Alas Equipo Colombia, que dio el sí con sus dos votos (los de Óscar Arboleda y Fernando de la Peña); después, se habló con Germán Varón, presidente de la Cámara y codirector de Cambio Radical, quien garantizó su voto y los de su bancada (Rosmery Martínez, Carlos Motoa -firmante de la ponencia-, Roy Barreras y Tarquino Pacheco); en la mañana de ayer se concretaron los votos de los parlamentarios del Partido Conservador Juan Córdoba, Jorge Mantilla, Pedrito Pereira, Heriberto Sanabria, Miryam Paredes y Orlando Guerra. Estos dos últimos, sin embargo, ayer abandonaron el debate y dijeron que no votarán la iniciativa.

Después, con esa sumatoria de votos, se presentaron ante el Partido Liberal y obtuvieron el visto bueno de la bancada conformada por los representantes Rodrigo Rivera, Germán Olano, Clara Pinillos, Carlos Piedrahita, Jaime Durán, Carlos Arturo Gálvez, Zamir Silva y Jorge Homero Giraldo.

Antes del medio día, varios congresistas hablaron con la bancada de La U (Karime Mota, Telésforo Pedraza, Miguel Rangel, Odín Sánchez, Carlos Soto y Nicolás Uribe) que se mostraba reticente a aceptar el acuerdo. Sin embargo, tras pedir un receso de quince minutos, que se extendió por más de una hora, los parlamentarios habrían aceptado el preacuerdo que hasta ayer en la tarde parecía firme. Sin embargo, se pudo establecer que varios legisladores del conservatismo estarían dispuestos a presentar, en el debate de plenaria, una constancia para revivir el cambio de la pregunta del texto del referendo, con el fin de abrir paso a la posibilidad de que Uribe sea candidato en 2010.

Procuraduría investiga

A la par de la confección de ese preacuerdo, que sólo hoy se sabrá si se confirma o queda en el aire, dada la variabilidad de las alianzas, se anunció ayer que, tras petición del Partido Liberal, la Procuraduría investigará las denuncias sobre anomalías en la financiación de la campaña para la recolección de firmas para el referendo, e incluso ordenó enviar un delegado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir los estados contables respectivos.

El preacuerdo peligró en varias oportunidades ayer, debido a las proposiciones de aplazamiento del debate que presentó el Partido Liberal por la inasistencia del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, y el presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, para que explicaran su posición sobre las dudas en la financiación de la campaña del referendo.

Ante la mirada impaciente del promotor de la iniciativa, Luis Guillermo Giraldo, algunos representantes uribistas rechazaron la proposición del liberalismo y lo acusaron de querer dilatar la discusión.

Otro momento de tensión se vivió cuando el representante Olano pidió que se esperara unos días el concepto del CNE acerca del cumplimiento de los requisitos en la recolección de firmas “y si el martes no llega, entonces el Partido Liberal se compromete ese día a votar el articulado”. La propuesta no fue aceptada por Cambio Radical, que prefirió una decisión intermedia: hacer un requerimiento a los funcionarios para presentarse a la sesión de hoy pero, aún si incumplen, proceder a la discusión de las ponencias. Esta proposición fue apoyada por el liberalismo y parte del conservatismo, pero La U se apartó.

Sin embargo, es muy poco probable que el magistrado Cepero y el registrador Sánchez se presenten a la citación, ya que el primero aseguró ayer en la mañana ante el Senado que la decisión final del Tribunal se conocería en 15 días.

Comunicado de Prensa del Movimiento Socialista Bolivariano

MOVIMIENTO SOCIALISTA BOLIVARIANO

Colombia

Comunicado de Prensa

Martes, Noviembre 25 de 2008

Venezuela: Modelo de democracia para el mundo.

Cumplidas las elecciones regionales y locales del pasado domingo 23 de Noviembre, en donde se eligieron Gobernadores, Alcaldes y diputados de Consejos Legislativos Estadales, en La República Bolivariana de Venezuela, se demuestra una vez más el alto compromiso con la democracia, luego de 14 procesos electorales realizados en 10 años del Gobierno Bolivariano, muchos mas de los realizados en 40 años de bi-partidismo del gobierno compartido Acción Democrática (AD)- COPEI (Democracia Cristiana).

Con una de las mas altas participaciones para elecciones de carácter regional (más del 65%), en algunos países de Europa esta cifra apenas llega al 35%, el pueblo de Venezuela acudió copiosamente a las urnas para expresar libremente su opinión. Tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de San Cristóbal (Edo. Táchira) y desde el puesto de votación de la Escuela Bolivariana de Los Andes, Sector Puente real, pude comprobar que sin armas por la espalda, sin subastas de compra-venta de votos, sin muertos votando, sin ofertas de pacas de cemento o tejas de zinc por votos, el elector acude en un ambiente de civismo, orden y respeto por su proceso electoral.

Un sistema totalmente automatizado que da plenas garantías al ejercicio de la actividad política: censo de electores a la vista de todos; doble lectura de voto, uno electrónico y otro impreso; plena identificación del elector, uno por voto, controlado por sistema capta-huellas; eliminación para siempre del conteo de votos, registrados manualmente en actas vulnerables, que quitan votos, según intereses partidistas corruptos; boletines informativos oportunos y respetuosos de la voluntad popular.

En este marco operativo, se destaca además, antes y después de la aceptación de resultados los no enfrentamientos y los no muertos entre partidos.

¿Qué mejor democracia que permitir y ejercer en libertad el voto de todos, en donde hasta los militares votan?

El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, se alzó con 17 de 22 Gobernaciones ( 77,27%) y 267 de 325 alcaldías (82,15 %).

La suma de factores de la oposición, como los califica Fidel Castro, obtuvieron 5 Gobernaciones (22,73%).

Se quiere hacer notar que las gobernaciones obtenidas por la suma de factores de oposición son las mayoritarias, por lo tanto es un triunfo “Madre” de ellos. Sin embargo, comparados los votos totales obtenidos por los candidatos ganadores de todas las gobernaciones que suman: 5 247 184; de esos votos, el PSUV, obtuvo: 3 152 783 (60%) y la suma de los factores de oposición, obtuvo: 2 094 401 (40%).

No deja de sorprender la elección de candidatos de la suma de factores de oposición: Manuel Rosales (Alcalde electo de Maracaibo); Cesar Pérez Vivas (Gobernador electo del Táchira); Enrique Capriles Randosky (Gobernador electo Edo. Miranda) y Antonio Ledezma ( Alcalde Electo Metropolitano de Caracas) , todos ellos reconocidos e involucrados en conductas bochincheras y hasta criminales desde el intento de golpe de estado en Abril de 2002 y el paro petrolero de dic 2002 a enero de 2003. Es la oportunidad que les brinda la democracia para que desde esos puestos de administración pública reivindiquen su conducta y reconozcan y trabajen de la mano del Presidente Chávez, apartándose del orientaciones externas que los desvíe de los fines para los cuales fueron elegidos.

Por donde se quiera mirar el triunfo de la Revolución Bolivariana es contundente e irrebatible. Los gobernantes electos de la Revolución tendrán que ajustar su proceder al ejemplo del comandante Presidente Hugo Chávez: más honestidad, transparencia y eficiencia administrativa, de no hacerlo así en cuatro años les espera el voto-castigo, y serán causa de derrotas que los factores de oposición pueden aprovechar.

El Movimiento Socialista Bolivariano (M.S.B.) felicita al bravo pueblo de Venezuela por este nuevo triunfo y los alienta para seguir construyendo con firmeza el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI.

M.S.B. “Compromiso con la Humanidad ”

Abrazo Fraternal,

Hasta La Victoria … Siempre Más Allá

David Corredor Cuéllar

Coordinador Nacional M.S.B. Colombia

¿Llegó el pluralismo político a Venezuela?

El voto castigo a Chávez en Caracas sorprendió hasta a la misma oposición. En veremos proyecto de reelección presidencial indefinida

LAS VICTORIAS de la oposición venezolana en los cinco estados más poblados y ricos y en la capital, Caracas, abren un nuevo escenario político en este país donde el poder en los últimos años estuvo concentrado en el presidente Hugo Chávez y sus adeptos, consideran diversos analistas.

Aunque los chavistas aseguran que el mapa político no cambió porque sigue teñido de rojo y que por el contrario recuperaron cuatro estados que “habíamos perdido por traición” según Alberto Muller Rojas, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), sufrieron derrotas simbólicas en las regiones más pobladas y ricas, en la capital y en el popular municipio caraqueño de Sucre, donde los venezolanos dieron un voto de castigo al mandatario.

Así, a partir de este momento, un 45% de la población venezolana estará gobernada por políticos de oposición, que vencieron en estados que representan además un 70% de la actividad económica nacional.

Los candidatos oficialistas triunfaron en 17 estados, sobre un total de 22 en liza, mientras que la oposición, que tenía el poder en dos gobernaciones, ganó un total de cinco y la capital, Caracas.

Nada más hacerse públicos los resultados, Chávez apareció junto a los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y en un discurso conciliador se felicitó por la "gran victoria" de su formación y reconoció los triunfos de sus adversarios.

"El pueblo, tanto los que votaron por los candidatos de la revolución como los que votaron por otros candidatos, demostró que aquí hay un sistema democrático y se respetan las decisiones del pueblo", declaró.

Entendimiento, única vía

De esta forma, a partir de ahora, hay en Venezuela un nuevo escenario político, más pluricolor, donde el chavismo tendrá que acostumbrarse a no ignorar a una oposición bien instalada.

"Los símbolos conquistados por la oposición fueron mayores de lo que se podía esperar: ganó la capital y los estados que representan el corazón económico y político del país", declaró Luis Vicente León, responsable de la encuestadora Datanálisis.Concretamente, los candidatos de oposición gobernarán en los estados de Nueva Esparta (noreste), la riquísima región petrolera de Zulia (oeste), Carabobo (centro-norte), Táchira (suroeste) y el populoso y rico estado Miranda (centro), que incluye parte de Caracas.

"Con este panorama las amenazas pronunciadas por Chávez durante la campaña son imposibles de aplicar. Va a tener que negociar con ellos, no puede darles la espalda y esto es excelente para la democratización en Venezuela", añadió León.

Por su parte el analista político Tulio Hernández destacó que “la oposición, que se ha venido quedando fuera del aparato de Estado y tenía dificultades para hacer política, ahora va a estar de nuevo dentro del aparato de estado y va a generar un nuevo liderazgo".

Agregó que con este mayor espacio para gobernar y, sobre todo en el caso de Caracas, si "son unos buenos gobiernos, eso será definitivo para su proyección nacional”.

Tomando en cuenta el número de votos y no de estados, el nuevo panorama dibuja un mapa político más representativo de la realidad nacional, en el cual las fuerzas del chavismo continúan superando a la oposición, pero por un margen reducido.

Venezuela "no es un país hegemónico del chavismo (...) Esto crea las condiciones para frenar definivamente las intenciones de gobernar hasta el 2050" de Chávez, agregó Hernández.

La sorpresa

Sin duda, la gran sorpresa de la noche electoral fue el triunfo del candidato de la oposición, Antonio Ledezma, en la alcaldía metropolitana de Caracas, frente a Aristóbulo Istúriz, uno de los candidatos más emblemáticos y populares del PSUV.

Según Oscar Schemel, de la encuestadora Hinterlaces, los ciudadanos de Caracas dieron "un voto de castigo" a Chávez, culpándolo por una gestión ineficiente en la capital en cuestiones como la lucha contra la inseguridad o la organización de los servicios públicos.

"Se confirma que hay un chavismo moderado que expresa su desacuerdo con algunas decisiones del presidente e incluso puede votar en contra de Chávez sin dejar de ser chavista, por ahora, y sin sentirse un traidor", explicó Schemel.

Al mismo tiempo, en las elecciones del domingo se rompió el mito de que los pobres de Venezuela votan por Chávez.

La victoria del opositor Carlos Ocariz en el municipio caraqueño de Sucre, que incluye la gran barriada de Petare, muestra que los sectores más desfavorecidos sintieron la necesidad de un cambio.

"En Petare, la gente no votó contra Chávez. Votaron por una opción fresca y nueva, que lleva ocho años metido en las calles de la barriada y tiene una propuesta concreta", estimó León.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación en los comicios fue del 65,45%, un récord para unas elecciones locales.

Y es que Chávez había convertido estos comicios en un termómetro para medir el apoyo popular a su proyecto socialista diez años después de su llegada a la presidencia y había asegurado que en las urnas se jugaba también el futuro de la "revolución bolivariana".

Chávez sugirió además que dependiendo de los resultados podría proponer nuevamente la reelección presidencial indefinida, rechazada dentro de un proyecto de reforma constitucional sometido a referéndum en diciembre de 2007.

Cabe destacar que el oficialismo consiguió recuperar estados que habían quedado en los últimos cuatro años en manos de disidentes como Sucre, Guárico y Aragua, y que ahora vuelven a manos de gobernadores adeptos al presidente.

Además, en Barinas (suroeste), tierra natal de Chávez, donde hasta hoy gobernaba su padre, consiguió imponerse con escaso margen el hermano mayor del mandatario, Adán Chávez.

Decantado el triunfo electoral, tanto el chavismo como la oposición deberán hacer un análisis de sus estrategias políticas y sobre todo esta última “mayoría sin rostro” porque con los resultados del domingo demostraron que el proceso de presentar una alternativa de poder y que iniciaron hace un año con la votación en contra del referendo, sigue consolidándose. Es una oportunidad que no deben desaprovechar con miras a las presidenciales./EL NUEVO SIGLO - AFP

Llaman a juicio al ex senador Miguel Pinedo Vidal

El ex congresista perteneciente al partido Cambio Radical siempre se mantuvo en su inocencia y aseguró no conocer los supuestos nexos con paramilitares del Magdalena

POR ENCONTRAR suficientes pruebas que lo vinculan con el extraditado jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al ex senador de Cambio Radical Miguel Pinedo Vidal.

El ente investigador lo acusó de concierto para delinquir agravado por promover o financiar grupos al margen de la ley, en este caso presuntos nexos con los paramilitares.

El ex parlamentario del Magdalena habría tenido vínculos con el Bloque Tayrona y su máximo cabecilla Giraldo, extraditado hacia Estados Unidos el 13 de mayo pasado.

Sin embargo la Fiscalía General precluyó la investigación que le adelantaba a Pinedo Vidal por el delito de constreñimiento al sufragante, porque supuestamente se habría beneficiado de favores electorales de las Auc.

El 3 de octubre del 2007 le abrieron investigación previa

La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra el senador Miguel Pinedo Vidal el tres de octubre del 2007 dentro de las investigaciones que se adelantan por los presuntos vínculos entre dirigentes políticos y el paramilitarismo.

Los magistrados encontraron documentos y testimonios que involucrarían al congresista Pinedo Vidal, con los líderes paramilitares que delinquían en la costa Atlántica.

De hecho el extraditado jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna dijo en septiembre del año pasado ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que había apoyado electoralmente a Pinedo Vidal, para que pudiera llegar al Congreso de la República.

Además el congresista fue vinculado con el ex jefe paramilitar por Magaly Patricia Ortiz. La mujer aseguró, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que Giraldo ordenó a los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta votar por varios parlamentarios en las elecciones de marzo de 2002, entre los que se encontraba Pinedo Vidal.

La afirmación de Ortiz, dirigente política de la Sierra Nevada de Santa Marta, se conoció durante la audiencia pública de juzgamiento que se les adelantó por esa época a los senadores Mauricio Pimiento y Luís Eduardo Vives.

Según el testimonio de la dirigente, la presión más fuerte del bloque Tayrona de las Autodefensas, que dirigía Giraldo, se dio para que los habitantes votaran por Pinedo Vidal.

“Pinedo Vidal ayudaba a Giraldo en cuestiones internas, es decir en favores personales. Entonces, a nosotros nos mostraban los tarjetones del doctor Miguel Pinedo y se nos obligó a votar por él”, añadió la testigo. Sin embargo este testimonio que fue acogido en su momento por la alta Corte, no fue tenido en cuenta por la Fiscalía quien no lo acusó por fraude electoral.

El 31 de marzo del 2008 lo capturan

El 31 de marzo de este año, fue capturado el senador por miembros del CTI de la Fiscalía en Santa Marta, por orden de la Corte Suprema para que rindiera indagatoria por los señalamientos que le había hecho Giraldo Serna y otras pruebas aportadas.

El primero de abril pasado, cuando fue remitido al búnker de la Fiscalía en Bogotá, Miguel Pinedo aseguró que no iba a renunciar a su investidura de congresista y afirmó que no conocía de los supuestos nexos con las autodefensas de los cuales lo acusan y reiteró en esa oportunidad que lo iban a asesinar por lo que pidió a las autoridades que lo cuidaran.

El nueve de abril siguiente la Corte Suprema decidió proferir medida de aseguramiento contra el entonces senador de Cambio Radical, quien fue remitido a la cárcel La Picota, al no poder desvirtuar las acusaciones que se hicieron en su contra cuando lo llamó a rendir indagatoria.

El 30 de septiembre del 2008 renuncia a su curul

El 30 de septiembre del presente año Miguel Pinedo Vidal renunció a su curul en el senado para que la investigación la adelantara la Fiscalía General de la Nación y no la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con su carta de dimisión, presentada ante la Plenaria del Senado, "busco la doble instancia de mi juzgamiento", era la razón fundamental de la decisión, pues sería el ente investigador quien lo indagara y algún juzgado especializado el que lo juzgara si lo llamaban a juicio.

Hoy Cámara decide si retira ley de víctimas

LA POSIBILIDAD de que el pleno de la Cámara de Representantes acepte retirar el proyecto de ley que crearía un estatuto de víctimas de la violencia se hace cada vez más nula, debido a la aceptación que el articulado tiene dentro de la bancada de la coalición.

Los representantes de los partidos Conservador, Cambio Radical y La U habían aprobado el proyecto en su penúltimo debate en la Comisión Primera de la Cámara con los reparos que el Gobierno le hizo al mismo. Sin embargo, los autores del proyecto, miembros del Partido Liberal, pidieron el jueves pasado que fuera retirado debido a que se “descuartizaron” las posibilidades de una verdadera reparación.

Sin embargo, la propuesta de archivo debe tener al menos la mitad más uno de toda la Plenaria, algo más de 60 congresistas y el liberalismo y el Polo no alcanzan a completar la mayoría.

Así las cosas, es muy posible que la proposición se rechace y hoy mismo sea aprobada para que pase a sanción presidencial.

Cabe anotar que el viernes pasado el Gobierno anunció que aceptó varias modificaciones al articulado debido a la controversia generada por la petición de retiro. Entre estos cambios se encuentra la eliminación de un tope de reparación para las víctimas de la fuerza pública y el cambio de denominación de esta población, quienes serán referidos en el proyecto como víctimas de agentes del Estado.

Sin embargo, el ponente de la iniciativa, representante Guillermo Rivera, manifestó que aún faltan muchos más cambios para que el proyecto llene las expectativas del liberalismo y las organizaciones de víctimas.

Entre los puntos principales estaría la restitución de tierras para los desplazados, los principios de buena fe y oportunidad para las sentencias judiciales y la reparación administrativa para los afectados por los agentes estatales.

Tres de Convergencia a la cárcel por nexos con AUC

El CTI de la Fiscalía detuvo a los ex congresistas del partido Convergencia Ciudadana Luis Alberto Gil, quien fue su fundador; Alfonso Riaño y José Manuel Herrera por supuestos nexos con los ex jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar

POR SUS presuntos vínculos con los ex jefes de las Auc, alias ‘Ernesto Báez’ y ‘Julián Bolívar’, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a los ex parlamentarios santandereanos Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, pertenecientes al partido político Convergencia Ciudadana.

Gil, quien fue presidente y fundador del movimiento político Convergencia Ciudadana, se encontraba en un hotel al norte de Bogotá, cuando fue sorprendido por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación que lo trasladaron al búnker, donde también serán dirigidos Riaño y Herrera por orden del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Aldana. De esta manera se dio cumplimiento a una medida de aseguramiento expedida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Alfonso Riaño, ex representante a la Cámara por Santander, había sido denunciado penalmente a principios de este año por la hermana de quien fuera su compañera sentimental, por amenaza de muerte. De él hay versiones en la región de Cimitarra, según las cuales cuando era presidente de la Asamblea de Santander sostuvo reuniones con el ex jefe paramilitar alias ‘Jorge 40’.

Por su parte, José Manuel Herrera, ex representante a la Cámara por Santander, está señalado de haber suscrito acuerdos electorales con paramilitares en el municipio de Puerto Berrío, en Antioquia, hace seis años.

Según denuncias del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, Herrera habría participado en reuniones entre varios políticos con el paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, para recibir apoyo en las elecciones.

Los ex parlamentarios renunciaron a su fuero de congresistas en octubre de 2003, cuando la Corte Suprema los llamó a rendir indagatoria por el delito de concierto para delinquir agravado por promover o financiar grupos al margen de la ley, en este caso presuntos vínculos con dos ex líderes paramilitares.

Esta determinación se toma tres semanas después que la Corte le solicitara a la Fiscalía General cuál era el estado de las investigaciones de los congresistas que renunciaron al fueron y estaban en su jurisdicción, entre ellos Gil y otros 11 congresistas.

En agosto del año pasado, la ex representante a la Cámara, Yidis Medina Padilla había afirmado que fue testigo presencial de un encuentro entre Alberto Gil y líderes de grupos paramilitares que operaban en el Magdalena Medio, con quienes habría hablado de política.

“Vi al senador Luis Alberto Gil Castillo hablando con ellos (paramilitares) y tomando whisky. Eso es lo que puedo decir. Hay que esperar a que la Corte Suprema de Justicia me llame”, afirmó en esa oportunidad Medina, el 19 de agosto de 2007.

Según afirmó la ex parlamentaria, el encuentro se habría producido entre los años 2001 y 2002 en una vereda cercana a Barrancabermeja.

Luego de esa declaración, Yidis Medina fue citada varias veces por la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento llevaba el proceso de Gil, para que presentara las pruebas en las que sustentaba sus afirmaciones.

La Corte había llamado a rendir indagatoria a los políticos santandereanos en octubre de 2007, quienes renunciaron simultáneamente a su curul para que sus investigaciones las asumiera la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, el director actual del movimiento Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, le dijo a EL NUEVO SIGLO que confía en la presunción de inocencia de los políticos y que para el próximo año ya está convocada una convención con todos los integrantes del partido a nivel nacional para establecer reglas más exigentes a la hora de estudiar las hojas de vida de los nuevos miembros.

Hace tres semanas, la Corte Suprema de Justicia le había enviado una carta al Fiscal General de la Nación, preguntándole por el estado de los procesos de 11 ex congresistas que están dentro de la Parapolítica, incluido el ex parlamentario Gil.

Después de esa exigencia, el fiscal Ricardo Mezamel, quien estaba a cargo de los procesos de los tres ex parlamentarios de Convergencia Ciudadana, decidió renunciar aparentemente por la lentitud de las investigaciones.

Se espera que el ente acusador agilice los procesos de los ex congresistas Jorge Castro Pacheco, liberal; Luis Carlos Torres, de Cambio Radical; Héctor Julio Alonso, conservador; y José Vicente Lozano, de Convergencia Ciudadana, investigado por presuntos vínculos con el Eln. Estos nombres están incluidos en la lista que le envió a la Fiscalía la alta Corte.

División interna en Cambio Radical por referendo

El representante Roy Barreras acusó a tres de sus copartidarios y compañeros de la Comisión Primera de trancar la iniciativa popular y violar la ley de bancadas. Los congresistas se defendieron

UNA DURA polémica al interior de Cambio Radical se desató ayer a raíz del estancado trámite del referendo reeleccionista, debido a que el representante Roy Barreras acusó a tres de sus copartidarios de no permitir el libre debate de la iniciativa popular.

Al finalizar una reunión con el Consejo Ético de la colectividad por presuntamente haber violado la ley de bancadas, el congresista aseguró que los representantes Germán Varón (codirector del Partido), Rosmery Martínez y Carlos Motoa sí han faltado a sus compromisos con la colectividad.

“Es bueno que sea revisada también la actuación de estos tres parlamentarios porque a pesar de que el pasado 5 de noviembre se decidió apoyar el referendo, ellos han intentado de todos los medios bloquearlo y hundirlo”, manifestó Barreras, quien indicó que las últimas actuaciones de los congresistas en los dos debates del referendo han buscado estancar su trámite.

Barreras, abiertamente partidario de una reelección del presidente Álvaro Uribe pero en 2014, aseguró que votará la iniciativa tal y como la plasmó su colectividad en la ponencia radicada por el representante Motoa. Sin embargo, tuvo que asistir al Partido debido a que supuestamente había votado positivamente para que se le negara el impedimento al representante José Carvajal quien pidió ser excluido del debate porque su esposa es notaria en Buga.

Congresistas se defienden

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el representante Motoa descalificó las declaraciones de Barreras y aseguró que éste está haciendo que el Partido se vea como un circo ante el país.

“Somos un Partido serio que ha mostrado siempre disciplina y coherencia y nosotros no somos el Partido para que lo utilicen de esa forma”, aseguró Motoa, quien infirió que su compañero de colectividad es el que está quedando en ridículo.

“El doctor Germán Navas (representante del Polo) lo comparaba con Carlos Moreno de Caro; en Semana lo compararon con Yidis Medina; en otros medios con Teodolindo Avendaño y me parece injusto y hasta grosero con Moreno, Yidis o Teodolindo que los comparen con Roy Barreras”, arremetió Motoa, quien aseguró que su colectividad ha respaldado “más de cinco veces” en menos de un mes la ponencia que presentó para que el referendo sea aprobado tal y como está, es decir, sin que se modifique la pregunta para que Uribe se presente a una nueva contienda electoral en 2014.

A su turno, el representante Varón quiso ser más diplomático y aseguró que toda la colectividad está respaldando la ponencia radicada y que las dudas que han surgido durante el debate del referendo tienen que ser solucionadas antes de que se vote la iniciativa.

“Si hay un pronunciamiento de las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional por las contribuciones del referendo y tienen que ver con los requisitos del mismo, pues las escucharemos porque aspiramos que siga la discusión”, indicó el representante.

Opiniones divididas

Otros congresistas indagados por este Diario pero que prefirieron mantener su nombre reservado aseguraron que al interior del Partido la presencia de Barreras tiene dividida a la bancada.
“Si alguien le debe algo a un partido político es Roy Barreras. Él fue el que menos votos sacó en su región y si no hubiera sido por Cambio Radical él no estaría en el Congreso”, expresó uno de los parlamentarios.

Sin embargo, otros consideran que la actividad de Barreras dentro del Partido lo ha favorecido.
“Cada quien hace política como le parece y la forma en que él la hace es con exposición frente a los medios y eso no es malo, si se ve desde su perspectiva”, manifestó otro legislador.

DMGpolítica salpica a magistrado de Consejo de Judicatura

.

La polémica comercializadora había financiado la campaña electoral de Pedro Alonso Sanabria, ex candidato a la Gobernación de Boyacá y actual miembro del Alto Tribunal

UNA INVESTIGACIÓN preliminar para esclarecer el alcance de David Murcia Guzmán y su comercializadora DMG en la política nacional inició ayer la Procuraduría, al tiempo que se conocieron grabaciones en las cuales el detenido fundador de la comercializadora confirmaba que le entregó 400 millones de pesos a un ex candidato a la Gobernación de Boyacá que ahora es Magistrado.

El procurador General de la Nación, Edgardo Maya le exigió ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que haga públicos los informes de campaña de todos los candidatos que participaron en las elecciones regionales de octubre del año pasado para que “sea la propia ciudadanía la que conozca quiénes financiaron las campañas”.

“En estos aspectos puede ponerse a prueba la fortaleza de nuestro sistema penal las captaciones van a tener los ojos puestos en la administración de justicia”, manifestó el Procurador, quien pidió además que los primeros informes que se hagan públicos sean los de las campañas a las 32 gobernaciones del país.

Apoyo a ex candidato

La petición del Procurador llegó sólo momentos después de que la emisora La W revelara una conversación sostenida por Murcia y su socio y mano derecha, William Suárez, prófugo de la justicia, en donde hablaban sobre las candidaturas de la Gobernación de Boyacá, específicamente, el dinero aportado para la campaña del entonces aspirante por el Partido Conservador, Pedro Alonso Sanabria, hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que fue apoyado por el Gobierno para tal cargo.

En la conversación, posiblemente efectuada el día de las elecciones o pocos días después, Murcia le pregunta a su cuñado Suárez cuánto le había puesto a la campaña de Sanabria, ya que se encontraban desconcertados por la victoria de José Rozo Millán.
Sin embargo, Suárez le dijo a Murcia que el ex candidato les había garantizado la devolución del dinero.

“Pierda o gane Sanabria dijo que recuperaba la inversión”, manifestó Suárez, en la conversación, en la que también se habló del dinero que le habían entregado al ex mandatario de Suesca, Jorge Guaquetá, quien luego fue inhabilitado para ejercer su cargo por el Tribunal de Cundinamarca.

“Él (Guaquetá) me dijo: ‘toda la campaña la hice con 16 pesos no más, yo no necesité más’ y cuando le di los 20 me dijo: ‘Uy no, como así’, pues le pareció muy verraco. Entonces dijo: ‘no mire, ustedes tienen todo conmigo, están asegurados conmigo, tienen las puertas abiertas conmigo’”, le comentó Suárez a Murcia.

Pero Boyacá y Cundinamarca no fueron los únicos lugares en donde se entregó dinero. Murcia y Suárez también hablaron de su intervención en las campañas para la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Atlántico.

“Y Joaco (Berrío, Gobernador) también ganó en Bolívar”, indicó Suárez a Murcia, quien se congratuló con la victoria y remató: “tenemos 10 ganadores, esto es mejor que haber montado mil empresas”.

La conversación concluyó con la esperanza de un promisorio futuro de DMG con la política nacional.

“Con eso vamos pa´ lo que sea mijito (sic)”, le dijo Murcia a Suárez y éste le contestó: “ahora lo que toca saber es, saber entrar y concretar y saber qué contratos son los que vamos a coger”.

Contralorías y asambleas sufren por recursos para funcionar

La duma del Tolima verá reducidos sus ingresos en cerca del 75 por ciento y deberá bajar sus gastos de funcionamiento

EL CONTROL político que ejercen las asambleas y el fiscal a cargo de las contralorías podría estarse viendo afectado en los departamentos por dos razones diferentes pero que confluyen en lo mismo: recursos.

En el primero de los casos, la recategorización que tienen que hacer los departamentos cuando violan los topes que establece la Ley de Ajuste Fiscal (617) hace, de paso, que además de disminuir los gastos de funcionamiento del departamento, descienda el valor de las transferencias para que operen las respectivas asambleas.

Este año sólo dos departamentos han tenido que acudir a esta figura. El gobernador Horacio Serpa decretó que Santander pase de la primera a la segunda categoría; mientras que Óscar Barreto, gobernador de Tolima, hizo lo propio para que la entidad territorial a su cargo descendiera de la segunda a la tercera categoría, de las cinco establecidas por la norma.

El segundo de los casos tiene que ver con los recursos que deben trasladar los departamentos a las respectivas contralorías regionales, y que por efectos de la interpretación de una norma, hoy la mayoría de estos órganos de control están recibiendo en menor cantidad.

Asambleas

El Decreto 0238 del 14 de marzo del presente año establece que el departamento del Tolima descienda de la segunda a la tercera categoría y en consecuencia disminuye los gastos de funcionamiento.

Este ajuste fiscal determina que una de las instituciones damnificadas es la Asamblea, que verá reducidas las transferencias que le hace el departamento.

Al respecto alertó el diputado del Partido de la U, Carlos Edward Osorio, quien señaló que “esta es una situación muy compleja, máxime si vemos que la Asamblea lo que hace es control político”.

El asambleísta señaló que esta reducción se siente directamente en los gastos de funcionamiento de la duma, y se pregunta cómo se puede hacer control político si los diputados en lugar de dedicar todo su tiempo y energías al estudio de proyectos tan importantes como el Plan de Desarrollo, están pensando en cómo va a sobrevivir la corporación el año próximo.

El impacto del recorte en las transferencias como consecuencia de la recategorización del departamento hará que la Asamblea vea reducidas las transferencias que recibe, sus únicos ingresos, en un 75 por ciento, explicó en diálogo con EL NUEVO SIGLO el contralor del Tolima, Freddy Camacho Díaz.

“La Asamblea tiene nueve empleados, debe reducir su planta a cuatro. Para acogerse a la Ley 617, debe bajar sus gastos de administración en un 25 por ciento”, señaló Camacho.

El servidor público dijo también que los honorarios de los diputados no se disminuyen porque cuando se posesionaron, enero de este año, el departamento estaba en la segunda categoría, “pero si eventualmente llega un nuevo diputado, para liquidar el valor de sus honorarios se aplica la nueva categoría del departamento (tercera)”.

Explicó que esto también se aplica para un nuevo gobernador, alcaldes, concejales y secretarios de despacho.

Contralorías

Una diferencia en la interpretación de la ley hace que la mayoría de la contralorías regionales del país reciba hoy un valor inferior por transferencias de los departamentos del que creen tener derecho.

Por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), Ley 1151, señala: “Artículo 134.

Fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. El límite de gastos previsto en el artículo 9° de la Ley 617 de 2000 para la vigencia de 2001, seguirá calculándose en forma permanente. Las cuotas de fiscalización correspondientes al punto dos por ciento (0.2%) a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental, serán adicionadas a los presupuestos de las respectivas contralorías departamentales. Entiéndase esta como la única fórmula para el cálculo del presupuesto de las contralorías departamentales”.

El Contralor del Tolima explicó que como consecuencia de esta norma, el valor de las transferencias sale de multiplicar los ingresos corrientes de libre destinación del departamento por el porcentaje de la categoría del mismo, más las cuotas de fiscalización del 0,2 por ciento.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene otra interpretación al señalar que el valor de las transferencias de los departamentos a las contralorías se establece con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), acogiéndose en este sentido a la Ley 617.

La diferencia en dinero entre ambas fórmulas es reveladora. La Contraloría tolimense funciona este año con un presupuesto de $2.600 millones por Ley 617, pero debería recibir 3.180 millones de pesos como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, señaló el contralor Camacho. Agregó que el presupuesto para 2009 será de $2.800 millones, siguiendo la línea de la Ley 617.

Camacho indicó que mientras que a una asamblea la disminución en sus recursos, porque el departamento baje de categoría, le significa tener menos dinero para pagar empleados, servicio públicos, papelería, gasolina, entre otros; para una contraloría la interpretación del Ministerio de Hacienda impacta directamente en su función de control, pues menores recursos frenan actividades de campo propias de sus funciones, como desplazar funcionarios a los diferentes municipios para realizar labores de auditoría o contar con menos profesionales en el área.

Vivanco acusó a Congreso de no tener autonomía

El Director para América Latina de Human Rights Watch aseguró que no ha existido una “purga real” en el Legislativo por la parapolítica, ya que la influencia de los implicados se mantiene gracias a sus suplentes

ASEGURANDO QUE los poderes democráticos se están deteriorando en Colombia y Venezuela, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó ayer a los legislativos de ambos países de ser poco autónomos con sus decisiones.

El funcionario chileno, en declaraciones dadas a periodistas desde Ecuador, sostuvo que en ambos países “el Congreso se ha transformado en una entidad que ha perdido gran peso. Casi no se distingue de las posiciones del Ejecutivo”.

Sobre Colombia, el funcionario reiteró las acusaciones que dio en el duro informe de su ONG sobre las presuntas presiones del Gobierno para que no se adelanten con claridad las investigaciones de la parapolítica.

En este sentido, Vivanco aseveró que en el Congreso no ha existido una purga real de los políticos y partidos asociados con las autodefensas y demás grupos ilegales.

“Esa gente está sujeta a investigación penal, muchos de ellos están detenidos, pero han mantenido su representación en el Congreso mediante la participación de suplentes”, sentenció el funcionario.

No obstante, Vivanco destacó la actividad que realiza la Corte Suprema de Justicia. Salvo ésta, dijo, “hay unas prácticas que han terminado, prácticamente, con todo el resto de lo que es la función judicial. Desgraciadamente ha sido fuertemente debilitada durante el gobierno actual”.

Cabe recordar que hace pocas semanas el presidente Álvaro Uribe acusó a Vivanco de ser colaborador de las Farc. No obstante, el funcionario aseguró que la capacidad de la guerrilla “para hacer daño sigue intacta” y que “se han convertido en una organización criminal más en Colombia, tan perniciosa como los grupos paramilitares”.

Deterioros democráticos

Vivanco ha tenido diversas controversias tanto con el presidente venezolano Hugo Chávez como con Uribe, a tal punto que en septiembre fue expulsado del vecino país tras divulgar un informe crítico contra sus autoridades.

“Se ha producido en ambos países deterioros importantes en materia de instituciones democráticas, tanto durante la administración del presidente Chávez como la del presidente Uribe”, declaró Vivanco, quien opinó que el debilitamiento institucional al que se refiere se evidencia principalmente en los poderes legislativos y judiciales en ambas naciones.

Entretanto, en Venezuela se nota “un esfuerzo realizado por el presidente Chávez por neutralizar al Poder Judicial, concretamente la Corte Suprema, y transformarla en un órgano que ha servido, simplemente, para convalidar las necesidades políticas”.

No obstante, el chileno aclaró que su percepción del deterioro democrático se refiere “al efecto de pesos y contrapesos que juegan en las instancias judiciales los mecanismos públicos de control, el Congreso en particular”.

Con ponencias divididas arranca debate de reforma política

La última gran iniciativa impulsada por el Gobierno que tiene chances de pasar en su primera vuelta comenzará mañana en Senado un round en el que la oposición y la U jugarán un papel fundamental

NO ha iniciado el debate y la polémica por el proyecto de reforma política ya está adelantada: diferencias entre ponentes, presuntos micos que afectarían la independencia judicial y hasta la reelección, pero de los congresistas, hacen parte del surtido menú de divisiones que al interior de la Comisión Primera del Senado tendrán que sanearse para sacar la iniciativa adelante.

En primera instancia, el proyecto, que intenta sanear la política de las influencias mafiosas, tendrá, por lo menos, dos ponencias: una de la coalición, firmada por los senadores Armando Benedetti (coordinador, la U), Elsa Gladis Cifuentes (Cambio Radical), José Darío Salazar (Conservador) y Samuel Arrieta (Convergencia Ciudadana), y otra de los senadores de la oposición Gustavo Petro (Polo) y Jesús Ignacio García (Liberal). La razón radica en los temas que no fueron saneados en la Cámara de Representantes: la financiación estatal de campañas políticas y el umbral, específicamente.

Los ponentes mayoritarios buscan que los legisladores sólo puedan ser reemplazados en caso de muerte e incapacidad física absoluta, causada por accidente o enfermedad, o renuncia justificada, motivada y aceptada por la respectiva corporación.

Puyas con la justicia

Otro punto de polémica es un artículo que presuntamente acabaría prácticamente con la Sección Quinta del Consejo de Estado, que investiga y castiga a aquellos congresistas que incurran en inhabilidades electorales o durante su cargo.

La denuncia la hizo en días pasados el propio Alto Tribunal, que explicó que el artículo le quitaría funciones en materia consultiva, judicial y electoral a la Sección Quinta.

Por esta razón, el presidente del Consejo, magistrado Enrique Gil, manifestó que es “indispensable que en la reforma se conserve y fortalezca su competencia exclusiva en materia de conocimiento y decisión de la acción contenciosa electoral.

Que el Consejo Nacional Electoral mantenga su carácter eminentemente administrativo”.

No obstante, el coordinador Benedetti calificó la propuesta contenida en la reforma como “abusiva” y de “un intento por acabar con el Consejo”, razón por la cual en la ponencia pidió eliminar esta norma.

“El Congreso no debe acabar con las facultades del Consejo de Estado en materia electoral porque ha demostrado autonomía en sus decisiones y respeto a los derechos fundamentales”, defendió el senador.

Elección y reelección

Otro mico que se habría metido en la reforma era el de la posibilidad que los concejales y diputados no pudieran acceder al Congreso una vez acaben sus periodos. Por lo tanto, el Senado propondrá acabar también con este artículo.

En el proyecto que llegó de la Cámara se incluía un inciso que acabaría con las expectativas de muchos diputados y concejales que aspiran a una curul en el Congreso en 2010.

“Los concejales tienen tanto derecho de ir al Congreso como un congresista de reelegirse en el Congreso”, sentenció el senador Salazar al explicar que la propuesta era excluyente.

Asimismo, la ponencia también pide que queden intactos los artículos que sugieren sancionar la doble militancia y se establece la presentación de candidatos por coalición, acabando así con la inscripción de aspirantes por movimientos de ciudadanos, lo cual será, probablemente, otro punto fuerte de discusión.