El presupuesto municipal para el año entrante es objeto de debate entre el Concejo y la alcaldesa electa María Eugenia Riascos Rodríguez.
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El alcalde (e) Manuel Alberto Luna Romero objetó el paquete de rentas y gastos por cuestiones de inconveniencia y llamó a extras a los concejales.
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Después de revisar el Acuerdo 019 el jefe del ejecutivo detectó “una reducción drástica de $2.086’617.227 que fueron recortados del presupuesto”.
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Escribió que la merma no está debidamente justificada y que los porcentajes de recaudo se han cumplido satisfactoriamente.
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Otra observación hecha por el gobierno es que el artículo 16 del Acuerdo que atañe al diseño, ejecución y evaluación de los programas de capacitación y bienestar social, a pesar de lo plasmado en la Ley 443 de 1998, fue suprimido.
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El paquete de objeciones puso el dedo en la llaga en lo referente al no reconocimiento de facultades para el Alcalde a partir de 2008.
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Entre ellas figura la abolición de la autorización otorgada en 2007 y en otros años para efectuar modificaciones presupuestales como créditos y contracréditos.
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Los munícipes suprimieron el artículo 23 que permitía al alcalde celebrar contratos y convenios destinados a cumplir con los proyectos presentados en el presupuesto municipal.
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Luna Romero preguntó el por qué de la eliminación de los artículos 26 y 27 que permiten al gobernante de turno hacer modificaciones presupuestales para ajustar el monto al Sistema General de Participaciones.
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Ahí se encuentran, además, los cruces con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para el cumplimiento de los subsidios a los usuarios en los diferentes estratos. Esto tampoco lo podría hacer la alcaldesa.
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Dentro de los motivos expuestos por Luna Romero para que el cabildo cambiara de parecer, están las obras que se desarrollan en la capital de Norte de Santander.“
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Es inconveniente omitir las facultades en cuestión. Los planes de choque que el gobernante entrante debe asumir, requieren de dichas autorizaciones a fin de sacar adelante la nueva administración”, consignó en el documento.
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Pocas modificaciones
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Los planteamientos jurídicos de la administración fueron estudiados por una comisión accidental el Concejo integrada por Vicente García Granados, Luis Eduardo Guevara y Margarita Silva de Uribe.
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El 24 de diciembre se debatieron las objeciones y el pasado miércoles en la noche se escucharon los planteamientos de los comisionados.
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“Se aceptó, en gracia de discusión, el punto de los $2.086 millones solicitados por el Alcalde”, declaró la concejala Margarita Silva.
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Al incorporarse esa partida, ahora el presupuesto ascendió a $341.970’208.851.
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Los cabildantes declararon infundada (no la aceptaron) la objeción a la supresión del artículo 16. Según ellos, no tiene nada que ver con el presupuesto ni se le están quitando funciones al alcalde.
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“Este es un tema administrativo que deberá decidirlo el gobierno local en su manejo corporativo”, precisó Silva de Uribe.
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Al preguntar a la ponente por las facultades, dijo que en lo que tiene que ver con lo asignado a la administración del ex alcalde Ramiro Suárez, en la corporación siempre hubo debate y existió confianza en el ejecutivo. Por eso se le dieron las atribuciones en el manejo presupuestal.
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Además, en voz de Margarita Silva, la confianza generada por Suárez Corzo permitió la autorización de los créditos para el proyecto de valorización y los megaproyectos.
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“Hoy en día cuando están hechos los puentes vemos los resultados del voto de confianza dado. Ramiro llevó de la mano al Concejo, socializó los proyectos.
“Esperemos que se posicione el nuevo Concejo y la Alcaldesa exponga y socialice las propuestas”, argumentó la concejala del Partido Liberal.
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Dentro de las razones para no concederle la posibilidad de maniobra a María Eugenia Riascos, desde la corporación administrativa municipal se dieron los siguientes argumentos:
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-Sería una falta de respeto con los nuevos concejales (10 de los 19) que a partir de enero llegarán a ocupar curules.
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-Las facultades que tiene la corporación de acuerdo con la Constitución Política de Colombia.
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‘Un favor a la comisión de empalme’
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“La alcaldesa tiene el tiempo en enero, febrero y marzo para solicitar las autorizaciones que considere convenientes. Se entiende que el Concejo es una institución con facultades y no se está amarrando a la alcaldesa. Se actuó de acuerdo a la Constitución y si se dice eso no somos nosotros sino la Constitución”, precisó Silva de Uribe.
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La concejala alegó que el alcalde (e) Manuel Alberto Luna planteó el restablecimiento del manejo presupuestal por solicitud de la comisión de empalme.
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“No entendemos por qué ellos no hablaron con nosotros para explicarles a fondo el criterio de la corporación”, contestó.
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La contraparte
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Al consultar al coordinador general de la comisión de empalme de la administración entrante, el abogado de profesión y ex procurador departamental Nelson Durán Pulido, dijo que la autonomía que tiene el Alcalde y el Concejo para la aprobación del presupuesto son facultades inherentes y se ha actuado con respeto en el proceso para asumir la administración municipal.
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Por su parte, el alcalde (e) Manuel Alberto Luna Romero dijo que aún no conoce la decisión del Concejo y una vez tenga los documentos hablará sobre el tema.
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Para la alcaldesa electa María Eugenia Riascos Rodríguez, las objeciones al presupuesto debieron ser por ilegalidad y no por inconveniencia, como se hizo.“Considero que hasta el 31 de diciembre están los concejales actuales y ellos son los autónomos.
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El hecho que entren 10 nuevos no es fundamento y debe procederse de acuerdo al periodo establecido”, manifestó Riascos Rodríguez.
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La alcaldesa afirmó que “es preocupante que el Concejo esté contrario a la Ley y las facultades deben darse sin tener en cuenta el nombre del alcalde”.
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Alertó que mediante esa maniobra del cabildo busca maniatarla y dejarla sin herramientas para poner en marcha el programa de gobierno propuesto en su campaña.
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